BIOETANOL

Biodiesel: Argentina produce más, pero sigue lejos de recuperar su mercado exportador

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La industria argentina de biodiesel muestra una recuperación que, en términos históricos, todavía resulta insuficiente. Entre enero y julio de 2026 se produjeron 621.000 toneladas, un 12% más que en el mismo período del año pasado, pero el volumen constituye el tercer acumulado más bajo de los últimos 17 años, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.

La comparación con el inicio del ciclo regulado permite dimensionar el retroceso. En 2010, primer año de vigencia efectiva del esquema previsto por la Ley 26.093 para los cortes obligatorios de biodiesel y bioetanol, Argentina había producido casi un millón de toneladas. Una década y media después, y aun con una tasa de corte obligatoria superior, la producción acumulada hasta julio de 2026 se encuentra 37% por debajo de aquel registro, con una caída promedio cercana al 3% anual.

El contraste es particularmente fuerte porque el estancamiento del biodiesel ocurre mientras el bioetanol atraviesa una trayectoria opuesta. La producción de este último acumula siete años consecutivos de crecimiento interanual hasta julio y encuentra en el maíz uno de sus principales motores. En 2026, el cereal representó el 65% de las materias primas utilizadas para producir bioetanol, con un récord de toneladas de maíz destinadas a la elaboración de energía.

Dos realidades distintas: el bioetanol rompe récords en Argentina, el biodiesel estancado

Mientras la elaboración de bioetanol alcanza máximos históricos, la producción de biodiesel no termina de repuntar. Entre enero y julio del 2026 se produjeron 621.000 toneladas de biodiesel en Argentina; 12% más que el año pasado a esta altura, aunque el tercer acumulado más bajo en los últimos diecisiete años.

En 2010, primer año de vigencia oficial que preveía la Ley 26.093 para el corte obligatorio de biodiesel y bioetanol en nuestro país, la producción de biodiesel había alcanzado casi el millón de toneladas. Una década y media después, inclusive con una tasa de corte obligatoria más elevada, la producción es un 37% menor, decreciendo a una razón del 3% promedio anual.

La provincia de Santa Fe vuelve a explicar el grueso de la producción de biodiesel, pero cada vez en menor proporción. En lo que va del 2026 representó el 56% de la producción nacional, 15 p.p. menos que el promedio de la última década y el segundo registro más bajo desde la vigencia de la ley. Le siguen la provincia de Buenos Aires, con el volumen elaborado más bajo en cuatro años y la provincia de La Pampa, con la producción más alta en siete. Luego, completan la lista las provincias de Entre Ríos y San Luis ambas con máximos productivos, desde el 2019 para la primera y desde el 2020 para la segunda.

Recorriendo el camino inverso, la elaboración de bioetanol viene marcado una clara tendencia alcista, concatenando ya siete años consecutivos de incremento interanual de la producción acumulada hasta julio. De la mano del creciente uso de maíz como insumo principal y una extraordinaria cosecha 2025/26, el cereal representó el 65% de la materia prima utilizada en la elaboración, rompiendo un récord de toneladas procesadas de maíz para la elaboración de energía en Argentina. Desde la provincia de Córdoba se explica el 50% de la producción nacional de bioetanol en lo que va del año, todo elaborado a base de maíz. Mientras tanto, desde Tucumán, donde el insumo exclusivo es la caña de azúcar, se explica el 20% de la producción nacional. El 30% restante se divide entre las provincias de Jujuy, Salta, San Luis y Santa Fe; en las dos primeras la elaboración es a partir de caña de azúcar y en las dos últimas se utiliza maíz como insumo

¿Dónde está el mercado de biocombustibles de Argentina?

Hoy la industria de biocombustibles está amparada bajo el marco normativo de la Ley 27.640 y sus respectivas resoluciones. La tasa de corte obligatoria actual para bioetanol con nafta es del 12% (pudiendo llegar voluntariamente al 15%) y para biodiesel con diesel oil es del 7,5%.

Dentro del universo del bioetanol, al igual que en la última década, en lo que va del 2026 prácticamente el 100% de las ventas en el mercado interno son explicadas por los cupos asignados por la Secretaría de Energía, es decir, por las ventas al corte. Según INDEC, no se registraron exportaciones de bioetanol en lo que va del año. Por lo qué, la evolución de la producción y consumo de bioetanol está explicado por la dinámica de la demanda de movilidad en Argentina y por la evolución de la tasa de corte.

En el caso del biodiesel, el consumo es traccionado por dos grandes categorías: las ventas internas y las exportaciones. De las ventas internas, en promedio, el 98,6% es explicado por el abastecimiento del corte obligatorio y hoy es el principal driver de demanda para la industria en Argentina.

La otra gran pata de la demanda de biodiesel argentino es la exportación, que viene en franco descenso durante los últimos años. Entre enero y julio del 2026 se embarcaron hacia el resto del mundo solo 89.000 toneladas de biodiesel, apenas por debajo del año pasado a esta altura y el menor registro desde que se comenzó a producir biodiesel en Argentina. España y Países Bajos fueron los únicos dos destinos reportados por INDEC. Durante 2018, a esta altura del año, se habían embarcado más de 1 Mt de biodiesel hacia el resto del mundo, explicando el 62% de la absorción de la producción argentina. Hoy las exportaciones solo traccionan el 15% del consumo del biocombustible.

Hasta el 2017 Estados Unidos fue el principal mercado del biodiesel argentino, llegando a absorber casi 1 Mt hacia julio de aquel año. Sin embargo, luego de la acusación de dumping hacia la industria de biocombustibles argentina de parte de la coalición de productores de biodiesel norteamericana, y la imposición de aranceles a la importación, el mercado del norte desapareció. Desde entonces Europa se erigió como principal destino, pero cada año la intensidad de la demanda proveniente del Viejo Continente viene en detrimento. En parte, por el avance de otros oferentes, así como por la tendencia creciente de producción de biodiesel en la región, principalmente a base de colza.

Biodiesel en el resto del mundo

En el resto del mundo, la producción de biodiesel no para de escalar. Entre metas de reducción de huella de carbono, programas de seguridad energética o fines de promoción industrial, la regulación y promoción a la elaboración de biocombustibles estuvo impulsando la oferta todos estos años. Según Oil World, este 2026 la producción global de biodiesel alcanzaría las 69,5 Mt, récord histórico y coronando una clara tendencia alcista en la última década y media, donde se mantuvo un ritmo de crecimiento promedio anual del 8%.

Entre Estados Unidos, Brasil e Indonesia se explicaría el 60% de la producción global en 2026. Para los dos primeros, el insumo estrella es el aceite de soja y en el último, el aceite de palma. Las tres naciones están caracterizadas por su perfil productivo superavitario en el sector agrícola y por colocar su excedente en el resto del mundo. El país asiático ha mantenido un programa de crecimiento constante en su tasa de corte obligatorio, que durante julio de este año alcanzó ya el 50%. En Brasil cuentan con un esquema creciente de corte obligatorio, que prevé alcanzar el 20% hacia el 2030, encontrándose actualmente en la transición hacia el 16%. Mientras que, en Estados Unidos, el Programa de Combustibles Renovables (RFS por sus siglas en inglés) prevé incrementar en 77% el uso de aceite de soja para la elaboración de biocombustibles en 2026 respecto a 2025 y en un 6% en 2027 respecto a 2026.

Sumando a la Unión Europea al grupo de los tres grandes, se llegaría a explicar el 81% de la producción global de biodiesel este año. Individualmente, ninguno de los países del viejo continente maneja magnitudes similares a la de los tres más importantes. Alemania, que es el más relevante, aporta “solo” 3,8 Mt, pero el bloque en su conjunto elabora casi 16 Mt de biodiesel.

El aceite de soja y el de palma son los insumos más utilizados para la producción de biodiesel, que explicarían para este año el 60% de la producción global; siendo el de palma el más utilizado, con más de 23 Mt esperadas para este 2026. El tercer insumo más importante es la colza/canola (principalmente en la Unión Europea), le sigue el aceite de cocina usado y la grasa bovina completando el top 5 global.

Según Oil World este año se procesarían casi 17 Mt de aceite de soja solo para la elaboración de biocombustibles alrededor de todo el mundo, lo que equivale aproximadamente a procesar 89 Mt de soja (teniendo en cuenta un ratio de extracción global del 19%). Con las proyecciones actuales, en Estados Unidos y Brasil el crush necesario para abastecer la demanda anual de biodiesel debería superar las 30 Mt, mientras que en Argentina alcanzaría las 5 Mt.

En el país del norte, como en lo de nuestros vecinos, el procesamiento de soja que es explicado por la demanda para elaboración de biocombustibles vino creciendo a un ritmo promedio anual del 8,5% en los últimos quince años. Es el equivalente a incrementar el crush anual en 1,5 Mt todos los años, ininterrumpidamente, durante década y media.

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El Senado avanza con una nueva ley de biocombustibles hasta 2036

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El Senado dio un paso clave hacia un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles. Un plenario de comisiones emitió dictamen de mayoría sobre una iniciativa impulsada por Patricia Bullrich, con respaldo de La Libertad Avanza y bloques dialoguistas, que eleva los porcentajes obligatorios de mezcla de bioetanol y biodiésel y extiende hasta 2036 un régimen de transición para las empresas del sector.

El acuerdo establece que el corte de bioetanol pasará del actual 12% al 15% después de un año de vigencia de la nueva norma, mientras que el biodiésel subirá del 7,5% al 10% en el mismo período. El proyecto también incorpora límites a la participación de cada empresa para evitar una concentración excesiva del mercado y busca otorgar un horizonte regulatorio de 15 años.

El avance representa una señal política para las provincias vinculadas a la producción de biocombustibles. El bioetanol tiene como principales materias primas la caña de azúcar y el maíz, con fuerte presencia productiva en Tucumán, Salta y Jujuy, mientras que la industria del biodiésel tiene un núcleo relevante en Santa Fe a partir del procesamiento de aceite de soja.

Un nuevo mapa para el biodiésel

El dictamen mantiene inicialmente un corte obligatorio de biodiésel del 7,5% para todo gasoil o diésel oil comercializado en el país. A partir de los 12 meses de la sanción de la ley, ese porcentaje subiría al 10%.

El esquema establece además dos segmentos de empresas: las integradas, que pueden participar en distintas etapas de la cadena productiva, y las no integradas. Para estas últimas se fija inicialmente un cupo equivalente al 6,5% del mercado total.

Ese porcentaje tendrá una reducción progresiva: será del 5,5% en 2029, del 5% en 2030 y del 3% en 2031. Desde 2032, el 7% podrá ser comercializado entre todas las firmas, de acuerdo con el esquema previsto en el dictamen.

El proyecto incorpora además un límite para evitar que una compañía concentre una porción dominante del mercado. Según lo planteado durante el debate, ninguna empresa podrá acceder a más del 10% del cupo correspondiente al segmento de las no integradas.

La discusión, sin embargo, dejó una tensión sectorial sin resolver. Las pymes elaboradoras de biodiésel rechazan el nuevo esquema porque pretenden conservar el 7,5% de participación que actualmente tienen asignado y cuestionan la reducción progresiva de su espacio dentro del mercado.

Por ese motivo, el senador peronista Fernando Salino anticipó la presentación de un dictamen de minoría, con el argumento de que la propuesta no contempla el reclamo de las pequeñas y medianas empresas del sector.

Bioetanol: 15% y competencia por el cupo

Para el bioetanol, el proyecto plantea mantener durante un año el corte obligatorio del 12% y luego llevarlo al 15%. La composición de ese porcentaje preservará la participación de las dos principales materias primas: 6% de bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar y 6% proveniente del maíz.

El 3% restante quedará destinado a un esquema de competencia, según explicó la senadora salteña Royón durante el debate.

La arquitectura busca evitar que el incremento del corte se traduzca automáticamente en una concentración de los negocios en los actuales grandes proveedores. Por eso, el proyecto incorpora reglas sobre cupos y participación empresarial.

La senadora Beatriz Ávila consideró que el dictamen constituye un avance trascendente porque la legislación vigente había quedado desactualizada. También destacó que el nuevo esquema incorpora previsibilidad durante 15 años, declara la actividad de interés público, contempla beneficios impositivos y permite que las provincias puedan incrementar los cupos.

El límite a la concentración, en el centro del acuerdo

Uno de los puntos políticos y económicos más relevantes del dictamen es la incorporación de límites a la concentración. El texto establece que ninguna empresa podrá concentrar más del 20% del volumen correspondiente, mientras que para el segmento de compañías no integradas del biodiésel se establece un límite específico del 10% del cupo.

La discusión sobre la estructura del mercado no es secundaria. El aumento de los cortes obligatorios amplía de manera automática la demanda de biocombustibles, por lo que la distribución de esos nuevos volúmenes puede determinar quién captura el crecimiento generado por la nueva regulación.

Para las empresas, el horizonte hasta 2036 busca reducir la incertidumbre regulatoria y permitir decisiones de inversión de mayor plazo. Para las pymes, en cambio, el punto crítico será la forma en que se distribuyan los cupos durante la transición.

La propuesta, por lo tanto, intenta resolver dos objetivos simultáneos: aumentar el uso de biocombustibles y evitar que el crecimiento regulado de la demanda quede concentrado en pocos jugadores.

Exenciones y una discusión que llegó al gasoil patagónico

El dictamen también contempla excepciones al corte obligatorio de biodiésel. Quedan alcanzados por ellas los combustibles destinados a embarcaciones fluviales y marítimas, minería, primeros llenados, gasoil antártico, formulación de lodos de perforación en yacimientos y centrales eléctricas, además de determinadas zonas frías patagónicas.

Durante el debate, el senador Agustín Coto planteó precisar qué debe entenderse por “zonas frías patagónicas” y propuso utilizar como referencia la normativa IRAM, debido a que el combustible mezclado puede presentar dificultades operativas bajo temperaturas extremadamente bajas. El planteo fue aceptado por los demás senadores.

La autoridad de aplicación también conservará la posibilidad de modificar excepcionalmente el porcentaje obligatorio mediante una resolución fundada, cuando existan situaciones comprobadas de escasez que puedan afectar el abastecimiento interno o razones técnicas y de calidad que lo justifiquen.

Una señal para las provincias productoras

El consenso alcanzado en comisiones tiene además una dimensión federal. La ampliación del mercado de bioetanol puede beneficiar a las cadenas productivas vinculadas con la caña de azúcar y el maíz, mientras que el nuevo esquema de biodiésel impactará especialmente sobre la industria aceitera y los establecimientos productores de Santa Fe.

Por eso, el acompañamiento de legisladores de distintos espacios adquiere una lectura que excede el debate energético. Royón, el radical Flavio Fama, Beatriz Ávila, Alejandra Vigo, Carlos Espínola y Carolina Moisés respaldaron el dictamen, aunque Moisés lo hizo con disidencia parcial.

La aprobación del dictamen no implica todavía la sanción de la nueva normativa. El próximo desafío será trasladar el acuerdo alcanzado en comisión al recinto, donde deberán resolverse las diferencias que permanecen abiertas, en particular la situación de las pymes de biodiésel.

El Gobierno logró así una primera convergencia con sectores dialoguistas alrededor de una reforma que combina mayor demanda obligatoria, reglas contra la concentración y un horizonte regulatorio extendido. La discusión pendiente será determinar si ese nuevo mercado consigue distribuir los beneficios de la expansión entre grandes empresas, pymes y las provincias que aportan las materias primas.

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Más presión sobre los combustibles: actualizan los biocombustibles y suma otro factor de aumento para agosto

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Las Resoluciones 188 y 189 de la Secretaría de Energía fijaron los nuevos precios mínimos para agosto en el marco de la Ley 27.640 de Biocombustibles. El bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar pasó a costar 1.061,87 pesos por litro, mientras que el producido con maíz quedó establecido en 973,24 pesos por litro, ambos con un incremento del 1,75% respecto de los valores vigentes durante julio.

En paralelo, el biodiésel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil aumentó hasta 2.001.063 pesos por tonelada, lo que representa una suba del 4% mensual, un porcentaje que supera ampliamente la inflación estimada para junio, del 1,9%.

Si bien estos incrementos no se trasladan íntegramente al precio que pagan los consumidores, sí impactan en la estructura de costos de las petroleras debido a la obligatoriedad de incorporar biocombustibles a los combustibles fósiles. En Argentina, la nafta contiene un corte obligatorio del 12% de bioetanol, distribuido en partes iguales entre caña de azúcar y maíz, mientras que el gasoil incorpora 7,5% de biodiésel, porcentaje que puede modificarse por decisión oficial, aunque la legislación establece un piso mínimo del 5%.

El ajuste se suma a otra decisión reciente del Gobierno: la actualización parcial del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), un mecanismo que el Ministerio de Economía venía postergando para evitar un mayor traslado a la inflación.

Con esa modificación, la carga tributaria sobre la nafta aumentó a 10,57 pesos por litro en concepto de ICL y 0,64 pesos por IDC. En el caso del gasoil, los valores pasaron a 9,50 pesos y 1,09 pesos por litro, respectivamente.

La estrategia oficial de escalonar los ajustes impositivos responde a un delicado equilibrio entre recomponer la recaudación fiscal y evitar un salto abrupto en uno de los precios con mayor capacidad de transmisión sobre el resto de la economía. El combustible continúa siendo uno de los principales insumos para el transporte de cargas, la producción industrial y las actividades agropecuarias, por lo que cualquier variación repercute rápidamente sobre la cadena de costos.

El campo también siente el impacto

Las resoluciones tienen además una lectura productiva. El aumento mejora los ingresos de las industrias que elaboran biocombustibles, un sector estrechamente vinculado al agro argentino. El bioetanol de maíz fortalece la cadena cerealera, mientras que el derivado de caña de azúcar beneficia principalmente a los ingenios del NOA. En tanto, el biodiésel continúa siendo una salida estratégica para la industrialización de la soja.

Desde esa perspectiva, la actualización busca preservar la rentabilidad de las plantas elaboradoras frente al incremento de los costos de producción, tal como prevé el marco regulatorio vigente. La Secretaría de Energía justificó la decisión señalando que las condiciones actuales del mercado ameritan una nueva adecuación de precios para garantizar el abastecimiento de la mezcla obligatoria.

Un mercado que también mira al petróleo

A las variables domésticas se suma un contexto internacional que mantiene elevada la incertidumbre. Las tensiones en Medio Oriente y las dificultades sobre el tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz continúan generando volatilidad en la cotización del petróleo, aunque hasta el momento parte de ese efecto fue amortiguado por la política comercial de YPF.

Desde la desregulación parcial del mercado iniciada en 2024, los precios de los combustibles dejaron de depender exclusivamente de las decisiones del Gobierno nacional. Las petroleras recuperaron mayor libertad para definir sus estrategias comerciales y ya no están obligadas a informar previamente los aumentos, un esquema que modificó el funcionamiento del mercado y permitió acelerar la recomposición de precios luego de varios años de atraso relativo.

Según datos del portal especializado Surtidores, el precio nominal de la nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires acumuló incrementos superiores al 257% desde el inicio de la actual administración, reflejando el proceso de normalización de precios impulsado tras la liberalización del sector.

En ese escenario, el ajuste de los biocombustibles representa un nuevo factor de presión sobre los surtidores. Aunque el efecto directo sea limitado por el bajo porcentaje de mezcla, la combinación entre impuestos, costos de producción y volatilidad internacional mantiene abierta la posibilidad de nuevas actualizaciones en los precios durante las próximas semanas.

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El Gobierno frena el impuesto a los combustibles y apuesta a los biocombustibles para contener la inflación

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Con el precio de la nafta por encima de los $2.000 y el impacto de la guerra en Medio Oriente trasladándose a los surtidores, el Gobierno nacional decidió suspender la actualización del impuesto a los combustibles prevista para abril. La medida, oficializada en las últimas horas, busca contener la escalada inflacionaria en un rubro sensible, pero también expone una tensión de fondo: hasta dónde puede intervenir el Estado sin desarmar su propio esquema fiscal.

La decisión no llegó sola. Se complementa con otra señal: el aumento del corte obligatorio de bioetanol al 15% en las naftas, en un intento por amortiguar el traslado del precio internacional del petróleo. En conjunto, el paquete configura una respuesta de corto plazo frente a una presión externa que el Gobierno no controla, pero que impacta de lleno en su principal objetivo económico.

Un equilibrio delicado entre inflación y recaudación

La suspensión del impuesto se inscribe en una lógica más amplia: evitar que el aumento del costo energético termine filtrándose al resto de los precios. En términos prácticos, implica resignar ingresos fiscales en un momento donde el equilibrio de las cuentas públicas sigue siendo una prioridad.

Al mismo tiempo, el incremento del componente de biocombustibles introduce un mecanismo de sustitución parcial. No se trata solo de una decisión técnica, sino de una señal política: reducir la dependencia del petróleo importado y amortiguar la volatilidad internacional con producción local.

El trasfondo es claro. La suba del barril, empujada por el conflicto en Medio Oriente, reconfigura los márgenes de maniobra. Frente a ese escenario, el Gobierno combina herramientas fiscales y regulatorias para sostener el ancla inflacionaria sin modificar el esquema general de política económica.

Presión política y disputa por la agenda energética

La decisión oficial reactivó de inmediato el frente legislativo. Desde Provincias Unidas, un grupo de diputados y una senadora reclamaron que el Congreso trate el proyecto presentado el 19 de marzo para elevar el corte obligatorio de biocombustibles a nivel nacional.

El planteo no es nuevo, pero adquiere otra dimensión tras las medidas del Ejecutivo. Los impulsores del proyecto sostienen que el contexto internacional abre una “oportunidad concreta” para reducir importaciones, generar empleo y fortalecer la industria local. También buscan que el Ministerio de Relaciones Exteriores impulse gestiones ante la Unión Europea para evitar restricciones al comercio de biocombustibles.

En ese cruce, la política energética empieza a mostrar una disputa más amplia: quién fija el rumbo de la matriz productiva y bajo qué criterios. El Gobierno toma medidas puntuales, mientras sectores legislativos intentan capitalizar ese movimiento para instalar una agenda más estructural.

Entre la urgencia y el rediseño de la matriz

El combo de medidas revela un movimiento táctico más que un cambio de paradigma. La prioridad sigue siendo contener la inflación en el corto plazo, incluso a costa de resignar recursos o intervenir precios indirectamente.

Sin embargo, el debate sobre biocombustibles introduce una variable de mediano plazo. La posibilidad de diversificar la matriz energética, reducir la exposición a shocks externos y generar divisas aparece como una discusión que excede la coyuntura.

En las próximas semanas, la clave estará en observar si el Congreso toma el guante y avanza con el proyecto pendiente, y si el Gobierno profundiza esta línea o la mantiene como una herramienta puntual. La presión internacional no cede. Tampoco la inflación. Entre ambas, se juega algo más que el precio en surtidor.

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El Gobierno habilita más bioetanol en naftas para contener el impacto del petróleo

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Un ajuste técnico con lectura económica En un contexto de presión sobre los precios energéticos, el Gobierno avanzó con una decisión de impacto indirecto pero estratégico: habilitó a las refinadoras a incrementar el contenido de bioetanol en las naftas hasta un 15%. La medida, formalizada el 26 de marzo a través de la Resolución 79/2026 de la Secretaría de Energía, busca amortiguar el traslado del encarecimiento del petróleo a los surtidores.

El movimiento no modifica el corte obligatorio vigente, pero introduce una flexibilidad clave en la composición del combustible. Para hacerlo viable, el Ejecutivo elevó el límite máximo de oxígeno permitido en naftas al 5,6%, un ajuste técnico que habilita mayor presencia de biocombustibles sin alterar formalmente la estructura regulatoria. La decisión abre una pregunta de fondo: ¿es una herramienta coyuntural para contener precios o el inicio de un rediseño más amplio en la política de combustibles?

Marco regulatorio y lógica de intervención

La resolución se inscribe en el esquema definido por la Ley de Hidrocarburos y la Ley 27.640 de biocombustibles, que establece los porcentajes obligatorios de mezcla. En ese marco, la Secretaría de Energía actúa como autoridad de aplicación y tiene facultades para ajustar las especificaciones técnicas de los combustibles.

El punto central de la norma no está en el porcentaje en sí —que ya estaba contemplado en regulaciones previas— sino en la adecuación del parámetro de oxígeno. Ese indicador resulta determinante para la calidad del combustible y está directamente vinculado con la proporción de bioetanol en la mezcla.

Según los informes técnicos que respaldan la decisión, elevar el contenido de oxígeno mejora la eficiencia de la combustión, incrementa el número de octano y reduce las emisiones de monóxido de carbono. Pero, en términos políticos, el efecto más relevante es otro: habilita a las empresas a sustituir parcialmente componentes derivados del petróleo por biocombustibles, con potencial impacto en los costos.

La resolución aclara un punto sensible: no se incorporan nuevos compuestos oxigenados. Es decir, el cambio se limita a ampliar el margen para el bioetanol, sin alterar la naturaleza del producto final ni imponer nuevas exigencias regulatorias.

Impacto en el mercado y señales a la cadena energética

El Gobierno elige un camino intermedio. No interviene directamente en precios ni modifica los cortes obligatorios, pero introduce una herramienta que puede influir en la estructura de costos de las refinadoras. En un escenario de volatilidad internacional del petróleo, esa flexibilidad puede funcionar como amortiguador.

Para las empresas, la medida abre un margen de decisión: podrán aumentar el contenido de bioetanol hasta el nuevo límite si lo consideran conveniente. No es una obligación, sino una opción habilitada por regulación. Esa lógica preserva el funcionamiento de mercado, pero bajo parámetros redefinidos por el Estado.

Al mismo tiempo, el sector de biocombustibles encuentra una señal implícita de respaldo. Aunque no se modifican los porcentajes mínimos, la ampliación del techo potencial refuerza su rol dentro de la matriz energética. En paralelo, el gasoil mantiene sin cambios su esquema, con mezclas de hasta el 20% de biodiesel ya contempladas.

Entre la coyuntura y la estrategia

La decisión aparece alineada con un objetivo inmediato: reducir el impacto del petróleo en los precios internos. Pero también deja abierta una dimensión más amplia. El uso de biocombustibles como herramienta de política energética no es nuevo, pero su activación como variable de ajuste frente a shocks externos introduce un matiz distinto.

En ese sentido, el Gobierno evita una intervención directa en precios —con alto costo político y fiscal— y opta por un mecanismo técnico que desplaza parte del problema hacia la composición del producto. Es una forma de intervenir sin hacerlo de manera explícita.

Queda por ver hasta qué punto las refinadoras utilizarán esta flexibilidad y cómo impactará en la dinámica de precios. También, si este tipo de medidas se consolidan como parte de una estrategia más amplia o quedan circunscriptas a la coyuntura.

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