Boletín Oficial

Parques Nacionales avanza con el ingreso de 40 nuevos guardaparques

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La Administración de Parques Nacionales dio un paso clave para reforzar el sistema de conservación ambiental argentino al aprobar la nómina de aspirantes que accederán al Curso de Habilitación del Cuerpo de Guardaparques Nacionales, instancia obligatoria para cubrir 40 cargos permanentes dentro del Agrupamiento Técnico. La medida fue oficializada mediante la Resolución 236/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Más allá de tratarse de un trámite administrativo, la decisión representa una señal relevante para uno de los organismos estratégicos en materia de protección ambiental. En un contexto donde el cambio climático, los incendios forestales, la presión sobre la biodiversidad y el crecimiento del turismo en áreas protegidas exigen mayor capacidad operativa, incorporar nuevos guardaparques constituye una inversión directa en la gestión del patrimonio natural del país.

El proceso forma parte del concurso público iniciado este año para cubrir 40 vacantes financiadas de planta permanente en la categoría Guardaparque Técnico GT-2. La selección se desarrolló bajo el régimen establecido para el ingreso al Cuerpo de Guardaparques Nacionales e incluyó evaluación de antecedentes académicos y laborales, examen técnico, pruebas de habilidades prácticas, entrevistas laborales y evaluación del perfil psicológico.

La resolución oficial aprueba la nómina elaborada por el Comité de Selección, cuyos integrantes evaluaron integralmente a los postulantes antes de autorizar su ingreso al curso de habilitación, instancia que constituye el último paso previo a la incorporación efectiva al cuerpo profesional de conservación.

De acuerdo con el acta del concurso, los mejores puntajes fueron obtenidos por María Paz Lourdes Etchepare, con 86,35 puntos; Tomás Di Cosmo, con 85,05; Alan Manuel Piciulo, con 84,50; Alina Di Marco, con 83,63; Samara Belén Siukscius, con 82,83; Camila Zambruno, con 82,48; Marcela Alejandra Zanatta Ruiz, con 82,33; Rosario Ledesma, con 81,20; Juan Pablo Moschen Selva, con 80,94; y Libertad Escobar, con 80,93 puntos.

La nómina completa incluye 34 postulantes que superaron todas las etapas del proceso y fueron habilitados para iniciar el curso de formación técnica, requisito indispensable para acceder posteriormente a los cargos concursados.

El fortalecimiento del cuerpo de guardaparques tiene una importancia que trasciende el empleo público. Argentina administra actualmente decenas de parques nacionales, reservas y monumentos naturales que resguardan algunos de los ecosistemas más valiosos de Sudamérica. La presencia de personal especializado resulta determinante para controlar actividades ilegales, prevenir incendios, monitorear fauna y flora, asistir a visitantes, desarrollar tareas de educación ambiental y ejecutar programas científicos de conservación.

En provincias como Misiones, donde el Parque Nacional Iguazú protege uno de los últimos grandes remanentes de Selva Paranaense, el trabajo cotidiano de los guardaparques resulta fundamental para preservar la biodiversidad, controlar el avance de la caza furtiva y acompañar el desarrollo del turismo sustentable, una de las principales fuentes de ingresos de la economía regional.

La resolución también refleja un cambio gradual en la política de recursos humanos del organismo. El ingreso a la planta permanente se realiza mediante concursos abiertos y mecanismos de evaluación estandarizados, buscando fortalecer la profesionalización del cuerpo técnico encargado de administrar las áreas protegidas.

La incorporación de nuevos guardaparques representa una política pública con impacto múltiple. No solo genera empleo especializado y fortalece carreras vinculadas a las ciencias ambientales, sino que mejora la capacidad institucional para proteger recursos naturales cuya conservación tiene efectos económicos directos sobre el turismo, la investigación científica, la disponibilidad de agua y la resiliencia frente al cambio climático.

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Santilli suma poder, la Vicejefatura del Interior tendrá el manejo de los ATN

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La reorganización del Estado nacional continúa redefiniendo el esquema de poder dentro de la administración de Javier Milei. Mediante la Resolución 64/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, delegó en la Vicejefatura de Gabinete del Interior la facultad de asignar el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una herramienta clave para asistir financieramente a las provincias ante situaciones de emergencia o desequilibrios fiscales.

La decisión transfiere esa competencia al vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria, quien desde la desaparición del Ministerio del Interior quedó al frente de la articulación política y administrativa con los gobiernos provinciales. En términos institucionales, la medida consolida la concentración de funciones que inició el Gobierno con el Decreto 571/2026, mediante el cual la Jefatura de Gabinete absorbió las atribuciones que históricamente ejercía esa cartera.

La resolución fundamenta la delegación en la necesidad de garantizar “los principios de legalidad, eficacia, celeridad, economía y sencillez del procedimiento administrativo”. Bajo ese argumento, el Ejecutivo considera que descentralizar la firma dentro de la propia estructura de la Jefatura permitirá agilizar la distribución de los recursos cuando las provincias requieran asistencia extraordinaria.

Los ATN constituyen uno de los instrumentos más sensibles del federalismo fiscal argentino. Regulados por la Ley de Coparticipación Federal N.º 23.548, estos fondos tienen como destino exclusivo atender emergencias, contingencias o desequilibrios financieros que afecten a las administraciones provinciales. Si bien forman parte del régimen de distribución de recursos nacionales, su asignación es discrecional y depende de una decisión del Poder Ejecutivo.

Hasta la reciente reforma del organigrama estatal, esa facultad correspondía al Ministerio del Interior, tradicional interlocutor político de la Nación con los gobernadores. Con la eliminación de esa cartera y la absorción de sus competencias por la Jefatura de Gabinete, la administración de los ATN pasó formalmente a la órbita de Diego Santilli, quien ahora optó por delegarla en uno de sus colaboradores más cercanos.

El movimiento también fortalece el perfil político de Gustavo Coria dentro del gabinete nacional. El funcionario llegó al Gobierno de la mano de Santilli cuando éste asumió como ministro del Interior y permaneció como viceministro hasta la reestructuración institucional. Tras la reforma impulsada por el Ejecutivo, fue designado como vicejefe de Gabinete del Interior, cargo desde el cual centraliza la coordinación con las provincias y ahora también administrará uno de los principales mecanismos de asistencia financiera nacional.

Antes de desembarcar en el Gobierno nacional, Coria desarrolló su carrera en la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Se desempeñó inicialmente como jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad y posteriormente asumió como ministro de Seguridad y Justicia porteño, experiencia que consolidó su vínculo político con Santilli y el equipo que hoy ocupa posiciones estratégicas dentro del Ejecutivo.

Desde una perspectiva política, la resolución no modifica el destino legal de los recursos ni los criterios establecidos por la Ley de Coparticipación, pero sí redefine el circuito administrativo y concentra en la Vicejefatura del Interior una herramienta de alto impacto en la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores. En un contexto de fuerte ajuste fiscal y negociaciones permanentes con las provincias, el manejo de los ATN adquiere un valor estratégico tanto para atender emergencias como para sostener la coordinación institucional entre la Nación y los distritos.

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El Gobierno elimina el Ministerio del Interior y concentra el poder político en la Jefatura de Gabinete

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El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su proceso de reorganización del Estado al eliminar formalmente el Ministerio del Interior y transferir todas sus competencias a la Jefatura de Gabinete, que conduce Diego Santilli. La decisión, oficializada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 571/2026 publicado este viernes en el Boletín Oficial, redefine el esquema de poder dentro del Ejecutivo y concentra en la figura del jefe de Gabinete la conducción política cotidiana del Gobierno, incluyendo la estratégica relación con las provincias, el Congreso y los municipios.

La modificación implica una nueva reforma de la Ley de Ministerios y reduce a ocho el número de carteras nacionales, en línea con la política de achicamiento del Estado impulsada por el presidente Javier Milei. Sin embargo, más allá de la reducción administrativa, la decisión también reconfigura el funcionamiento político del Gobierno al centralizar en la Jefatura de Gabinete funciones históricamente vinculadas al Ministerio del Interior.

Desde ahora, Santilli será el principal interlocutor del Ejecutivo con los gobernadores, tendrá bajo su órbita la coordinación de las relaciones fiscales con las provincias y absorberá áreas sensibles como política electoral, asuntos institucionales, turismo, ambiente, deportes, ciencia y tecnología, innovación y políticas federales.

Un nuevo centro de poder en la Casa Rosada

El DNU establece que la Jefatura de Gabinete contará con dos vicejefaturas para administrar el volumen de competencias incorporadas. Una estará destinada a la coordinación general del Gobierno y otra concentrará específicamente los asuntos políticos e institucionales que hasta ahora dependían del Ministerio del Interior.

A través del Decreto 574/2026, Guillermo Ignacio Devitt dejó la Secretaría de Asuntos Estratégicos para convertirse en Vicejefe de Gabinete. Desde ese cargo tendrá intervención en la articulación parlamentaria, el seguimiento legislativo y la coordinación de áreas estratégicas como Innovación, Ciencia, Turismo, Ambiente y Deportes.

En paralelo, el Decreto 575/2026 designó a Gustavo Javier Coria como Vicejefe de Gabinete del Interior, luego de aceptar su renuncia como secretario de Interior. Coria conservará bajo su responsabilidad prácticamente toda la estructura política del antiguo ministerio.

Entre las áreas que administrará figuran Asuntos Políticos, Enlace Parlamentario, Relaciones con Provincias y Municipios, Reforma Política, la Dirección Nacional Electoral, el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la Corporación Puerto Madero y la Administración de Parques Nacionales.

Más funciones para la Jefatura de Gabinete

La reforma no se limita al traslado administrativo del Ministerio del Interior. El nuevo artículo 16 de la Ley de Ministerios amplía considerablemente las atribuciones del jefe de Gabinete.

Además de coordinar la administración nacional y las relaciones con el Congreso, Santilli pasará a intervenir en la planificación de políticas de turismo, ambiente, deporte, ciencia y tecnología, innovación, protección de datos personales, telecomunicaciones, inversiones públicas, acceso a la información, desarrollo satelital y financiamiento internacional, entre otras competencias.

También asumirá la coordinación del Consejo Federal de Turismo, la administración del Fondo Nacional de Turismo, la política ambiental nacional y la supervisión de programas vinculados al cambio climático, recursos naturales, infraestructura turística y deportiva.

En materia política, concentrará el vínculo institucional con las provincias, la coordinación de políticas federales, la implementación del régimen electoral y el seguimiento de las relaciones interjurisdiccionales, funciones que históricamente representaban el núcleo del Ministerio del Interior.

Comunicación presidencial con estructura propia

La reorganización institucional también incluyó la creación de dos nuevas dependencias directamente bajo la órbita presidencial.

El Decreto 572/2026 designó al economista Adrián Osvaldo Ravier como Secretario de Vocería Presidencial, un cargo que tendrá rango equivalente al de ministro según la modificación introducida en la Ley de Ministerios.

A su vez, mediante el Decreto 573/2026, Fabián Horacio Fernández fue designado como Secretario de Comunicación y Medios de la Presidencia, luego de desempeñarse como secretario de Comunicación y Prensa dentro de la Jefatura de Gabinete.

Con esta decisión, la estrategia comunicacional abandona la órbita administrativa de la Jefatura para depender directamente del Presidente, reforzando la centralización política y comunicacional de la Casa Rosada.

Una reforma administrativa con impacto político

Aunque el Gobierno fundamentó la eliminación del Ministerio del Interior en “razones de gestión”, el cambio trasciende la reducción del organigrama estatal. La reforma concentra en la Jefatura de Gabinete la administración de prácticamente todos los resortes políticos del Ejecutivo: la negociación con gobernadores, la relación parlamentaria, la coordinación electoral y buena parte de la articulación institucional con provincias y municipios.

La decisión llega en un momento en que el oficialismo necesita fortalecer su capacidad de negociación territorial para avanzar con reformas legislativas, acuerdos fiscales y futuras definiciones presupuestarias.

Al mismo tiempo, la incorporación de competencias vinculadas a turismo, ambiente, deportes, ciencia e innovación convierte a la Jefatura de Gabinete en el principal centro coordinador de políticas transversales de la administración nacional, consolidando un esquema de gobierno donde el peso político queda cada vez más concentrado alrededor del jefe de Gabinete y de la Presidencia.

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Economía modificó el contrato con Sullivan & Cromwell para reforzar la estrategia de defensa en los juicios internacionales contra la Argentina

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El Ministerio de Economía aprobó una nueva enmienda al contrato con el estudio jurídico estadounidense Sullivan & Cromwell LLP, encargado de representar al Estado argentino en litigios de alto impacto financiero vinculados a los cupones atados al PBI y a la expropiación de YPF. La medida no implica una nueva contratación, sino una actualización de las condiciones operativas para administrar una cartera de causas que continúa evolucionando y que puede tener efectos sobre las finanzas públicas y el costo de financiamiento del país.

La Resolución 882/2026, publicada en el Boletín Oficial, sustituye el anexo vigente de las bases de contratación firmadas en 2021 con el estudio Sullivan & Cromwell LLP. El Ministerio de Economía argumenta que la modificación responde a la necesidad de adaptar el esquema de trabajo a la dinámica de los procesos judiciales actuales y futuros que enfrenta la Argentina en tribunales del exterior.

La representación legal comprende algunos de los litigios más sensibles para el Estado argentino: las demandas relacionadas con los títulos públicos atados al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) y las causas derivadas de la expropiación de la mayoría accionaria de YPF, dos frentes con potencial impacto sobre el patrimonio público y la percepción internacional del riesgo soberano.

Una actualización contractual, no una nueva adjudicación

La resolución aclara que el vínculo con Sullivan & Cromwell se mantiene dentro del régimen especial establecido por el Decreto 946/2020, que excluyó este tipo de contrataciones internacionales del régimen general de compras públicas debido a la necesidad de contar con representación especializada en jurisdicciones extranjeras.

La decisión administrativa aprueba una nueva enmienda que reemplaza el anexo incorporado en 2025 por otro documento actualizado, elaborado de común acuerdo entre el Ministerio y el estudio jurídico. El texto oficial señala que las modificaciones buscan mejorar la administración de la cartera de litigios presente y futura, aunque no detalla públicamente los cambios específicos incorporados en el nuevo anexo.

El propio expediente indica que Sullivan & Cromwell manifestó formalmente su conformidad con las modificaciones propuestas antes de la aprobación de la resolución.

Aunque la medida tiene un carácter jurídico-administrativo, su relevancia trasciende el ámbito legal. La evolución de estos litigios puede incidir sobre variables que siguen de cerca empresas, bancos e inversores.

Entre los principales efectos potenciales se destacan la exposición patrimonial del Estado frente a eventuales sentencias internacionales. La percepción del riesgo argentino en los mercados financieros. Las condiciones de acceso al financiamiento soberano, con impacto indirecto sobre el costo del crédito para el sector privado. La previsibilidad jurídica en procesos vinculados a emisiones de deuda y disputas internacionales.

Para las economías regionales del NEA, estos procesos no tienen un efecto directo sobre la actividad cotidiana, pero sí forman parte del entorno macroeconómico que condiciona inversiones en infraestructura, acceso al crédito y disponibilidad de financiamiento para proyectos productivos.

Defensa legal como componente de la estrategia financiera

La contratación de estudios jurídicos especializados en Nueva York y Londres constituye una práctica habitual en litigios internacionales donde los Estados aceptaron jurisdicciones extranjeras al emitir deuda o celebrar determinados contratos.

En este caso, Economía sostiene que la actualización contractual permitirá administrar con mayor eficiencia una cartera de causas cuya complejidad exige equipos especializados en derecho financiero internacional y litigios transnacionales.

La resolución tampoco modifica el objeto original de la contratación ni incorpora nuevos procesos judiciales de manera explícita, sino que actualiza las bases bajo las cuales continuará desarrollándose la representación legal.

El cambio administrativo no altera el estado procesal de las demandas, pero confirma que el Gobierno considera necesario mantener y adaptar su estrategia jurídica frente a litigios que continúan abiertos. Para el mercado, el foco seguirá puesto menos en esta modificación contractual que en la evolución de las causas judiciales y en el eventual impacto que puedan tener sobre las cuentas públicas y la capacidad financiera del Estado argentino.

Anexo Resolución 882/2026 by CristianMilciades

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LITSA se reorganiza y concentra el control en el grupo Neuss

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La empresa que opera líneas de transmisión asociadas al sistema eléctrico de Yacyretá quedó bajo un único accionista tras la aprobación del ENREGE. La resolución también amplía su objeto social, habilita nuevas herramientas de financiamiento y despeja un obstáculo contractual que exigía un concurso público para transferencias accionarias superiores al 49%.

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) autorizó una profunda reorganización de Líneas de Transmisión del Litoral S.A. (LITSA), una de las empresas que participan en la infraestructura de transmisión eléctrica vinculada al complejo hidroeléctrico Yacyretá. La medida, formalizada mediante la Resolución 159/2026, valida una reestructuración interna del grupo empresario Edison que culmina con la transformación de la compañía en una Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.), además de ampliar significativamente sus facultades para obtener financiamiento y desarrollar nuevos negocios.

La decisión tiene relevancia para el mercado energético porque afecta a un operador de infraestructura considerada estratégica dentro del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Aunque el regulador sostuvo que no existe un cambio en el control económico final de la concesión, la resolución redefine la estructura jurídica y financiera desde la cual se administrará la empresa.

Reorganización sin cambio de control económico

La operación fue impulsada por Edison Energía S.A. y Edison Transmisión S.A., ambas integrantes del mismo grupo económico.

Hasta ahora, el paquete accionario de LITSA estaba distribuido entre tres sociedades:

  • Edison Energía S.A.: 92,5%
  • CODI S.A.: 5,5%
  • Grupo Eling S.A.: 2%

Tras una serie de compraventas intragrupo, Edison Transmisión S.A., constituida en marzo de 2026, pasó a controlar el 100% del capital social y de los derechos de voto, mientras que Edison Holding S.A. continúa siendo el controlador final del grupo.

Según la resolución, entre los accionistas finales de Edison Holding figura Juan Jorge Neuss, junto con otros vehículos de inversión nacionales e internacionales.

La excepción que evitó un concurso público

Uno de los aspectos más relevantes del expediente fue la interpretación del Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento (COM) firmado en 1994 para el sistema de transmisión de Yacyretá.

Ese contrato establece que cualquier transferencia superior al 49% del capital accionario debía realizarse mediante un Concurso Público Internacional.

Sin embargo, el Directorio del ENREGE concluyó que esa exigencia no resultaba aplicable, al considerar que la operación constituye una reorganización interna del mismo grupo económico y que el control efectivo de la empresa no cambia de manos.

Desde la óptica regulatoria, el organismo entendió que no existe ingreso de un nuevo operador independiente ni alteración del sujeto económico responsable de la concesión, razón por la cual autorizó la operación sin activar ese mecanismo competitivo.

No obstante, el regulador impuso una condición: LITSA deberá acreditar dentro de los 30 días hábiles la inscripción de la prenda sobre la totalidad de las acciones Clase A como garantía de las obligaciones asumidas en el contrato de operación y mantenimiento.

La resolución también aprueba una reforma estatutaria que modifica el perfil corporativo de la empresa.

A partir de ahora, LITSA S.A.U. podrá emitir obligaciones negociables y otros instrumentos financieros. Tomar y otorgar préstamos, incluso dentro del grupo empresario. Ceder créditos derivados del contrato de operación para respaldar financiamiento. Desarrollar servicios de ingeniería y consultoría. Participar en negocios de telecomunicaciones vinculados a infraestructura.

Para el mercado, esta ampliación del objeto social representa una herramienta para acceder a nuevas fuentes de capital sin modificar la concesión vigente.

El propio ENREGE aclaró que la cesión de los créditos provenientes del canon que percibe la empresa ya estaba prevista en el contrato original y, por lo tanto, no requiere autorizaciones regulatorias adicionales.

Impacto para el sistema eléctrico y el NEA

Aunque la resolución no modifica las condiciones de prestación del servicio ni altera el contrato de concesión, sí redefine la estructura financiera del operador responsable de parte de la infraestructura asociada a Yacyretá, uno de los activos energéticos más relevantes del noreste argentino.

Para provincias como Misiones y Corrientes, donde la estabilidad del sistema de transmisión resulta clave para el abastecimiento eléctrico y para proyectos industriales de mayor demanda energética, la capacidad de financiamiento de los transportistas constituye un elemento estratégico.

El desafío regulatorio será verificar que la mayor flexibilidad financiera no afecte las garantías operativas exigidas para una infraestructura considerada crítica.

La resolución refleja una tendencia hacia estructuras societarias más simples y vehículos financieros más flexibles dentro del sector energético. Para inversores y operadores, el dato central no es únicamente el cambio accionario sino la posibilidad de utilizar activos regulatorios como respaldo para futuras operaciones de financiamiento.

En adelante, el foco estará puesto en cómo LITSA utiliza estas nuevas herramientas para financiar inversiones, preservar los estándares de operación exigidos por la concesión y sostener la confiabilidad del sistema de transmisión vinculado a Yacyretá.

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