Desregulación: Sturzenegger ya contabiliza 16.771 artículos modificados o eliminados
El Gobierno nacional cerró julio con un nuevo avance de su programa de desregulación y quedó a las puertas de superar las 17.000 modificaciones o eliminaciones de artículos normativos desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El dato fue difundido por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien destacó el volumen acumulado de cambios y volvió a asociar la reducción de regulaciones con el objetivo oficial de ampliar la libertad económica.
“Terminamos la semana con el informe mensual de desregulaciones. Dentro de poco ¡superaremos las 17.000! Y como dice el presidente Javier Milei, libertad es prosperidad. VLLC!”, señaló Sturzenegger al presentar el nuevo informe.
El documento de julio, elaborado por la Unidad de Evaluación de Impacto, contabiliza 719 normas de desregulación, 2.803 normas modificadas o eliminadas y 16.771 artículos modificados o eliminados. La cifra representa un incremento de 593 artículos respecto de mayo y de 256 frente a junio, cuando el acumulado había llegado a 16.178.
El dato adquiere relevancia porque el Gobierno no mide la desregulación únicamente por la cantidad de normas derogadas. El esquema de evaluación distingue entre las normas eliminadas por completo, aquellas que sufrieron modificaciones o eliminaciones parciales y el número concreto de artículos alcanzados. Esa metodología permite dimensionar con mayor precisión cuánto del entramado regulatorio fue efectivamente alterado.
El informe sostiene que el universo relevado comprende las normas publicadas en el Boletín Oficial desde el 10 de diciembre de 2023 que incorporan de manera explícita y verificable la eliminación o simplificación de obligaciones, controles, restricciones o trámites que generan cargas, demoras o costos para ciudadanos, empresas u organismos públicos. A partir de allí, se identifican artículos que contienen acciones como derogar, modificar, sustituir, suprimir o dejar sin efecto disposiciones anteriores.
El método también evita equiparar automáticamente una derogación con una transformación completa del marco regulatorio. Si una norma elimina artículos de una ley pero mantiene vigente el resto de su estructura, se contabiliza como una norma modificada o eliminada y, simultáneamente, se suman los artículos concretos afectados. De esta manera, el indicador de 16.771 artículos busca reflejar la magnitud normativa de los cambios y no solamente la cantidad de instrumentos jurídicos involucrados.
El propio informe advierte, además, que el número de artículos modificados o eliminados constituye una cota inferior, debido a que el contenido de 40 normas alcanzadas no se encuentra disponible en línea y, por lo tanto, sus artículos no pudieron ser contabilizados. También se contemplan los anexos de las normas, salvo cuando contienen artículos, caso en el que se contabiliza su contenido normativo específico.
La aceleración registrada durante los últimos meses también permite observar dónde se concentra parte del proceso. El informe presenta a la agroindustria, las finanzas y el mercado de capitales, el comercio exterior, la producción nacional, el transporte, el bienestar ciudadano, la salud, la cultura, el turismo y el deporte, la energía, el empleo y la regulación laboral y el sector inmobiliario como algunos de los principales sectores alcanzados por las medidas.
Entre las medidas destacadas de julio aparecen cambios con impacto directo sobre operaciones empresariales y trámites cotidianos. El Decreto 604/2026 reglamentó la exportación por vía postal y habilitó a empresas e individuos a realizar operaciones puerta a puerta mediante el Correo. En comercio exterior, la Resolución General 5883/2026 de ARCA eliminó los límites de valor FOB para exportaciones bajo el régimen de courier y simplificó determinados procedimientos para pequeños envíos.
La agenda también avanzó sobre la digitalización de trámites. La Resolución General 7/2026 de la Inspección General de Justicia reemplazó presentaciones físicas por un sistema digital con firma electrónica, con el objetivo de reducir tiempos y costos administrativos. En los aeropuertos, la Resolución 49/2026 del ORSNA sustituyó los Libros de Quejas en formato físico por un formulario web para canalizar los reclamos de los usuarios.
En sectores productivos también hubo modificaciones de requisitos. La Resolución 592/2026 del SENASA eliminó la obligatoriedad de contar con un Director Técnico en determinados establecimientos de inspección de productos de origen animal, mientras que la Resolución 593/2026 simplificó las habilitaciones de destinos de exportación al eliminar su vencimiento y evitar que establecimientos ya autorizados deban repetir el trámite.
En energía, la Resolución 166/2026 de la Secretaría de Energía dejó sin efecto el registro previo establecido por el Decreto 645/02 y derogó disposiciones vinculadas con autorizaciones y publicación de ofertas destinadas al mercado interno, en línea con un esquema de mayor libertad para la exportación de hidrocarburos. En paralelo, la Resolución 35/2026 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo avanzó con una depuración de resoluciones y artículos considerados obsoletos, redundantes o cuyo objeto ya había sido cumplido.
La magnitud del proceso plantea, sin embargo, una cuestión central para evaluar su impacto económico: la cantidad de regulaciones eliminadas no constituye por sí misma una medición del beneficio generado. El efecto final depende de si la simplificación reduce efectivamente costos, tiempos y barreras de entrada, mejora la competencia y facilita la inversión y la producción, sin trasladar nuevos costos o riesgos a ciudadanos, trabajadores o consumidores. El propio diseño metodológico del Gobierno busca generar una base cuantificable para seguir esa transformación en el tiempo, pero el volumen normativo y su impacto económico son dimensiones diferentes.
Con 16.771 artículos modificados o eliminados y una variación mensual que sumó 593 cambios durante julio, el Gobierno se aproxima así al umbral de 17.000. La próxima medición permitirá determinar si el programa mantiene el ritmo alcanzado durante el primer semestre y, sobre todo, si la reducción de trámites y restricciones comienza a traducirse en resultados verificables sobre la actividad económica.
