Boletín Oficial

El Gobierno elimina el Ministerio del Interior y concentra el poder político en la Jefatura de Gabinete

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El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su proceso de reorganización del Estado al eliminar formalmente el Ministerio del Interior y transferir todas sus competencias a la Jefatura de Gabinete, que conduce Diego Santilli. La decisión, oficializada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 571/2026 publicado este viernes en el Boletín Oficial, redefine el esquema de poder dentro del Ejecutivo y concentra en la figura del jefe de Gabinete la conducción política cotidiana del Gobierno, incluyendo la estratégica relación con las provincias, el Congreso y los municipios.

La modificación implica una nueva reforma de la Ley de Ministerios y reduce a ocho el número de carteras nacionales, en línea con la política de achicamiento del Estado impulsada por el presidente Javier Milei. Sin embargo, más allá de la reducción administrativa, la decisión también reconfigura el funcionamiento político del Gobierno al centralizar en la Jefatura de Gabinete funciones históricamente vinculadas al Ministerio del Interior.

Desde ahora, Santilli será el principal interlocutor del Ejecutivo con los gobernadores, tendrá bajo su órbita la coordinación de las relaciones fiscales con las provincias y absorberá áreas sensibles como política electoral, asuntos institucionales, turismo, ambiente, deportes, ciencia y tecnología, innovación y políticas federales.

Un nuevo centro de poder en la Casa Rosada

El DNU establece que la Jefatura de Gabinete contará con dos vicejefaturas para administrar el volumen de competencias incorporadas. Una estará destinada a la coordinación general del Gobierno y otra concentrará específicamente los asuntos políticos e institucionales que hasta ahora dependían del Ministerio del Interior.

A través del Decreto 574/2026, Guillermo Ignacio Devitt dejó la Secretaría de Asuntos Estratégicos para convertirse en Vicejefe de Gabinete. Desde ese cargo tendrá intervención en la articulación parlamentaria, el seguimiento legislativo y la coordinación de áreas estratégicas como Innovación, Ciencia, Turismo, Ambiente y Deportes.

En paralelo, el Decreto 575/2026 designó a Gustavo Javier Coria como Vicejefe de Gabinete del Interior, luego de aceptar su renuncia como secretario de Interior. Coria conservará bajo su responsabilidad prácticamente toda la estructura política del antiguo ministerio.

Entre las áreas que administrará figuran Asuntos Políticos, Enlace Parlamentario, Relaciones con Provincias y Municipios, Reforma Política, la Dirección Nacional Electoral, el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la Corporación Puerto Madero y la Administración de Parques Nacionales.

Más funciones para la Jefatura de Gabinete

La reforma no se limita al traslado administrativo del Ministerio del Interior. El nuevo artículo 16 de la Ley de Ministerios amplía considerablemente las atribuciones del jefe de Gabinete.

Además de coordinar la administración nacional y las relaciones con el Congreso, Santilli pasará a intervenir en la planificación de políticas de turismo, ambiente, deporte, ciencia y tecnología, innovación, protección de datos personales, telecomunicaciones, inversiones públicas, acceso a la información, desarrollo satelital y financiamiento internacional, entre otras competencias.

También asumirá la coordinación del Consejo Federal de Turismo, la administración del Fondo Nacional de Turismo, la política ambiental nacional y la supervisión de programas vinculados al cambio climático, recursos naturales, infraestructura turística y deportiva.

En materia política, concentrará el vínculo institucional con las provincias, la coordinación de políticas federales, la implementación del régimen electoral y el seguimiento de las relaciones interjurisdiccionales, funciones que históricamente representaban el núcleo del Ministerio del Interior.

Comunicación presidencial con estructura propia

La reorganización institucional también incluyó la creación de dos nuevas dependencias directamente bajo la órbita presidencial.

El Decreto 572/2026 designó al economista Adrián Osvaldo Ravier como Secretario de Vocería Presidencial, un cargo que tendrá rango equivalente al de ministro según la modificación introducida en la Ley de Ministerios.

A su vez, mediante el Decreto 573/2026, Fabián Horacio Fernández fue designado como Secretario de Comunicación y Medios de la Presidencia, luego de desempeñarse como secretario de Comunicación y Prensa dentro de la Jefatura de Gabinete.

Con esta decisión, la estrategia comunicacional abandona la órbita administrativa de la Jefatura para depender directamente del Presidente, reforzando la centralización política y comunicacional de la Casa Rosada.

Una reforma administrativa con impacto político

Aunque el Gobierno fundamentó la eliminación del Ministerio del Interior en “razones de gestión”, el cambio trasciende la reducción del organigrama estatal. La reforma concentra en la Jefatura de Gabinete la administración de prácticamente todos los resortes políticos del Ejecutivo: la negociación con gobernadores, la relación parlamentaria, la coordinación electoral y buena parte de la articulación institucional con provincias y municipios.

La decisión llega en un momento en que el oficialismo necesita fortalecer su capacidad de negociación territorial para avanzar con reformas legislativas, acuerdos fiscales y futuras definiciones presupuestarias.

Al mismo tiempo, la incorporación de competencias vinculadas a turismo, ambiente, deportes, ciencia e innovación convierte a la Jefatura de Gabinete en el principal centro coordinador de políticas transversales de la administración nacional, consolidando un esquema de gobierno donde el peso político queda cada vez más concentrado alrededor del jefe de Gabinete y de la Presidencia.

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Economía modificó el contrato con Sullivan & Cromwell para reforzar la estrategia de defensa en los juicios internacionales contra la Argentina

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El Ministerio de Economía aprobó una nueva enmienda al contrato con el estudio jurídico estadounidense Sullivan & Cromwell LLP, encargado de representar al Estado argentino en litigios de alto impacto financiero vinculados a los cupones atados al PBI y a la expropiación de YPF. La medida no implica una nueva contratación, sino una actualización de las condiciones operativas para administrar una cartera de causas que continúa evolucionando y que puede tener efectos sobre las finanzas públicas y el costo de financiamiento del país.

La Resolución 882/2026, publicada en el Boletín Oficial, sustituye el anexo vigente de las bases de contratación firmadas en 2021 con el estudio Sullivan & Cromwell LLP. El Ministerio de Economía argumenta que la modificación responde a la necesidad de adaptar el esquema de trabajo a la dinámica de los procesos judiciales actuales y futuros que enfrenta la Argentina en tribunales del exterior.

La representación legal comprende algunos de los litigios más sensibles para el Estado argentino: las demandas relacionadas con los títulos públicos atados al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) y las causas derivadas de la expropiación de la mayoría accionaria de YPF, dos frentes con potencial impacto sobre el patrimonio público y la percepción internacional del riesgo soberano.

Una actualización contractual, no una nueva adjudicación

La resolución aclara que el vínculo con Sullivan & Cromwell se mantiene dentro del régimen especial establecido por el Decreto 946/2020, que excluyó este tipo de contrataciones internacionales del régimen general de compras públicas debido a la necesidad de contar con representación especializada en jurisdicciones extranjeras.

La decisión administrativa aprueba una nueva enmienda que reemplaza el anexo incorporado en 2025 por otro documento actualizado, elaborado de común acuerdo entre el Ministerio y el estudio jurídico. El texto oficial señala que las modificaciones buscan mejorar la administración de la cartera de litigios presente y futura, aunque no detalla públicamente los cambios específicos incorporados en el nuevo anexo.

El propio expediente indica que Sullivan & Cromwell manifestó formalmente su conformidad con las modificaciones propuestas antes de la aprobación de la resolución.

Aunque la medida tiene un carácter jurídico-administrativo, su relevancia trasciende el ámbito legal. La evolución de estos litigios puede incidir sobre variables que siguen de cerca empresas, bancos e inversores.

Entre los principales efectos potenciales se destacan la exposición patrimonial del Estado frente a eventuales sentencias internacionales. La percepción del riesgo argentino en los mercados financieros. Las condiciones de acceso al financiamiento soberano, con impacto indirecto sobre el costo del crédito para el sector privado. La previsibilidad jurídica en procesos vinculados a emisiones de deuda y disputas internacionales.

Para las economías regionales del NEA, estos procesos no tienen un efecto directo sobre la actividad cotidiana, pero sí forman parte del entorno macroeconómico que condiciona inversiones en infraestructura, acceso al crédito y disponibilidad de financiamiento para proyectos productivos.

Defensa legal como componente de la estrategia financiera

La contratación de estudios jurídicos especializados en Nueva York y Londres constituye una práctica habitual en litigios internacionales donde los Estados aceptaron jurisdicciones extranjeras al emitir deuda o celebrar determinados contratos.

En este caso, Economía sostiene que la actualización contractual permitirá administrar con mayor eficiencia una cartera de causas cuya complejidad exige equipos especializados en derecho financiero internacional y litigios transnacionales.

La resolución tampoco modifica el objeto original de la contratación ni incorpora nuevos procesos judiciales de manera explícita, sino que actualiza las bases bajo las cuales continuará desarrollándose la representación legal.

El cambio administrativo no altera el estado procesal de las demandas, pero confirma que el Gobierno considera necesario mantener y adaptar su estrategia jurídica frente a litigios que continúan abiertos. Para el mercado, el foco seguirá puesto menos en esta modificación contractual que en la evolución de las causas judiciales y en el eventual impacto que puedan tener sobre las cuentas públicas y la capacidad financiera del Estado argentino.

Anexo Resolución 882/2026 by CristianMilciades

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LITSA se reorganiza y concentra el control en el grupo Neuss

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La empresa que opera líneas de transmisión asociadas al sistema eléctrico de Yacyretá quedó bajo un único accionista tras la aprobación del ENREGE. La resolución también amplía su objeto social, habilita nuevas herramientas de financiamiento y despeja un obstáculo contractual que exigía un concurso público para transferencias accionarias superiores al 49%.

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) autorizó una profunda reorganización de Líneas de Transmisión del Litoral S.A. (LITSA), una de las empresas que participan en la infraestructura de transmisión eléctrica vinculada al complejo hidroeléctrico Yacyretá. La medida, formalizada mediante la Resolución 159/2026, valida una reestructuración interna del grupo empresario Edison que culmina con la transformación de la compañía en una Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.), además de ampliar significativamente sus facultades para obtener financiamiento y desarrollar nuevos negocios.

La decisión tiene relevancia para el mercado energético porque afecta a un operador de infraestructura considerada estratégica dentro del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Aunque el regulador sostuvo que no existe un cambio en el control económico final de la concesión, la resolución redefine la estructura jurídica y financiera desde la cual se administrará la empresa.

Reorganización sin cambio de control económico

La operación fue impulsada por Edison Energía S.A. y Edison Transmisión S.A., ambas integrantes del mismo grupo económico.

Hasta ahora, el paquete accionario de LITSA estaba distribuido entre tres sociedades:

  • Edison Energía S.A.: 92,5%
  • CODI S.A.: 5,5%
  • Grupo Eling S.A.: 2%

Tras una serie de compraventas intragrupo, Edison Transmisión S.A., constituida en marzo de 2026, pasó a controlar el 100% del capital social y de los derechos de voto, mientras que Edison Holding S.A. continúa siendo el controlador final del grupo.

Según la resolución, entre los accionistas finales de Edison Holding figura Juan Jorge Neuss, junto con otros vehículos de inversión nacionales e internacionales.

La excepción que evitó un concurso público

Uno de los aspectos más relevantes del expediente fue la interpretación del Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento (COM) firmado en 1994 para el sistema de transmisión de Yacyretá.

Ese contrato establece que cualquier transferencia superior al 49% del capital accionario debía realizarse mediante un Concurso Público Internacional.

Sin embargo, el Directorio del ENREGE concluyó que esa exigencia no resultaba aplicable, al considerar que la operación constituye una reorganización interna del mismo grupo económico y que el control efectivo de la empresa no cambia de manos.

Desde la óptica regulatoria, el organismo entendió que no existe ingreso de un nuevo operador independiente ni alteración del sujeto económico responsable de la concesión, razón por la cual autorizó la operación sin activar ese mecanismo competitivo.

No obstante, el regulador impuso una condición: LITSA deberá acreditar dentro de los 30 días hábiles la inscripción de la prenda sobre la totalidad de las acciones Clase A como garantía de las obligaciones asumidas en el contrato de operación y mantenimiento.

La resolución también aprueba una reforma estatutaria que modifica el perfil corporativo de la empresa.

A partir de ahora, LITSA S.A.U. podrá emitir obligaciones negociables y otros instrumentos financieros. Tomar y otorgar préstamos, incluso dentro del grupo empresario. Ceder créditos derivados del contrato de operación para respaldar financiamiento. Desarrollar servicios de ingeniería y consultoría. Participar en negocios de telecomunicaciones vinculados a infraestructura.

Para el mercado, esta ampliación del objeto social representa una herramienta para acceder a nuevas fuentes de capital sin modificar la concesión vigente.

El propio ENREGE aclaró que la cesión de los créditos provenientes del canon que percibe la empresa ya estaba prevista en el contrato original y, por lo tanto, no requiere autorizaciones regulatorias adicionales.

Impacto para el sistema eléctrico y el NEA

Aunque la resolución no modifica las condiciones de prestación del servicio ni altera el contrato de concesión, sí redefine la estructura financiera del operador responsable de parte de la infraestructura asociada a Yacyretá, uno de los activos energéticos más relevantes del noreste argentino.

Para provincias como Misiones y Corrientes, donde la estabilidad del sistema de transmisión resulta clave para el abastecimiento eléctrico y para proyectos industriales de mayor demanda energética, la capacidad de financiamiento de los transportistas constituye un elemento estratégico.

El desafío regulatorio será verificar que la mayor flexibilidad financiera no afecte las garantías operativas exigidas para una infraestructura considerada crítica.

La resolución refleja una tendencia hacia estructuras societarias más simples y vehículos financieros más flexibles dentro del sector energético. Para inversores y operadores, el dato central no es únicamente el cambio accionario sino la posibilidad de utilizar activos regulatorios como respaldo para futuras operaciones de financiamiento.

En adelante, el foco estará puesto en cómo LITSA utiliza estas nuevas herramientas para financiar inversiones, preservar los estándares de operación exigidos por la concesión y sostener la confiabilidad del sistema de transmisión vinculado a Yacyretá.

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Crucero del Norte asegura por otra década sus rutas internacionales con Paraguay

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El Gobierno nacional prorrogó por otros diez años el permiso de explotación de Crucero del Norte para operar servicios públicos de transporte automotor internacional de pasajeros entre Argentina y Paraguay. La medida, oficializada mediante la Resolución 879/2026 del Ministerio de Economía, garantiza la continuidad de una de las principales conexiones terrestres del Mercosur y aporta previsibilidad a una empresa con fuerte presencia en Misiones, provincia estratégica para la integración regional.

La decisión extiende, desde el 28 de junio de 2026, la autorización originalmente otorgada en 2006 y renovada en 2015, consolidando la permanencia de la compañía en corredores internacionales de alta demanda. La prórroga se enmarca en el régimen establecido por el Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre (ATIT), que regula los servicios de pasajeros entre los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

La resolución destaca que la empresa acreditó el cumplimiento de los requisitos técnicos y regulatorios exigidos por la normativa vigente. La Dirección Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros verificó que Crucero del Norte mantiene su inscripción en el Registro Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros, mientras que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) certificó las condiciones del parque móvil habilitado para prestar estos servicios.

El acto administrativo también refleja la continuidad del esquema regulatorio impulsado tras la reforma del sistema de transporte interjurisdiccional instrumentada mediante el Decreto 883/2024, que unificó los registros nacionales del sector y reorganizó las competencias de control sin modificar el marco internacional previsto por el ATIT.

La autorización renovada comprende tres servicios regulares entre Buenos Aires y Asunción, todos atravesando el Paso Internacional San Ignacio de Loyola, con distintas modalidades operativas y frecuencias semanales. Según el anexo de la resolución, Crucero del Norte continuará explotando una línea de servicio convencional económico con tres frecuencias semanales, una línea ejecutiva con cuatro frecuencias y otra diferencial también con tres servicios por semana.

Para Misiones, donde Crucero del Norte tiene su base operativa y una fuerte inserción en el transporte regional, la renovación representa un respaldo institucional para una empresa que históricamente desempeñó un rol clave en la conectividad del Nordeste argentino con Paraguay y el resto del Mercosur. La continuidad de estas rutas resulta relevante tanto para el movimiento de pasajeros como para la actividad turística, comercial y laboral entre ambos países.

La resolución mantiene, además, las obligaciones ya previstas para la empresa en materia de seguros internacionales y presentación de declaraciones juradas de horarios, conforme a las normas que regulan el transporte internacional por carretera.

Desde el punto de vista regulatorio, la medida no implica una nueva adjudicación sino la extensión de un permiso previamente otorgado, luego de que los organismos técnicos verificaran la capacidad operativa de la firma y el cumplimiento de las exigencias establecidas para este tipo de servicios.

Con esta decisión, el Ministerio de Economía busca asegurar la continuidad de corredores internacionales considerados estratégicos para la integración regional, al tiempo que brinda previsibilidad a las empresas que operan bajo el régimen del transporte terrestre internacional.

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El Gobierno prorrogó hasta agosto la reforma del régimen de Dirección Pública del Estado

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El Gobierno nacional oficializó la homologación del acuerdo alcanzado en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), mediante el cual se extiende hasta el 31 de agosto de 2026 la suspensión de la implementación del nuevo Régimen de Dirección Pública previsto para la Administración Pública Nacional.

La decisión, formalizada a través del Decreto 565/2026, no modifica salarios ni incorpora nuevos beneficios para el personal estatal. Su principal efecto consiste en mantener vigentes las reglas de funcionamiento anteriores para los cargos directivos del Estado mientras el Ejecutivo y los gremios continúan evaluando una revisión integral del sistema.

La prórroga alcanza a las modificaciones introducidas en el convenio colectivo durante 2022, cuya aplicación ya había sido diferida en oportunidades anteriores. Según el acuerdo homologado, continuará vigente el régimen previo a las reformas impulsadas por el Decreto 788/2019, con las actualizaciones que posteriormente hubieran sido incorporadas.

Desde la perspectiva de la administración pública, la medida busca evitar la entrada en vigor de un esquema cuya implementación aún no cuenta con una definición consensuada. El Ejecutivo argumenta que resulta necesario revisar integralmente el modelo antes de poner en funcionamiento un nuevo régimen para la conducción profesional de los organismos nacionales.

La negociación se desarrolló en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, con participación de la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y las organizaciones sindicales con representación en el sector.

El acta refleja posiciones diferenciadas entre los gremios. UPCN aceptó la propuesta oficial, mientras que ATE rechazó la prórroga, aunque la negociación quedó perfeccionada conforme al procedimiento previsto por la Ley 24.185 para las convenciones colectivas del sector público.

Alcances de la decisión

La homologación extiende hasta el 31 de agosto de 2026 la suspensión de la entrada en vigencia del Régimen de Dirección Pública previsto para la Administración Pública Nacional. La incorporación del artículo 24 bis al Convenio Colectivo Sectorial del SINEP. La derogación de diversos artículos del convenio vigente que habían sido aprobados en la reforma de 2022. La continuidad del régimen normativo anterior mientras se define un esquema definitivo.

Para provincias como Misiones, donde numerosos sectores económicos interactúan con dependencias nacionales vinculadas al comercio exterior, infraestructura, energía, producción o ambiente, la continuidad del esquema vigente evita cambios administrativos inmediatos en los organismos nacionales.

El plazo fijado por el acuerdo vence el 31 de agosto de 2026. Antes de esa fecha el Gobierno deberá definir si implementa finalmente el nuevo Régimen de Dirección Pública, acuerda una nueva prórroga o presenta una reformulación integral del sistema. La definición excede la política laboral estatal: también marcará el rumbo de la profesionalización y organización de la alta gestión pública nacional, un componente relevante para la previsibilidad institucional que demanda el sector productivo.

Anexo 2 Decreto 565/2026 by CristianMilciades

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