Por Sergio López / Mises Institute – El 17 de agosto de 2025 marca el final de una era: por primera vez en dos décadas, el MAS (Movimiento al Socialismo) ha sido excluido de la segunda vuelta presidencial. El país ahora se dirige a una segunda vuelta el 19 de octubre entre Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Jorge “Tuto” Quiroga de la alianza Libertad y Democracia (Libre), después de una primera vuelta que castigó al socialismo estatista por la inflación, la escasez de combustible y el agotamiento del viejo modelo rentista y criminal.
Esto no es una percepción. Los resultados oficiales preliminares y la cobertura internacional unánime, con más del 90 por ciento de las boletas escrutadas, muestran que Paz lideró con poco más del 32 por ciento, Quiroga quedó en segundo lugar con el 27 por ciento, forzando una segunda vuelta y poniendo fin simbólicamente a la hegemonía de 20 años del MAS. El candidato oficial del MAS, Eduardo del Castillo, apenas obtuvo el 3,2 por ciento, Andrónico Rodríguez, considerado por muchos el sucesor de Evo Morales, obtuvo alrededor del 8 por ciento, y Samuel Doria Medina, vicepresidente de la Internacional Socialista, obtuvo aproximadamente el 20 por ciento.
Esta fue una ruptura histórica: el socialismo había gobernado durante los últimos 20 años. El propio Evo Morales, descalificado y escondido como prófugo, pidió a los votantes que emitieran votos nulos, tratando de apropiarse de un bloque de votos que no era el suyo. Pero incluso este voto no alcanzó el 20 por ciento. En otras palabras, incluso si todas las boletas nulas hubieran sido para Morales, aún no habría alcanzado el tercer lugar.
El MAS perdió no por un “golpe mediático”, sino por la realidad económica. Décadas de despilfarro, corrupción y crímenes contra los bolivianos comunes dejaron a los ciudadanos cansados de las políticas izquierdistas que trajeron una inflación de dos dígitos, un mercado paralelo del dólar y escasez de combustible. El castigo en las urnas y la deserción de su base sellaron una derrota histórica. Las crónicas del día de las elecciones fueron inequívocas: la era del MAS ha terminado; la segunda vuelta es Paz vs. Tuto.
Para el observador casual, esto puede sonar como un giro hacia el liberalismo. Sin embargo, debemos hacer una pausa para considerar quién está listo para ingresar al gobierno, ya que hay un largo camino entre derrotar al socialismo y abrazar la libertad. El régimen socialista criminal se ha derrumbado, y eso merece un aplauso. Pero la pregunta crucial sigue siendo: ¿qué viene después?
¿Qué proponen los finalistas?
Rodrigo Paz fue la gran sorpresa de la elección: un candidato que apenas alcanzaba el 5 por ciento en las encuestas hace apenas unos meses y que ahora emergía en primer lugar. Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, se le ha colocado de diversas maneras en el centro-izquierda o centro-derecha, aunque su discurso busca trascender las etiquetas. Su plan de gobierno, denominado “Agenda 50/50”, se presenta como una cruzada contra el “Estado tranca”, un aparato centralista al que culpa de la parálisis económica. Promete racionalizar el gasto con una regla de déficit cero para los gobiernos subnacionales, congelar nuevas contrataciones a nivel central y detener las empresas públicas que operan con pérdidas. También pide un régimen fiscal simplificado para las pequeñas empresas, reemplazando las licencias y permisos burocráticos con declaraciones juradas y liberalizando las exportaciones.
Además, propone ajustar los precios de los combustibles para reducir el déficit, unificar el tipo de cambio a través de un “Fondo de Estabilización Monetaria” financiado por la banca multilateral y la “regularización de activos”, y alentar a las pequeñas y medianas empresas a través de incentivos crediticios y fiscales. Su plan también menciona la lucha contra el contrabando, la formalización del empleo, el aumento progresivo de los salarios, la inversión sostenida en investigación y desarrollo, y la explotación de nuevos yacimientos estratégicos.
En su retórica, Paz complementa estas ideas con un guiño al sector informal, que estima en el 85 por ciento de la economía. Reconoce que la persecución fiscal y los enredos regulatorios han empujado a millones fuera de la legalidad, y dice que quiere una “formalidad barata” que reduzca los procedimientos y elimine las barreras en lugar de criminalizar a los pequeños productores. Lo ha resumido bajo el lema “Capitalismo para todos”: cerrar las aduanas corruptas, abaratar la entrada al sistema y ampliar las oportunidades para los comerciantes y trabajadores del transporte marginados. De esta manera busca distinguirse de Quiroga, enfatizando que no recurrirá al FMI sino que reordenará las finanzas internas reduciendo el peso del Estado y descentralizando las competencias.
Sin embargo, detrás de este discurso modernizador persisten contradicciones fundamentales. El núcleo de su plan sigue siendo estatista. El llamado “Fondo de Estabilización Monetaria” no es más que un nuevo disfraz para los controles de divisas. Unificar el tipo de cambio por decreto es una ilusión, trasladando las distorsiones del banco central a la deuda con los bancos multilaterales. La verdadera estabilidad solo puede provenir de la liberación del mercado de divisas y el fin de la expansión monetaria. Del mismo modo, su política de subsidios al combustible evita el único remedio real: la liberalización inmediata de los precios y un fuerte recorte del gasto que sangra miles de millones. Habla de gradualismo, cuando lo que se necesita es cirugía de mercado. Sus propuestas de inversión estatal en salud, deporte o innovación no son una ruptura con el modelo MAS sino su continuación con ropaje tecnocrático: cada hospital estatal es presa de la corrupción, cada incentivo fiscal “selectivo” es un privilegio arbitrario y cada programa de innovación se convierte en un desperdicio improductivo.
En resumen, Rodrigo Paz ofrece un Estado más ordenado, más descentralizado y quizás menos grotescamente corrupto que el del MAS, pero no un Estado más pequeño. No propone privatización, liberalización inmediata de precios o recortes drásticos del gasto. Su única mención de la inflación es una vaga promesa de “restablecer los equilibrios macroeconómicos para detener el deterioro del poder adquisitivo de la moneda”. Su “Agenda 50/50” contiene tímidos pasos hacia condiciones más libres (liberalización de las exportaciones, recortes a las empresas públicas deficitarias, impuestos simplificados), pero su núcleo sigue siendo estatista. En el mejor de los casos, su victoria significaría un alivio parcial del desastre socialista; en el peor, otro ciclo de vagas promesas que posponen las reformas estructurales que Bolivia necesita con urgencia.
Jorge “Tuto” Quiroga
Jorge “Tuto” Quiroga, expresidente de Bolivia y candidato de la alianza Libre, se presenta como el rostro de la “seriedad económica” contra el caos del MAS. Su programa comienza reconociendo una triple crisis (balanza de pagos, déficit fiscal y colapso energético) y pide un giro hacia la disciplina con apoyo externo. Propone un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por entre dos y cuatro mil millones de dólares, junto con la reestructuración de la deuda y la renovación de los desembolsos internacionales. Su objetivo declarado es reducir el déficit al 3 por ciento del PIB sin recurrir al banco central, restaurando su independencia y prohibiéndole financiar el Tesoro, una ruptura brusca con la práctica socialista.
Sobre la política cambiaria, Quiroga pide un sistema “Bolsín”: un tipo de cambio único, real y flexible establecido por la oferta y la demanda en lugar de la manipulación del banco central. Esto significaría dejar que el boliviano encuentre su verdadero valor, hoy apuntalado por reservas que ya no existen, y liberalizar el mercado de divisas, poniendo fin a la persecución de los ciudadanos que compran dólares en el mercado paralelo. En un contexto de inflación reprimida, estas medidas podrían restablecer cierta confianza monetaria.
Otro eje central es la reforma energética. Quiroga reconoce el colapso del modelo gasista y propone atraer inversión privada en hidrocarburos a través de contratos de servicios y estabilidad jurídica. También promete desmantelar gradualmente los subsidios a la importación de combustibles, reemplazándolos con un esquema de “propiedad popular” y bonos de compensación temporales. En electricidad y telecomunicaciones, propone privatizaciones parciales de ENDE y ENTEL bajo esquemas mixtos, manteniendo la participación estatal. Además, aboga por la renegociación de la deuda y nuevas líneas de crédito para la infraestructura y la transición energética.
En el lado positivo, reconocer que el banco central no debe financiar al gobierno y liberalizar el tipo de cambio son rupturas saludables con el socialismo. La apertura de los hidrocarburos al capital privado podría reactivar la inversión y detener la disminución de la producción. Sin embargo, su disciplina fiscal se basa en la deuda externa, no en recortes reales del gasto, simplemente cambiando los impuestos inflacionarios por impuestos futuros. Vivir perpetuamente con deudas es el equivalente a vivir con una tarjeta de crédito. El acuerdo con el FMI proporcionaría liquidez temporal a costa de nuevos impuestos y regulaciones, el clásico paquete tecnocrático que pospone reformas profundas. Lo mismo ocurre con los subsidios: al desmantelarlos solo gradualmente y con bonos compensatorios, corre el riesgo de perpetuar tanto los subsidios como los nuevos gastos.
Su plan de “propiedad popular” es otra contradicción. Comercializado como inclusivo, no es más que un eufemismo para mantener a las empresas estatales bajo control político, distribuyendo acciones simbólicas que no confieren poder de decisión ni propiedad genuina. El ciudadano recibe un pedazo de papel, pero el burócrata mantiene el control. Es la lógica paternalista del socialismo, reempaquetada para crear la ilusión de propiedad privada.
En resumen, Quiroga ofrece un programa macroeconómico más coherente que Paz, pero sigue atrapado en la idea de un Estado fuerte que administre la transición. Su discurso es conservador y keynesiano, atascado en un fracaso gradual. No liberalizará inmediatamente los precios del combustible ni desmantelará la red de controles que estrangulan a los empresarios. En el mejor de los casos, Bolivia obtendría un respiro temporal y una gestión más seria, en el peor, otro ciclo de deuda, subsidios disfrazados y estatismo reformista.
El fin del mito
Bolivia no ha “girado a la derecha”. Ha vuelto al sentido común. Quince años de controles de precios, empresas estatales “estratégicas” y un banco central al servicio del Tesoro terminaron como siempre: con filas, mercados negros y desindustrialización bajo tipos de cambio ficticios. Las elecciones lo dejaron claro: cuando la realidad se vuelve innegociable, la narrativa se derrumba. El 19 de octubre decidirá qué tan rápido Bolivia escapa del pantano.
Con Paz, un reordenamiento administrativo que contiene el daño pero ignora la inflación galopante. Con Quiroga, una corrección monetaria y cambiaria más aguda, pero con la tentación de la deuda y el fuerte estatismo.
El socialismo ha terminado; estatismo, tal vez no. Si Bolivia realmente quiere liberalismo, debe liberalizar los precios, vender empresas estatales y devolver dinero al mercado. La mitad del camino conduce inevitablemente de vuelta al socialismo.
El 17 de agosto, la tumba del MAS fue sellada en Bolivia. Dos décadas de despilfarro, persecución y mentiras colapsaron en una implosión electoral que alguna vez pareció imposible. El MAS pasó de la hegemonía absoluta a una fuerza marginal, y Evo Morales quedó reducido a un fantasma que no puede revivir su proyecto criminal ni siquiera con votos nulos. Esa derrota debe celebrarse.
Pero la muerte del socialismo no significa que Bolivia sea libre. La segunda vuelta de octubre no es libertad versus estatismo, sino dos variantes de la misma enfermedad. Rodrigo Paz ofrece un Estado más ordenado, pero igual de grande, con subsidios disfrazados y dirigismo tecnocrático. Tuto Quiroga promete disciplina y apertura parcial, pero bajo la tutela del FMI, subsidios “graduales” y empresas estatales renombradas. Ninguno se atreve a decir lo que la realidad exige.
La lección es clara: sin precios libres, no hay cálculo económico; sin propiedad privada, no hay inversión sostenible; Sin límites al poder político, no hay verdadera prosperidad. Ni Paz ni Quiroga cuestionan estos fundamentos. Ambos buscan gestionar mejor un aparato fallido que debería ser desmantelado.
La caída del socialismo abre una oportunidad histórica, pero solo si entendemos que la verdadera alternativa no es un nuevo gestor de un proyecto fallido, sino su desmantelamiento. Bolivia debe devolver a su pueblo la libertad de producir e intercambiar sin permisos ni privilegios. Esa es la única transición real: del control a la libertad.
Vale la pena enfatizar que este análisis se basa en propuestas formales y en el discurso de las primeras campañas. En el camino hacia la segunda vuelta, es probable que ambos candidatos adapten sus mensajes, cambien las prioridades o negocien alianzas que remodelen sus programas. Sin embargo, más allá de los cambios tácticos, la pregunta más profunda sigue siendo: ¿Bolivia permanecerá atrapada en un estado omnipresente o finalmente abrirá espacio para la verdadera libertad económica?
El socialismo está muerto. El estatismo sigue vivo. Y esa es la batalla que aún queda por librar.
Sergio López licenciado en Economía en la Universidad de Arkansas. Actualmente es becario residente del Instituto Mises
