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Bolsonaro dice que se afiliará al Partido Liberal (PL) para buscar su reelección

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El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció hoy que pretende afiliarse al derechista Partido Liberal (PL), una de las fuerzas de la llamada vieja política y eje del escándalo de corrupción del “Mensalao”, para tener una plataforma de cara a la búsqueda de su reelección en los comicios de octubre próximo.

“Ya está todo acordado en un 99%, la chance de que salga mal es casi cero. Está yendo todo bien. El miércoles me reúno con la directiva del Partido Liberal”, dijo Bolsonaro a CNN Brasil.

El presidente del PL, Valdemar Costa Neto, un político condenado por corrupción en el escádalo del Mensalao durante la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), confirmó al sitio Metropoles que Bolsonaro disputará su reelección por esa fuerza.

Según Bolsonaro, el objetivo es tener una fuerza para poder elegir diputdos y senadores en la primera vuelta de los comicios generales de 2022.

El mandatario está sin afiliación desde que rompió en 2019 con el Partido Social Liberal (PSL), por el cual fue electo en 2018.

Bolsonaro estuvo afiliado a cinco partidos y fracasó en 2020 en reunir las firmas suficientes para fundar Alianza por Brasil, como había impulsado junto con sus hijos.

El jefe de Estado marcha segundo en las encuestas para los comicios de 2022 detrás del favorito, el expresidente Lula, del Partido de los Trabajadores.

En el gobierno de Lula, el PL había sido de la base oficialista y sus titulares fueron condenados por supuestamente recibir dinero ilegal para cubrir parte de la campaña por parte de una ingeniería financiera que según la Justicia montó el exjefe de gabinete José Dirceu.

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La dictadura de Brasil planeó invadir Uruguay en 1971 y manipuló las elecciones uruguayas

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Un nuevo conjunto de documentos desclasificados de Estados Unidos agregaron detalles a la llamada “Operación 30 horas”, el plan que ideó la dictadura brasileña en 1971 para invadir Uruguay si la coalición de izquierda Frente Amplio ganaba las elecciones ese año, y sumó otro dato importante: Brasil ayudó a manipular esos comicios.

Dos semanas después de las elecciones de noviembre de 1971 en Uruguay, el dictador que gobernó Brasil entre 1969 y 1974, Emílio Garrastazu Médici, se reunió con el entonces presidente estadounidense Rochard Nixon en la Casa Blanca, junto con su asesor del Consejo de Seguridad Nacional Henry Kissinger, el secretario de Estado William Rogers y Vernon Walters, el hombre que era agregado militar en Brasil en el momento del golpe de 1964 y quien asumiría al año siguiente como el número dos de la CIA.

No se sabe lo que se dijeron, pero Kissinger registró en un memo clasificado sus impresiones de una reunión posterior entre Nixon y el entonces primer ministro británico Edward Heath.

“Nuestra posición está respaldada por Brasil, que es, después de todo, la clave del futuro. Los brasileños ayudaron a manipular las elecciones uruguayas…Hay fuerzas en juego que no desalentamos”, escribió Kissinger el 20 de diciembre de 1971, según los documentos recientemente desclasificados por el Proyecto de Documentación del Cono Sur del Archivo de Seguridad Nacional y analizados por su director, Carlos Osorio, en un informe retomado por la revista uruguaya Caras y Caretas.

Los documentos desclasificados fueron analizados también por el portal de noticias brasileño UOL que publicó que el plan de invasión brasileño se diseñó a pedido del entonces presidente uruguayo Jorge Pacheco Areco, del Partido Colorado.

Documentos desclasificados en el pasado ya demostraron que Nixon y el dictador brasileño Médici habían acordado derrocar Gobiernos de izquierda en la región y el plan para Uruguay solo debía activarse si el Frente Amplio llegaba al poder.

Sin embargo, ese era el plan de contingencia. Antes, apostaron a manipular las elecciones para no tener que llegar a activar la intervención militar, una opción mucho más visible y difícil de justificar internacionalmente.

Los documentos desclasificados relatan como militares brasileños hicieron inteligencia en Uruguay, incluso de “campamentos de militantes de izquierda” de Tupamaros para preparar el terreno para la eventual invasión, que como dice el nombre de la operación, debía completarse en apenas 30 horas, el tiempo que Brasilia estimó que tomaría ocupar desde la capital Montevideo hasta la frontera con el estado de Rio Grande do Sul.

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Posible acuerdo con Brasil por el precio de la energía genera denuncias de la oposición paraguaya

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El Consejo de Administración de la represa de Itaipú se reunirá mañana y la chance de que se analice una nueva reducción del precio de la energía exportada por Paraguay a Brasil generó acusaciones desde la oposición y un reclamo de “un debate nacional” previo de parte del Senado paraguayo, donde el oficialismo tiene mayoría.

El director paraguayo de Itaipú, Manuel María Cáceres, en tanto, explicó que no está resuelta la baja de la tarifa, porque se sigue negociando, desde un costado técnico, “lo mejor para el país”.

Legisladores de varios partidos reunidos en Itaipú Causa Nacional denunciaron que el Gobierno de Mario Abdo Benítez está al borde de una nueva “traición a la Patria” al decidir “regalar” a Jair Bolsonaro unos 168 millones de dólares, que es la cifra que, se estima, perderá Paraguay si se concreta la baja.

La diputada por Encuentro Nacional (PEN) Kattya González advirtió que las autoridades del lado paraguayo “van a violentar condiciones establecidas en el tratado de Foz de Iguazú que establece que el precio de la energía generada por Itaipú debe ser justo”.

“El Brasil tiene clara sus pretensiones de pagar la tarifa lo más baja posible, y llevar la energía que Paraguay no consume, porque la sustitución de su energía es elevada. Ellos pactarán la venta de energía con otros países a un costo muy superior”, dijo.

La diputada tenía puesta, como gesto irónico, una camiseta de la selección brasileña y tras pedirle a los funcionarios del Gobierno de Abdo Benítez que se pusieran “la albirroja”, se sacó la amarilla para mostrar que tenía debajo la del representativo guaraní.

Por su parte, el diputado del Parlasur Ricardo Canese reseñó que Paraguay ya vende sus excedentes a un precio muy bajo con relación a los valores de mercado.

“Se está entregando una energía por debajo del costo del mercado. Brasil vende energía de Itaipú a 197 dólares el MW a empresas argentinas y uruguayas. La situación es que Brasil no puede prescindir de la energía, pero nos paga solo 54 dólares por MW por la energía que reexporta y no nos permite exportar la energía a precio de mercado”, explicó.

La organización convocó a un “tuitazo” con la etiqueta #EnergiaAPrecioDeMercadoYa para esta misma tarde y a una movilización frente a la sede de Itaipú en Asunción para mañana.

También Cáceres, representante de Paraguay en Itaipú, dio una conferencia para dar por hecho que el precio no se decidirá mañana, sino recién en diciembre y remarcó que ninguna decisión será secreta.

“No vamos a esconder nada. El tema sigue en negociación y no como se ha publicado que mañana los consejeros de Itaipú van a aprobar una tarifa para el 2022. Esta situación se viene negociando actualmente. Hay un equipo negociador de muy alto nivel”, aseguró el funcionario.

El Senado, en tanto, aprobó un proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo y a Itaipú a no tomar decisiones sobre la tarifa y abrir “un debate nacional”, y exhorta a transmitir en vivo las sesiones del Consejo de Administración de la empresa.

La Represa Binacional de Itaipú es la mayor hidroeléctrica del mundo por volumen de producción y desde 2019 el Gobierno de Benítez está bajo la mirada de la oposición, que advierte que existen negociaciones y cláusulas secretas.

A mitad de ese año Abdo Benítez y su vice, Hugo Velázquez, se salvaron de un pedido de juicio político gracias a la mayoría oficialista del Congreso, después de varias jornadas de protestas callejeras por un acuerdo secreto con Brasil también sobre la represa.

Brasilia y Asunción decidieron, después del escándalo y las denuncias, dejar sin efecto el acuerdo y renegociar las condiciones, pero el tema provocó la salida del cargo del entonces canciller Luis Casstiglioni.

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Una comisión del Senado brasileño pedirá acusar a Bolsonaro de homicidio masivo por su gestión de la pandemia

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Un informe del Senado brasileño recomendará presentar cargos por “homicidio masivo” contra el presidente Jair Bolsonaro por su gestión de la pandemia, que ha dejado más de 600.000 muertos en el país. El texto de más de 1.700 páginas, al que tuvo acceso el diario El País, indica que el mandatario dejó que el virus de la covid-19 se expandiera para intentar que la población alcanzara la inmunidad de rebaño con el objetivo de que la economía del gigante sudamericano se reactivara cuanto antes.

El informe de la Comisión de Investigación Parlamentaria del Senado (CPI, en sus siglas en portugués), también recomienda que se presenten cargos contra otras 69 personas y se presentará este miércoles oficialmente en el Senado, donde debe ser votado el día 26. De salir adelante, la acusación pasaría a la Fiscalía, un órgano afín a Bolsonaro.

Desde mayo, la comisión ha recibido los testimonios de decenas de expertos y miembros del Gobierno sobre la gestión del presidente de la pandemia. En la práctica, Bolsonaro podría ser acusado de genocidio o de homicidio intencionado de personas que creyeron en sus campañas a favor de la cloroquina y la ivermectina, medicamentos sin eficacia comprobada contra el coronavirus y que el presidente promovió públicamente.

Desde marzo de 2020, el Centro de Investigaciones y Estudios de Derecho Sanitario de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de São Paulo (USP) y Conectas Derechos Humanos, una de las más respetadas organizaciones de justicia de Latinoamérica, han recopilado y desmenuzado las normas federales y estatales referentes al coronavirus y han producido un boletín llamado Derechos en la pandemia: mapeo y análisis de las normas jurídicas que dan respuesta a la covid-19 en Brasil. Esta semana, lanzan una edición especial en la que afirman: “nuestro estudio ha revelado la existencia de una estrategia institucional de propagación del virus, promovida por el Gobierno brasileño liderado por el presidente de la República”.

Existe intención, existe un plan y existe una acción sistemática en las regulaciones gubernamentales y en las declaraciones de Bolsonaro, según señala el estudio. “Los resultados disipan la persistente interpretación de que parte del Gobierno federal es incompetente y negligente a la hora de gestionar la pandemia. Muy al contrario, la sistematización de los datos, aunque incompletos por la falta de espacio en la publicación para tantos eventos, revela el compromiso y la eficacia de la acción del Gobierno federal para difundir ampliamente el virus en el territorio nacional, declaradamente con el objetivo de reanudar la actividad económica lo antes posible y a cualquier precio”, afirma el editorial de la publicación. “Esperamos que esta línea del tiempo ofrezca una visión global de un proceso que vivimos de forma fragmentada y a menudo confusa”.

El estudio lo coordinan Deisy Ventura, una de las juristas más respetadas de Brasil, que investiga la relación entre pandemias y el derecho internacional y coordinadora del doctorado en Salud Global y Sostenibilidad de la USP; Fernando Aith, profesor titular del Departamento y Política, Gestión y Salud de la Facultad de Salud Pública de la USP y director del CEPEDISA/USP, un centro pionero en la investigación sobre el derecho de la salud en Brasil; Camila Lissa Asano, coordinadora de Programas de Conectas Derechos Humanos; y Rossana Rocha Reis, profesora del Departamento de Ciencias Políticas y del Instituto de Relaciones Internacionales de la USP.

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Fiscalía y Congreso de Brasil investigarán a Guedes y Campos Neto por los Pandora Papers

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(Por Pablo Giuliano) El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, quedaron hoy en medio de un torbellino político debido a los posibles delitos de evasión fiscal cometidos por tener empresas en paraísos fiscales, como desnudaron los Pandora Papers, ya que fueron convocados a dar explicaciones ante el Congreso y la fiscalía les abrió una investigación preliminar.

En medio de esta ofensiva institucional, el senador Flavio Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, salió en defensa de los exfinancistas que ocupan cargos públicos y dijo que “nada tienen que esconder” sobre sus empresas abiertas en paraísos fiscales y en el caso de Guedes con 9,5 millones de dólares en una offshore de las Islas Vírgenes Británicas.

En el ámbito judicial, el fiscal general Augusto Aras, puesto por Bolsonaro en el cargo en 2019, informó que abrió una formalidad llamada investigación preliminar, que significa en la práctica buscar una respuesta oficial de los involucrados en el escándalo.

“Como de costumbre, habrá una averiguación preliminar, escuchando personas y recibiendo documentos. Si es necesario haremos un pedido de apertura de una causa ante el Supremo Tribunal Federal. La primera persona a ser escuchada será Guedes”, aseguró en diálogo con el sitio Poder360, pero aclaró que la Procuraduría General de la República “no puede investigar con base en noticias de prensa”.

Guedes, financista neoliberal que trabajó para la dictadura de Augusto Pinochet en Chile y actuaba como administrador de fondos de inversión antes de asumir como ministro, mantiene desde 2014 una empresa con 9,5 millones de dólares en la guarida fiscal de las Islas Vírgenes Británicas que, según el Gobierno, había sido declarada ante el fisco brasileño.

La prensa local estimó que con la devaluación del real iniciada en 2019 cuando asumió Bolsonaro con Guedes, el ministro de Economía habría ganado con esa cuenta unos 14 millones de reales, casi 3 millones de dólares al cambio actual.

Campos Neto, en cambio, se defendió y dijo que no hizo negocios con sus cuatro empresas offshore -dos en Panamá y dos en las Bahamas- desde que asumió el cargo al frente del Banco Central, donde a partir de este año tiene independencia legal respecto del Poder Ejecutivo en base a una ley aprobada por el Congreso.

En un evento virtual, el titular del Banco Central sostuvo que su patrimonio es fruto de sus 22 años de trabajo en el mercado financiero antes de ingresar a la función pública, donde tiene responsabilidad total en el cambio, la tasa de interés y las metas de inflación.

En Brasil, la repercusión política de los Pandora Papers fue mayor que la mediática porque el principal grupo de medios del país, Organizaciones Globo, dueño del diario económico Valor y O Globo, han decidido reducir el perfil de este escándalo e incluso algunos columnistas estrella como Miriam Leitao justificaron la posición de Guedes por haber abierto empresas en guaridas fiscales.

Pese a estas posiciones, la Comisión de Asuntos Económicos del Senado convocó a Campos Neto y Guedes a declarar el 19 de octubre.

“Imaginen al brasileño que se despierta y ve un título que dice que el presidente de Petrobras es el dueño de la estación de servicio. La política económica de este Gobierno hizo que el patrimonio de Guedes se duplicase. Quizás no hay ilegalidad y sí conflicto de intereses”, argumentó el senador Alessandro Vieira, del partido Ciudadanía.

Para el senador Eduardo Braga, del Movimiento de la Democracia Brasileña y exgobernador de Amazonas, “si un parlamentario aparece con una cuenta offshore, todos lo estarían apuntando para que sea destituido”.

“No es poca cosa que los que tengan empresas offshore sean el ministro de Economía y el presidente del Central”, destacó.

El mismo procedimiento adoptó la Cámara de Diputados, en la que el opositor Partido de los Trabajadores (PT) acusó a Guedes de haber aprovechado personalmente sus decisiones de política económica, sobre todo cambiarias.

El mismo razonamiento lo acercó el diputado Kim Kataguiri, de los autodenominados libertarios exbolsonaristas.

Los dos funcionarios no son ni los únicos brasileños ni los únicos oficialistas mencionados en la investigación periodística Pandora Papers.

Grandes empresarios brasileños aliados al bolsonarismo han aparecido en la lista, como el magnate Luciano Hank, de las tiendas Havan, y el dueño de CNN Brasil y la constructora MRV, principal financista del club Atlético Mineiro.

También aparecen los socios de la prepaga Prevent Senior, investigada por hacer ensayos en humanos sin autorización con hidroxicloroquina en pacientes con Covid-19 para evitar internarlos y, así, reducir costos.

Crefisa, una gigante financiera que es responsable por el shock de dinero del club Palmeiras, finalista de la Copa Libertadores, es otro nombre que aparece en la lista.

Pese a estas reconocidas figuras y empresas, los grandes medios como Valor, O Globo y Folha de Sao Paulo han colocado en tercer plano el escándalo surgido de las filtraciones con origen anónimo que investigó un amplio consorcio de medios, que en Brasil tiene como socios a la revista Piauí y al sitio Poder 360

Pese a sus defensas actuales, ni Guedes ni Campos Neto habían hecho público ese patrimonio fuera del país y la prensa local tampoco había informado sobre ello.

Por eso, el líder de la oposición en la Cámara baja, el diputado Alessandro Molon, no dudó hoy en afirmar que estas empresas off shore son constitutivas de delito.

“Viola directamente el artículo 5 del Código de Conducta de la Alta Administración Federal y, por tanto, debe dar lugar a la renuncia del ministro. Desde la oposición vamos a proponer la citación del ministro y del presidente del Central para dar aclaraciones a la Cámara de Diputados y presentar un recurso de representación en el Ministerio Público Federal (primera instancia) por improbidad administrativa en contra de ambos”, detalló Molon.

Inmediatamente después, el jefe del bloque de diputados del Partido de los Trabajadores, Elvino Bohn Gass, apoyó esa posición y pidió, además, que la Fiscalía General investigue a Guedes y Campos Neto.

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