BONCAP

Finanzas logró un rollover de 96% y captó $12,16 billones en la licitación

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La Secretaría de Finanzas adjudicó este jueves $12,16 billones en una nueva licitación de instrumentos del Tesoro Nacional, frente a ofertas por $13,18 billones. El resultado implicó un rollover de 95,96% sobre los vencimientos de la jornada y dejó al Gobierno con una cobertura prácticamente total de las obligaciones que debía afrontar en pesos.

La operación reunió 4.610 ofertas y combinó instrumentos a tasa fija, títulos ajustados por CER y una alternativa dólar linked. Del total adjudicado, $11,75 billones correspondieron a instrumentos denominados en pesos y otros $417.824 millones a títulos vinculados al dólar, expresados en moneda local al tipo de cambio de referencia del Banco Central del 26 de agosto.

El dato central para el mercado es que el Tesoro consiguió renovar casi la totalidad de los vencimientos, aunque el rollover quedó por debajo del 100%. La diferencia entre lo adjudicado y las obligaciones que vencían implica que una porción de los pesos que estaban en instrumentos del Tesoro no fue refinanciada mediante esta licitación.

Tasas en torno al 30% anual

La mayor parte de la operación se concentró en títulos a tasa fija. La LECAP con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 recibió una adjudicación por $6,09 billones, con una tasa efectiva mensual de 2,19% y una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) de 29,75%.

La LECAP que vence el 29 de enero de 2027 captó $2,38 billones, con una TEM de 2,25% y una TIREA de 30,60%. En tanto, el BONCAP con vencimiento el 31 de mayo de 2027 recibió $2,45 billones, a una TEM de 2,26% y una TIREA de 30,69%.

La estructura de tasas muestra que el mercado continúa exigiendo rendimientos nominales cercanos al 30% anual para financiar al Tesoro en los plazos considerados. Al mismo tiempo, la concentración de las adjudicaciones en instrumentos de corto y mediano plazo refleja la estrategia de administración de vencimientos y de construcción de una curva de deuda en pesos.

En el segmento CER, Finanzas adjudicó $834.350 millones de una Letra con vencimiento en enero de 2027, con una TIREA de 6,25% sobre inflación. La demanda había alcanzado $914.515 millones de valor nominal ofertado.

También hubo participación en el segmento dólar linked. El Tesoro adjudicó US$279 millones de valor nominal de una Letra con vencimiento el 30 de octubre de 2026, por un valor efectivo equivalente a $417.824 millones, con una TIREA de 7,64%.

Qué muestra la demanda

La licitación exhibió una demanda superior al monto finalmente colocado: las ofertas alcanzaron $13,18 billones, mientras que la adjudicación se ubicó en $12,16 billones. Esa diferencia permitió al Tesoro seleccionar condiciones de corte dentro de los instrumentos ofrecidos.

En términos nominales, las ofertas por títulos en pesos alcanzaron un valor efectivo de $12,63 billones, de los cuales se adjudicaron $11,75 billones. En los instrumentos vinculados al dólar, las propuestas representaron $549.288 millones y se adjudicaron $417.824 millones.

Uno de los datos relevantes aparece en la reapertura de la LECAP S30N6. Se adjudicaron $5 billones de valor nominal sobre ofertas por $5,40 billones al precio de corte, con un prorrateo de 51,46% para las órdenes adjudicadas a ese precio.

La operación vuelve a colocar en primer plano la capacidad del Tesoro para refinanciar sus vencimientos en el mercado doméstico. Un rollover de 95,96% significa que Finanzas logró evitar una renovación significativamente inferior a las obligaciones inmediatas, aunque también muestra que el financiamiento neto obtenido en esta instancia no alcanza para cubrir la totalidad de los vencimientos.

Para el Gobierno, el resultado ofrece una señal de continuidad en la estrategia de financiamiento en moneda local: sostener el acceso al mercado, administrar los perfiles de vencimiento y distribuir la oferta entre instrumentos que permiten captar demanda con diferentes coberturas frente a inflación y movimientos del tipo de cambio.

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Finanzas sale al mercado con una nueva licitación de deuda: ofrece LECAP, BONCAP, CER y dólar linked

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La Secretaría de Finanzas volverá al mercado este jueves 27 de agosto con una nueva licitación de instrumentos del Tesoro Nacional, en una operación que combina deuda en pesos a tasa fija, títulos ajustados por CER y una alternativa dólar linked. La recepción de ofertas comenzará a las 10 y finalizará a las 15, mientras que la liquidación de las operaciones adjudicadas está prevista para el lunes 31 de agosto.

La oferta contempla cinco instrumentos. Entre ellos se encuentra una nueva LECAP con vencimiento el 29 de enero de 2027, junto con la reapertura de una LECAP que vence el 30 de noviembre de 2026 y de un BONCAP con vencimiento el 31 de mayo de 2027. El menú se completa con una LECER ajustada por CER, con vencimiento en enero de 2027, y una LELINK vinculada al dólar estadounidense, que vence el 30 de octubre de 2026.

La nueva LECAP S29E7 constituye una de las principales novedades de la convocatoria. Será emitida el 31 de agosto y tendrá vencimiento el 29 de enero de 2027. Se colocará a $1.000 por cada valor nominal de $1.000 y pagará una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente, que será determinada durante la licitación.

El esquema permite al Tesoro captar pesos mediante un instrumento de corto plazo, mientras que para los inversores introduce una alternativa cuya rentabilidad quedará definida por la tasa efectiva mensual que surja de la competencia entre las ofertas.

En el segmento de títulos a tasa fija también se ofrecerán la LECAP S30N6, con vencimiento el 30 de noviembre de 2026, y el BONCAP T31Y7, que vence el 31 de mayo de 2027. Ambos constituyen reaperturas y tendrán precio de colocación determinado en la propia licitación.

La estrategia incorpora además cobertura frente a la inflación y al movimiento cambiario. La LECER X29E7, con vencimiento el 29 de enero de 2027, estará ajustada por CER, mientras que la LELINK D30O6, con vencimiento el 30 de octubre de 2026, estará vinculada a la evolución del dólar estadounidense.

En el caso del instrumento dólar linked, la suscripción se realizará en pesos utilizando como referencia el tipo de cambio de la Comunicación “A” 3500 del Banco Central correspondiente al día hábil previo a la licitación, es decir, el 26 de agosto. El precio será expresado en dólares por cada valor nominal de USD 1.000.

La licitación se realizará mediante indicación de precio para los instrumentos ya emitidos, sin precio mínimo ni máximo. La excepción será la nueva LECAP de enero, para la cual los inversores deberán indicar la tasa efectiva mensual que capitalizará hasta el vencimiento.

Finanzas mantendrá además la división entre tramos competitivo y no competitivo. En este último podrán participar personas físicas y jurídicas que requieran el asesoramiento de una entidad especializada, con una única oferta por inversor. Para los instrumentos en pesos, el límite será de $50 millones de valor nominal por inversor, mientras que para el título denominado en dólares será de USD 50.000.

Los inversores que participen del tramo competitivo deberán presentar sus ofertas a través de agentes de liquidación y compensación o agentes de negociación registrados ante la Comisión Nacional de Valores. Para las personas físicas y jurídicas, el mínimo competitivo será superior a $50 millones de valor nominal en los instrumentos en pesos y a USD 50.000 en el caso del dólar linked.

La operación se produce en un momento en que la administración financiera mantiene como eje la renovación de vencimientos y la administración de la deuda en moneda local. La combinación de instrumentos a tasa fija, CER y dólar linked permite distribuir el menú entre distintos escenarios de inflación, tasas y evolución cambiaria, aunque el resultado final dependerá de los precios y tasas que el mercado convalide durante la jornada.

La liquidación está prevista para el 31 de agosto, dos días hábiles después de la recepción de las ofertas. Para el Tesoro, la licitación será otra instancia para obtener financiamiento en el mercado doméstico y administrar sus compromisos de corto y mediano plazo; para los inversores, el atractivo de cada alternativa quedará condicionado por la tasa efectiva que finalmente surja y por las expectativas sobre inflación, pesos y dólar hacia el cierre de 2026 y comienzos de 2027.

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Extendieron el plazo para que contratistas acepten bonos a cambio de deudas por obra pública

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El Gobierno nacional prorrogó hasta el 23 de julio de 2026 el plazo para que las empresas contratistas de obra pública puedan adherir al Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones, un mecanismo que permite cancelar acreencias con el Estado mediante la entrega de títulos públicos (bonos). La decisión busca ampliar la participación de las empresas alcanzadas sin modificar las condiciones económicas del programa ni el monto máximo previsto para su implementación.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 2/2026, firmada por el secretario de Coordinación de Infraestructura, Fernando Augusto Hermann, luego de que distintos contratistas solicitaran más tiempo para completar la presentación de la documentación requerida a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

El régimen está dirigido a empresas con contratos de las Secretarías de Obras Públicas y de Transporte, dependientes del Ministerio de Economía, y comprende deudas devengadas entre el 1° de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, así como obligaciones derivadas de contratos extinguidos desde 2024.

La propuesta oficial contempla cancelar esas obligaciones mediante la entrega de tres instrumentos financieros en pesos —LECAP y BONCAP— dentro de un cupo máximo de $221.119.509.519. De esta manera, el Estado busca regularizar pasivos acumulados sin realizar desembolsos inmediatos de caja, reemplazando deuda comercial por deuda financiera.

El plazo original de adhesión vencía a mediados de julio, pero el Gobierno resolvió extenderlo una semana más con el objetivo de garantizar una mayor concurrencia de empresas y facilitar la carga de la información necesaria para acceder al esquema.

La prórroga únicamente modifica la fecha límite para manifestar la voluntad de adhesión. Una vez presentada la solicitud, los contratistas dispondrán de diez días hábiles adicionales para incorporar toda la documentación respaldatoria de sus acreencias, incluyendo el cálculo de los intereses generados por la mora del Estado.

Uno de los aspectos centrales del régimen es que la adhesión implica la renuncia expresa a cualquier reclamo administrativo o judicial vinculado con las obligaciones alcanzadas. Es decir, quienes acepten el pago mediante bonos deberán desistir de las acciones iniciadas o futuras contra el Estado Nacional respecto de esos contratos.

Antes de la firma de cada acuerdo individual, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) deberá intervenir para verificar la documentación y validar el procedimiento, incorporando una instancia de control sobre las acreencias reconocidas.

Desde la perspectiva económica, la herramienta forma parte de la estrategia del Gobierno para ordenar el pasivo acumulado por obras públicas sin incrementar la presión sobre las cuentas fiscales. Al mismo tiempo, procura ofrecer una alternativa a empresas que mantienen créditos pendientes de cobro, muchas de las cuales enfrentan problemas de liquidez tras la paralización o reestructuración de proyectos de infraestructura.

Aunque el mecanismo no sustituye el pago en efectivo que reclaman numerosos contratistas, la ampliación del plazo refleja la intención oficial de facilitar el acceso al régimen y ampliar el universo de empresas que opten por esta vía de regularización. El resultado de la convocatoria permitirá medir el nivel de aceptación del sector privado y el grado de confianza en los instrumentos financieros ofrecidos por el Estado para cancelar sus compromisos pendientes.

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Caputo propone cancelar deudas de obra pública con bonos

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El Ministerio de Economía creó un Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones para saldar deudas con contratistas mediante títulos públicos. El esquema alcanza obligaciones acumuladas entre 2022 y 2025 y establece un cupo máximo de $221.119,5 millones, priorizando la regularización de pasivos sin ampliar el gasto presupuestario.

La medida, oficializada mediante la Resolución 1/2026 de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, introduce un mecanismo voluntario para que empresas contratistas acepten bonos del Tesoro como forma de cancelación de certificados de obra, redeterminaciones de precios, acopio de materiales y obligaciones derivadas de contratos rescindidos. El objetivo oficial es ordenar los pasivos heredados de la obra pública preservando la estrategia de equilibrio fiscal.

Para el sector constructor, la resolución representa un cambio relevante: el Estado reconoce la existencia de obligaciones pendientes, pero reemplaza el pago en efectivo por instrumentos financieros que podrán mantenerse hasta su vencimiento o negociarse en el mercado secundario. La decisión traslada parte del costo financiero a las empresas, aunque también abre una vía para destrabar créditos cuya percepción permanecía incierta.

Un mecanismo para normalizar pasivos sin afectar el presupuesto

El régimen estará disponible para contratos ejecutados bajo la Ley 13.064 y también para obras financiadas por organismos multilaterales, siempre que dependan de las Secretarías de Obras Públicas o Transporte.

Las empresas tendrán 10 días hábiles desde la entrada en vigencia de la resolución para solicitar su adhesión mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Posteriormente deberán presentar la liquidación de sus acreencias, acompañada por la documentación respaldatoria y el cálculo de intereses por mora cuando correspondan. El procedimiento y el modelo de adhesión fueron aprobados en un anexo específico de la resolución.

Una vez validados los montos, ambas partes suscribirán un acta acuerdo que formalizará la cancelación de las obligaciones mediante títulos públicos.

Tres bonos para cancelar la deuda

El esquema combina tres instrumentos del Tesoro Nacional, distribuidos prácticamente en partes iguales:

  • 33% en una Lecap con vencimiento el 30 de octubre de 2026.
  • 33% en un Boncap con vencimiento el 15 de enero de 2027.
  • 34% en un Boncap con vencimiento el 30 de abril de 2027.

Los títulos serán entregados a su valor técnico al día hábil anterior a la transferencia y el programa tendrá un límite global de $221.119.509.519, que funcionará como cupo máximo de adhesión.

La adhesión implica renunciar a reclamos futuros

Uno de los aspectos más relevantes para las empresas es que el ingreso al régimen no sólo supone aceptar bonos como medio de pago.

La resolución establece que cada contratista deberá desistir expresamente de los reclamos administrativos o judiciales vinculados al contrato alcanzado y renunciar a futuras acciones relacionadas con la ecuación económica o financiera derivada de la modalidad de cancelación elegida.

Desde la óptica jurídica, el mecanismo busca otorgar certeza al Estado respecto del cierre definitivo de cada obligación una vez entregados los títulos.

Para muchas firmas, la posibilidad de convertir créditos demorados en activos financieros puede mejorar la previsibilidad patrimonial, aunque no necesariamente la liquidez inmediata.

La decisión también introduce un nuevo criterio para evaluar el riesgo contractual con el Estado nacional: los pagos pendientes podrán transformarse en instrumentos financieros cuya rentabilidad dependerá tanto de su vencimiento como de las condiciones del mercado secundario.

La eficacia del régimen dependerá del nivel de adhesión de las constructoras y del comportamiento de los títulos públicos utilizados para cancelar las acreencias. Si los bonos conservan liquidez y valor de mercado, el mecanismo podría acelerar el saneamiento de pasivos de la obra pública. Si, por el contrario, las empresas enfrentan dificultades para convertir esos activos en financiamiento operativo, persistirá el desafío de recomponer el capital de trabajo en un sector que continúa condicionado por la escasa ejecución de nuevas obras nacionales.

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El Tesoro patea vencimientos de deuda con el Banco Central y despeja presiones financieras de corto plazo

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El Ministerio de Economía concretó una conversión de deuda en manos del Banco Central (BCRA) que permitirá trasladar vencimientos previstos para junio de 2026 hacia 2027. La operación involucra hasta $60.000 millones de valor nominal y forma parte de la estrategia oficial para reducir necesidades de financiamiento inmediatas y mejorar el perfil de vencimientos del Tesoro.

La medida fue formalizada mediante la Resolución Conjunta 33/2026 de las secretarías de Finanzas y Hacienda. El mecanismo consiste en intercambiar bonos que vencían el 30 de junio de 2026 por una nueva combinación de títulos con vencimientos en enero y mayo de 2027, ambos en poder del Estado nacional.

Desde la óptica financiera, la operación no implica nueva emisión de deuda para financiar gasto adicional, sino una reestructuración de compromisos existentes dentro del propio sector público. El objetivo es ganar tiempo y reducir la concentración de vencimientos que el Tesoro debía afrontar en las próximas semanas.

La conversión alcanza tres instrumentos que estaban en cartera del Banco Central: un bono ajustado por inflación (BONCER TZX26), un bono capitalizable (BONCAP T30J6) y un bono a tasa dual (TTJ26), todos con vencimiento previsto para fines de junio de este año.

A cambio, el BCRA recibirá una canasta compuesta en partes iguales por dos bonos capitalizables con vencimientos en enero de 2027 y mayo de 2027.

La decisión permite al Tesoro desplazar obligaciones hacia adelante sin necesidad de recurrir al mercado para captar fondos frescos. Para la administración financiera nacional, esto representa una reducción de las necesidades de refinanciamiento en el corto plazo y una mejora en la distribución temporal de los compromisos de deuda.

Para los analistas del mercado, la variable clave no es el monto involucrado sino la señal que transmite la operación: Economía continúa priorizando la extensión de plazos y la reducción de riesgos asociados a grandes concentraciones de vencimientos.

Por qué importa al sector productivo

A primera vista, una conversión de deuda entre el Tesoro y el Banco Central parece alejada de la actividad económica real. Sin embargo, el manejo del calendario financiero del Estado tiene efectos indirectos sobre variables que impactan en empresas, exportadores e inversores.

Cuando el Gobierno enfrenta fuertes vencimientos en períodos cortos, aumenta la necesidad de obtener financiamiento o captar liquidez del mercado. Eso puede traducirse en mayores tasas de interés, más competencia por los pesos disponibles y mayor incertidumbre financiera.

La extensión de vencimientos busca evitar esos escenarios y otorgar previsibilidad al programa financiero oficial.

Para sectores productivos intensivos en financiamiento —como agroindustria, forestoindustria, construcción, logística o industria manufacturera— la estabilidad de las condiciones financieras es un componente relevante al momento de planificar inversiones o gestionar capital de trabajo.

Desde 2024, la política financiera nacional ha mostrado una creciente utilización de canjes, conversiones y reordenamientos de deuda para administrar vencimientos sin generar tensiones adicionales sobre el mercado.

La operación anunciada ahora tiene además una particularidad: se realiza con títulos que ya estaban en manos del Banco Central, lo que reduce riesgos de volatilidad asociados a inversores privados y facilita la ejecución de la estrategia oficial.

Los principales efectos de la medida son reducción de vencimientos concentrados en junio de 2026. Extensión del perfil de deuda hacia 2027. Menor presión sobre las necesidades inmediatas de financiamiento. Mayor previsibilidad para la programación financiera del Tesoro. Menor riesgo de tensiones sobre el mercado de deuda en pesos.

Contexto para las economías regionales

Para las provincias del NEA, donde el acceso al crédito sigue siendo uno de los principales desafíos para la inversión productiva, la estabilidad macrofinanciera continúa siendo un factor determinante.

La evolución de las tasas de interés, la liquidez del sistema y la capacidad del Gobierno nacional para administrar sus compromisos de deuda influyen sobre las condiciones de financiamiento disponibles para empresas exportadoras, industrias regionales y proyectos de infraestructura.

Aunque la conversión anunciada no genera efectos inmediatos sobre la economía real, contribuye a despejar uno de los focos de presión financiera que el mercado observaba para el segundo semestre del año.

La operación confirma que el Gobierno continuará utilizando herramientas de administración de pasivos para evitar concentraciones de vencimientos y sostener el proceso de normalización financiera. El desafío no pasa únicamente por postergar deuda, sino por consolidar una estructura de financiamiento que reduzca gradualmente la dependencia de refinanciaciones permanentes. Para el sector privado, la variable relevante seguirá siendo si estas medidas logran traducirse en un entorno de tasas más predecible y en una menor volatilidad financiera durante los próximos trimestres.

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