Boudou
Las tapas del miércoles 8/8: El día del debate donde se debe legislar las diferencias, y protegiendo a las mujeres que no desean ser madres
A continuación reproducimos las tapas de los principales diarios del país. El día del debate sobre el aborto, ahora llamado Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), le llegó a los Senadores, en el poroteo parecería que prima el no. Un debate complejo donde es difícil conciliar posiciones, ya que en muchos casos son antagónicas, pero el punto es cómo legislar incluyendo las diferencias y, a la vez, protegiendo a las mujeres que por distintas circunstancias no desean ser madres y brindando un contexto legal que las ampare.
Condenaron a Amado Boudou a casi 6 años de prisión y ordenaron su “inmediata detención”
Seis años y medio después de que estallara el caso, el exvicepresidente Amado Boudoufue condenado a 5 años y 10 meses de prisión, de cumplimiento “inmediato”, en la causa por la compra de la imprenta Ciccone Calcográfica.
El proceso oral comenzó el pasado 3 de octubre y, además de Boudou, fueron juzgados su amigo, el empresario José María Núñez Carmona; el abogado Alejandro Vanderbroele, titular de The Old Fund; a Rafael Resnnick Brenner, jefe de asesores de la AFIP; Guido Forcieri, exfuncionario del Ministerio de Economía; y Nicolás Ciccone, antiguo dueño de la empresa.
El exvicepresidente fue condenado por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. También fue condenado Núñez Carmona a 5 años y seis meses de prisión, mientras que Vandrebroele recibió dos años en suspenso y tres de tareas comunitarias.
Según la acusación, mientras ocupaba el cargo de ministro de Economía, Boudou -a través de su amigo Carmona y el abogado Vandenbroele como intermediarios- se interesó por la adquisición del 70 por ciento de las acciones de la quebrada compañía encargada de la impresión de papel moneda, por lo que puso en marcha su salvataje.
Los jueces encontraron a Boudou “autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública” y lo condenaron a la pena de 5 años y 10 meses, inhabilitación especial perpetua y una multa de 90 mil pesos.
Tras la lectura del fallo, Boudou saludó a Núñez Carmona y a sus abogados y fue esposado para su inmediato traslado a la Unidad 29, alcaldía de Comodoro Py.
Antes del veredicto, el ex compañero de fórmula de Cristina Kirchner había brindado por la mañana sus últimas palabras: “Estoy acá”, dijo para rechazar que existiera peligro de fuga y anticipándose a la orden de detención.
“Hay un relato construido en este juicio. Muchas cosas se desbarataron”, sostuvo Boudou y ratificó: “Jamás negocié por mí o terceras personas el 70 por ciento del paquete accionario de Ciccone”.
El ex titular del Senado volvió a cuestionar el proceso que -según dijo- tuvo “cuestiones extrañas desde un inicio” y buscó desestimar la acusación por cohecho: “Si hubo cohecho, acá falta la persona que pagó. El supuesto cohecho no tiene ningún asidero porque nunca existió”, analizó.
Boudou, además, vinculó el caso Ciccone a una supuesta reprimenda por su decisión de estatizar las AFJP: “Acá también hay una cuestión de revancha de clase, de aleccionar, de que nadie se tiene que animar a cambiar las cosas. Los políticos que deciden cambiar la realidad son perseguidos. Primero desde el punto de vista mediático, luego desde el sistema de justicia”, cerró.
Su amigo, el empresario José María Núñez Carmona también habló y dijo que era “descabellado” el pedido de detención en su contra hecho por la UIF, al que tildó de “acto político”. “Yo siempre estuve a derecho, me parece disparatado”, remarcó el empresario.
La defensa de Boudou había pedido suspender la lectura del veredicto, al argumentar que el presidente del tribunal, Pablo Bertuzzi, no podía intervenir atento a la apelación que había presentado ante la Corte Suprema de Justicia ante el rechazo a una recusación, lo que fue finalmente rechazado por el tribunal.
• Uno por uno: los condenados por el caso de corrupción que impactó de lleno en el kirchnerismo
Amado Boudou: cinco años y diez meses de prisión, con inmediata detención, por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.
José María Núñez Carmona: cinco años y seis meses de prisión, con inmediata detención y multa de $ 90.000.
Nicolás Tadeo Ciccone: cuatro años y seis meses, con multa de $ 90.000 y pago de costas, con inmediata prisión domiciliaria.
Alejandro Vanderbroele: dos de prisión en suspenso, con multa de $ 90.000 y tres años de tareas comunitarias no remuneradas en favor de una institución de bien púbico, a razón de 40 horas mensuales, fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato.
Rafael Resnick Brenner: partícipe necesario de los delitos de tres años en suspenso, inhabilitación especial perpetua y costas, más tres años de tareas comunitarias no remuneradas en favor de una institución de bien público, 40 horas mensuales, fijar residencia y someters al cuidado de un patronato.
Guido Forcieri: como partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, condenado a dos años y seis meses de prisión en suspenso, inhabilitación perpetua y tres años de tareas comunitarias no remuneradas.
Pero además, los magistrados ordenaron la extracción de testimonios de la sentencia para averiguar la posible comisión del delito de falso testimonios de un par de testigos y de la posible participación en los hechos del empresario de Mar del Plata, Rodolfo Martín Usuna.
Los jueces que votaron la sentencia fueron María Gabriela López Iñíguez con disidencia parcial, respeto a la calificación legal de algunos condenados; Néstor Guillermo Costabel y Pablo Daniel Bertucci. (Ambito)
Política, Justicia y la pregunta de siempre ¿El fin justifica los medios?
Usualmente se le atribuye a Nicolás Maquiavelo haber afirmado que el fin justifica los medios. Sin embargo, el autor de “El Príncipe” no lo dijo de ese modo. Lo que Maquiavelo aseveró fue, que los actos de los hombres, en particular los de los príncipes, deben ser juzgados por sus resultados, fundamentalmente cuando no hacerlo condiciona el bienestar de toda la comunidad. De este modo, los métodos inmorales, incluso los ilícitos, pueden ser tolerados, siempre y cuando sean necesarios para alcanzar el bien general.
En tiempos de Maquiavelo, y no muy distante geográficamente de él, Leonardo Da Vinci revolucionaba la pintura, la botánica y la anatomía, además de darle un nuevo sentido a la ingeniería. Asimismo Copérnico daba a conocer su teoría heliocéntrica, fundando de ese modo la astronomía moderna y Cristóbal Colón por su parte “descubría” un nuevo continente. ¿Qué tenían todos estos hombres en común? Que su atrevimiento, desafiante del orden preestablecido, fue el motor de cambio.
Por estos días en nuestro país, la palabra cliché por antonomasia es precisamente esa, “cambio”. Luego de 12 años de gobierno del mismo partido político, el eslogan utilizado por la actual coalición gobernante fue justamente “Cambiemos”, simbolizando con ello la esperanza de un porvenir mejor.
Sin embargo lo que no cambia es la pregunta acerca de los medios y el fin. Personalmente considero que justificar los medios bajo la única condición de que sean beneficiosos para la sociedad es, como mínimo, preocupante. En primer lugar, porque sería muy difícil encontrar parámetros objetivos que señalen la oportunidad, pero fundamentalmente porque implicaría una excesiva concentración de poder en manos de quien se encuentre en posición dominante.
Lo señalado hasta el momento exige una reflexión acerca de si corresponde privar de su libertad a una persona presumiblemente culpable, aunque la forma no sea la adecuada.
Poniéndole nombre y apellido ¿Son legítimas las prisiones preventivas del ex Vicepresidente Amado Boudou y del ex Ministro de Planificación Julio De Vido?
Una respuesta intuitiva nos dice que sí. La inmensa mayoría de los argentinos está convencida de que, de alguna manera, los exfuncionarios abusaron de su poder y lograron de esa forma enriquecerse ilegítimamente. Consecuentemente, a esa inmensa mayoría, verlos presos, como a delincuentes comunes, les produce una satisfacción enorme, una sensación de justicia.
La pregunta que subyace ahora es, acaso esa sensación de justicia ¿justifica que el poder de turno se aparte del ordenamiento jurídico?
La indignación de las masas ante el desmesurado enriquecimiento de la clase dirigencial no es una cuestión que pretenda poner en tela de juicio. Hacer un análisis de los medios de comunicación y de su idílica objetividad es materia propia de especialistas, entre los que no me encuentro. Sin embargo, me atrevo a hacer un análisis jurídico de la cuestión y estoy convencido de que algo no encaja. Quizás sea el principio de igualdad, la presunción de inocencia o la tristemente célebre cadena de coincidencias que se desataron en los últimos tiempos, no lo sé, pero hay algo que no está claro. O quizás sí lo está y por eso es que me propongo exponerlo.
Hace pocos días los argentinos fuimos testigos del momento en el que uno de los hombres más poderosos del anterior gobierno, era privado de su libertad ante decenas de cámaras de televisión, que transmitían en vivo y en directo desde su domicilio particular la detención más estruendosa de la última década en nuestro país. Caía Julio De Vido.
Apenas nos acostumbramos a ello cuando otra figura descomunal como la del ex Vicepresidente seguía los mismos pasos, ésta vez con imágenes desde adentro de su departamento, para alegría de los morbosos. Ambos fueron trasladados al penal de Ezeiza; ambos con prisión preventiva.
Pero esta especie de Lava Jato argentino ¿es totalmente legítima o esconde una suerte de pantomima?
Lo primero que hay que remarcar es que se trata de una prisión preventiva. Ningún juez se ha expedido acerca de la culpabilidad de estos sujetos, por lo tanto ante la ley siguen siendo inocentes, ya que la Constitución Nacional prevé que nadie puede ser penado sin juicio previo, mientras que los tratados internacionales de rango constitucional establecen expresamente que toda persona acusada de haber cometido un delito debe ser presumida inocente hasta tanto y en cuanto no se establezca legalmente su culpabilidad.
Por otra parte, si bien todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, los códigos de procedimiento establecen causales que hacen procedentes las prisiones preventivas, habitualmente relacionadas con la posibilidad concreta de eludir la acción de la justicia o con el entorpecimiento de las actuaciones.
Tanto De Vido como Boudou fueron detenidos porque los jueces entendieron que, dado el poder que supieron ostentar por haber sido funcionarios de muy alto rango, cuentan con los recursos necesarios como para alterar las pruebas que servirían para condenarlos. Jurisprudencia que sienta un precedente que promete darnos mucha tela para cortar.
Amado Boudou afronta una acusación de enriquecimiento ilícito, mientras que a Julio De Vido lo acusan de administración fraudulenta, sobreprecios y malversación de fondos. La causa del ex titular del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios es reciente, la denuncia fue presentada el año pasado y ahora, un año después, el juez Bonadío ordenó su prisión preventiva por cuestiones vinculadas a la administración de los Yacimientos de Río Turbio y por las importaciones de gas licuado, pero basándose en pericias unánimemente objetadas por los expertos en la materia. La situación del ex Vicepresidente también es llamativa ya que la causa data del año 2010 y recién ahora el cuestionado Juez Lijo ordenó su detención.
¿No llama la atención el momento en que estas figuras públicas son detenidas? Al momento de ser acusado Amado Boudou se encontraba a cargo del Ministro de Economía y luego asumió como Vicepresidente de la Nación. Sin embargo, recién ahora que no ostenta cargos públicos, el juez considera que puede entorpecer a investigación, tal como sucede con De Vido.
Me parece que no hace falta ser un erudito del derecho para darse cuenta que el argumento de los jueces es, al menos, endeble. Cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta que si pueden entorpecer la investigación ahora, mucho más hubieran podido hacerlo cuando eran figuras preponderantes de la política nacional.
Y si este razonamiento es correcto ¿acaso no hay funcionarios actuales imputados en causas penales? ¿No están ellos en mejores condiciones de ocultar pruebas? Y que quede claro que con esto no defiendo a los ex funcionarios ahora detenidos. Más bien todo lo contrario, me parece lógico que si el fundamento es la posibilidad concreta de entorpecer la investigación, debieron haber sido privados de su libertad varios años atrás. Suponiendo que dicho argumento fuera legítimo, claro está.
Considerando lo antes dicho, dos cosas deben ser analizadas en este momento. La primera es la independencia judicial; la segunda es qué esconde este alboroto, que a esta altura tiene tintes de novelas mexicanas.
Lo de Lijo y Bonadío parece clarísimo, Sus Señorías no se atreven a ir contra los popes del Gobierno de turno. No se atrevieron con Boudou, no se atrevieron con De Vido, y por supuesto tampoco se atrevieron con la primera mandataria CFK. Pero tampoco se atreven a tocar al actual Presidente Macri, o a sus ministros Hernán Lombardi, Juan José Aranguren o Guillermo Dietrich, entre otros, todos ellos con causas abiertas en la justicia. ¿O acaso estos últimos no pueden entorpecer la investigación sustrayendo o alterando pruebas que se encuentran bajo su órbita de actuación?
¿Es necesario armar este circo de prisiones preventivas? Probablemente si se avanzara con la investigación y se dictara una sentencia acerca del fondo de la cuestión, más de un político nombrado en el párrafo anterior iría preso. Sin embargo no, a gran parte de la justicia argentina las cosas bien hechas parece no agradarle mucho. O tal vez esconde intereses que no pueden ser expuestos, pero que al analizar minuciosamente la cuestión indefectiblemente salen a la luz.
Por otra parte, no es menos importante destacar el momento en el que cada uno de los procedimientos ya enunciados fueron llevados a cabo. Las prisiones de los máximos exponentes kirchneristas se ordenan y consecuentemente ejecutan justo después de las elecciones. Es decir, recién cuando Cambiemos afianza su poder, los magistrados federales se animan a avanzar con las respectivas causas.
Pero mucho más que eso, sendas decisiones fueron tomadas pocos días antes y pocos días después, respectivamente, de que el Gobierno anuncie una de las reformas laborales más violentas de la historia argentina, una reforma que entre otras cosas reduce la indemnización por despido, elimina multas a empresas que incumplen sus obligaciones y obliga a los trabajadores a aportar a un “fondo de cese laboral”, abonando con sus propios haberes su eventual indemnización.
Si bien estos cambios radicales aún no fueron aprobados, su tratamiento cuenta, además del maquillaje con el que fueron presentados, con la bomba de humo que representa la detención de los exfuncionarios. Mientras tanto, el común de los argentinos no dimensiona el alcance de la reforma. Sin embargo, incentivado por los medios de comunicación que actualmente transitan en sintonía con el poder político, el argentino promedio festeja las detenciones como un triunfo popular.
A modo de cierre, no puedo aseverar que el fin haya sido apaciguar el hambre de justicia de los argentinos; mucho menos que el fin haya sido camuflar los efectos negativos de la incipiente reforma laboral; sin embargo, las prisiones preventivas antes señaladas no terminan de cuadrar y los motivos han sido expuestos.
Necesitamos jueces honestos e idóneos, que despejen el manto de duda que actualmente cubre a la justicia argentina; que actúen de forma independiente, sin esperar que cambie el gobierno de turno para proceder y que por sobre todas las cosas resuelvan los casos planteados conforme a los preceptos de la Constitución Nacional y no de acuerdo a sus intereses, o los intereses de los gobernantes de turno.
No podemos permitir que el fin justifique los medios, por más idílico que parezca ese fin, será siempre el ordenamiento jurídico y los principios éticos los que nos marcarán el camino a seguir. Los atajos, las excepciones y las ambigüedades morales son muy peligrosos, porque están siempre predispuestos a favorecer al más poderoso y sus consecuencias son muy difíciles de prever.
Boudou pasará el fin de semana en Ezeiza y el martes volvería a declarar
El ex vicepresidente Amado Boudou fue trasladado a la cárcel de Ezeiza luego de pedir su inmediata excarcelación y recusar al juez federal Ariel Lijo, quien ordenó su detención en el marco de una causa por supuestos hechos de corrupción. Al ser indagado por el magistrado, Boudou señaló que su detención fue “arbitraria”.
El ex funcionario kirchnerista permaneció durante una hora y media en el Juzgado Federal 4, donde cuestionó al juez que ordenó su detención y exigió su apartamiento de la causa, según informaron fuentes judiciales.
Luego de que leyeran la imputación en su contra, Boudou realizó una breve declaración en la que resaltó que siempre estuvo “a derecho” y que dio todas las explicaciones que le fueron requeridas.
Durante su permanencia en el juzgado de Lijo, el ex vicepresidente y ex ministro de Economía durante el kirchnerismo estuvo acompañado por su abogado Eduardo Durañona, quien debió volver de urgencia de la costa atlántica.
Boudou “no puede entender como después de tantos años de investigación, de tantos años de dar explicaciones y presentar escrito ahora lo detienen de esta forma”, sostuvo su abogado en diálogo con Télam y otros medios acreditados en los tribunales federales de Comodoro Py.
“Me sorprende la detención en una causa de tantos años de proceso. Pidió autorizaciones para salir del país y la Cámara se los concedió porque no había posibilidad de obstaculizar la causa o de profugarse”, sostuvo su abogado.
Según fuentes judiciales, el juez Lijo intentó explicarle a Boudou que, con la detención del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, la Cámara Federal porteña había esgrimido nuevos lineamientos para justificar las detenciones preventivas, pero Boudou le dijo que no hacía falta esa explicación.
En el caso De Vido, la Cámara sostuvo que a la hora de examinar los riesgo procesales “no corresponde limitar el análisis al arraigo o la manera en que los involucrados se comportan formalmente en el proceso penal”, sino que hay que evaluar si tuvieron poder o tienen vínculos con personas que pudieran ser de ayuda para eludir un proceso judicial.
En el marco de su indagatoria, Boudou sostuvo que estaba sorprendido por el “cambio intempestivo” en el manejo de la causa y, según pudo reconstruir este medio, se lo atribuyó a las denuncias presentadas esta semana contra el juez Lijo en el Consejo de la Magistratura.
Para el ex vicepresidente de Cristina Kirchner, Lijo decidió su detención luego de que lo acusaran de cajonear algunos expedientes contra funcionarios y ex funcionarios acusados por delitos de corrupción.
Lijo acusó a Boudou por el supuesto lavado de activos por 4.238.900 pesos y 995.000 dólares, en tres maniobras, una de ellas a través del blanqueo de capitales de la ley 26476 en el 2009 para “disimular la fuente real de los fondos”.
Además, le imputó la compra con fondos sin justificar de un departamento de Agustina Kampfer por 120 mil dólares y 80 mil dólares de su patrimonio cuyo origen tampoco encuentra explicación, según la resolución en la cual ordenó detenerlo.
Por los tres hechos, el fiscal federal Jorge Di Lello firmó el viernes último un requerimiento parcial de justificación de bienes que debía ser el paso previo a una citación a indagatoria.
Pero Lijo ordenó de manera directa las detenciones de Boudou y Núñez Carmona, concretó las citaciones de los restantes imputados, y argumentó riesgo de entorpecimiento de la investigación y de la posibilidad del Estado Nacional de recuperar los bienes que se entiendan se obtuvieron de manera ilegal.
De vido
El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, fue trasladado al penal de Marcos Paz, donde cumplirá con la prisión preventiva dispuesta en el marco de dos causas de corrupción.
La información fue confirmada por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) a través de un comunicado en el que se informó, además, que ya habían concluido los estudios sobre su estado de salud.
El ex funcionario kirchnerista “no reúne criterio de internación en el Hospital Penitenciario Central”, ubicado en la cárcel de Ezeiza, informaron desde el SPF.
De Vido fue detenido hace diez días tras ser desaforado en el Congreso Nacional y desde entonces permaneció en el hospital penitenciario de la cárcel de Ezeiza, donde se le practican estudios médicos.