El Senadoformalizó la sesión para el viernes al mediodía donde la Libertad Avanza buscará convertir en ley los proyectos de Inocencia Fiscal y de Presupuesto 2026, que fueron aprobados por diputados en la madrugada del jueves pasado.
La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, motorizó la citación tras la emisión de los despachos en base al acuerdo alcanzado en la reunión de Labor Parlamentaria del 16 de diciembre.
De acuerdo al cronograma de citación, primero se debatirá el Presupuesto 2026 y posteriormente el proyecto sobre Inocencia Fiscal, que permite a los ahorristas poder incorporar al mercado los dólares comprados en el sistema informal.
Dictamen de comisión
El oficialismo decidió impulsar el dictamen de comisión sobre el presupuesto con los cambios introducidos por la Cámara de Diputados, donde se rechazó el capítulo XI que contemplaba en su artículo 75 la derogación de las leyes de discapacidad y Universidades.
Si bien el Gobierno había planteado el viernes pasado que quería volver a incluir ese capítulo, el rechazo de los radicales y provinciales fueron determinantes para que LLA propicie un despacho sin realizar ninguna reforma respecto del texto votado en diputados.
Incluso este domingo hubo un ultimo intento por seducir a los senadores aliados y lograr así introducir el Capítulo XI al Presupuesto 2026, pero también fracasó, con lo cual el Gobierno podrá tener la ley pero sin la inclusión de la derogación de las leyes de Discapacidad, Universidades, la restricción de la ley de Zona Fría y las deudas entre Cammesa y las distribuidoras eléctricas, además de la coparticipación federal para la ciudad de Buenos Aires.
Presupuesto construido sobre la base del déficit cero
La última negociación que fracasó se realizó este domingo en una reunión virtual que encabezó la jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, según Agencia Noticias Argentinas con fuentes parlamentarias.
Por ese motivo, el presidente Javier Milei destacó en la noche del domingo que “logramos que se vote por capítulos y logramos media sanción, que me parece muy importante. Ese Presupuesto está construido sobre la base del déficit cero”, afirmó.
Dijo que, al no aprobarse la derogación de las leyes sobre discapacidad y Universidades, “lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas: lo vamos a corregir por la vía de la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas”, en un reportaje con la señal La Nación+.
La decisión de mantener el texto votado en diputados le permitirá contar con el radicalismo que puede aportar una decena de votos, el PRO, los dos misioneros del Frente de la Concordia y las senadoras de Tucumán, de Salta y Neuquén.
Negociaciones de última hora
De esta manera, el oficialismo tendrá 21 votos propios, 10 de la UCR, dos del PRO y cinco provinciales a los cuales puede sumarse el correntino Carlos “Camau” Espínola, de Provincias Unidas, señalaron voceros parlamentarios.
En tanto, el peronismo buscará plasmar reformas para anular el artículo 30, que establece la derogación de los artículos que establecen una inversión del 6% del PBI para el sistema educativo, del 1% del PBI para el sistema Nacional de Ciencia y del 0,2% de los gastos del Sector Público para los colegios técnicos.
Si bien votará en contra del Presupuesto, el interbloque peronista buscará incluir algunas reformas que fueron solicitados por sectores educativos para eliminar la anulación del financiamiento educativo, confiaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas.
El Ministerio de Seguridad Nacional que dirige Patricia Bullrich dispuso la creación de la nueva Carrera de “Investigador del Delito para Profesionales” en el ámbito de la Policía Federal Argentina, en el marco del proceso de modernización y reforma integral aprobado por el Decreto 383/2025.
La iniciativa apunta al fortalecimiento institucional en áreas de prevención, detección e investigación de delitos complejos, e incorpora el ingreso de universitarios graduados en disciplinas estratégicas como ingeniería, administración, tecnología, criminalística, informática y ciencias exactas, otorgando a los egresados una “Diplomatura Universitaria en Investigación Criminal”.
El régimen prevé un sistema de selección específico —incluido un Comité Interinstitucional—, criterios diferenciales de formación e incentivos, y la profesionalización del personal policial subalterno con trayectoria comprobable en áreas de investigación y operaciones especiales.
La medida forma parte del nuevo estatuto de la Policía Federal y establece requisitos de edad, antecedentes y certificaciones para el ingreso, junto con una preparación técnica y policial de nueve meses antes de asumir el cargo.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció esta tarde que el Gobierno instalará un centro de operaciones en el municipio de 9 de Julio para brindar auxilio a los distritos del interior agrario de la provincia de Buenos Aires que se encuentran afectados por la inundaciones a raíz del desborde de la Cuenca del Río Salado.
“Vamos a poner recursos para abrir caminos e ir hasta las familias que están aisladas”, señaló la funcionaria en un conferencia de prensa en Casa Rosada, donde agregó que se harán tareas de “limpieza de zanjas, desagües y alcantarillas”, entre otras, para “garantizar la circulación por los caminos”.
Acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la ministra detalló la serie de medidas orientadas a asistir a la población afectada por la emergencia hídrica.Que se implementarán a través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).
Bullrich afirmó que “a partir de la situación que sufren los productores agropecuarios y trabajadores de una gran zona de la provincia de Buenos Aires”, se ha decidido realizar “un despliegue operativo que permita abrir caminos y llegar a las familias que están aisladas y a los pueblos que atraviesan situaciones muy comprometidas”.
La ministra informó que se instalará un centro de operaciones en la ciudad de 9 de Julio, donde este sábado viajará el director de la AFE, Santiago Hardie. Para coordinar el trabajo con el intendente local y sus pares de General Viamonte, Bragado y Carlos Casares.
Desde Vialidad Nacional se enviarán máquinas para la limpieza de zanjas, alcantarillas y aliviadores, además de camiones volcadores y equipos especiales con personal operativo. En tanto, el Ministerio de Defensa, a través del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, sumará máquinas viales para movimientos de suelo, limpieza de drenajes y cunetas. Y la instalación de puentes provisorios en los caminos más afectados.
También se desplegarán fuerzas federales con camiones y personal especializado. Para realizar tareas de asistencia y garantizar la conectividad en las zonas donde aún permanecen familias aisladas.
Bullrich destacó que, al mismo tiempo, el Gobierno trabajará junto a los productores agropecuarios afectados por una acumulación histórica de lluvias. Y detalló que cayeron “entre 1.200 y 1.800 milímetros de agua cuando más de 500 milímetros es una anomalía para esta época del año”.
“El Estado nacional ha definido estar al lado de la gente. Por eso el sábado los ministros vamos a ir a 9 de Julio a ponernos al frente del Comité de Emergencia”, insistió. Previamente, Adorni había señalado que “el equipo del Gobierno nacional está ocupándose de los bonaerenses”.
Está últimas frases aludieron al enfrentamiento político con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. De hecho, Bullrich reconoció que la medida de instalar el centro de operaciones en 9 de Julio corrió por cuenta de la Nación. Y no fue analizada previamente con la gestión provincial.
“Si el gobierno provincial quiere ir a 9 de Julio será bienvenido”, planteó la funcionaria.Quien además recordó que “la Provincia tiene la responsabilidad sobre las obras en la Cuenca del Salado”. “Hace dos semanas (el gobierno provincial) anunció obras para la Cuenca. Obras que hace 50 años que no se hacen”, cerró.
Patricia Bullrich culpó al feminismo por los femicidios. Su discurso repite el viejo argumento machista que culpa a las mujeres por la violencia que padecen. De nuevo quieren hacernos creer que la violencia es culpa nuestra, pero no son las feministas las que matan: son los varones violentos y un Estado que mira para otro lado.
—
Nada más, ni nada menos que la ministra de Seguridad (que se supone debe velar por nosotras y nosotros), afirmó que los femicidios y la violencia machista son consecuencia del “feminismo extremo”, de mujeres que “pisotean al hombre” y “generan reacciones”. El mismo discurso de siempre, pero con poder estatal.
Decir que los femicidios son culpa del feminismo es como decir que una mujer fue violada porque usaba una pollera corta. Es repetir el mandato patriarcal que responsabiliza a las víctimas y absuelve a los agresores. Es negar que el problema es la desigualdad estructural, el machismo y la impunidad.
Los datos son claros: en la Argentina, cada 30 horas una mujer es asesinada por un varón, casi siempre conocido, pareja o expareja. No por ser “feminista”, sino por ser mujer. Y es el movimiento feminista el que puso estas cifras sobre la mesa, el que logró leyes, refugios, acompañamiento, educación sexual y políticas de prevención.
Sin el feminismo seguiríamos contando muertas en silencio.
Bullrich no habla desde la ignorancia, sino desde una decisión política: desacreditar la organización de las mujeres y diversidades, criminalizar la rebeldía y distraer de las verdaderas causas de la violencia. Porque un Estado que no protege, que ajusta y que recorta programas, necesita culpar a alguien más.
Como dijo Dora Barrancos en una nota reciente: “…nada es más patético que el patriarcado cuando toma forma de cuerpo femenino, porque ostenta el perfil de la servidumbre voluntaria.”
Por eso, frente a los discursos de odio reafirmamos lo que gritamos en cada plaza:
La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía.
¡Ni una menos. Vivas, libres y con derechos nos queremos!
El Tribunal Oral Federal N.º 8 condenó al falso abogado por liderar una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal, la extorsión y la manipulación mediática. El fallo expone cómo operaba una red criminal con ramificaciones en el Ministerio Público Fiscal, el Poder Ejecutivo y medios de comunicación. El caso GNL y los vínculos con Patricia Bullrich, entre los puntos más sensibles.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 8 condenó a Marcelo Sebastián D’Alessio por liderar una asociación ilícita que operó entre 2016 y 2019, dedicada al espionaje ilegal, la extorsión y la manipulación mediática. La sentencia revela el funcionamiento de una red criminal con vínculos en el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, fuerzas de seguridad y los medios de comunicación.
Dos asociaciones ilícitas, una lógica de poder
El fallo acredita la existencia de dos organizaciones criminales. La primera, integrada por D’Alessio, R.H.B. y R.O.B. —ex agentes de inteligencia—, se dedicaba a obtener información personal mediante bases de datos restringidas y fuentes estatales para extorsionar a empresarios y funcionarios. La segunda, conocida como “Grupo Buenos Aires”, planificaba operaciones internacionales de lavado de dinero por sumas millonarias.
“La inusitada cantidad de evidencia desplegada en el juicio permitió comprobar en forma irrefutable que se dedicaban a realizar inteligencia ilegal […] y a perpetrar maniobras extorsivas valiéndose de dicha información”, indica el fallo al que accedió Ámbito.
Maniobras delictivas: extorsión, espionaje y presión mediática
El modus operandi de D’Alessio y sus colaboradores consistía en obtener datos personales mediante el acceso a bases de datos oficiales, seguimientos, escuchas ilegales y contactos en organismos estatales. Con esa información, se acercaban a empresarios, funcionarios o particulares para exigirles dinero a cambio de evitar imputaciones judiciales o escraches mediáticos.
En el caso de Pedro Etchebest, D’Alessio le exigió dinero en nombre del fiscal Carlos Stornelli para evitar su detención en la causa “Cuadernos”. Le mostró capturas de chats con el fiscal y le dijo: “Lo de Pedro, yo me encargo personalmente de avanzar con ese sujeto.”
La maniobra incluyó una reunión en Pinamar con Stornelli, registrada en fotos, audios y antenas de telefonía. Etchebest declaró que al ver al fiscal en persona “se me cayó el alma al piso”.
Otro caso emblemático es el de Mario Cifuentes, empresario vinculado a OPS, a quien D’Alessio le exigió dinero para evitar una imputación judicial y una campaña mediática en su contra: “Limpiar esto no sale menos de cuatro o cinco millones de dólares, pero yo te lo voy a conseguir por menos.” La información personal de Cifuentes fue enviada a periodistas como Daniel Santoro y difundida en televisión.
En el caso de Pablo Barreiro, hijo del ex encargado de la Quinta de Olivos, D’Alessio y Carlos Liñani intentaron extorsionarlo para que contratara sus servicios jurídicos. La presión se reforzó con la difusión de información falsa en A24 por Eduardo Feinmann, quien anunció su detención —que nunca ocurrió—. El archivo “pablobarreiro.docx” fue hallado en los dispositivos del imputado.
También se acreditó la planificación de una cámara oculta contra el abogado José Manuel Ubeira, defensor en causas sensibles, con el objetivo de desprestigiarlo públicamente: “Yo lo empomo al abogado que te quiso girar. Ese es mi trabajo. Llego y lo hago.”
El caso GNL: inteligencia ilegal, presión mediática y el testimonio forzado de Brusa Dovat
Uno de los episodios más reveladores del fallo es la intervención de Marcelo D’Alessio en la causa por presuntas irregularidades en la importación de Gas Natural Licuado (GNL), expediente que involucraba a ex funcionarios kirchneristas. El Tribunal acreditó que D’Alessio operó como intermediario informal entre el fiscal Carlos Stornelli, supuestos arrepentidos y periodistas, en una maniobra que excedía cualquier rol legal y se inscribía en el esquema de inteligencia paralela. La causa GNL fue el primer eslabón desde el cual se estructuró la mega causa “Cuadernos”.
En ese contexto, el caso de Gonzalo Brusa Dovat —ex directivo de PDVSA Argentina— se convirtió en una pieza clave. D’Alessio lo contactó, lo presionó para que declarara como arrepentido y coordinó tanto su exposición mediática como su testimonial ante Stornelli. En un mensaje al fiscal, D’Alessio anticipó: “En 10 siento a un director ‘arrepentido’ de PDVSA Argentina con Santoro. Y el lunes te lo siento para su primer testimonial. Va a ser un escándalo.”
El imputado elaboró borradores de la declaración, organizó la entrevista con el periodista Daniel Santoro y gestionó el ingreso de Brusa Dovat a la fiscalía. El fallo señala que el testigo fue inducido a declarar bajo presión, sin contar con asistencia legal ni garantías procesales.
“La testimonial de Brusa Dovat fue obtenida en condiciones que comprometen la legalidad del acto, en el marco de una estrategia de manipulación institucional y mediática”, advierte el Tribunal.
Además, se acreditó que D’Alessio utilizó información obtenida ilegalmente sobre Brusa Dovat para condicionar su relato, incluyendo datos migratorios, antecedentes laborales y vínculos personales. La maniobra fue presentada públicamente como una revelación espontánea, cuando en realidad respondía a un guión previamente armado.
“La actuación del imputado en el expediente GNL no puede entenderse como colaboración espontánea, sino como parte de un esquema sistemático de manipulación judicial y mediática”, sentenció el tribunal.
Patricia Bullrich y el Ministerio de Seguridad: vínculos directos con el operador
El fallo judicial acredita que D’Alessio mantenía comunicación directa con la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien le ofrecía información obtenida mediante inteligencia ilegal. Esta relación, lejos de ser tangencial, forma parte del entramado institucional que el Tribunal consideró relevante para entender el alcance de la organización criminal.
“Se acreditó que D’Alessio mantenía contacto directo con la entonces ministra de Seguridad de la Nación, a quien le ofrecía información obtenida por medios ilegales, incluyendo escuchas y datos sensibles sobre causas penales en curso.”
Entre las pruebas incorporadas al expediente se encuentran mensajes de WhatsApp enviados por D’Alessio al número personal de Bullrich, en los que le ofrecía “una escucha” y “un arrepentido” vinculado a la banda narco “Los Monos”. El número fue verificado por la empresa Movistar como perteneciente a la funcionaria.
“Ministra, tengo una escucha que puede servirle para avanzar en la causa de Los Monos. También tengo un arrepentido que está dispuesto a declarar.”
El Tribunal consideró que estos intercambios no eran meramente informales, sino parte de una dinámica en la que el imputado se presentaba como proveedor de inteligencia paralela para funcionarios del Poder Ejecutivo.
“La existencia de estos contactos revela una permeabilidad institucional que facilitó el uso de información ilegal como insumo operativo en áreas sensibles del Estado.”
Pruebas encontradas: rastros digitales y documentos clave
La sentencia se apoya en una vasta cantidad de pruebas: Chats entre D’Alessio y Stornelli, Bullrich, Santoro y otros actores; audios grabados por las víctimas con exigencias económicas y amenazas; documentos con perfiles de víctimas y borradores de notas periodísticas; rastreo de antenas que ubican a D’Alessio y Stornelli en los mismos lugares; videos televisivos con información manipulada; peritajes informáticos que acreditan el uso de bases oficiales, fueron los ejemplos.
“La estructura probatoria revela un patrón sistemático de obtención de información, contacto con las víctimas, exigencia de dinero y posterior difusión mediática como mecanismo de presión.”
Una amenaza sistémica
El fallo no solo condena delitos concretos, sino que revela el funcionamiento de una red que operaba en los márgenes —y a veces dentro— de las instituciones democráticas. La sentencia deja abiertas líneas de investigación sobre otros actores no juzgados, pero cuya participación fue documentada.
“No pueden taparse con las manos las sombras que recayeron sobre la actuación de la propia administración de justicia, de las fuentes de información pública y la manera en que el periodismo ejerce su función.”
