La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció esta tarde que el Gobierno instalará un centro de operaciones en el municipio de 9 de Julio para brindar auxilio a los distritos del interior agrario de la provincia de Buenos Aires que se encuentran afectados por la inundaciones a raíz del desborde de la Cuenca del Río Salado.
“Vamos a poner recursos para abrir caminos e ir hasta las familias que están aisladas”, señaló la funcionaria en un conferencia de prensa en Casa Rosada, donde agregó que se harán tareas de “limpieza de zanjas, desagües y alcantarillas”, entre otras, para “garantizar la circulación por los caminos”.
Acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la ministra detalló la serie de medidas orientadas a asistir a la población afectada por la emergencia hídrica.Que se implementarán a través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).
Bullrich afirmó que “a partir de la situación que sufren los productores agropecuarios y trabajadores de una gran zona de la provincia de Buenos Aires”, se ha decidido realizar “un despliegue operativo que permita abrir caminos y llegar a las familias que están aisladas y a los pueblos que atraviesan situaciones muy comprometidas”.
La ministra informó que se instalará un centro de operaciones en la ciudad de 9 de Julio, donde este sábado viajará el director de la AFE, Santiago Hardie. Para coordinar el trabajo con el intendente local y sus pares de General Viamonte, Bragado y Carlos Casares.
Desde Vialidad Nacional se enviarán máquinas para la limpieza de zanjas, alcantarillas y aliviadores, además de camiones volcadores y equipos especiales con personal operativo. En tanto, el Ministerio de Defensa, a través del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, sumará máquinas viales para movimientos de suelo, limpieza de drenajes y cunetas. Y la instalación de puentes provisorios en los caminos más afectados.
También se desplegarán fuerzas federales con camiones y personal especializado. Para realizar tareas de asistencia y garantizar la conectividad en las zonas donde aún permanecen familias aisladas.
Bullrich destacó que, al mismo tiempo, el Gobierno trabajará junto a los productores agropecuarios afectados por una acumulación histórica de lluvias. Y detalló que cayeron “entre 1.200 y 1.800 milímetros de agua cuando más de 500 milímetros es una anomalía para esta época del año”.
“El Estado nacional ha definido estar al lado de la gente. Por eso el sábado los ministros vamos a ir a 9 de Julio a ponernos al frente del Comité de Emergencia”, insistió. Previamente, Adorni había señalado que “el equipo del Gobierno nacional está ocupándose de los bonaerenses”.
Está últimas frases aludieron al enfrentamiento político con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. De hecho, Bullrich reconoció que la medida de instalar el centro de operaciones en 9 de Julio corrió por cuenta de la Nación. Y no fue analizada previamente con la gestión provincial.
“Si el gobierno provincial quiere ir a 9 de Julio será bienvenido”, planteó la funcionaria.Quien además recordó que “la Provincia tiene la responsabilidad sobre las obras en la Cuenca del Salado”. “Hace dos semanas (el gobierno provincial) anunció obras para la Cuenca. Obras que hace 50 años que no se hacen”, cerró.
Patricia Bullrich culpó al feminismo por los femicidios. Su discurso repite el viejo argumento machista que culpa a las mujeres por la violencia que padecen. De nuevo quieren hacernos creer que la violencia es culpa nuestra, pero no son las feministas las que matan: son los varones violentos y un Estado que mira para otro lado.
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Nada más, ni nada menos que la ministra de Seguridad (que se supone debe velar por nosotras y nosotros), afirmó que los femicidios y la violencia machista son consecuencia del “feminismo extremo”, de mujeres que “pisotean al hombre” y “generan reacciones”. El mismo discurso de siempre, pero con poder estatal.
Decir que los femicidios son culpa del feminismo es como decir que una mujer fue violada porque usaba una pollera corta. Es repetir el mandato patriarcal que responsabiliza a las víctimas y absuelve a los agresores. Es negar que el problema es la desigualdad estructural, el machismo y la impunidad.
Los datos son claros: en la Argentina, cada 30 horas una mujer es asesinada por un varón, casi siempre conocido, pareja o expareja. No por ser “feminista”, sino por ser mujer. Y es el movimiento feminista el que puso estas cifras sobre la mesa, el que logró leyes, refugios, acompañamiento, educación sexual y políticas de prevención.
Sin el feminismo seguiríamos contando muertas en silencio.
Bullrich no habla desde la ignorancia, sino desde una decisión política: desacreditar la organización de las mujeres y diversidades, criminalizar la rebeldía y distraer de las verdaderas causas de la violencia. Porque un Estado que no protege, que ajusta y que recorta programas, necesita culpar a alguien más.
Como dijo Dora Barrancos en una nota reciente: “…nada es más patético que el patriarcado cuando toma forma de cuerpo femenino, porque ostenta el perfil de la servidumbre voluntaria.”
Por eso, frente a los discursos de odio reafirmamos lo que gritamos en cada plaza:
La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía.
¡Ni una menos. Vivas, libres y con derechos nos queremos!
El Tribunal Oral Federal N.º 8 condenó al falso abogado por liderar una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal, la extorsión y la manipulación mediática. El fallo expone cómo operaba una red criminal con ramificaciones en el Ministerio Público Fiscal, el Poder Ejecutivo y medios de comunicación. El caso GNL y los vínculos con Patricia Bullrich, entre los puntos más sensibles.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 8 condenó a Marcelo Sebastián D’Alessio por liderar una asociación ilícita que operó entre 2016 y 2019, dedicada al espionaje ilegal, la extorsión y la manipulación mediática. La sentencia revela el funcionamiento de una red criminal con vínculos en el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, fuerzas de seguridad y los medios de comunicación.
Dos asociaciones ilícitas, una lógica de poder
El fallo acredita la existencia de dos organizaciones criminales. La primera, integrada por D’Alessio, R.H.B. y R.O.B. —ex agentes de inteligencia—, se dedicaba a obtener información personal mediante bases de datos restringidas y fuentes estatales para extorsionar a empresarios y funcionarios. La segunda, conocida como “Grupo Buenos Aires”, planificaba operaciones internacionales de lavado de dinero por sumas millonarias.
“La inusitada cantidad de evidencia desplegada en el juicio permitió comprobar en forma irrefutable que se dedicaban a realizar inteligencia ilegal […] y a perpetrar maniobras extorsivas valiéndose de dicha información”, indica el fallo al que accedió Ámbito.
Maniobras delictivas: extorsión, espionaje y presión mediática
El modus operandi de D’Alessio y sus colaboradores consistía en obtener datos personales mediante el acceso a bases de datos oficiales, seguimientos, escuchas ilegales y contactos en organismos estatales. Con esa información, se acercaban a empresarios, funcionarios o particulares para exigirles dinero a cambio de evitar imputaciones judiciales o escraches mediáticos.
En el caso de Pedro Etchebest, D’Alessio le exigió dinero en nombre del fiscal Carlos Stornelli para evitar su detención en la causa “Cuadernos”. Le mostró capturas de chats con el fiscal y le dijo: “Lo de Pedro, yo me encargo personalmente de avanzar con ese sujeto.”
La maniobra incluyó una reunión en Pinamar con Stornelli, registrada en fotos, audios y antenas de telefonía. Etchebest declaró que al ver al fiscal en persona “se me cayó el alma al piso”.
Otro caso emblemático es el de Mario Cifuentes, empresario vinculado a OPS, a quien D’Alessio le exigió dinero para evitar una imputación judicial y una campaña mediática en su contra: “Limpiar esto no sale menos de cuatro o cinco millones de dólares, pero yo te lo voy a conseguir por menos.” La información personal de Cifuentes fue enviada a periodistas como Daniel Santoro y difundida en televisión.
En el caso de Pablo Barreiro, hijo del ex encargado de la Quinta de Olivos, D’Alessio y Carlos Liñani intentaron extorsionarlo para que contratara sus servicios jurídicos. La presión se reforzó con la difusión de información falsa en A24 por Eduardo Feinmann, quien anunció su detención —que nunca ocurrió—. El archivo “pablobarreiro.docx” fue hallado en los dispositivos del imputado.
También se acreditó la planificación de una cámara oculta contra el abogado José Manuel Ubeira, defensor en causas sensibles, con el objetivo de desprestigiarlo públicamente: “Yo lo empomo al abogado que te quiso girar. Ese es mi trabajo. Llego y lo hago.”
El caso GNL: inteligencia ilegal, presión mediática y el testimonio forzado de Brusa Dovat
Uno de los episodios más reveladores del fallo es la intervención de Marcelo D’Alessio en la causa por presuntas irregularidades en la importación de Gas Natural Licuado (GNL), expediente que involucraba a ex funcionarios kirchneristas. El Tribunal acreditó que D’Alessio operó como intermediario informal entre el fiscal Carlos Stornelli, supuestos arrepentidos y periodistas, en una maniobra que excedía cualquier rol legal y se inscribía en el esquema de inteligencia paralela. La causa GNL fue el primer eslabón desde el cual se estructuró la mega causa “Cuadernos”.
En ese contexto, el caso de Gonzalo Brusa Dovat —ex directivo de PDVSA Argentina— se convirtió en una pieza clave. D’Alessio lo contactó, lo presionó para que declarara como arrepentido y coordinó tanto su exposición mediática como su testimonial ante Stornelli. En un mensaje al fiscal, D’Alessio anticipó: “En 10 siento a un director ‘arrepentido’ de PDVSA Argentina con Santoro. Y el lunes te lo siento para su primer testimonial. Va a ser un escándalo.”
El imputado elaboró borradores de la declaración, organizó la entrevista con el periodista Daniel Santoro y gestionó el ingreso de Brusa Dovat a la fiscalía. El fallo señala que el testigo fue inducido a declarar bajo presión, sin contar con asistencia legal ni garantías procesales.
“La testimonial de Brusa Dovat fue obtenida en condiciones que comprometen la legalidad del acto, en el marco de una estrategia de manipulación institucional y mediática”, advierte el Tribunal.
Además, se acreditó que D’Alessio utilizó información obtenida ilegalmente sobre Brusa Dovat para condicionar su relato, incluyendo datos migratorios, antecedentes laborales y vínculos personales. La maniobra fue presentada públicamente como una revelación espontánea, cuando en realidad respondía a un guión previamente armado.
“La actuación del imputado en el expediente GNL no puede entenderse como colaboración espontánea, sino como parte de un esquema sistemático de manipulación judicial y mediática”, sentenció el tribunal.
Patricia Bullrich y el Ministerio de Seguridad: vínculos directos con el operador
El fallo judicial acredita que D’Alessio mantenía comunicación directa con la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien le ofrecía información obtenida mediante inteligencia ilegal. Esta relación, lejos de ser tangencial, forma parte del entramado institucional que el Tribunal consideró relevante para entender el alcance de la organización criminal.
“Se acreditó que D’Alessio mantenía contacto directo con la entonces ministra de Seguridad de la Nación, a quien le ofrecía información obtenida por medios ilegales, incluyendo escuchas y datos sensibles sobre causas penales en curso.”
Entre las pruebas incorporadas al expediente se encuentran mensajes de WhatsApp enviados por D’Alessio al número personal de Bullrich, en los que le ofrecía “una escucha” y “un arrepentido” vinculado a la banda narco “Los Monos”. El número fue verificado por la empresa Movistar como perteneciente a la funcionaria.
“Ministra, tengo una escucha que puede servirle para avanzar en la causa de Los Monos. También tengo un arrepentido que está dispuesto a declarar.”
El Tribunal consideró que estos intercambios no eran meramente informales, sino parte de una dinámica en la que el imputado se presentaba como proveedor de inteligencia paralela para funcionarios del Poder Ejecutivo.
“La existencia de estos contactos revela una permeabilidad institucional que facilitó el uso de información ilegal como insumo operativo en áreas sensibles del Estado.”
Pruebas encontradas: rastros digitales y documentos clave
La sentencia se apoya en una vasta cantidad de pruebas: Chats entre D’Alessio y Stornelli, Bullrich, Santoro y otros actores; audios grabados por las víctimas con exigencias económicas y amenazas; documentos con perfiles de víctimas y borradores de notas periodísticas; rastreo de antenas que ubican a D’Alessio y Stornelli en los mismos lugares; videos televisivos con información manipulada; peritajes informáticos que acreditan el uso de bases oficiales, fueron los ejemplos.
“La estructura probatoria revela un patrón sistemático de obtención de información, contacto con las víctimas, exigencia de dinero y posterior difusión mediática como mecanismo de presión.”
Una amenaza sistémica
El fallo no solo condena delitos concretos, sino que revela el funcionamiento de una red que operaba en los márgenes —y a veces dentro— de las instituciones democráticas. La sentencia deja abiertas líneas de investigación sobre otros actores no juzgados, pero cuya participación fue documentada.
“No pueden taparse con las manos las sombras que recayeron sobre la actuación de la propia administración de justicia, de las fuentes de información pública y la manera en que el periodismo ejerce su función.”
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó en San Isidro el balance oficial del primer semestre de 2025, que confirma un récord histórico en incautaciones de cocaína, con un incremento del 6% respecto a 2024, año en el que ya se había alcanzado una marca inédita con un salto del 63% interanual. Según la funcionaria, las cifras son la prueba concreta de la eficacia de la política de seguridad implementada en todo el país.
El informe oficial detalló que entre enero y junio de 2025 se realizaron 15.000 procedimientos antidrogas, lo que representa un 16% más que en 2024, con un aumento del 27% en la cantidad de detenidos. Bullrich subrayó que esto implica “un menor nivel de impunidad” y destacó la articulación entre Fuerzas Federales, provinciales, organismos judiciales y de inteligencia criminal.
Los principales resultados muestran un aumento del 35% en las incautaciones de marihuana, un crecimiento del 5% en drogas sintéticas, y la consolidación de estrategias operativas focalizadas. La ministra puntualizó que más del 80% de los operativos de secuestro de drogas fueron ejecutados por fuerzas federales, con epicentro en territorios críticos como el conurbano bonaerense, Rosario y el norte fronterizo.
Planes territoriales: Rosario, frontera norte y grandes urbes
El Plan Bandera – Rosario fue uno de los ejes centrales de la política. Solo en el primer semestre se realizaron 1.738 procedimientos, con 1.469 detenciones, el secuestro de 1.660 kilos de droga, 55.000 dosis de drogas sintéticas y casi un millón de kilos de precursores químicos. La política de saturación territorial permitió que los homicidios dolosos en Rosario se redujeran un 66% en 2024 respecto a 2023, con fuerte baja de tiroteos, amenazas e intimidaciones.
En paralelo, el Plan Güemes, enfocado en el corredor norte (principalmente Orán y zonas limítrofes), contabilizó 1.193 procedimientos y 464 detenidos, apuntando a desarticular las rutas de ingreso de estupefacientes al país.
Por su parte, el Plan 90/10, diseñado para grandes ciudades con altos índices de homicidios, desplegó 3.995 procedimientos con 2.951 aprehendidos, logrando intervenir tanto en grandes cargamentos como en narcomenudeo de escala barrial.
Argentina mejora sus índices globales de seguridad
Además del récord en decomisos, Bullrich remarcó que la Argentina alcanzó la tasa de homicidios más baja de América Latina, mejoró cinco posiciones en el Global Peace Index (del puesto 51 al 46) y fue clasificada en nivel 1 de seguridad para viajeros por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, un hito para la política de seguridad nacional.
“Estos resultados demuestran que la estrategia integral, con inteligencia criminal, presencia territorial y articulación judicial, está dando frutos”, afirmó la ministra, acompañada por los secretarios de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, Martín Verrier.
En 2025, la Argentina también alcanzó un récord en la cantidad de sustancias incorporadas a los listados oficiales de estupefacientes, lo que, según Bullrich, fortalece la capacidad del Estado para sancionar nuevas modalidades de narcotráfico.
El Gobierno nacional proyecta mantener y profundizar los planes de seguridad vigentes durante el segundo semestre del año. Según fuentes oficiales, la prioridad será reforzar el control en fronteras críticas y sostener la reducción de la violencia urbana vinculada al narcotráfico.
El desafío de cara a 2026 será consolidar estos resultados en un marco de coordinación federal y garantizar recursos presupuestarios para mantener la operatividad en niveles récord.
El Gobierno comunicó modificaciones en el Servicio Penitenciario Federal, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Gendarmería. Las reformas apuntan a reorganizar funciones y ampliar las competencias operativas
El Gobierno confirmó el inicio de una profunda reestructuración de las fuerzas federales. Los cambios, oficializados esta madrugada a través de la publicación de una serie de decretos en el Boletín Oficial, están relacionados con un rediseño de las estructuras orgánicas y funcionales de organismos bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Esta decisión afecta a las principales instituciones encargadas de la seguridad interior, incluyendo al Servicio Penitenciario Federal (SPF), la Gendarmería Nacional (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
La reforma se enmarca dentro del objetivo de optimizar los recursos disponibles, fortalecer la coordinación interinstitucional y mejorar la capacidad de respuesta ante los desafíos que plantea la criminalidad actual. Según los textos oficiales, la reorganización responde a la necesidad de garantizar la protección de los ciudadanos y adaptarse a contextos dinámicos que requieren estructuras flexibles y eficientes.
Las modificaciones no solo afectan la designación de funciones y responsabilidades, sino que también introducen novedades en la administración interna y los procedimientos de actuación. La publicación de los nuevos organigramas representa un cambio significativo en la gestión del sistema federal de seguridad.
Por ejemplo, la PSA podrá cumplir tareas fuera del entorno aeroportuario, es decir, en otros medios de transporte; mientras que en el SPF reactivaría la función de auxiliar del poder Judicial más allá del cuidado de los presos como estrategia del combate integral y coordinado contra la criminalidad organizada.
En el caso del SPF, la reforma más relevante es su traspaso del Ministerio de Justicia al de Seguridad. El cambio responde a la necesidad de coordinar una estrategia más eficaz contra el delito complejo, con foco en la criminalidad organizada que opera, incluso, desde el interior de los penales. Un ejemplo que abordaron las fuentes consultadas fue el uso de celulares por parte de jefes narcos detenidos, como en el caso de “Los Monos”.
Además del cambio de dependencia, el SPF tiene un nuevo estatuto para reemplazar el que estaba vigente desde 1967. Aunque mantiene gran parte del contenido original, la nueva normativa incorpora una estructura más moderna, que incluye una Dirección General de Comunicaciones, Sistemas y Tecnologías, y otra de Personal, Formación y Bienestar.
Se introducen reformas al régimen de carrera, con un esquema de capacitación actualizado y un mayor control institucional mediante mecanismos de transparencia e integridad.
En paralelo, el decreto sobre la Prefectura Naval Argentina modifica la Ley sancionada en 1969, pero sin reemplazarla. Se trata de una fuerza que, históricamente, dependió de la Armada, aunque actualmente actúa como una fuerza de seguridad federal bajo conducción civil.
El nuevo marco legal actualizaría las competencias de la Prefectura y eliminaría funciones obsoletas, como el juzgamiento de contravenciones o el otorgamiento de beneficios postales, que habían quedado anacrónicas. También se reorganiza su estructura, profesionalizando su planta y unificando competencias dispersas relacionadas con la pesca, el control ambiental en el mar y el sistema guardacostas.
Así, se fortalecen sus funciones como Policía de Prevención de la Contaminación proveniente de buques, y se precisan sus potestades de investigación y participación internacional.
En cuanto a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la intervención modificó artículos de la ley aprobada en 2005, año en que la fuerza fue trasladada del Ministerio de Defensa al de Seguridad.
Si bien su función principal sigue siendo la protección de aeropuertos y operaciones aeronáuticas, el nuevo texto amplía el alcance operativo para que, a requerimiento del Poder Ejecutivo, pueda cumplir tareas fuera del entorno aeroportuario e intervenir en tareas de seguridad interior, por ejemplo, en otros medios de transporte.
Entre los cambios figura la creación de un escalafón técnico profesional, la inclusión de la figura del cadete, y un sistema disciplinario mejorado, con control externo y un tribunal de disciplina. También se jerarquizan los cargos para equipararlos al resto de las fuerzas.
Finalmente, en el caso de la Gendarmería Nacional Argentina, se derogó la ley sancionada en 1972, y se la remplazó por un nuevo estatuto. El texto eliminó referencias al Ejército Argentino y al Ministerio de Defensa, y las sustituyo por menciones al Ministerio de Seguridad, consolidando así su carácter civil.
Se redujo la estructura organizativa para hacerla más eficiente y se actualizó todo el régimen de personal: jerarquías, incorporaciones, formación, carrera, retiro. Además, se reforzó el control interno, se revisó el sistema disciplinario y se estableció normas orientadas a la lucha contra la corrupción dentro de la fuerza.
Se clasificaron sus funciones en investigación y prevención de delitos dentro de su jurisdicción y se habilitó su participación en misiones internacionales.
En suma, el Gobierno busca un rediseño transversal de las fuerzas de seguridad federales. Lejos de limitarse a ajustes formales, las reformas afectarían desde la estructura jerárquica hasta los regímenes de incorporación, el alcance territorial de sus funciones y la articulación con otras instituciones del Estado.
“La idea de una seguridad pública integrada, con reglas homogéneas para las distintas fuerzas, emerge como uno de los ejes más nítidos del paquete normativo”, explicaron.
