Cabotaje Argentina

Flybondi opera con apenas dos aviones y acumula más de 2.500 vuelos cancelados

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La promesa de democratizar el acceso al transporte aéreo en Argentina atraviesa su momento más crítico. Flybondi, la principal aerolínea low cost del país durante los últimos años, enfrenta una crisis operativa y financiera que amenaza con alterar el equilibrio del mercado aerocomercial argentino. Con apenas dos aeronaves en servicio y una flota mayoritariamente paralizada, la compañía acumula más de 2.500 vuelos cancelados en los últimos doce meses y ya afectó a más de 350.000 pasajeros.

La magnitud del deterioro quedó expuesta en los últimos días cuando la empresa llegó a operar desde el Aeroparque Jorge Newbery con un solo avión activo. Esa situación obligó a realizar apenas cuatro vuelos programados mientras otros doce servicios debieron ser cancelados, profundizando una tendencia que se viene agravando desde fines de 2025.

Los números reflejan una situación inédita para una empresa que llegó a posicionarse como la segunda operadora del mercado doméstico. Según datos relevados por la consultora Adventus, entre junio de 2025 y mayo de 2026 Flybondi canceló más de 2.500 vuelos. A ello se suma un indicador que preocupa tanto a pasajeros como a organismos de control: durante mayo pasado apenas el 26,64% de sus operaciones logró cumplir con los horarios previstos, mientras que el 46,93% de los vuelos programados terminó cancelado.

La comparación con el resto de la industria expone la profundidad de la crisis. Mientras Aerolíneas Argentinas y Jetsmart mantienen niveles de puntualidad cercanos al 90% y tasas de cancelación inferiores al 1%, Flybondi exhibe una brecha operativa que ya no puede explicarse únicamente por problemas coyunturales.

Una flota paralizada por deudas y mantenimiento

El principal cuello de botella se encuentra en la disponibilidad de aeronaves. Actualmente, once aviones permanecen fuera de servicio debido a una combinación de problemas de mantenimiento, incumplimientos en contratos de leasing y deudas con proveedores internacionales.

Fuentes del sector aeronáutico sostienen que algunas de las aeronaves enviadas a México para trabajos de mantenimiento mayor no pudieron regresar al país debido a compromisos financieros impagos que rondarían los 5,5 millones de dólares. La situación redujo drásticamente la capacidad operativa de la compañía y limitó su posibilidad de cumplir con la programación comercial.

El escenario revela un problema más profundo que una simple contingencia técnica. Especialistas del sector estiman que Flybondi necesita una inyección inmediata de al menos 25 millones de dólares para recomponer parcialmente su operación y recuperar parte de la flota inmovilizada. Sin embargo, las dificultades para conseguir nuevos inversores y la pérdida de confianza del mercado complican cualquier proceso de recapitalización.

Un modelo bajo presión

La crisis también pone en discusión algunos aspectos del modelo de negocios que caracterizó a la compañía durante los últimos años. Diversas fuentes del mercado señalan que la empresa continuó comercializando vuelos por encima de su capacidad operativa real, una práctica que le permitía generar ingresos anticipados, pero que terminó multiplicando cancelaciones y reprogramaciones.

El resultado fue un progresivo deterioro de la confianza de los pasajeros. En un sector donde la previsibilidad es un activo fundamental, las reiteradas interrupciones comenzaron a empujar parte de la demanda hacia competidores que ofrecen mayores niveles de cumplimiento.

Para una provincia como Misiones, donde la conectividad aérea resulta estratégica para el turismo, los negocios y la integración con otros centros económicos del país, la situación de Flybondi adquiere una relevancia especial. La compañía había logrado consolidar una participación significativa en rutas federales y en destinos turísticos que dependen fuertemente del transporte aéreo.

El desafío para la ANAC y el mercado

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) ya había detectado señales de alarma durante los últimos meses de 2025. El organismo aplicó sanciones y labró actas por cancelaciones masivas y modificaciones de itinerarios sin notificación adecuada a los pasajeros.

Sin embargo, las medidas regulatorias no lograron revertir una tendencia que continuó profundizándose durante 2026.

El impacto excede a la propia compañía. La pérdida de capacidad de una de las principales operadoras del mercado genera una redistribución forzada de pasajeros, presiona sobre la oferta disponible y modifica el mapa competitivo del cabotaje argentino.

Cambio de conducción y promesas incumplidas

La crisis coincide además con una etapa de cambios internos. A fines de mayo, Mauricio Sana se desvinculó del grupo COC Global Enterprise, controlador de la compañía, luego de más de siete años vinculado al proyecto. Meses antes había dejado la conducción ejecutiva de la aerolínea, siendo reemplazado por Paz Lovisolo, quien actualmente ocupa también la presidencia de la empresa.

El cambio de control accionario había despertado grandes expectativas. Cuando el grupo encabezado por Leonardo Scatturice tomó las riendas de Flybondi en 2025, anunció un ambicioso plan de expansión que contemplaba la incorporación de hasta 35 aeronaves y un crecimiento superior al 230% de la flota en cuatro años.

La realidad terminó siendo muy distinta. Las dificultades para incorporar aviones alquilados, los problemas financieros y la creciente complejidad operativa transformaron aquel plan de expansión en una meta cada vez más lejana.

A ello se sumó una creciente exposición pública del nuevo grupo controlador. Scatturice quedó bajo los reflectores tras diversas controversias mediáticas, entre ellas las versiones vinculadas al ingreso al país de un avión de su propiedad con equipaje que presuntamente no habría sido inspeccionado por la Aduana. Aunque el episodio no derivó en consecuencias judiciales, incrementó la atención sobre el grupo empresario.

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Puertos y navegación: cómo será el nuevo régimen de excepciones a la Ley de Cabotaje

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La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) aprobó un nuevo procedimiento para el otorgamiento de excepciones a la Ley de Cabotaje Nacional, previsto en el artículo 6° del Decreto-Ley N° 19.492/44. La Resolución 41/2025, publicada el 9 de septiembre en el Boletín Oficial, deja sin efecto la Resolución 52/2021 del entonces Ministerio de Transporte y establece un esquema más ágil y transparente para autorizar embarcaciones extranjeras cuando no existan barcos argentinos disponibles.

Con este cambio, el organismo busca atender las necesidades del comercio marítimo y fluvial con mayor previsibilidad y seguridad jurídica, en un contexto en el que el 80% de los pedidos de excepción presentados en 2024 y 2025 no pudieron ser cubiertos por buques de bandera nacional.

El Decreto de Necesidad y Urgencia 3/2025 creó la ANPYN como autoridad portuaria nacional, en reemplazo de la antigua Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Este reordenamiento administrativo otorgó al organismo autarquía y capacidad para actuar tanto en el ámbito del derecho público como privado, bajo la órbita del Ministerio de Economía.

El marco legal de referencia es el Decreto-Ley 19.492/44, que estableció la reserva del cabotaje para embarcaciones de bandera argentina, salvo excepciones en casos de inexistencia de oferta nacional. Desde 2021, esos permisos eran gestionados por la cartera de Transporte, pero las demoras y la baja disponibilidad de barcos con matrícula local evidenciaron la necesidad de un cambio.

En los últimos dos años, sobre 130 publicaciones para cubrir operaciones de cabotaje, solo 23 recibieron ofrecimientos de buques de bandera y apenas 2 resultaron viables, según datos oficiales.

El nuevo procedimiento: digitalización y plazos claros

El Anexo I de la Resolución 41/2025 establece un procedimiento con tres pilares: digitalización de trámites, plazos mínimos y declaraciones juradas de inexistencia de buques disponibles en la matrícula nacionalanexo_7459769_1.

  • Presentación digital: las solicitudes deberán realizarse a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), con un plazo mínimo de 3 días hábiles antes del inicio de la operación.
  • Documentación exigida: se requerirán estatutos del solicitante, matrícula y certificados del buque, seguros (P&I, casco y maquinarias), contrato de servicio (si corresponde) y una declaración jurada sobre la inexistencia de alternativas nacionales.
  • Certificado de Excepción: una vez aprobado, será válido por hasta 180 días y podrá presentarse ante Prefectura Naval, Aduanas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y otros organismos.
  • Prórrogas y renovaciones: los permisos podrán extenderse por razones climáticas o técnico-operativas debidamente justificadas, e incluso renovarse de forma ilimitada siguiendo el mismo procedimiento.

El régimen también fija un control ex post: dentro de los 15 días hábiles posteriores a la operación, el peticionante deberá presentar documentación aduanera y un informe detallado. La falta de cumplimiento podrá derivar en la negativa de futuros permisos.

El Director Ejecutivo de la ANPYN, Iñaki Miguel Arreseygor, subrayó que el nuevo esquema “no busca flexibilizar la normativa, sino adaptarla a la realidad del sector”, garantizando transparencia y eficiencia.

Para las navieras extranjeras y cargadores, el procedimiento abre un canal más ágil para cubrir operaciones críticas de comercio, especialmente en tráficos regionales vinculados a la hidrovía Paraná-Paraguay y el Atlántico sur.

Sin embargo, desde el sector naviero local podrían surgir críticas: la posibilidad de renovar excepciones “de forma ilimitada” genera temores de una mayor extranjerización de los servicios, en detrimento de la flota nacional. El artículo 13 del anexo incluso habilita a los armadores locales a impugnar un certificado si demuestran que cuentan con un buque disponible en las mismas condiciones, lo que anticipa posibles conflictos administrativos y judiciales.

Desafíos y próximos pasos

El nuevo régimen busca equilibrar dos objetivos: preservar la prioridad de la bandera argentina en el cabotaje y, al mismo tiempo, evitar cuellos de botella logísticos por falta de flota nacional.

De cara al futuro, la clave estará en el desarrollo de una política integral para la marina mercante argentina: la agilización de excepciones puede dar previsibilidad a corto plazo, pero no sustituye el desafío estructural de fortalecer la flota de bandera.

La ANPYN queda posicionada como actor central en esa agenda, con capacidad regulatoria y de control sobre un sector clave para la competitividad de las exportaciones, la integración territorial y la soberanía logística del país.

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