sáb. Ene 10th, 2026

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Caputo prometió revisar las multas tributarias del proyecto de Inocencia Fiscal y anticipó cambios en la reglamentación

By Redacción Economis 2 semanas ago
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El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Gobierno introducirá modificaciones en el régimen de multas tributarias previsto en el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. La decisión apunta a corregir desequilibrios detectados en el texto aprobado, que —según advirtieron profesionales del sector— establecía sanciones severas ante incumplimientos formales vinculados a los plazos de presentación de declaraciones juradas. El ajuste se realizará a través de la reglamentación de la norma y busca evitar un impacto negativo sobre el sector privado.

La aclaración llegó luego de una serie de reclamos públicos y del debate generado en torno al alcance de las penalidades previstas. Caputo recurrió a las redes sociales para reconocer la situación y anticipar el nuevo criterio que adoptará la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) al momento de aplicar sanciones.

El origen del conflicto: multas automáticas y reclamos del sector

Tal como fue aprobado en la Cámara Baja, el capítulo de multas tributarias de la Ley de Inocencia Fiscal preveía sanciones inmediatas para los contribuyentes que no cumplieran con los plazos de presentación de la información requerida. Ese esquema generó preocupación entre contadores, tributaristas y actores del sector privado, que advirtieron sobre el riesgo de penalizar de manera desproporcionada incumplimientos meramente formales o retrasos ocasionales.

El planteo central fue que el régimen no distinguía entre conductas reiteradas y demoras puntuales, lo que podía derivar en un aumento de la presión fiscal indirecta en un contexto de elevada carga impositiva y restricciones financieras. En ese marco, los reclamos se trasladaron al ámbito público y forzaron una revisión política del alcance de la iniciativa.

La respuesta oficial: cambios vía reglamentación y nuevo criterio de ARCA

Frente a ese escenario, Caputo confirmó que mantuvo conversaciones con el equipo de ARCA y que la solución llegará a través de la reglamentación de la ley. “Hablé con el equipo de ARCA y van a trabajar en la reglamentación de una solución que irá en el siguiente sentido”, señaló el ministro.

Según explicó, una vez vencido el plazo para presentar la declaración jurada, el organismo recaudador no intimará ni aplicará la multa de manera inmediata. En su lugar, ARCA enviará un recordatorio otorgando un plazo adicional de entre 10 y 15 días hábiles. Recién una vez transcurrido ese período se procederá a la intimación formal y, eventualmente, a la aplicación de la sanción correspondiente.

Caputo remarcó además que ARCA “va a merituar la cantidad de días de demora en la presentación, para aplicar una multa menor, según el caso”, lo que permitirá diferenciar “los incumplimientos frecuentes de aquellos ocasionales” y evitar la aplicación automática de “una medida inflexible”.

Alivio para el sector privado

Desde el punto de vista económico, el cambio de criterio busca reducir el riesgo de que la Ley de Inocencia Fiscal termine funcionando como un factor adicional de presión sobre empresas y contribuyentes, especialmente en un contexto de ajustes y reordenamiento del sistema tributario. En términos institucionales, el anuncio refuerza la idea de que la reglamentación será clave para definir el verdadero alcance de la norma.

El propio Caputo subrayó que la alternativa planteada “va a permitir el cumplimiento de las obligaciones fiscales sin ahogar al sector privado”, una señal política dirigida a recomponer previsibilidad y evitar conflictos con los actores económicos. La discusión ahora se traslada al proceso de reglamentación y al tratamiento pendiente en el Congreso, donde el proyecto aún debe completar su recorrido legislativo.

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Presupuesto 2026: el oficialismo analiza reabrir Diputados a fin de año para reponer artículos clave

By Redacción Economis 3 semanas ago
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Tras el revés sufrido en la Cámara de Diputados, donde la oposición logró voltear un capítulo central del proyecto de Presupuesto 2026, el oficialismo recalibró su estrategia parlamentaria y analiza reabrir el recinto entre el 29 y el 30 de diciembre. El objetivo es avanzar primero con modificaciones en el Senado y luego aceptar esos cambios en Diputados para intentar reponer los artículos rechazados, en particular los vinculados a la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

La definición no depende exclusivamente de La Libertad Avanza (LLA), sino del curso que adopte el debate en la Cámara alta. En ese marco, el oficialismo admite que el desenlace está atado a los acuerdos políticos que se alcancen en el Senado y a la correlación de fuerzas que vuelva a expresarse en una eventual sesión de fin de año.

Estrategia parlamentaria y rol del Senado

Luego de que Diputados rechazara el capítulo 11 del Presupuesto, el oficialismo dejó trascender que buscará modificaciones o leyes específicas para alcanzar los mismos objetivos que estaban concentrados en ese tramo del proyecto. “Se trabajará en modificaciones o nuevas leyes particulares para conseguir los mismos objetivos planteados en ese capítulo”, señalaron fuentes de la bancada oficialista.

El Senado aparece ahora como una pieza clave. Existen dos escenarios posibles: que la Cámara alta apruebe el Presupuesto sin cambios, tal como llegó desde Diputados, lo que convertiría el proyecto en ley; o que introduzca modificaciones, obligando a que el texto vuelva a la Cámara de origen para su revisión. Aunque la comisión de Presupuesto del Senado dictaminó sin incorporar el capítulo rechazado, en el oficialismo reconocen que el recinto podría alterar ese dictamen.

En función de esa incertidumbre, la Presidencia de Diputados y el bloque libertario se preparan para una eventual sesión los días 29 o 30 de diciembre, con el fin de aceptar o rechazar los cambios que pudieran llegar desde el Senado. Sin embargo, aun en ese escenario, no hay garantías de éxito: si se repitiera la paridad de fuerzas de la última sesión, la oposición podría insistir en bloquear el artículo 75, eje de la controversia por las leyes de universidades y Discapacidad.

Negociaciones, errores de diseño y tensiones políticas

En el balance interno, el oficialismo admite que el armado del capítulo 11 fue uno de los principales problemas del debate. Concentrar múltiples medidas sensibles en un solo bloque legislativo terminó condicionando a diputados que, de haberse votado los artículos por separado, podrían haber acompañado algunos puntos y rechazado otros. También reconocen que no aceptar la votación artículo por artículo elevó el costo político de la derrota.

Entre los artículos que el Gobierno considera más factibles de recuperar se encuentran la limitación del régimen de zona fría para usuarios de gas y el fin de la actualización automática de prestaciones de la ANSES, como la AUH, las Asignaciones Familiares y la asignación por embarazo.

La estrategia de incluir la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires como incentivo para sumar apoyos tampoco alcanzó. Esa decisión generó malestar en sectores aliados, en particular dentro del PRO, que acompañó la votación en general pero expresó fuertes críticas por la mezcla de temas en un mismo capítulo. Las tensiones se profundizaron tras conocerse un acuerdo político paralelo para cubrir cargos vacantes en la Auditoría General de la Nación (AGN), lo que deterioró la relación con algunos socios legislativos.

Desde la Presidencia de Diputados minimizaron el conflicto y defendieron el procedimiento: “La Cámara cumplió con su deber tal cual venía siendo reclamado por miembros de la oposición, periodismo y público en general”, señalaron, al tiempo que ratificaron la intención de seguir trabajando con aliados “más allá de discrepancias puntuales”.

La lectura del oficialismo y el impacto político

Pese al traspié puntual, en La Libertad Avanza consideran que el resultado global fue “muy positivo”. Destacan que se obtuvieron los dictámenes necesarios y que se ganaron 19 de 20 votaciones en el recinto. Además, subrayan la sanción de dos leyes clave: Presupuesto e Inocencia Fiscal, y remarcan que el proyecto presupuestario “mantiene la regla de oro que permite asegurar el superávit fiscal”.

Las fuentes oficiales valoran especialmente la media sanción obtenida y aseguran que “los mercados reaccionaron en concordancia”, en alusión a la señal de disciplina fiscal que busca transmitir el Gobierno. Quedó pendiente, en cambio, el tratamiento de la Ley de Compromiso Nacional por el Equilibrio Fiscal y Monetario, que no pudo debatirse debido a la extensión de la sesión y al riesgo de pérdida de quórum cerca de las 4 de la madrugada.

Con el calendario corriendo y el cierre del año como límite político y administrativo, el oficialismo enfrenta ahora una definición contrarreloj. La posibilidad de sesionar entre las fiestas refleja la centralidad que el Gobierno le asigna al Presupuesto 2026 y anticipa un cierre de año legislativo marcado por negociaciones intensas y final abierto.

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Tras el revés en Diputados, el Presupuesto 2026 avanza en el Senado en medio de tensiones

By Redacción Economis 3 semanas ago
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Con los tiempos legislativos al límite y tras el revés sufrido en la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza consiguió dictamen del Presupuesto 2026 en el Senado. El proyecto quedó listo para ser tratado en el recinto en los próximos días, en medio de negociaciones contrarreloj, advertencias de veto presidencial y un clima político enrarecido que condiciona la recta final del año parlamentario.

Luego del debut fallido de las sesiones extraordinarias en Diputados, el oficialismo aceleró en la Cámara alta. Este viernes, los libertarios y sus aliados sellaron el dictamen del Presupuesto 2026 en la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, presidida por Ezequiel Atauche, dejando el texto en condiciones de ser llevado al recinto en un plazo estimado de siete días.

Dictamen exprés tras el revés en Diputados

El Presupuesto 2026 ingresó al Senado el jueves, luego de que en la Cámara baja la oposición lograra un triunfo inesperado: el rechazo del Capítulo XI del proyecto, votado entrada la madrugada. Ese tramo incluía, en su artículo 75, la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, dos normas que el Gobierno considera incompatibles con su objetivo de equilibrio fiscal.

Desde las 10 de la mañana, la comisión recibió a funcionarios del Poder Ejecutivo que defendieron la iniciativa y su consistencia fiscal. Al igual que en Diputados, participaron Carlos Guberman, secretario de Hacienda; Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos; Valeria Sánchez, subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial; y Rodrigo Cabado, subsecretario de Presupuesto.

Tras las exposiciones, el oficialismo avanzó con la firma del dictamen sin modificaciones, replicando el texto aprobado en general por Diputados, pese a las versiones que circularon desde la Casa Rosada sobre la posibilidad de vetar el Presupuesto si se sanciona sin el capítulo rechazado.

Estrategia parlamentaria y negociaciones contrarreloj

Con el calendario en contra, el oficialismo evalúa distintas alternativas legislativas. El 31 de diciembre es la fecha límite: si el Congreso no sanciona el Presupuesto, el presidente Javier Milei deberá reconducirlo por tercer año consecutivo, una situación que el Gobierno busca evitar.

Según trascendió, una de las estrategias es llevar el proyecto al recinto tal como llegó desde Diputados, mientras se negocian cambios con senadores aliados. En ese esquema, el oficialismo apunta a reunir 44 votos, aunque no descarta apoyos puntuales de senadores del interbloque Popular, que conduce José Mayans, donde conviven legisladores cuyos gobernadores mantienen vínculos con la Casa Rosada.

Las negociaciones giran en torno a una posible reincorporación del Capítulo XI, con la duda abierta sobre si incluiría nuevamente el artículo 75. Si el Senado introduce cambios, el proyecto deberá volver a Diputados para su sanción definitiva. Allí, la Cámara baja deberá optar entre insistir con su versión original o aceptar la redacción del Senado. Por ahora, se menciona una sesión tentativa para el 29, mientras que en la Cámara alta se evalúa sesionar el viernes 26.

Qué contenía el Capítulo XI rechazado

El rechazo del Capítulo XI no solo implicó la caída de las derogaciones a las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, sino también de otras disposiciones relevantes desde el punto de vista fiscal e institucional.

Ese tramo del proyecto incluía la derogación del régimen de subsidios para las denominadas zonas frías, la eliminación de la actualización automática por IPC de las asignaciones familiares y, en paralelo, la prórroga de la Emergencia del Hospital Garrahan.

Durante el debate en Diputados, el oficialismo incorporó además dos artículos sensibles: la transferencia del 1,55% de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en línea con lo establecido por la Corte Suprema tras la disputa por los fondos vinculados al traspaso de las fuerzas de seguridad, y un incremento de partidas para el Poder Judicial.

Estos agregados, introducidos en la madrugada, funcionaron como un intento de sumar voluntades y evitar el naufragio del capítulo. La maniobra, sin embargo, no alcanzó: el Capítulo XI fue rechazado y se convirtió en el principal foco de tensión del Presupuesto 2026.

Un clima político enrarecido en la Cámara alta

El avance del Presupuesto se da en un contexto de creciente desconfianza política. A la advertencia presidencial de vetar la ley si no garantiza el equilibrio fiscal, se suma la decisión de Patricia Bullrich de postergar para febrero el debate de la Reforma Laboral, con el objetivo de evitar una eventual derrota parlamentaria.

También pesa en el Senado el malestar de los aliados por la decisión de los Menem de negociar con Unión por la Patria los nombramientos para la Auditoría General de la Nación (AGN) en Diputados, un movimiento que tensó las relaciones internas y condiciona el clima en la Cámara alta.

Con este telón de fondo, el Presupuesto 2026 avanza, pero lo hace en un terreno inestable. La próxima semana será decisiva para definir si el oficialismo logra sancionar la ley, introducir cambios de fondo o enfrentar un nuevo escenario de prórroga presupuestaria.

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Cayó el capítulo fiscal del Presupuesto y desde Casa Rosada advierten que el texto “no sirve”

By Redacción Economis 3 semanas ago
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Presupuesto 2026: el Gobierno advierte que la media sanción “vulnera el déficit cero” y evalúa frenar o vetar el proyecto

El Gobierno nacional considera que el Presupuesto 2026 aprobado en Diputados ya no le sirve porque, tras el rechazo del Capítulo XI, pone en riesgo el objetivo de déficit cero. En la Casa Rosada sostienen que la eliminación de las derogaciones a las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario fuerza al Presidente a administrar un presupuesto sin superávit primario, escenario que el oficialismo califica de inaceptable. Ante ese cuadro, evalúan demorar el envío al Senado, reabrir la discusión o incluso vetar la ley.

El punto de quiebre fiscal: cayó el capítulo clave del Presupuesto

La Libertad Avanza (LLA) obtuvo la media sanción del Presupuesto 2026 en sesiones extraordinarias, con 132 votos afirmativos en la votación general. Sin embargo, el oficialismo no logró sostener el Capítulo XI, considerado central por el Poder Ejecutivo, que incluía la derogación de normas que el Gobierno juzga incompatibles con el ahorro fiscal.

Ese capítulo fue rechazado por 117 votos a favor, 123 en contra y 2 abstenciones, tras una estrategia parlamentaria que buscó votar por capítulos —y no por artículos— para blindar el paquete fiscal. La apuesta no prosperó y dejó al Ejecutivo con un texto que, según fuentes oficiales, “vulnera el déficit cero que justamente queríamos construir con este Presupuesto”.

Para la administración nacional, el debate excede lo técnico: es político y económico. Déficit versus superávit, pasado versus un nuevo esquema de responsabilidad fiscal. En esa lectura, mantener vigentes las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario genera obligaciones de gasto que ponen en riesgo el superávit. Desde la Casa Rosada lo sintetizan con una cifra: “Solo Discapacidad son 5 puntos del PIB”.

Diputados aprobó el Presupuesto 2026, pero rechazó un capítulo clave para el oficialismo

Estrategias en evaluación: demorar, reescribir o vetar

Con el texto que se enviaría al Senado, el Gobierno cree que queda forzado a administrar sin superávit, algo que rechaza de plano. Por eso, en los despachos oficiales se analizan alternativas:

Demorar el envío al Senado y ganar tiempo para intentar un reordenamiento de prioridades legislativas, incluso priorizando la Modernización Laboral.

Reabrir la redacción para reincorporar el Capítulo XI, lo que implicaría que el proyecto vuelva a Diputados, aunque el oficialismo no tiene los números para insistir con su versión.

Vetar el Presupuesto, opción que gana terreno ante los incentivos de los bloques opositores para que la ley salga tal como está.

En paralelo, el Ejecutivo recuerda que, pese a fallos judiciales, no está aplicando fondos de las leyes cuestionadas al amparo de la falta de partidas presupuestarias. “Si se aprueba la ley, ya no hay excusas”, advierten. En ese marco, en el oficialismo ven con mejores ojos sostener en 2026 un manejo discrecional de las partidas por parte de Hacienda: “Va a tener que seguir armando el Excel”, ironizan.

Gobernadores, votos y el nuevo mapa político

El rechazo del capítulo fiscal profundizó tensiones con gobernadores. En el Gobierno señalan a mandatarios de la oposición dialoguista que habían anticipado el voto en contra, entre ellos Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), provincias que recibieron Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Pero el mayor impacto político provino de dos cambios de última hora que sorprendieron a los negociadores oficiales: Rolando Figueroa (Neuquén) y Leandro Zdero (Chaco). En el caso chaqueño, la decisión llamó la atención porque había sido aliado electoral de LLA en octubre; en Neuquén, por una relación previa cordial con los libertarios.

La sesión también marcó un hito institucional: es la primera media sanción presupuestaria que consigue el oficialismo y el debut de la nueva composición de la Cámara, donde LLA cuenta con 95 bancas y es primera minoría. Aun así, el resultado dejó al Gobierno ante una disyuntiva compleja: avanzar con un Presupuesto que no cumple su ancla fiscal o bloquearlo para preservar el mandato de superávit.

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LLA votó con el kirchnerismo los auditores de la AGN y desató una crisis con el PRO

By Redacción Economis 3 semanas ago
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La Libertad Avanza acordó con Unión por la Patria la designación de auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN) y tensionó su alianza con el PRO

En una definición sorpresiva y de alto impacto institucional, La Libertad Avanza (LLA) votó junto a Unión por la Patria (UP) la designación de auditores generales de la Nación correspondientes a la Cámara de Diputados, una decisión adoptada cerca de las 3 de la madrugada y en pleno período de sesiones extraordinarias. La maniobra abrió una fuerte grieta con el PRO y otros aliados parlamentarios, que denunciaron una violación constitucional y anticiparon una judicialización del caso.

Una moción inesperada en la madrugada y la designación de los auditores

Cuando la sesión avanzaba con especulaciones sobre la posibilidad de perder el quórum antes de tratar la denominada “regla fiscal”, el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, presentó de manera inesperada una moción para cubrir las vacantes de la Auditoría General de la Nación (AGN) correspondientes a la Cámara baja.

La propuesta incluyó una terna completa integrada por Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calletti, y desató una inmediata reacción en el recinto. El momento elegido —alrededor de las 3 de la madrugada— y la ausencia del tema en el temario de extraordinarias profundizaron el malestar de la oposición dialoguista.

Tras el debate, se votó a mano alzada el apartamiento del reglamento y la moción fue aprobada con 186 votos afirmativos y 3 abstenciones. A las 3.09, se tomó juramento a los nuevos auditores. En el caso de Pamela Calletti, la Cámara debió habilitar un tramo de homenajes y cuestiones de privilegio hasta su llegada al recinto, jurando finalmente cerca de las 3.45.

Denuncias de inconstitucionalidad y ruptura con los aliados

El jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, encabezó las críticas más duras. Alertó que la votación implicaba una violación del artículo 65 de la Constitución nacional y calificó el procedimiento como un “vicio de incompetencia”. Según sostuvo, la AGN es un órgano extrapoder y su integración no puede tratarse fuera del período ordinario ni incorporarse al temario de extraordinarias por decisión de la Cámara.

“No constituye una cuestión interna del Poder Legislativo, no se puede tratar, es anticonstitucional”, afirmó Ritondo, quien anticipó que el PRO acudirá a la Justicia para impugnar la designación. En un mensaje político directo al oficialismo, remarcó que la decisión “no fortalece el sistema de control, lo debilita” y advirtió sobre la ruptura de compromisos parlamentarios previos.

Las críticas se replicaron desde otros bloques. Romina del Plá cuestionó que la designación no estuviera incluida en la convocatoria del Poder Ejecutivo y denunció la intención de “pagar compromisos asumidos por la ventana”. En el mismo sentido, Miriam Bregman afirmó que el tema no había sido mencionado en la Labor Parlamentaria y calificó la maniobra como “bochornosa” y propia de “la casta”.

Repercusiones políticas y un nuevo frente de conflicto en Diputados

El episodio dejó una señal política clara: LLA avanzó con UP en una votación clave de control institucional, a costa de profundizar la tensión con sus principales aliados parlamentarios. El diputado Pablo Juliano cuestionó el doble estándar en la aplicación del reglamento y anunció el retiro de su bloque, mientras que Maximiliano Ferraro sintetizó el clima del cierre con una frase contundente: “Votando La Libertad Avanza con el kirchnerismo, buenas noches”.

La decisión abre un nuevo frente de conflicto político e institucional en la Cámara de Diputados, con impacto directo en el funcionamiento de la AGN, uno de los principales órganos de control del Estado. Además, anticipa un escenario de litigiosidad judicial y reconfiguración de alianzas en un Congreso atravesado por votaciones ajustadas y negociaciones de alta sensibilidad.

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