La negociación paritaria entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte volvió a fracasar este martes en la Secretaría de Trabajo. El gremio rechazó la propuesta salarial presentada por las empresas, la consideró insuficiente y advirtió que, si no hay acuerdo en la próxima audiencia convocada para el viernes 30 de enero a las 11 horas, anunciará medidas de fuerza. El conflicto se da en un contexto de restricciones financieras del sistema de transporte, debate por subsidios y cambios recientes en la conducción del área laboral.
El salario básico del sector se ubica actualmente en $1.370.000, aunque se compone de distintos adicionales. El reclamo sindical apunta a elevar ese piso por encima de los $1.550.000, mientras que la oferta empresaria, que ronda el 1%, fue descartada de plano por la UTA por no cubrir la pérdida de poder adquisitivo ni la situación económica de los trabajadores.
Un nuevo fracaso paritario y una audiencia clave el 30 de enero
El encuentro desarrollado desde las 14:30 horas constituyó la tercera reunión paritaria entre las partes y concluyó sin avances. Desde la UTA confirmaron que, si bien se postergó un paro inmediato, la tregua está atada al resultado de la próxima audiencia fijada para el viernes 30 de enero a las 11 horas.
En un comunicado difundido tras la reunión, el sindicato advirtió que “resulta imposible pasar por alto que los trabajadores y trabajadoras del transporte automotor de pasajeros atraviesan una situación económica sumamente delicada, con necesidades urgentes e inmediatas de cobertura”, y remarcó que esta realidad “no admite más dilaciones ni respuestas evasivas”.
La organización gremial también cuestionó la postura empresaria al señalar que “las entidades empresarias conocieron el pedido salarial, lo asumieron como viable y manifiestan no acceder al mismo por no contar con los fondos suficientes para hacerle frente”. No obstante, aclararon que, “al solo efecto conciliatorio y en la búsqueda de mantener la paz social”, aceptaron concurrir a una nueva audiencia, aunque dejaron explícito que, de no alcanzarse un acuerdo, “se anunciarán inmediatamente medidas de acción gremial”.
Empresas sin margen financiero y el debate por subsidios y tarifas
Del lado empresario, las cámaras reiteraron que no cuentan con fondos para afrontar el aumento salarial solicitado. Según sostienen, una mejora de ese nivel solo sería posible mediante un incremento de los subsidios al transporte o una actualización de las tarifas, dos variables que dependen de definiciones oficiales.
En la mesa de negociación participaron representantes de la UTA y de las principales cámaras del sector: la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba).
La falta de acuerdo expone la tensión estructural del sistema de transporte de pasajeros, atravesado por costos crecientes, discusión salarial y una fuerte dependencia del esquema de subsidios. En este marco, las empresas advierten que cualquier recomposición salarial sin respaldo financiero pone en riesgo la sostenibilidad operativa del servicio.
Cambios en Trabajo y una negociación bajo presión política e institucional
Las negociaciones se desarrollan, además, en un contexto de cambios recientes en la Secretaría de Trabajo. El pasado miércoles, el arquitecto Fernando Herrmann reemplazó a Luis Pierrini y quedó como la nueva cara visible del organismo en la conducción de las discusiones salariales con los gremios del transporte y en el reclamo empresario por la actualización de subsidios.
Este recambio institucional agrega un componente adicional de expectativa y presión sobre la audiencia del 30 de enero, que aparece como un punto de inflexión. De no destrabarse el conflicto, el anuncio de un paro por parte de la UTA podría afectar de manera directa la movilidad urbana y el funcionamiento cotidiano de millones de usuarios, con impacto económico y social inmediato.
Mientras tanto, el escenario permanece abierto: las empresas sostienen que no tienen margen financiero, el gremio considera insuficiente la oferta del 1%, y el Gobierno deberá arbitrar entre la contención del conflicto, la política de ingresos y la sustentabilidad del sistema de transporte.
