Cambiemos

En el 2017 la inversión en obra pública en Misiones aumentó 41 por ciento

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Conforme un informe preliminar del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a los datos provisorios de la ejecución presupuestaria provincial se estima que el gasto en capital consolidado de Misiones cerrará en 8.408 millones de pesos lo que representa un incremento del 41 por ciento (+2.449 millones) con respecto a 2016, cuando se alcanzaron los 5.959 millones.
La ejecución de la obra pública superó holgadamente la inflación, y se observa que en términos reales (es decir, eliminando el efecto de la inflación), la obra pública creció por encima de 14 por ciento.
Este aumento de la obra pública se observa tanto en aquellas financiadas con rentas generales de la Provincia como aquellas financiadas con recursos federales, de modo que este dato no es menor: la obra pública mejoró su ritmo tanto porque la Nación mejoró el envío de remesas para obras públicas ejecutadas por la Provincia (+43%) como porque también las obras financiadas con rentas generales de la provincia también recibieron más fondos (+39%).
La política de Estado de Misiones se caracteriza por una participación importante en el nivel de gasto de capital. Por ejemplo, en promedio para los últimos cinco años fue equivalente al 24,62 por ciento del total de las erogaciones del presupuesto. Este número supera de manera relevante al promedio de las 24 restantes jurisdicciones en  el periodo comprendido entre el año 2013 al primer semestre de 2017 (último dato publicado por Ministerio de Hacienda de la Nación), que en cuyo caso ese promedio fue solo de 13,33 %.
Partiendo de la premisa que para atraer las inversiones pertinentes para el desarrollo económico sostenido es indispensable generar las condiciones y el ámbito propicio para ello, que consisten en obras de infraestructuras, tales como rutas, escuelas, hospitales, entre otros, Misiones ha sentado las bases de infraestructura necesaria para sostener ese crecimiento.

En lo que respecta a las erogaciones corrientes de la Provincia, la estimación de cierre arroja un incremento del 25 por ciento, lo que representa que en términos reales el gasto de funcionamiento de la Provincia se mantuvo constante debido a la fuerte política de austeridad implementada por el gobernador Hugo Passalacqua, como ser la metodología de racionalización de los recursos humanos con la suspensión de los pases a planta permanente y medidas de contención del gasto, que se ve reflejado en una mejora sustancial en el resultado económico que se estima que será superavitario en un importe cercano a los 2.500 millones de pesos, debido a que los recursos corrientes se incrementaron en un diez por ciento por encima de los gastos corrientes.
Este importante aumento de la ejecución de la obra pública en el año 2017, también se explica por la subejecución presupuestaria del año 2016, provocada por la merma de recursos provinciales, a consecuencia de la estanflación padecida ese año, que implicó menor incremento de gastos corrientes y también de capital.
Si se compara en términos reales (netos de inflación) los incrementos de las erogaciones del año 2017 en capital que fue del 14 % y del gasto corriente que fue del 0,3 %, con respecto a las del 2016, que contemplaron una caída del 50,84 % y del 3 % respectivamente, debido a la contracción del nivel de actividad económica nacional en un 2,3 % que generó una merma en el nivel de recursos que para no afectar el nivel de funcionamiento de los servicios públicos esenciales (seguridad, salud, educación, etc.) se contrajo las erogaciones en obras de infraestructura, que fue agravada en dicha ocasión por las menores transferencias de capital nacional, siendo tal tendencia revertida en el 2017 debido al crecimiento estimado de la economía en un 3 %, al incremento de las transferencias de capital nacional y al incremento del ahorro económico provincial que se trasladó en un aumento de las obras financiadas con rentas generales en 50 puntos porcentuales.

Las condiciones necesarias para la inversión Privada son clave debido a que son el componente predominante de la demanda agregada que se pretende estimular a través de la reforma tributaria nacional y provincial, donde al analizar la evolución de los indicadores económicos en la última década refleja que la Provincia de Misiones en pos de su política misionerista obtuvo un crecimiento por encima de la media nacional en el despacho de cemento, consumo de electricidad, patentamiento de automotores, cantidad de empresas formales y empleo registrado.
Asimismo, tener las cuentas fiscales ordenadas le permitió a Misiones diferenciarse del promedio de las jurisdicciones en el gasto de capital concomitantemente con una política de desendeudamiento en función de la evolución del stock de deuda con respecto a los ingresos fiscales totales con un reducción en 13,4 puntos porcentuales en el 2017 con respecto al 2013 y de 130 puntos porcentuales con respecto al 2005, independientemente del acceso actual al financiamiento con el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en el marco del Acuerdo Nación Provincias del 18 de Mayo de 2016, ambos destinados íntegramente a obras de infraestructura.

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El Gobierno gira $ 460 millones diarios al pago de intereses de la deuda pública

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En los primeros 25 días del año, el Ejecutivo ya giró fondos presupuestarios por $ 30.707 millones a las 27 jurisdicciones que conforman el Estado. Más del 90% correspondieron a transferencias que se realizaron al Ministerio de Trabajo y al Servicio de la Deuda Pública. La cartera que encabeza Jorge Triaca ya recibió $ 16.628 millones, y al programa que se encarga de saldar la deuda directa de la Administración Central, se le asignaron $ 11.502 millones.
 
Los primeros movimientos del año en materia presupuestaria fueron direccionados esencialmente a esas jurisdicciones. En el caso de Trabajo, el despiece es extenso. Dueño del mayor de todos los presupuestos ministeriales, los primeros envíos se dirigieron principalmente a tres programas: $ 10.607 millones a asignaciones familiares, $ 4288 millones a Seguridad Social y organismos descentralizados y $ 769 millones al Plan Progresar. En tanto, a las denominadas actividades centrales del Ministerio se destinaron $ 816 millones.
En el caso del servicio de deuda pública, jurisdicción número 90 que se ocupa de pagar “los intereses y amortizaciones que provienen de deudas contraídas por todas las jurisdicciones que la conforman”, las transferencias corresponden al 2,83% de la previsión anual, estimada en poco más de $ 406.387 millones. Hasta ayer, por cada día de enero, se pagaron $ 460 millones en servicio de deuda pública.
El reparto de los fondos en las otras jurisdicciones fue en dosis diferentes. Por caso, ya se le devengaron $ 851 millones al Poder Judicial, $ 45,75 millones al Poder Legislativo, y $ 15,96 a Presidencia de la Nación. En los judiciales, el Consejo de la Magistratura se llevó la mayor parte de los fondos:

 

$ 835 millones. En el Congreso, Diputados obtuvo $ 18 millones y la de Senadores $ 1,22 millones. En Presidencia, la Sedronar encabeza la lista de los programas a los que más dinero se les giró en estos días: $ 4 millones.
Después de Trabajo, aunque muy lejos, el Ministerio del Interior fue el que más dinero recibió: $ 495,72 millones. Más del 50% se los llevó el programa de recursos hídricos, que se quedó con $ 275,36 millones. Al Registro Nacional de las Personas, por su parte, se le devengaron exactamente $ 63,68 millones.
Sefún datos oficiales del Sitio del Ciudadano, Transporte fue otro de los ministerios con buen ritmo de fondos en este tramo inicial de 2018, con $ 290 millones, casi todo utilizado para la coordinación de políticas del transporte vial. Lo siguió el Ministerio de Educación, con $ 148 millones, de los cuales
$ 102 millones se giraron para el fortalecimiento del sistema edilicio de jardines de infantes.
Luego, en cantidad de fondos, siguió el Ministerio de Desarrollo Social, con $ 84 millones. Abordaje territorial fue el programa predilecto, con $ 41,81 millones, y Economía Social, con $ 10,91 millones, lo siguió.
Seguridad, el ministerio que encabeza Patricia Bullrich, ya recibió $ 67 millones. La Policía Federal Argentina se quedó con
$ 40,57 millones, mientras que Gendarmería Nacional recibió
$ 7,7 millones y Prefectura Naval otros $ 13,94 millones.
Defensa, a cargo de Oscar Aguad, ya tuvo aportes de fondos por $ 65 millones, distribuido principalmente en el Estado Mayor General de la Armada
($ 26,3 millones), Fuerzas Armadas ($ 15 millones) y el Ejército ($ 7,6 millones)-
Al Ministerio de Agroindustria se le asignaron ya $ 38 millones. El Instituto Nacional de Vitivinicultura fue el más favorecido, con
$ 27,6 millones. Cancillería recibió $ 32,93 millones y Producción, por su parte, $ 24,5 millones. A Justicia, en tanto, se le enviaron durante enero poco más de $ 13 millones, mismo monto que el Estado ya le giró a Modernización.

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En 2017 subió más de 70% el pago de intereses por la deuda del Tesoro

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En diciembre de 2017, el déficit primario (antes del pago de intereses) del Sector Público Nacional No Financiero (SPNF) rozó los $120.000 millones. De esta forma, más que duplicó al rojo registrado en igual mes del año pasado. Sin embargo, al considerar los ingresos extraordinarios que habían tenido lugar en ese mes producto del blanqueo de capitales, la profundización del saldo negativo se revierte: excluyendo esta masa de recursos (en torno a $90.000 millones), el rojo del sector público se achicó un 25% i.a. nominal, lo que equivale a un retroceso en torno al 40% i.a. en términos reales.
En este sentido, el buen desempeño de diciembre le volvió a permitir al fisco adelantar subsidios para el año entrante, en la búsqueda por relajar obligaciones futuras: del mismo modo que en el último mes de 2016, el sector público le transfirió alrededor de $30.000 millones a CAMMESA (distribuidora del mercado mayorista de energía), correspondientes al ejercicio siguiente. Por lo tanto, al momento de analizar el neto, estos cambios no tuvieron un impacto significativo.
La mejora en el resultado obedeció a un crecimiento de los ingresos ordinarios (sin contar los fondos extraordinarios del blanqueo) más acelerado que el de los gastos: a la par que los primeros treparon 33% i.a. en la comparación interanual (+5,6% i.a. real), las erogaciones avanzaron menos de un 6% i.a. nominal, lo que arroja una caída del 16% i.a. tras descontar por la inflación. En consecuencia, la profundización de la austeridad del sector público, manifestada mediante el recorte de subsidios (caída del 25% i.a. nominal en el mes) y el crecimiento de la actividad que apuntaló a la recaudación, se tradujeron en una considerable recuperación de las cuentas públicas.
Por su parte, el resultado financiero, es decir, el resultado primario más el pago de intereses, arrojó un déficit $150.000 millones en diciembre, lo que implica un salto del 80% i.a. De modo análogo al caso anterior, descontado el “efecto blanqueo”, el rojo del sector público se redujo un 14% i.a., lo que implica una mejora cercana al 30% i.a. medida en términos reales. Este desenlace tuvo lugar pese a un avance del 25% i.a. en el pago de intereses, los cuales saltaron de $25.000 millones en el último mes de 2016 a $30.500 millones en igual período de 2017. Por lo tanto, y al igual que en el resultado primario, diciembre de 2017 mostró un fortalecimiento en las cuentas públicas en comparación a 2016. Ahora bien, con los datos de 2017 completos, cabe preguntarse si esta dinámica se repitió para el todo el año.
Cumplir la meta primaria no garantiza el éxito
En el acumulado anual, el déficit primario superó los $400.000 millones, trepando un 18% i.a. en comparación a 2016, lo que implica un recorte en torno al 8% i.a. en términos reales. Mejor aún, si aislamos el efecto del blanqueo, se registró un ahorro nominal del 1,1% i.a. en el rojo del sector público nacional, lo que equivale a una merma superior al 20% i.a. una vez descontada la inflación.
Producto del achicamiento real del déficit y de la recuperación de la actividad, el gobierno nacional sobrecumplió la meta fiscal que se había autoimpuesto al comienzo del año: el saldo negativo del SPNF implicó un 3,9% de PBI, cuando la pauta lo autorizaba a estirarse hasta el 4,2%. En la misma línea, el adelantamiento de subsidios del año entrante mencionado en la sección anterior, permitió relajar la meta de este año (déficit de 3,2% del PBI). Para su cumplimiento, el gobierno aguarda que un crecimiento más acelerado de la economía morigere los esfuerzos necesarios por el lado de los gastos a la par que apuntale a la recaudación tributaria.
El resultado exitoso de 2017 obedeció a la buena performance que mostraron los ingresos totales, a la par que la reducción de subsidios atenuó considerablemente la expansión de los egresos.
Por el lado de la recaudación, se registró un avance del 22,5% i.a., que redunda en una caída del 4% i.a. al descontar la inflación. No obstante, al aislar el efecto del blanqueo, este movimiento se revierte: el crecimiento en valores corrientes asciende al 28,5% i.a., lo que se traduce en un incremento en términos constantes cercano al 1% i.a. Al igual que en el caso de diciembre, el repunte de la actividad fue la explicación detrás del avance.
Pasando ahora a las erogaciones, se registró un salto del 22% i.a. en términos nominales (caída del 5% i.a. en Pesos constantes). A contramano de los ingresos, en donde la mayoría de los apartados se movieron de forma homogénea, los distintos componentes del gasto tuvieron un comportamiento dispar: a un salto del 37% i.a. en valores del gasto social (+7,3% i.a. real) y del 25% i.a. en salarios (-2,1% i.a. deflactado), le siguió una caída del 22% i.a. nominal en los subsidios económicos (-38% i.a. real).
Alcanzado este punto, merece la pena destacar que los gastos indexados a la inflación (las jubilaciones, pensiones y programas sociales poseen una fórmula de ajuste automático, a la par que los empleados del sector público no se resignaron a perder poder adquisitivo) fueron los que más crecieron, mientras que aquellos más discrecionales (es decir, las transferencias a las empresas prestadoras de servicios públicos) son los que sufrieron los recortes más pronunciados.
Por último, el gasto de capital mostró dos dinámicas contrapuestas a lo largo del último año: a la par que creció 31% i.a. en valores durante la primera mitad del 2017, manteniéndose prácticamente inalterado en términos reales en relación al primer semestre de 2016, trepó un magro 1% i.a. nominal durante la segunda mitad del último año, cayendo 18% i.a. en términos reales. Como resultado, avanzó 14% i.a. en valores corrientes durante el último año, lo que representa una caída del 10% i.a. deflactada. Nuevamente, y al igual que con los subsidios, el gobierno reposó en los gastos más flexibles y con impacto indirecto sobre la población al momento de acotar el gasto y, así, cumplir la meta fiscal.

Si bien el resultado primario mostró avances en comparación al primer año de gestión de Cambiemos, el saldo financiero exhibió un peor desempeño: producto del esquema de financiamiento del déficit fiscal adoptado (más deuda en lugar de emisión), la cuenta intereses saltó más de 70% i.a. (+35% i.a. real) en el último año, rozando los $225.000 millones. De este modo, el rojo financiero superó el 6% del PBI. En consecuencia, se encienden las primeras señales de alerta: aunque el gobierno pasó exitosamente la prueba de acotar el resultado primario, no logró trasladar estas mejoras hacia el resultado financiero. Peor aún, en este contexto de endeudamiento creciente, los pagos asociados a esta cuenta irán en aumento, ubicándose como el punto flaco del nuevo esquema.
 
Los esfuerzos fiscales continuarán enfocados en el resultado primario
​De cara al 2018, el gobierno luce decidido a dar las batallas necesarias para ordenar las cuentas fiscales primarias: la aprobación de la reforma previsional, tributaria y la firma del pacto fiscal fueron señales claras de que el rojo primario de las arcas públicas constituye una de las principales preocupaciones del poder ejecutivo.
Sin embargo, a la par que se muestra “consternado” por el déficit primario, y dispuesto a asumir los costos políticos necesarios para reducirlo, no pareciera preocuparle el ensanchamiento del pago de intereses; por lo tanto, este punto se convierte en el aspecto pendiente del Palacio de Hacienda. Si bien es comprensible que no se puedan atacar todos los frentes a la vez, la ausencia de metas explícitas en esta arista, junto con un endeudamiento en constante crecimiento, abren interrogantes acerca de qué importancia reviste acotar esta variable para el gobierno.
Por lo tanto, 2017 puede ser un adelantamiento de lo que vendrá: un déficit primario en retroceso, conviviendo con una carga de intereses que se agranda. De este modo, la pregunta se transforma en la siguiente: ¿quién le pondrá el límite al pago de intereses? ¿el gobierno o los inversores?

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El día en el que el FET estuvo a punto de desaparecer

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En medio de la discusión por la ley de Presupuesto y un paquete de normas a pedido del Gobierno, hubo un articulado que estuvo a punto de colarse con enormes daños “colaterales” en Misiones. Sin embargo, sobre la hora, los diputados misioneros lograron frenar el recorte impulsado por la Nación al Fondo Especial del Tabaco.
Entre gallos y medianoche, el Gobierno le había puesto certificado de defunción al FET, con fecha 31 de diciembre de 2022. El objetivo era “eliminar subsidios”, como reconoció públicamente el nuevo ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere.
“Son muchos recursos que se destinan a subsidiar un producto nocivo para la salud”, dijo el ex presidente de la Sociedad Rural.
Fue el diputado nacional Jorge Franco, en conjunto con diputados salteños y jujeños, quienes lograron frenar la poda el 21 de diciembre. Un penal casi sobre la hora. El artículo estaba listo para ser votado e incluido en el diario de sesiones de ese día, cuando el Presupuesto dominaba la atención de la prensa y los diputados.
“Se lo planteamos a Nicolás Massot y Luciano Laspina y aceptaron bajarlo”, recordó Franco. Era más importante conseguir los votos para el presupuesto que la discusión por el Fondo Especial del Tabaco.
La iniciativa no trascendió siquiera a los gobernadores de las provincias tabacaleras, que se enteraron cuando la discusión ya se daba en el recinto. La salvada de los más de dos mil millones previstos para Misiones este año, ocurrió casi a las 4 de la mañana, en plena discusión.
 

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“Triaca debería renunciar”, reclamó Sereno

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Después de escuchar la defensa que hizo el Gobierno de Cambiemos del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, el diputado del Partido Agrario, Martín Sereno, no dudó: “Debería presentar su renuncia”.
Se refería al ministro de Trabajo que echó en medio de insultos a una empleada que tenía en negro y contratada en un sindicato que el Gobierno intervino en nombre de la transparencia.
“Indudablemente que es uno de los peores ministros de Trabajo que ha tenido el país, el peor lejos de los últimos 20 años, un ministro de Trabajo que (como todo el Gobierno, pero agravado por su cargo) defiende la posición empresarial y no la del trabajador. No hay igualdad de derechos entre la patronal y el trabajador y las leyes laborales que son producto de más de cien años de lucha, de  huelgas, de  encarcelamiento, de  muertes y de desapariciones, este Gobierno y con este ministro de Trabajo las quiere eliminar”, argumentó Sereno.
“Claramente Triaca tiene una mentalidad esclavista y de negreo laboral como lo ha demostrado en el episodio conocido con su propia empleada y ese pensamiento (que coincide con el núcleo ideológico del gobierno de Cambiemos) es el que quiere implementar en la legislación nacional.  Por otro lado ataca al sindicalismo tratando de desarticular la legítima defensa de los trabajadores y quizá lo haga basándose en la experiencia familiar, pues su padre desempeño esa función y fue claramente un corrupto y entregador de los trabajadores”, acusó el legislador misionero.
Por contrapartida, Sereno defendió el sindicalismo que defiende los derechos laborales. “No todo los sindicalistas son así, y el sindicalismo es la herramienta de  defensa de los trabajadores y desde una posición de poder puede defenderlos y avanzar en nuevas conquistas”, opinó.
Finalmente, Sereno insistió en que Triaca “debería, como muchos de los ministros de este Gobierno (energía, seguridad, finanzas) presentar su renuncia”.

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