Cambiemos

Insalubridad: mientras en Misiones Cambiemos quiere quitarle el mote a las pasteras, un diputado suyo quiere que la venta de nafta lo sea

Compartí esta noticia !

En medio del fuerte respaldo del Gobierno nacional a la industria forestal, el propio presidente Mauricio Macri insistió en que se derogue la ley de insalubridad que alcanza a la industria celulósica. El Presidente hizo suyo el argumento de los empresarios: “No se puede atraer inversiones a una industria insalubre”.
Sin embargo, un diputado de Cambiemos, en Entre Ríos, presentó un proyecto de ley idéntico, pero para el expendio de combustibles.
Un proyecto de Ley presentado en la Cámara de Diputados de Entre Ríos pide al Poder Ejecutivo que declare insalubre “el trabajo que realizan los expendedores de combustibles líquidos (nafta, gasoil, kerosene, lubricantes y/o sucedáneos) que realizan ventas al público en las estaciones de servicio”.
La iniciativa, que consta de un sólo artículo en el que se pide la declaración de insalubridad, apunta “al bienestar de los trabajadores de bocas de expendio de combustibles líquidos” que, señalan, “ha sido puesto en dudas más de una vez en el país”.
En la fundamentación del proyecto sostienen que “las personas que trabajan en Estaciones de Servicios están en permanente exposición a los combustibles, inhalan sus gases y el contacto en forma permanente y prolongada trae aparejadas consecuencias para la salud”.
“No en vano las aseguradoras de riesgos del trabajo exigen exámenes periódicos al personal de estos establecimientos”, agrega el legislador.
El texto impulsado por el radical –y médico crujano-  Alberto Rotman deja en claro que el conflicto por el resguardo de la salud de los trabajadores de las Estaciones de Servicio no es una problemática local. “Mundialmente se viene sosteniendo que estas tareas traen aparejados problemas generales como estrés, violencia por robos o asaltos, turnos rotativos, peligro por incendios o explosiones, atropellos o golpes por los vehículos de los clientes, exposición a temperaturas y condiciones ambientales cambiantes y, principalmente, la exposición a inhalaciones de gases de la combustión como monóxido de carbono, óxidos de azufre y otros componentes de los hidrocarburos como el benceno, que es cancerígeno”, advierte.
A esas afecciones se suman casos de dermatitis por contacto con los combustibles y lubricantes.
Asimismo, señala que, como no existen insalubridades genéricas por actividad, sino lugares o condiciones de trabajo insalubres así declarados por la autoridad competente, “es importante requerir a la secretaría de Trabajo de la Provincia de Entre Ríos que determine si las tareas descritas son insalubres”.
En efecto, la calificación genérica de una actividad como insalubre debe ir acompañada de una verificación y declaración concreta de la autoridad administrativa acerca de la no salubridad de los lugares o condiciones en las cuales esa actividad se lleva a cabo, dado que así lo exige el artículo 200 de la Ley Contrato de Trabajo, y esta determinación es competencia exclusiva de la administración laboral provincial; en este caso, la secretaría de Trabajo de Entre Ríos.
Rotman finalmente destacó: “si el Ministerio de Medio Ambiente ha entendido que el suelo es afectado por los gases y líquidos que genera la venta de combustibles, no quedan dudas que existen consecuencias sobre el personal que esta diariamente frente al surtidor”.
 

Compartí esta noticia !

Se aceleran los tiempos

Compartí esta noticia !

La decisión de intervenir el partido Justicialista parece haber dado el puntapié inicial a un año político que recién debía amanecer dentro de varios meses. La inexplicable decisión de la jueza María Servini de Cubría, que usa como argumento la “derrota” del peronismo en las últimas dos elecciones, puso en alerta a todo el arco político. Poner a Luis Barrionuevo como garante de la “normalización” institucional del peronismo es una fina ironía: es el mismo Barrionuevo que en 2003, no hace demasiado tiempo, quemaba urnas en Catamarca enojado porque no lo dejaban candidatearse. Antes, claro, acuñó la frase: “Hay que dejar de robar durante dos años”.
Es imposible despegar la movida judicial de una intencionalidad política. Barrionuevo es un massista con partido propio, que vino a excluir a peronistas con partido propio. Para la “normalización” se reunirá con Sergio Massa y Eduardo Duhalde, pero no con el kirchnerismo al que preferentemente, se quiere tener lejos.

Parece una jugada armada para inclinar la cancha hacia un solo lado. Y no es el peronismo. La decisión judicial encendió las alarmas de todos los partidos, que se solidarizaron con el PJ. Incluso los radicales están intranquilos. Saben que son socios de conveniencia pero, más puristas, quieren resguardar la “institucionalidad” para competir en política.
El radicalismo está en Cambiemos por conveniencia y casi no convencido. El gobernador de Mendoza, Gustavo Cornejo se quejó de que en el Gobierno nadie consulta a la UCR y exigió lugares en las fórmulas de 2019. “Están dadas las condiciones para que el radicalismo tenga un mayor protagonismo en la Argentina que viene”, resaltó en su discurso en el Rotary Club en el que advirtió que no acompañarán la reforma laboral que impulsa Cambiemos, aunque reclamó políticas para “despedir con facilidad”.
Como contracara, cada vez que puede el Gobierno muestra su desdén por los socios. Elisa Carrió tiene mucho más peso específico dentro de la alianza gobernante que los socios radicales. La posadeña Aida Ayala, figurita radical de El Chaco y frustrada candidata a gobernadora, llegó al Congreso como parte del “cambio”. Ahora, cuando pidieron su desafuero por supuestos hechos de corrupción, los medios afines al gobierno hablan de “diputada radical”. En las malas, no forma parte.
Ayala está acusada de malversar fondos públicos y de lavado de dinero en operaciones cuando era intendenta de Resistencia. Ahora el Congreso debe votar su desafuero. La última vez que analizaron un caso similar, los legisladores fueron contundentes: si el juez lo pide, hay desafuero. El expulsado fue Julio De Vido.
Aída, como es conocida en Misiones, donde tiene aceitados vínculos con el radicalismo vernáculo y especialmente con el diputado nacional Luis Pastori, celebró en cambio el “apoyo” de sus pares de Cambiemos en el Congreso. ¿Tendrá la misma suerte que De Vido o algunos son más culpables que otros hasta que se demuestre su inocencia?
Hasta ahora Cambiemos protegió a todos sus funcionarios sospechados de alguna irregularidad. Ahora trascendió que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se sumó a la lista de patriotas con dinero afuera. A diferencia de su par de finanzas, Luis Caputo, el ex comentarista de TN habría blanqueado a través de la ley de “sinceramiento fiscal”, la friolera de 20 millones de pesos apenas unos meses antes de asumir como ministro. El Gobierno hizo silencio.
La gestión económica es hoy una preocupación para la administración de Macri. Los números son poco alentadores en materia fiscal y la inflación está lejos de ser domada. Es decir, se flaquea en las dos grandes promesas de campaña. Se festeja que baja el rojo primario, pero como contracara, se disparó el déficit financiero que ya representa el 12 por ciento de los ingresos tributarios.
El rojo primario acumuló $31.000 millones en el primer trimestre de 2018, lo que equivale a 0,3% del PBI, una meta sobrecumplida, que obedece al mayor ritmo de incremento de los ingresos genuinos (+28% i.a., motivado por la expansión de la actividad) frente a un incremento de los gastos (+18,5% i.a.) inferior a la inflación.
La contracción real del gasto primario se explica, principalmente, por la reducción nominal de las erogaciones en subsidios económicos y gastos de capital. Los subsidios económicos cayeron 20 por ciento.
Según datos de la consultora Ecolatina, aunque el Palacio de Hacienda puede mostrar mejoras en el resultado primario, no puede hacer lo mismo en el pago de intereses, que saltó de 29.290 millones en el primer trimestre de 2017 a 60.520 millones de pesos en los primeros tres meses del año (+106,6% i.a.). De hecho, en el primer cuarto de 2017 representaban sólo 0,3% del PBI, mientras que en el acumulado a marzo de este año arrojan un valor de 0,5% del PBI. Asimismo, en relación a los ingresos tributarios, la participación de los intereses pasó de 7% a 12%, respectivamente.
A pesar de las mejoras en el resultado primario, el déficit financiero aumentó 29,6%, al pasar de $70.630 millones en el primer trimestre de 2017 a $91.520 millones en los primeros tres meses de 2018. De este modo, se mantuvo estable en términos del PBI (-0,7%).
En paralelo, la inflación lejos está de ser dominada por el gradualismo. Los datos de marzo volvieron a asustar por el ímpetu de los aumentos: 2,3 por ciento, empujados básicamente por la educación -23 por ciento en el año- y los alimentos. Por regiones, las subas son dispares y en el NEA marcó 2,4. Pero en Posadas, los datos son desalentadores, lo que vuelve a disparar alarmas por las asimetrías.
La sociedad observa que hacen falta mucho más que eslóganes para derrotar a la inflación que corroe el poder adquisitivo. Pasó más de la mitad de mandato y la suba de precios sigue siendo explosiva. Las metas del 15 por ciento ya fueron pulverizadas y se habla de volver a “recalibrar” lo que ya fue mal calculado. Es ese el punto de mayor desencanto con el Gobierno. Incluso por encima de las cuestiones políticas, la desilusión se siente en el bolsillo y los dirigentes de Cambiemos admiten que si no hay un repunte inmediato, será más complejo volver a seducir al electorado.
Algunas encuestas ya comienzan a reflejarlo. Si antes la grieta estaba marcada entre Macri y Cristina, ahora los que desprecian a la ex presidenta se animan a sondear una tercera vía que todavía no es identificada.

En ese escenario, el Presidente necesita más que nunca sostener su gobernabilidad. Por eso se apoya en los gobernadores que le pueden garantizar estabilidad. La relación con Hugo Passalacqua, después de la visita a Misiones, quedó en su mejor momento.
Tanto que hasta en Cambiemos ponen mala cara. Algunos referentes de la alianza, especialmente del radicalismo, preferirían una relación más distante. Sin embargo, la relación institucional es excelente y, al menos en Misiones, la Renovación brinda más garantías que el propio partido. En el radicalismo protestan cada decisión del Gobierno y exigen más espacios de los que está dispuesto a ofrecer el PRO. Esa puja deriva en problemas territoriales que complican las perspectivas para 2019. Hay localidades en las que todavía no han hecho pie y no se conoce ni a sus figuras ni mucho menos, sus propuestas.
Por eso no sorprende que haya casi un acuerdo tácito de buenas ondas entre Macri y Passalacqua. El primero probablemente busque la reelección. El segundo es la garantía de continuidad de un proyecto político que tiene al misionerismo como bandera, pero que no pone palos en la rueda al desempeño nacional.
El misionerismo consolida su rumbo en forma independiente a los vaivenes nacionales. Está claro que las decisiones macro tienen un impacto en el territorio local, pero es desde aquí que se pretende mejorar la propia realidad. Y plantarse cuando se hace necesario, como en la intención del propio Macri de avanzar en la desregulación del mercado yerbatero. Ni siquiera los de Cambiemos –menos los radicales- se animan a suscribir la idea confirmada por Macri y ratificada como parte de la agenda de la próxima reunión de la Mesa de Competitividad, posiblemente a fin de mes.
El Estado está presente –a diferencia de la toma de distancia de la Nación- en buena parte de los eslabones de la economía y realiza aportes cuando hay que inyectar dosis de optimismo a las áreas más complejas.
Asumió una deuda financiera para desarrollar la construcción de viviendas de madera en el Parque Industrial de Posadas. Ahora Passalacqua cerró un acuerdo con la empresa Bioars que fabricará en Misiones reactivos para diagnóstico médico.
El presidente de Bioars, Giampaolo Scarton explicó que “se seleccionó Misiones por la ubicación geográfica, por la cercanía de otros países limítrofes. Además, por las condiciones de calidad de vida y la tranquilidad a la que pueden acceder los empleados; este factor hace que se logre mayor productividad y por ende, rentabilidad”.
Passalacqua quiere sumar la pata industrial a la mesa de la economía misionera, que tiene como puntales a la forestación, la agricultura y el turismo.
La naturaleza es un activo valioso para la economía que no tiene techo. Misiones alcanzó durante el verano un promedio de cinco noches de pernocte, lo que alienta a ir por más. Aunque los turistas que llegaron gastaron menos en comparación con 2016, el mayor número de visitantes y la mayor cantidad de noches alojadas, derivó en un gasto total de 7.080.935.400 pesos, contra los 5.856.345.600 de 2016.
Se necesitan inversiones en hotelería y servicios, pero el turismo es hoy el 7,5 por ciento del PBG misionero con más de once mil puestos de trabajo registrados -10 por ciento del total provincial-. En los últimos once años, la actividad creció 560,5 por ciento y si todas las rutas aéreas solicitadas operan, se estima un total de 1.600.000 movimientos de pasajeros, que representaría un incremento del 32% y un total de 15.000 movilizaciones de aeronaves, que representaría un incremento del 16%.
La relevancia del turismo está dada por el nivel de las visitas. Este sábado estuvo en las Cataratas del Iguazú el CEO de la Organización Mundial de Turismo, Zurab Pololikashvili, quien llegó con el Ministro de Turismo de la Nación Gustavo Santos. Luego Passalacqua recibió a empresarios del grupo inversor francés Huttopia, interesados en invertir en distintos puntos del territorio provincial.
Misiones necesita potenciar las inversiones para poder competir en mejores condiciones con las fronteras de Brasil y Paraguay. Es nuevamente el Estado provincial el que toma la posta para defender al comercio y las empresas afectados por las asimetrías y nuevamente se planteará el reclamo de la reglamentación del artículo 10 de la ley Pymes, esta vez con dos o tres puntos unificados. Incentivar el consumo local y conseguir una rebaja de las contribuciones patronales están entre las prioridades.
No hay en esa defensa una especulación electoral. El sector empresario es el que más apoyo le ha dado a Cambiemos en las últimas elecciones, pero es el más perjudicado por algunas de sus decisiones. Lo que se cuida, en el fondo, es el empleo local, que no admite jugadas políticas.
El conductor de la Renovación, Carlos Rovira es uno de los que gusta de evitar la especulación política. Esta semana dio una muestra: en medio del debate por la despenalización del aborto, el presidente de la Legislatura pidió declarar en Misiones un beneplácito por las manifestaciones a favor de la vida.

Compartí esta noticia !

Corrupción en Corrientes: dos escribanas van a juicio en una causa en la que está denunciado el exgobernador Colombi

Compartí esta noticia !

Dos escribanas irán a juicio oral  en Corrientes acusadas de realizar de manera irregular los  trámites de dos propiedades que el exgobernador de la provincia, Ricardo Colombi, habría recibido como donación cuando era  diputado nacional por la UCR en 2006.
En tanto el exmandatario sigue sin ser investigado por el  hecho denunciado penalmente en 2008, pese a que está acusado en  el expediente por los delitos de evasión fiscal agravada y enriquecimiento ilícito.
La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes rechazó el viernes un recurso de queja que habían promovido las profesionales denunciadas por actuar en supuesta complicidad con un empleado del PAMI que le donó dos viviendas privadas al entonces diputado Colombi, informaron fuentes judiciales.
El fallo, al que tuvo acceso Noticias Argentinas, dejó firme la elevación a juicio oral de la causa contra escribanas correntinas Roxana Cabral y Dionisia Báez por el supuesto delito de falsedad ideológica, que establece una pena de uno a seis años de prisión; ahora el Tribunal Federal deberá disponer la fecha de inicio del debate.
La Justicia las acusa de haber realizado de manera irregular los trámites de donación de las casas para Colombi, quien ese momento no podía recibir legalmente dicho beneficio por ser diputado de la Nación.
El artículo 18 de la Ley de Ética Pública establece que “los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones”.
El envío a juicio de las dos escribanas que hicieron las escrituras abrió el interrogante de por qué no es investigado también el exmandatario si es que en el mismo hecho hubo comisión de delitos vinculados a la falsedad ideológica en un caso de presunta evasión fiscal y enriquecimiento ilícito.
El caso es conocido en Corrientes como “casitas regaladas” por viviendas que están ubicadas en zona céntrica de la Capital provincial, en los barrios Libertad y Cambá Cuá; según fuentes judiciales, actualmente esas propiedades sumarían un valor superior a los 14 millones de pesos.
Ricardo Colombi, que fue tres veces gobernador de la Provincia, está denunciado desde hace más de nueve años por ese hecho en el Juzgado Federal de Paso de los Libres, que hasta el momento no abrió ninguna investigación para determinar si el entonces diputado nacional cometió los delitos de evasión fiscal agravada y se enriqueció de manera ilícita por la donación de las casas.
En ese sentido, el fiscal federal, Carlos Shaefer, le solicitó en marzo pasado a la jueza de Paso de los Libres, Cristina Pozzer, que revoque una resolución que pretende pasar al caso a la Justicia provincial por supuesta incompetencia.
El fiscal Shaefer consideró que se trata de delitos federales los que fueron denunciados y que, además, Colombi era legislador de la Nación, por lo que “de ningún modo” puede el caso pasar a una instancia provincial de la Justicia ordinaria.
La demora de la Justicia federal correntino para investigar a Colombi hizo que hasta el momento el exgobernador ni siquiera fuera citado a declaración indagatoria, a la vez que tampoco se determinó si puede ser procesado o sobreseídos por la existencia o no delitos.
Fuente NoticiasArgentinas

Compartí esta noticia !

Cambiemos presentó un proyecto para expropiar tierras y urbanizar barrios populares

Compartí esta noticia !

Los diputados Negri, Massot y Carrió presentaron una iniciativa para dar sustento al plan que quiere comenzar a implementar el Gobierno nacional
Los presidentes de las bancadas que integran el interbloque Cambiemos, Mario Negri (UCR), Nicolás Massot (Pro) y Elisa Carrió (Coalición Cívica) presentaron un proyecto de ley de “Régimen de integración socio urbana y regularización dominial”, consensuado con el Poder Ejecutivo Nacional, por el cual se dispone la utilidad pública y la expropiación de las tierras donde se levantan 4.228 barrios precarios en todo el país, con el objetivo de darles el título de propiedad a sus habitantes.
“Estamos dando un paso clave en la principal política que tiene el Gobierno, que es la lucha contra la pobreza. La aplicación de esta ley conllevará el esfuerzo de Nación, provincias y municipios y esto se traducirá en más y mejor federalismo. Estamos caminando hacia una Argentina con más igualdad”, celebró Mario Negri, presidente del interbloque Cambiemos.
El proyecto
“Declárese de interés público el régimen de integración socio urbana de los Barrios Populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) creado por Decreto 358/2017. Entiéndase por ´Barrio Popular´ a aquel con las características definidas en el Capítulo XI del Decreto N° 2670 del 1° de diciembre de 2015”, dice el artículo 1.
La iniciativa oficialista sostiene que sólo serán alcanzados los barrios ya relevados e identificados: “La declaración de utilidad pública aplica exclusivamente sobre los bienes inmuebles en los que se encuentran asentados barrios populares debidamente relevados e identificados en el RENABAP a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y cuya propiedad no sea del Estado Nacional”.
El proyecto plantea que será la Agencia de Administración de Bienes del Estado quien actuará como Sujeto Expropiante, la cual “individualizará los bienes inmuebles a expropiar incluidos en el RENABAP, utilizando la totalidad de la información existente, así como aquella que pudiera obtener con el objeto de la mejor identificación de los bienes inmuebles sujetos a expropiación”.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado deberá, además de identificar los inmuebles sujetos a expropiación, promover el avenimiento con los titulares de registro de los bienes inmuebles sujetos a expropiación. “A tal efecto, la reglamentación fijará un plazo perentorio para acordarlas, que no podrá exceder de 60 días hábiles contados a partir de la notificación al expropiado de la respectiva tasación por parte del Tribunal de Tasaciones de la Nación. En caso de falta de avenimiento, la Agencia de Administración de Bienes del Estado deberá iniciar la acción judicial de expropiación prevista en el art. 18 de la Ley N° 21.499, dentro de los 90 días hábiles de fracasada la etapa de avenimiento, o desde el vencimiento del plazo previsto en el precedente, lo que ocurra primero”.
Por otro lado, la misma Agencia y el Ministerio de Desarrollo Social deberán celebrar acuerdos con las Provincias, Municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de transferir aquellos bienes inmuebles de titularidad de los mismos, que formen parte de los bienes inmuebles sujetos a expropiación.
“En caso de falta de acuerdo, el PEN estará facultado a proceder al mecanismo de expropiación previsto en la presente ley, abonando los montos que determine el Tribunal de Tasaciones de la Nación”, dice el proyecto.
El artículo 10 plantea: “Todos los gastos que se deriven de cada uno de los convenios firmados para el cumplimiento de la presente ley, serán afrontados en partes iguales por las jurisdicciones firmantes”. Pero, además, el artículo 11 autoriza al PEN a la creación de un Fideicomiso “con el objeto de financiar la totalidad de las actividades que resulten necesarias para llevar adelante el objeto de la presente ley.
El fideicomiso estará facultado para mantener la propiedad fiduciaria de la totalidad de los inmuebles identificados en el RENABAP, incluyendo aquellos de propiedad del Estado Nacional, Provincial o Municipal, como los que se incorporen como consecuencia de su expropiación, con el objeto de afectarlos al régimen de integración socio urbana y regularización dominial que se establece en la presente ley.

Compartí esta noticia !

Piden el desafuero y detención de la diputada oficialista Aída Ayala

Compartí esta noticia !

El fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, solicitó el desafuero y posterior detención de la diputada nacional por Cambiemos, Aída Ayala, acusada de ser la presunta jefa de una asociación ilícita dedicada a la malversación de fondos y lavado de dinero -entre otros ilícitos- mientras se desempeñaba como intendenta de la capital del Chaco. La solicitud debe ser autorizada por la jueza Federal, Zunilda Niremperger.
El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, pidió el desafuero y detención de la diputada nacional radical Aída Ayala, a quien se acusa de ser la presunta jefa de una asociación ilícita dedicada a la malversación de fondos y lavado de dinero -entre otros ilícitos- mientras se desempeñaba como intendenta de la capital del Chaco. La solicitud ahora debe ser autorizada por la jueza Federal, Zunilda Niremperger.
El dictamen de Sabadini acusa a la legisladora nacional de Cambiemos por los delitos de lavado de dinero, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito, entre otros, en el marco de la causa PIMP SA, empresa a cargo de la recolección de residuos.
Según recuerda el sitio Chaco Día por Día, en esta causa están actualmente detenidos el sindicalista Jacinto Sampayo; su hijo, Facundo, y los empresarios Carlos Huidobro y Alejandro Fischer.
Sabadini acusó a Ayala de lavado de dinero agravado por habitualidad y ser miembro de una banda. En cuanto a los denominados “delitos precedentes” (al lavado de activos), el fiscal la señaló por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, ser presunta jefa de una asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Teniendo en cuenta los fueros que detenta Ayala como diputada nacional, la jueza Niremperger solicitó a la Cámara de Diputados de la Nación que inicie el proceso de desafuero para posibilitar su detención.
Aída Ayala fue intendenta de Resistencia, candidata a gobernadora del Chaco y fue electa diputada nacional de Cambiemos en las elecciones de 2015. En la actualidad preside la Comisión de Economías Regionales.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin