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El ministro Safrán defendió los bonos verdes de Misiones y respondió a las críticas del diputado Núñez

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El titular de Hacienda, Adolfo Safrán, explicó en “El Show de los Impactos” cómo funciona el programa que certificó casi 11 millones de créditos de carbono por reducir la deforestación y aclaró que los productores privados sí participan y reciben fondos.

El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, salió a responder con dureza a las declaraciones del diputado Miguel Núñez, quien había calificado de “farsa” el programa de bonos verdes provincial. En diálogo con “El Show de los Impactos”, por FM Show, el funcionario se mostró indignado y sostuvo que el legislador “tergiversó totalmente” lo que significa la iniciativa.

“Más que caliente estoy un poquito indignado”, admitió Safrán, y recurrió a una frase de un viejo profesor de la facultad para describir las afirmaciones de Núñez: dijo que el diputado cometió “una barrabasada”, con errores que, según consideró, podrían ser involuntarios o adrede.

Qué es el programa y por qué es inédito

Safrán explicó que Misiones es la primera provincia del mundo en salir con un programa jurisdiccional de este tipo, que no implica vender la selva, sino que reconoce la reducción de la deforestación. Según detalló, se trata de un programa JNR que premia a una jurisdicción —o a un privado— por bajar la tasa de desmonte.

El ministro aportó las cifras centrales: la provincia demostró que entre 2017 y 2022 redujo la deforestación de 20.500 hectáreas por año a 5.400 hectáreas por año. Ese esfuerzo, indicó, el mundo lo reconoce con créditos de carbono, donde cada crédito equivale a una tonelada de dióxido de carbono capturada del medio ambiente al reducir la deforestación.

La certificación estuvo a cargo de Verra, una certificadora internacional que, según comparó Safrán, cumple en los créditos de carbono un rol similar al de las calificadoras de riesgo crediticio en los bonos de deuda. El funcionario precisó que hace dos semanas, un martes, se certificaron 10.914.085 créditos de carbono emitidos entre 2017 y 2022. Consultado por las opciones disponibles, aclaró que existen dos certificadoras —Verra y Gold Standard— y que Misiones eligió la primera por el tipo de certificación buscada.

Los privados sí participan, según el ministro

Uno de los puntos centrales de la respuesta de Safrán apuntó a la afirmación de que el productor privado quedaría afuera del beneficio. El ministro lo negó de plano: sostuvo que el programa cuenta con privados y empresas de primera línea que participan, aunque aclaró que no puede nombrarlos por cuestiones legales.

Explicó que el esquema puede desarrollarse bajo tres escenarios y que la provincia eligió el escenario dos, donde pueden participar tanto la provincia como los propietarios privados. Según detalló, un pequeño propietario que tenga selva nativa mapeada como tal puede inscribirse a través de la página oficial del programa, que nació en 2021 y que durante cinco años incluyó talleres de capacitación y difusión en toda la zona de selva misionera.

El funcionario también señaló que el privado que no quiera sumarse al programa provincial puede hacer su propio proyecto —lo que llamó “anidamiento”—, aunque advirtió que eso tiene un costo, algo difícil de afrontar para un pequeño productor.
Cómo se reparten los fondos

Sobre el destino del dinero, Safrán aclaró otro de los señalamientos de Núñez: como los certificados se emitieron hace apenas dos semanas y todavía no se vendieron los créditos, los fondos aún no están disponibles. El trabajo, recordó, llevó cinco años, y Misiones fue la única provincia que llegó a la meta de emisiones.

El ministro detalló que el producto de la venta se distribuirá en tres cuentas. Un 40% irá al Ministerio de Ecología para reforzar el control de la tala ilegal, la invasión de la frontera agrícola y el trabajo de los guardaparques. Un 30% irá a la cuenta dos, destinada a los privados que forman parte del programa. Y el 30% restante irá a la cuenta uno, para proyectos vinculados a reducir la deforestación. “Vuelve justamente al sector privado”, remarcó, al señalar que los fondos no quedan para el Estado provincial.

Safrán afirmó que el programa reconoció el trabajo sobre 1.500.000 hectáreas, casi la mitad del territorio misionero, donde hay selva nativa.

El debate de fondo: frontera agrícola y producción

Durante la entrevista, el conductor planteó la tensión que viven muchos pequeños productores misioneros, que deben decidir entre mantener una franja de monte nativo en pie o destinar esa tierra a producir, en una provincia que no es autosuficiente en producción alimentaria. La pregunta fue directa: cuál es el beneficio concreto para quien conservó el cedro, el lapacho o el pino Paraná.

Safrán respondió que el programa fue pensado como un esquema de “ganar, ganar”, que reconoce al privado el esfuerzo de cuidar la selva nativa durante años. También se planteó en el aire la necesidad de que Ecología difunda mejor la posibilidad de inscribir las franjas de monte nativo, ya que —coincidieron— falta difusión y mucha gente desconoce el programa.

El ministro aprovechó además para corregir una idea que circuló: aclaró que el programa no premia la generación de oxígeno del bosque implantado por sobre el nativo, sino la preservación de la masa selvática natural de Misiones y la reducción de la deforestación.

Cómo y cuándo se venderán los bonos

Consultado sobre la colocación, Safrán explicó que la empresa que acompañó el proceso es Mercuria, una compañía suiza, y aclaró —marcando otro error atribuido a Núñez— que el empresario Manzano no es socio de Mercuria. Contó que en 2021 las primeras gestiones fueron con la inglesa BP (British Petroleum), pero al ver que el proceso avanzaba muy lento, se contactaron con Mercuria, con quien trabajaron los últimos cinco años.

Según el convenio, Mercuria les compra el 80% de los créditos a valor de mercado, mientras que el 20% restante puede venderse a quien la provincia quiera. Safrán precisó que desde octubre gestionan con la Cancillería de Nación para que estos créditos se contabilicen en el NDC —Contribución Determinada a Nivel Nacional-, lo que permitiría salir del mercado voluntario al mercado regulado, donde el valor es mucho mayor.

En cuanto a los montos, el ministro estimó que en el mercado voluntario cada crédito ronda los 5 dólares, lo que sobre 10 millones de créditos representa una cifra significativa. En el mercado regulado, en cambio, cada crédito podría valer entre 30, 40 y 50 dólares, según dónde se logre colocar.

Safrán agregó que los créditos fueron muy bien calificados por la consultora Sinergia, una calificación vinculada al trabajo social realizado con la comunidad, los privados y las comunidades aborígenes, y al compromiso de la provincia de seguir reduciendo la deforestación a futuro. Sin ese compromiso provincial, advirtió, los créditos no tendrían valor.

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El oficialismo acelera la adhesión al sistema internacional de patentes

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El oficialismo intentará avanzar este martes con el dictamen del proyecto de adhesión argentina al sistema internacional de patentes, una iniciativa que combina compromisos internacionales, presión empresarial cruzada y una discusión sensible sobre el acceso a medicamentos y la protección de la industria nacional.

El plenario conjunto de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Industria y Legislación General fue convocado para las 15 con el objetivo de dejar lista la iniciativa para una eventual sesión de la Cámara de Diputados prevista para el 20 de mayo. El proyecto forma parte de una agenda legislativa que también incluiría la denominada Ley de Hojarasca y la readecuación del régimen de zona fría para usuarios de gas.

La discusión gira en torno a la adhesión argentina al PCT (Patent Cooperation Treaty), un sistema internacional al que ya adhieren cerca de 150 países y que permite simplificar el registro de patentes mediante un único trámite internacional. Para el Gobierno nacional, el ingreso al esquema representa una señal de alineamiento regulatorio y apertura económica en el marco de los acuerdos comerciales recíprocos firmados meses atrás con Estados Unidos.

El cambio político que destrabó el expediente

El proyecto había quedado listo para ser dictaminado el 14 de abril, luego de la intervención de la Secretaría de Desregulación de la Nación. Sin embargo, el tratamiento se frenó por la reacción de la industria farmacéutica local frente a uno de los capítulos del texto.

Según lo informado, la versión original dejaba a los laboratorios nacionales en una situación de mayor vulnerabilidad frente a compañías multinacionales, especialmente estadounidenses. Esa situación activó el lobby de las cámaras empresariales locales, principalmente CILFA y COOPERALA, que reclamaron mantener bajo reserva parte del tratado vinculada a instrumentos técnicos y mecanismos de patentamiento de medicamentos.

En paralelo, la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) presionó para sostener la redacción original, en línea con el texto aprobado por el Senado en 1998, con el objetivo de preservar los intereses de las farmacéuticas norteamericanas.

La disputa dejó expuesta una tensión habitual en la política económica argentina: la necesidad de avanzar en compromisos de integración internacional sin desarticular sectores industriales locales considerados estratégicos.

De acuerdo con lo trascendido, representantes de AmCham se comunicaron con la titular de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, Juliana Santillán, aunque finalmente no lograron revertir los cambios impulsados por el sector farmacéutico local.

Qué cambia con la adhesión al PCT

El sistema internacional de cooperación en patentes permite centralizar trámites y facilitar la protección de desarrollos tecnológicos en múltiples mercados. Para investigadores y empresas argentinas, el esquema abre la posibilidad de registrar innovaciones con menos costos administrativos y mayor alcance internacional.

Pero el debate excede la cuestión técnica. El punto más sensible está vinculado al negocio farmacéutico y al eventual impacto sobre la producción de medicamentos genéricos.

La preocupación de los laboratorios nacionales radica en que una mayor facilidad para patentar medicamentos por parte de empresas extranjeras podría retrasar o limitar la fabricación local de genéricos, que suelen comercializarse a valores más bajos. Según el planteo de las cámaras empresariales argentinas, eso podría trasladar costos al sistema sanitario y encarecer el acceso a medicamentos.

Frente a esa presión, el Gobierno resolvió finalmente dejar bajo reserva el capítulo II del tratado. De esa manera, Argentina avanzaría con la adhesión al sistema internacional, pero manteniendo control local sobre determinadas herramientas de evaluación técnica y patentamiento farmacéutico.

La negociación con Estados Unidos y los tiempos que se vencieron

El expediente también quedó atravesado por los compromisos asumidos por el Gobierno argentino ante Estados Unidos. El objetivo original era que la ley estuviera aprobada antes del 30 de abril, plazo que formaba parte de los entendimientos comerciales recíprocos firmados meses atrás.

Sin embargo, la negociación interna y la presión cruzada entre laboratorios nacionales y multinacionales terminaron demorando el proceso. Con los tiempos vencidos, la eventual entrada en vigor de la norma recién podría concretarse hacia fines de mayo, siempre que el proyecto logre superar el trámite en Diputados y luego en el Senado.

La secuencia revela una dinámica cada vez más visible en el Congreso: reformas impulsadas por el Ejecutivo que avanzan condicionadas por disputas sectoriales y negociaciones empresariales de alta intensidad.

Impacto económico y lectura industrial

Aunque el proyecto tiene una dimensión diplomática y regulatoria, el trasfondo es económico. El régimen de patentes afecta directamente la estructura de costos del sistema farmacéutico y el posicionamiento competitivo de la industria nacional.

La definición del Gobierno de mantener bajo reserva parte del tratado puede leerse como un intento de equilibrio entre dos objetivos: sostener la agenda de apertura y alineamiento internacional sin exponer completamente a los laboratorios locales frente a actores globales con mayor capacidad financiera y tecnológica.

En términos productivos, el debate también involucra a provincias con presencia industrial vinculada a la salud, distribución farmacéutica y cadenas comerciales regionales. Aunque el texto no menciona impactos específicos sobre Misiones o el NEA, el eventual encarecimiento de medicamentos podría tener efectos indirectos sobre sistemas provinciales de salud y consumo familiar en regiones con menor capacidad adquisitiva relativa.

El oficialismo buscará ahora transformar el acuerdo político alcanzado en mayoría legislativa. Pero el debate sobre propiedad intelectual, producción local y acceso a medicamentos difícilmente quede cerrado con la votación parlamentaria.

La evolución de los costos farmacéuticos, la reacción de los laboratorios nacionales y el alcance efectivo de las reservas introducidas al tratado serán algunas de las variables que el mercado y el sistema político seguirán de cerca en las próximas semanas.

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Tras la cumbre Milei-Kast, Cancillería publicó un comunicado con eje en el reclamo por Malvinas

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Argentina y Chile relanzan su alianza estratégica con foco en seguridad, comercio y Malvinas. Un movimiento político con múltiples capas

El 6 de abril de 2026, en la Casa Rosada, los presidentes Javier Milei y José Antonio Kast sellaron un entendimiento político que busca reordenar la relación entre Argentina y Chile en clave estratégica. El comunicado conjunto de sus cancilleres no sólo confirma coincidencias, sino que fija prioridades concretas: seguridad pública, conectividad fronteriza, comercio bilateral y coordinación en foros sensibles como la cuestión Malvinas.

El dato central no es la reunión en sí, sino el intento de institucionalizar una agenda con impacto real. Ambos gobiernos decidieron activar mecanismos bilaterales específicos —incluyendo instancias 2+2 entre cancilleres y ministros de Defensa— para traducir la sintonía política en decisiones operativas. En un contexto regional fragmentado, el gesto apunta a consolidar un eje de coordinación que excede lo diplomático.

Seguridad, frontera y comercio: de la retórica a la implementación

El documento pone el foco en la seguridad pública como primer vector de cooperación. La prioridad: combatir el crimen organizado transnacional mediante intercambio de información, desarrollo de capacidades y coordinación institucional. No es un enunciado abstracto. Implica, en términos concretos, mayor interoperabilidad entre agencias estatales y un rediseño de los canales de inteligencia compartida.

En paralelo, aparece un segundo eje con impacto económico directo: la modernización de los pasos fronterizos. La digitalización de controles, la simplificación de procedimientos y la coordinación entre autoridades buscan reducir tiempos de espera y costos logísticos. La apuesta es clara: transformar la frontera en un activo competitivo y no en una barrera.

Este punto conecta con una ambición mayor. Ambos gobiernos plantean posicionarse como plataforma de articulación en América del Sur hacia mercados globales. Para eso, acordaron avanzar en rutas y corredores binacionales prioritarios, una señal hacia el sector privado y hacia potenciales inversores.

Malvinas y Antártida: señales en el tablero geopolítico

El respaldo explícito de Chile a la posición argentina sobre las Islas Malvinas introduce una dimensión política más sensible. No modifica el statu quo, pero refuerza la estrategia diplomática argentina al sumar apoyo en un tema históricamente relevante. Al mismo tiempo, ambos países coincidieron en la necesidad de reactivar negociaciones con el Reino Unido bajo marcos multilaterales.

En el plano antártico, la reafirmación del compromiso conjunto dentro del Sistema del Tratado Antártico sugiere continuidad, pero también coordinación estratégica en un territorio donde los intereses globales crecen. La combinación Malvinas–Antártida no es casual: articula soberanía, recursos y proyección internacional.

Inversiones y matriz productiva: el trasfondo económico

La agenda económica no se limita al comercio. El comunicado introduce un enfoque más amplio: atraer inversiones recíprocas y externas, integrar cadenas productivas y avanzar en complementariedad energética y minera. Aquí aparece un dato relevante: la referencia explícita a acuerdos vigentes como el ACE 35 y los marcos de integración minera.

La señal es doble. Por un lado, se busca dar previsibilidad a los actores económicos. Por otro, se intenta acelerar proyectos conjuntos que requieren coordinación regulatoria y política. En un escenario de restricciones fiscales y necesidad de divisas, la dimensión económica de la alianza cobra peso propio.

El entendimiento fortalece a ambos gobiernos en términos de política exterior. Les permite mostrar capacidad de coordinación regional y una agenda proactiva. También ordena internamente a sus cancillerías, que pasan de la declaración a la ejecución.

Sin embargo, la clave estará en la implementación. La convocatoria a mecanismos como el COMPERSEG, la Comisión Binacional de Comercio y la Comisión Antártica no garantiza resultados por sí sola. La experiencia indica que estos espacios pueden diluirse sin presión política sostenida.

Entre la estrategia y la prueba de gestión

El movimiento abre un escenario que todavía está en construcción. La pregunta no es si existe voluntad política —eso ya quedó explicitado— sino si esa voluntad logrará traducirse en medidas concretas en el corto plazo.

En las próximas semanas, habrá que observar tres variables: el avance real en la modernización fronteriza, la activación efectiva de los mecanismos bilaterales y la reacción de otros actores regionales ante este acercamiento.

Más que un punto de llegada, el acuerdo parece un punto de partida. Y, como suele ocurrir en política exterior, el margen entre la ambición y la ejecución definirá su verdadero alcance.

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Argentina expulsa a diplomático iraní y escala el conflicto bilateral en medio de la crisis global

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El Gobierno de Javier Milei decidió escalar el conflicto con Irán y ordenó la expulsión del encargado de negocios de su embajada en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani, quien deberá abandonar el país en un plazo de 48 horas. La medida fue oficializada el 2 de abril a través de Cancillería bajo la figura de “persona non grata”, prevista en la Convención de Viena de 1961. El dato es político antes que protocolar: en menos de dos días, la Argentina pasó de una decisión administrativa —declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria— a una ruptura operativa en la relación bilateral. La pregunta que se abre es si se trata de un gesto de política exterior alineada o del inicio de un conflicto de mayor escala.

El marco institucional: de la Convención de Viena al conflicto político

La herramienta utilizada por el Gobierno no es menor. El artículo 9 de la Convención de Viena permite a un Estado expulsar a un diplomático sin necesidad de justificar formalmente la decisión. Sin embargo, el contexto le da un peso político específico.

La expulsión se produce como respuesta directa a un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, que había acusado al Gobierno argentino de actuar de manera “ilegal e injustificada” tras incluir a la Guardia Revolucionaria en el registro de organizaciones terroristas. Ese documento, además, introdujo un elemento de presión diplomática: advirtió sobre una eventual “responsabilidad internacional” para la Argentina.

La reacción de Cancillería no se limitó a rechazar esas acusaciones. En su argumentación, el Gobierno sostuvo que las declaraciones iraníes constituyen una “injerencia en los asuntos internos” y una “tergiversación deliberada” de decisiones adoptadas bajo el derecho internacional. Pero el punto más sensible aparece en el vínculo con la causa AMIA: el comunicado oficial remarca la “persistente negativa” de Irán a cooperar con la Justicia argentina y su incumplimiento de órdenes internacionales de detención y extradición.

En términos políticos, el Gobierno reordena el conflicto en tres niveles: defensa jurídica de sus decisiones, reafirmación de la agenda de justicia interna y confrontación diplomática abierta.

Alineamientos y costos de la escalada

La decisión fortalece una línea clara de política exterior. La Argentina consolida su posicionamiento en un bloque internacional que cuestiona al régimen iraní, en un contexto global atravesado por la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Teherán.

Ese alineamiento tiene efectos concretos. Por un lado, refuerza la coherencia del Gobierno en materia de seguridad internacional y lucha contra el terrorismo, un eje que aparece reiterado en los comunicados oficiales. Por otro, eleva el nivel de exposición del país en un conflicto geopolítico que excede lo bilateral.

Del lado iraní, la respuesta previa ya había marcado el tono: acusaciones directas contra las autoridades argentinas, cuestionamientos al derecho internacional y una narrativa que vincula la decisión local con presiones externas. La expulsión del diplomático transforma ese intercambio discursivo en un hecho concreto de ruptura.

En términos de gobernabilidad interna, la medida también reordena el tablero político. La política exterior deja de ser un terreno secundario y pasa a ocupar un lugar central en la agenda, con implicancias que pueden proyectarse sobre alianzas internacionales, relaciones comerciales y posicionamiento estratégico.

Entre la señal política y la escalada

El movimiento del Gobierno puede leerse como una decisión táctica con alto contenido simbólico, pero también como un punto de inflexión. La secuencia —declaración de organización terrorista, respuesta iraní, expulsión diplomática— muestra una aceleración que difícilmente se detenga en este punto.

En las próximas semanas, habrá que observar si la tensión se traduce en nuevas medidas diplomáticas, si se amplía el conflicto a otros ámbitos o si se estabiliza en un nivel de confrontación controlada. También será clave el comportamiento del contexto internacional, donde la guerra en Medio Oriente actúa como factor amplificador.

Por ahora, la Argentina dejó de moverse en el terreno de las definiciones abstractas y pasó a ejecutar decisiones concretas. El impacto real de esa estrategia todavía está en construcción.

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EE.UU. negocia con Milei un acuerdo para deportar migrantes de terceros países a la Argentina

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Revelado por The New York Times, el entendimiento en análisis permitiría a la administración de Donald Trump enviar a la Argentina migrantes de otras nacionalidades detenidos en la frontera estadounidense. La iniciativa expone la profundidad del alineamiento político de Javier Milei y abre interrogantes económicos, institucionales y de seguridad.

Un acuerdo sensible en negociación y su relevancia estratégica

Los gobiernos de Estados Unidos y la Argentina mantienen negociaciones avanzadas para firmar un acuerdo bilateral de deportaciones que habilitaría a la administración de Donald Trump a enviar a la Argentina inmigrantes de otras nacionalidades latinoamericanas, detenidos tras ingresar de manera ilegal a territorio estadounidense. La información fue revelada este 30 de enero de 2026 por The New York Times, que citó dos personas familiarizadas con las tratativas y documentos oficiales del gobierno norteamericano.

El eventual acuerdo, aún no confirmado formalmente por la Casa Rosada, se inscribe en la campaña masiva de deportaciones impulsada por Trump desde el inicio de su segundo mandato y refleja el alineamiento político y estratégico del gobierno de Javier Milei con Washington. Al mismo tiempo, plantea implicancias institucionales, operativas y políticas para la Argentina, que podría convertirse en un “tercer país receptor” de migrantes expulsados de Estados Unidos.

Deportaciones, alineamiento político y negociaciones reservadas

Según el reporte del diario neoyorquino, las conversaciones se desarrollan bajo estricto hermetismo y forman parte de una estrategia más amplia de la Casa Blanca para acelerar las expulsiones de migrantes ilegales, una de las principales promesas de campaña de Trump. El plan incluye el despliegue de miles de agentes de inmigración de distintas agencias federales y la firma de acuerdos con países aliados, como ya ocurrió con El Salvador, cuyo presidente Nayib Bukele mantiene una estrecha relación con el mandatario republicano.

Fuentes del oficialismo argentino reconocieron a LA NACION que la subsecretaría de Defensa de Estados Unidos realizó sondeos al Ministerio de Seguridad, aunque durante la gestión de Patricia Bullrich esos contactos no derivaron en un acuerdo concreto ni en su instrumentación. En ese momento, las dudas giraron en torno a las posibles reacciones internas frente a la llegada de detenidos de otras nacionalidades, en un país con una idiosincrasia diferente a la de otros Estados que aceptaron este tipo de pactos.

De acuerdo con The New York Times, la iniciativa habría sido un pedido de Estados Unidos, y no una propuesta surgida desde Buenos Aires. Desde la embajada norteamericana en la Argentina y el Departamento de Estado, las respuestas oficiales fueron idénticas: “No haremos comentarios sobre los detalles de nuestras comunicaciones diplomáticas con otros gobiernos”.

Un vocero del Departamento de Estado agregó que “Implementar las políticas de inmigración de la administración Trump es una prioridad principal (…) mantenemos nuestro firme compromiso de poner fin a la inmigración ilegal y masiva y reforzar la seguridad fronteriza de Estados Unidos”.

Migrantes de terceros países y rol de la Cancillería

Según los documentos del gobierno estadounidense citados por el medio, el subsecretario de Política Exterior argentino, Juan Manuel Navarro, presentó a principios de este mes una propuesta para concretar un acuerdo de deportación con un tercer país. El artículo añade que el canciller Pablo Quirno se habría comprometido ante autoridades estadounidenses a firmar dicho acuerdo.

El esquema bajo análisis prevé que la Argentina acepte personas detenidas cerca de la frontera estadounidense poco después de ingresar ilegalmente, según indicó un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citado por The New York Times. Posteriormente, a esos migrantes se les ofrecerían vuelos para regresar a sus países de origen, utilizando a la Argentina como escala administrativa y logística.

Desde la Cancillería, la respuesta oficial fue cauta. “Por política institucional, la Cancillería no realiza comentarios sobre conversaciones o eventuales negociaciones diplomáticas”.

Quirno, además, tiene previsto viajar a Washington la próxima semana para participar el 4 de febrero de una reunión sobre minerales críticos, convocada por el secretario de Estado Marco Rubio, lo que refuerza la intensidad del vínculo bilateral en múltiples agendas estratégicas.

Seguridad, migración y señales al electorado

La revelación del posible acuerdo se produce cuatro días después de que el Gobierno argentino anunciara un incremento significativo en las inadmisiones y expulsiones de extranjeros en los pasos fronterizos. Según el Ministerio de Seguridad Nacional, entre diciembre y enerocasi 5000 personas no pudieron ingresar al país o fueron expulsadas”. La ministra Alejandra Monteoliva atribuyó el dato al refuerzo de controles en aeropuertos, puertos y corredores fronterizos.

En ese marco, el eventual entendimiento con Estados Unidos podría leerse como una señal de coherencia discursiva con la política de endurecimiento migratorio que impulsa el gobierno de Milei, aunque también expone tensiones internas: aceptar deportados de terceros países podría generar costos políticos, administrativos y de seguridad, además de debates jurídicos y operativos.

Para Washington, en cambio, estos acuerdos cumplen una doble función. Por un lado, buscan enviar un “mensaje disuasorio” a potenciales migrantes. Trump sostiene que, gracias a esta estrategia, los cruces ilegales alcanzaron un mínimo histórico durante el primer año de su segundo mandato. Por otro, permiten deportar ciudadanos de países con los que EE.UU. enfrenta dificultades diplomáticas o documentales para concretar expulsiones directas.

El alcance de la política migratoria de Trump

Según un análisis de datos federales realizado por The New York Times, durante el último año Estados Unidos deportó aproximadamente 230.000 personas arrestadas dentro del país, 270.000 detenidas en la frontera y otras 40.000 que optaron por la “autodeportación”. Aunque el total quedó por debajo de la promesa de Trump de alcanzar un millón de expulsados en un año, la cifra supera todo lo registrado durante los cuatro años de la administración de Joe Biden.

En paralelo, la Argentina ya fue destino de vuelos de deportación desde Estados Unidos durante el año pasado, aunque en esos casos solo con migrantes de origen argentino. La diferencia central del acuerdo en negociación es que ampliaría el rol del país como receptor transitorio de migrantes de otras nacionalidades, una decisión con impacto regional y potencial escrutinio legal.

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