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El otro Mundial: qué país “gana” en educación

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En cada Copa del Mundo los países compiten por la gloria deportiva. Pero existe otro campeonato, mucho más silencioso y con consecuencias de largo plazo: el de la calidad educativa. Allí no se disputan goles, sino el capital humano que definirá la competitividad económica de las próximas décadas.

Con esa premisa, EduLab e IDESA elaboraron una comparación entre los países clasificados al Mundial 2026 utilizando los resultados de PISA 2022, la evaluación internacional que mide las competencias de estudiantes de 15 años en matemática, lectura y ciencias. El resultado deja una fotografía contundente: las potencias futbolísticas no necesariamente son las potencias educativas y, en ese segundo campeonato, Argentina juega muy lejos de los puestos de privilegio.

La economía también se juega en las aulas

El ejercicio trasciende la anécdota deportiva. Los autores recuerdan que la educación constituye una de las principales infraestructuras invisibles de cualquier economía moderna. La calidad de los aprendizajes determina la capacidad futura de un país para innovar, incorporar tecnología, aumentar la productividad y sostener procesos de crecimiento.

En otras palabras, el verdadero activo estratégico ya no son únicamente los recursos naturales ni la infraestructura física: es el conocimiento acumulado por las nuevas generaciones.

Por eso, detrás de un puntaje PISA no sólo hay una discusión pedagógica. También hay una proyección sobre el potencial económico de un país para las próximas décadas.

Japón y Corea del Sur dominan el “Mundial educativo”

Entre los 30 países clasificados al Mundial que cuentan con resultados comparables en PISA, el liderazgo pertenece con claridad a Asia.

El ranking es encabezado por:

  1. Japón: 533 puntos
  2. Corea del Sur: 523 puntos
  3. Canadá: 506 puntos

Detrás aparecen Suiza, Australia, Inglaterra, Polonia, Estados Unidos, Suecia, Bélgica, Austria y Alemania, conformando un grupo de sistemas educativos que se mantienen muy cerca o por encima del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El informe destaca que esos países tienen un rasgo común: utilizan las evaluaciones como herramientas permanentes de gestión y mejora, no como simples diagnósticos estadísticos.

Sudamérica queda muy relegada

La fotografía cambia drásticamente cuando aparecen los países latinoamericanos.

El mejor ubicado es Uruguay, recién en el puesto 20 del ranking de los clasificados al Mundial, con 425 puntos de promedio.

Después aparecen:

  • Catar: 422
  • México: 407
  • Colombia: 401
  • Brasil: 397
  • Argentina: 395

Los cuatro principales países latinoamericanos evaluados quedan separados por apenas doce puntos, pero todos muy lejos del promedio de la OCDE (478 puntos) y aún más de Japón, que supera a Argentina por 138 puntos.

Argentina: rezago persistente

La Argentina ocupa el puesto 25 entre los 30 países clasificados que poseen datos comparables y se ubica por debajo del promedio de la OCDE en las tres áreas evaluadas.

Los puntajes nacionales fueron:

  • Matemática: 378
  • Lectura: 401
  • Ciencias: 406
  • Promedio: 395

El informe señala que esa distancia equivale, según la metodología de PISA, a varios años de escolaridad respecto de los sistemas líderes.

Pero el problema no termina allí.

En matemática, Argentina ocupa apenas el octavo lugar dentro de América Latina, detrás de Chile, Uruguay, México, Perú, Costa Rica y Colombia, superando únicamente a Brasil entre los principales países de la región.

El promedio nacional también esconde dos Argentinas

Uno de los aspectos más interesantes del trabajo es que advierte sobre la heterogeneidad interna del sistema educativo argentino.

Las sobremuestras realizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza muestran realidades muy diferentes.

La Ciudad de Buenos Aires presenta desempeños cercanos a países europeos de la mitad superior del ranking; Córdoba supera claramente la media nacional; mientras que Mendoza prácticamente replica el promedio argentino.

El diagnóstico es claro: hablar de “la educación argentina” oculta diferencias muy significativas entre jurisdicciones.

Mucho más que un ranking

El dato más preocupante no es la posición relativa.

Según destaca el informe, menos de un tercio de los estudiantes argentinos alcanza el nivel básico en matemática, lo que implica que la mayoría llega a los 15 años sin las competencias mínimas para resolver problemas sencillos o sostener aprendizajes más complejos durante la escuela secundaria.

Esa situación tiene consecuencias económicas directas.

Una población con menores competencias básicas enfrenta mayores dificultades para acceder a empleos de calidad, adaptarse a tecnologías emergentes, mejorar su productividad y aumentar sus ingresos a lo largo de la vida laboral. El deterioro educativo termina convirtiéndose, con los años, en menor crecimiento económico y menor movilidad social.

El desafío no es medir, sino transformar

El informe concluye con una reflexión que trasciende los resultados de PISA.

Argentina participa regularmente de las evaluaciones internacionales y también cuenta con pruebas nacionales como Aprender. El problema no reside en la ausencia de diagnósticos, sino en la capacidad institucional para convertir esa evidencia en políticas sostenidas.

Entre las principales limitaciones menciona una estructura federal muy fragmentada, escaso margen para inversiones pedagógicas, una carrera docente basada principalmente en la antigüedad y debilidades en la formación inicial de los educadores.

En definitiva, el documento sostiene que la diferencia entre los países que lideran el “Mundial educativo” y aquellos que permanecen rezagados no está en cuánto conocen sobre sus problemas, sino en su capacidad para transformar ese conocimiento en mejoras concretas dentro del aula. Porque, al final, el verdadero campeonato que define el desarrollo económico comienza mucho antes del primer silbato: empieza en la escuela.

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Pruebas Aprender 2025: el Gobierno destacó el mejor resultado en Lengua de la última década y una mejora en Matemática

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El Ministerio de Capital Humano presentó los resultados de las Pruebas Aprender 2025 y aseguró que la evaluación registró los mejores desempeños en Lengua de los últimos diez años para los estudiantes de sexto grado del nivel primario. Según los datos oficiales, el 76,9% de los alumnos alcanzó niveles de desempeño satisfactorio o avanzado, mientras que el porcentaje de estudiantes ubicados por debajo del nivel básico descendió al 4,9%, menos de la mitad del registrado en la edición 2023.

El Gobierno interpretó estos resultados como una señal de mejora sostenida en los aprendizajes y los vinculó con las políticas implementadas en el marco del Plan Nacional de Alfabetización. Desde la cartera que conduce Capital Humano afirmaron que el objetivo ahora será profundizar las estrategias para que todos los estudiantes alcancen los niveles esperados y reforzar especialmente las competencias en Matemática.

La evaluación alcanzó a 750 mil estudiantes de sexto grado de más de 20 mil escuelas de todo el país y registró la participación más alta desde la creación del operativo: el 95% de las escuelas convocadas y el 84% de los alumnos fueron evaluados, un nivel de cobertura que, según el Ministerio, fortalece la representatividad del diagnóstico educativo nacional.

Uno de los indicadores que el Gobierno resaltó con mayor énfasis fue la evolución en Lengua. Mientras que en 2023 el 11,9% de los estudiantes se ubicaba por debajo del nivel básico, en 2025 ese porcentaje cayó al 4,9%. Paralelamente, los niveles satisfactorio y avanzado crecieron desde el 66,4% hasta el 76,9%, lo que implica que más de siete de cada diez alumnos alcanzan hoy los aprendizajes esperados para ese nivel educativo.

El Ministerio explicó además el impacto estadístico de esa mejora. Cada punto porcentual adicional representa aproximadamente 7.900 estudiantes que logran desarrollar competencias que anteriormente no alcanzaban. En consecuencia, el incremento de 10,5 puntos registrado en Lengua equivale a más de 80.000 alumnos que hoy acceden a los niveles de desempeño esperados.

En Matemática también se verificó una mejora, aunque con desafíos aún pendientes. De acuerdo con los resultados difundidos, cinco de cada diez estudiantes alcanzan los niveles satisfactorio y avanzado. Para el Gobierno, este avance constituye una base sobre la cual profundizar las políticas de enseñanza de esa disciplina, especialmente luego del acuerdo federal alcanzado en abril en el Consejo Federal por la Alfabetización, que ahora extenderá su foco hacia el fortalecimiento de los aprendizajes matemáticos.

El informe oficial también destacó que las 24 jurisdicciones del país mejoraron sus desempeños en Lengua respecto de la evaluación anterior y que los progresos más significativos se observaron en aquellas provincias que presentaban mayores niveles de rezago educativo.

Otro dato que el Ministerio consideró relevante fue el desempeño de las Escuelas Alfa, instituciones incorporadas al Plan Nacional de Alfabetización por presentar mayores dificultades pedagógicas. Según la evaluación, estos establecimientos mejoraron sus resultados en Lengua en todos los niveles socioeconómicos y redujeron las brechas respecto de las escuelas que no integran el programa. La diferencia más significativa se produjo en el quintil de mayor vulnerabilidad social, donde la mejora alcanzó los 17,6 puntos.

Desde Capital Humano sostuvieron que estos indicadores respaldan una estrategia basada en la evaluación permanente, el uso de evidencia para diseñar políticas públicas y la coordinación entre Nación y provincias. En esa línea, remarcaron que el operativo Aprender constituye la principal herramienta para diagnosticar el estado del sistema educativo argentino y orientar futuras decisiones de gestión.

Finalmente, el Gobierno aseguró que continuará impulsando políticas destinadas a consolidar la mejora de los aprendizajes y planteó como objetivo que cada vez más estudiantes alcancen los niveles satisfactorios tanto en Lengua como en Matemática, ampliando las oportunidades educativas y reduciendo las brechas de desempeño entre regiones y sectores sociales.

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Fuerzas Armadas: el Gobierno crea un nuevo suplemento salarial por títulos universitarios

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A partir del 1 de julio, el personal militar con títulos terciarios, universitarios o de posgrado percibirá un adicional salarial de entre el 10% y el 25% sobre su haber mensual. La medida apunta a mejorar la retención de profesionales especializados en áreas críticas para la defensa, pero también refleja una problemática que atraviesa a todo el sector público: la creciente competencia por talento calificado.

Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 473/2026, el Gobierno nacional modificó el régimen salarial de las Fuerzas Armadas e incorporó un nuevo suplemento general por título académico, que alcanzará tanto al personal en actividad como a retirados y pensionados que hayan obtenido las credenciales educativas antes de su retiro.

La decisión introduce un cambio estructural en la política de recursos humanos de la defensa. Hasta ahora, el reconocimiento económico por formación académica estaba limitado a determinados casos vinculados a títulos terciarios. Con el nuevo esquema, el beneficio se universaliza y se jerarquiza según el nivel educativo alcanzado.

Los militares con tecnicaturas o títulos superiores de al menos dos años recibirán un adicional equivalente al 10% del haber mensual del grado. Quienes posean títulos universitarios de grado de cuatro años o más accederán a un suplemento del 15%, mientras que los profesionales con especializaciones, maestrías o doctorados percibirán un incremento del 25%.

El problema de fondo: retener profesionales en áreas críticas

El decreto deja en evidencia una preocupación creciente dentro de las Fuerzas Armadas: la dificultad para sostener cuadros técnicos altamente calificados en un mercado laboral donde sectores privados compiten por los mismos perfiles.

Ingenieros, especialistas en sistemas, expertos en ciberseguridad, médicos, profesionales de logística avanzada y analistas de datos forman parte de las disciplinas que hoy resultan estratégicas para la defensa moderna. Son, al mismo tiempo, algunos de los perfiles más demandados por empresas tecnológicas, industrias, operadores logísticos y sectores vinculados a la economía del conocimiento.

La medida reconoce que la formación académica dejó de ser un atributo complementario para convertirse en un activo central de las capacidades operativas militares.

El diagnóstico oficial es claro: cada profesional que abandona el sistema implica la pérdida de años de inversión estatal en formación y entrenamiento, además de una reducción de capacidades en áreas cada vez más complejas desde el punto de vista tecnológico.

Aunque el decreto se enfoca en las Fuerzas Armadas, la discusión tiene derivaciones más amplias para el mercado laboral argentino.

El reconocimiento salarial asociado a la capacitación formal refleja una tendencia que también atraviesa a sectores productivos privados. La transformación tecnológica de industrias, cadenas logísticas y sistemas de transporte genera una demanda creciente de personal especializado, mientras que la oferta de profesionales formados avanza a un ritmo menor.

Para las economías regionales, incluida Misiones, el fenómeno tiene implicancias concretas. Empresas forestales, energéticas, agroindustriales, tecnológicas y logísticas enfrentan desafíos similares para captar y retener talento en disciplinas técnicas y científicas.

La decisión del Gobierno constituye una señal sobre el valor estratégico que adquiere el capital humano en actividades vinculadas a infraestructura crítica, defensa, innovación y desarrollo tecnológico.

Impacto presupuestario y previsional

Uno de los aspectos más relevantes del decreto es que el suplemento fue incorporado como un componente general del régimen salarial militar y no como una compensación específica.

Esa definición tiene efectos sobre los haberes de retiro, ya que la legislación vigente establece que los suplementos generales integran la base de cálculo previsional del personal militar.

Por esa razón, el beneficio también alcanzará a retirados y pensionados que cumplan con los requisitos establecidos por la norma.

El financiamiento será absorbido por el presupuesto vigente del Ministerio de Defensa, sin que el decreto precise el costo fiscal total de la medida.

Los principales puntos del nuevo régimen son: 25% adicional para posgrados, especializaciones, maestrías y doctorados. 15% adicional para títulos universitarios de grado de cuatro años o más. 10% adicional para tecnicaturas y títulos superiores equivalentes. Alcance para personal en actividad, retirados y pensionados. Reconocimiento independientemente de la forma de ingreso a la fuerza. Exigencia de afinidad entre la titulación y las funciones desempeñadas.

El nuevo esquema reemplaza el antiguo suplemento por título terciario y unifica el tratamiento de las credenciales académicas bajo una misma lógica de reconocimiento.

La incorporación de incentivos salariales vinculados a la formación académica muestra cómo la competencia por profesionales calificados se convirtió en una cuestión estratégica para el Estado. El desafío será evaluar si el nuevo esquema logra mejorar efectivamente la retención de talento en áreas críticas como ingeniería, informática, medicina y ciberdefensa. Para el sector productivo, el mensaje es igualmente relevante: en una economía cada vez más intensiva en conocimiento, la capacidad de atraer y conservar recursos humanos especializados será tan determinante como el acceso al financiamiento o la inversión en infraestructura.

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El Gobierno busca desactivar el conflicto universitario antes del fallo de la Corte

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La disputa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas ingresó en una etapa decisiva. Mientras la Corte Suprema analiza la cautelar presentada por las casas de estudio para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la Casa Rosada acelera negociaciones para alcanzar un acuerdo político y presupuestario que permita cerrar el conflicto antes de una eventual sentencia adversa.

La preocupación del Ejecutivo no es menor. En caso de que el máximo tribunal falle a favor de las universidades, el Estado nacional debería afrontar un desembolso estimado en 2,5 billones de pesos, una cifra que impactaría de lleno sobre el equilibrio fiscal que el gobierno de Javier Milei considera el principal activo de su programa económico.

Por esa razón, la administración nacional evalúa convocar en los próximos días a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para avanzar en una negociación integral que abarque salarios docentes, becas estudiantiles, financiamiento operativo y recursos para hospitales universitarios.

La estrategia combina negociación política y defensa jurídica. Mientras la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, junto al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, encabezan las conversaciones con los rectores, la Procuración del Tesoro trabaja sobre un esquema legal que garantice que cualquier acuerdo implique la suspensión o retiro de las acciones judiciales actualmente en trámite.

El equilibrio fiscal frente a la presión universitaria

Detrás de la discusión presupuestaria se esconde uno de los principales dilemas de la gestión Milei: cómo sostener el ajuste fiscal sin profundizar conflictos con sectores considerados estratégicos.

Desde la llegada del actual Gobierno, las universidades nacionales se transformaron en uno de los focos de mayor resistencia a la política de recorte del gasto público. Las multitudinarias movilizaciones universitarias realizadas durante el último año lograron instalar el tema en la agenda pública y forzaron sucesivas instancias de negociación.

El oficialismo intentó responder con un proyecto alternativo de financiamiento enviado al Congreso en febrero. La propuesta buscaba reconocer parcialmente la pérdida salarial de los docentes durante 2025, aunque evitaba incorporar la fuerte caída de ingresos acumulada entre diciembre de 2023 y fines de 2024, uno de los principales reclamos de los gremios universitarios.

Esa diferencia continúa siendo el principal punto de conflicto.

La Corte Suprema como factor de presión

La posibilidad de una resolución judicial desfavorable modificó el escenario político.

En la Casa Rosada reconocen que una sentencia que obligue a cumplir plenamente la ley vigente podría generar un fuerte impacto sobre las cuentas públicas y abrir un precedente para otros reclamos presupuestarios de organismos y sectores afectados por el ajuste.

Por eso, el Gobierno busca llegar a un entendimiento previo que neutralice la disputa judicial.

La tarea quedó en manos de la Procuración del Tesoro, que trabaja en los aspectos técnicos de un eventual acuerdo. El objetivo es garantizar que cualquier transferencia extraordinaria de recursos tenga como contraparte la suspensión de la cautelar que actualmente espera resolución en el máximo tribunal.

Las universidades, sin embargo, mantienen cautela. Desde el CIN sostienen que hasta el momento no recibieron ninguna propuesta formal y esperan definiciones concretas antes de pronunciarse sobre posibles alternativas.

Salarios, becas y hospitales universitarios

Las conversaciones no se limitan al presupuesto general.

La agenda de negociación incluye la recomposición salarial de docentes y no docentes, la actualización de becas estudiantiles y el financiamiento de hospitales universitarios, áreas particularmente afectadas por la aceleración inflacionaria registrada desde fines de 2023.

El reclamo salarial aparece como uno de los puntos más sensibles. Los sindicatos universitarios sostienen que los incrementos otorgados por el Gobierno quedaron muy por debajo de la evolución de los precios y denuncian una pérdida significativa del poder adquisitivo.

La situación también repercute en la capacidad operativa de las universidades, especialmente en aquellas ubicadas fuera de los grandes centros urbanos, donde los costos de funcionamiento aumentaron por encima de los recursos disponibles.

Para provincias como Misiones, donde la universidad pública constituye un actor central en la formación profesional, la investigación científica y la vinculación con sectores productivos, el resultado de estas negociaciones tendrá implicancias que trascienden el debate presupuestario nacional.

Un conflicto que sigue abierto

Mientras continúan las conversaciones, los gremios universitarios mantienen el estado de alerta.

La Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) realizó recientemente un paro nacional de 24 horas y ya anticipó que podría profundizar las medidas de fuerza durante el inicio del segundo cuatrimestre si no existen avances concretos en materia salarial y presupuestaria.

La Universidad de Buenos Aires también volvió a visibilizar el conflicto mediante clases públicas frente al Palacio de Tribunales, en una señal política dirigida tanto al Gobierno como a la Corte Suprema.

En ese contexto, la negociación que impulsa la Casa Rosada excede el plano educativo. Se trata de una pulseada que combina equilibrio fiscal, gobernabilidad y estrategia judicial. El desenlace determinará no solo el futuro inmediato del sistema universitario nacional, sino también la capacidad del Gobierno para sostener su programa económico frente a uno de los sectores con mayor capacidad de movilización institucional y social del país.

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Capital Humano homologó la primera paritaria rural bajo la reforma laboral

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El Ministerio de Capital Humano homologó este miércoles la primera paritaria del sector rural encuadrada en el régimen general de negociación colectiva establecido por la Ley N.º 14.250, tras las modificaciones introducidas por la Ley de Modernización Laboral N.º 27.802.

La decisión formalizó el acuerdo alcanzado entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y las principales entidades representativas del agro: Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Sociedad Rural Argentina (SRA), CONINAGRO, Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y Federación Agraria Argentina (FAA).

El acuerdo establece remuneraciones mínimas para trabajadores permanentes comprendidos en el Régimen de Trabajo Agrario regulado por la Ley N.º 26.727, además de distintas actividades específicas alcanzadas por el convenio.

Desde el Gobierno, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, calificó la homologación como un “hito histórico en materia laboral” y la vinculó con un proceso de actualización del sistema de negociación colectiva.

El cambio institucional detrás de la paritaria rural

La modificación no sólo tiene impacto salarial. También redefine el mecanismo institucional mediante el cual se negocian las condiciones laborales del sector agrario.

Hasta la entrada en vigencia de la nueva normativa, las remuneraciones mínimas rurales eran definidas mediante resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), un esquema donde el Estado tenía un rol central en la fijación salarial.

Con la reforma impulsada por la Ley N.º 27.802, las condiciones salariales pasan a discutirse bajo el régimen general de negociación colectiva previsto en la Ley N.º 14.250, trasladando mayor peso a la negociación directa entre sindicatos y cámaras empresarias.

La homologación realizada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social representa así el primer antecedente concreto de implementación de ese nuevo esquema en el ámbito rural.

El agro gana un marco de negociación más flexible

La medida también expone una reconfiguración en la relación entre Estado, sindicatos y entidades rurales.

El acuerdo reúne a actores históricamente influyentes del agro argentino, como la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, CONINAGRO y Federación Agraria Argentina, junto con el sindicato UATRE.

El Gobierno interpretó la homologación como un avance en “institucionalidad laboral”, al considerar que el nuevo régimen aporta previsibilidad y seguridad jurídica tanto para trabajadores como para empleadores.

La decisión además se inscribe dentro del proceso de reformas laborales promovido por la administración nacional, que busca modificar mecanismos tradicionales de regulación del trabajo y reducir la centralidad estatal en ciertas negociaciones sectoriales.

Qué cambia para el sector rural

El nuevo esquema implica que las futuras discusiones salariales del trabajo agrario podrán canalizarse mediante convenios colectivos negociados entre las partes y posteriormente homologados por la autoridad laboral.

En términos prácticos, el sistema se asemeja más al funcionamiento de otras actividades privadas que negocian salarios bajo convenios colectivos generales.

La novedad adquiere relevancia porque el trabajo rural históricamente mantuvo un régimen específico y diferenciado respecto de otros sectores de la economía.

El Gobierno sostiene que el cambio aporta mayor agilidad y modernización al sistema de relaciones laborales rurales.

Impacto potencial en Misiones y el NEA

La formalización de paritarias rurales bajo el régimen general puede tener impacto directo en provincias con fuerte presencia de economías regionales y trabajo agrario, como Misiones y otras jurisdicciones del NEA.

Sectores vinculados a producción yerbatera, forestal, tealera y actividades agroindustriales podrían verse alcanzados por futuras negociaciones bajo este nuevo esquema institucional.

Aunque el comunicado oficial no detalla cifras salariales específicas ni actividades regionales concretas, la modificación del mecanismo de negociación introduce una variable relevante para empleadores y trabajadores rurales del interior productivo.

La evolución de estos acuerdos será observada especialmente en regiones donde la actividad agraria tiene fuerte incidencia sobre empleo y dinámica económica local.

Una reforma que empieza a mostrar efectos concretos

La homologación de esta primera paritaria aparece como uno de los primeros efectos operativos visibles de la Ley de Modernización Laboral sobre el sistema de negociación colectiva.

El desafío hacia adelante será observar cómo evolucionan futuras discusiones salariales bajo el nuevo esquema y si el modelo logra consolidar mayor estabilidad en un sector históricamente atravesado por tensiones entre productividad, costos laborales y regulación estatal.

También quedará bajo análisis el alcance real de la negociación colectiva en actividades rurales específicas y la capacidad del nuevo sistema para equilibrar intereses entre sindicatos y entidades empresarias.

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