CASTA

La casta viaja en avión presidencial

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En medio del ajuste más duro de las últimas décadas, mientras millones de argentinos hacen malabares para llegar a fin de mes, el gobierno que llegó prometiendo terminar con la “casta” vuelve a quedar atrapado en sus propias contradicciones. La austeridad parece ser un mandato exclusivo para la sociedad. Para quienes gobiernan, en cambio, las reglas parecen ser otras.

El episodio más reciente tiene como protagonista al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien viajó a Estados Unidos como parte de una comitiva oficial acompañado por su esposa, que no es funcionaria pública ni tenía ninguna responsabilidad institucional en la misión. El viaje se realizó en el avión presidencial, es decir, con recursos del Estado.

La explicación oficial fue tan simple como provocadora: se estaba “deslomando” y quiso que lo acompañara. En cualquier contexto la justificación sería difícil de defender, pero en una Argentina atravesada por la recesión, la caída del consumo, el deterioro salarial y el crecimiento del desempleo, el episodio adquiere otra dimensión. Porque mientras el gobierno exige sacrificios permanentes a la sociedad, sus propios funcionarios parecen moverse con una lógica de privilegios que recuerda demasiado a aquello que decían combatir.

El problema, sin embargo, no se limita a un asiento en un avión oficial. Lo que empieza a quedar expuesto es un patrón más amplio: el uso del Estado y del poder para fines que poco tienen que ver con el interés público.

En los últimos días también volvieron a encenderse las alarmas por el caso de la criptomoneda $Libra, un proyecto que fue promovido en el ecosistema libertario y que terminó en denuncias de estafa tras dejar pérdidas millonarias. La novedad es que comenzaron a circular documentos y registros que vinculan directamente al presidente Javier Milei, a su hermana y a Santiago Caputo con la promoción del activo digital en etapas tempranas.

Aunque desde el gobierno intentan minimizar el asunto, el episodio alimenta sospechas sobre la relación entre política, promoción financiera y negocios privados en un entorno donde el marketing ideológico muchas veces se mezcla con apuestas especulativas de alto riesgo.

A ese clima se suman los viajes presidenciales que cada tanto generan controversia. Ahora fue a España para participar de un foro cripto-libertario, sin agenda institucional formal y con un fuerte componente político y personal. No es la primera vez que ocurre: varias giras internacionales del presidente han estado rodeadas de cuestionamientos por su carácter partidario o por su escasa relación con intereses concretos del país.

El contraste con la situación económica interna resulta inevitable. Mientras se multiplican los viajes, los gestos de alineamiento ideológico y las controversias, la economía real atraviesa una de las crisis más profundas de los últimos años. La inflación sigue golpeando el bolsillo de los trabajadores, la recesión provoca cierres de empresas y suspensiones laborales, y el entramado industrial argentino se deteriora a un ritmo alarmante.

Cada vez más sectores hablan abiertamente de industricidio: fábricas que apagan máquinas, pymes que no pueden sostenerse y un mercado interno devastado por el ajuste.

En ese escenario, la imagen de funcionarios viajando con familiares en aviones oficiales, o en aviones privados, como es el caso de Adorni (otra vez), sin poder justificar el gasto, de criptomonedas promocionadas desde el universo político que terminan en escándalos financieros y de giras presidenciales con componentes personales o partidarios construye una postal incómoda para el discurso libertario.

Porque el gobierno que prometía terminar con los privilegios de la política empieza a reproducirlos con una naturalidad sorprendente.

Al final, la escena que emerge es bastante más simple de lo que el relato oficial intenta explicar: mientras la sociedad viaja en colectivo hacia el ajuste, la nueva casta parece haber encontrado su lugar en el avión presidencial.

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El menosprecio por la salud pública: un comerciante de pollo al frente del PAMI en San Vicente

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La designación de Marcelo Gómez, reconocido comerciante de pollo, como nuevo titular del Centro de Atención Personalizada del PAMI de San Vicente, generó una inmediata ola de críticas por parte de profesionales de la salud, vecinos y sectores vinculados a la gestión pública. 

El nombramiento, oficializado mediante la Resolución N.º 76/2025 y firmado por el subdirector ejecutivo del INSSJP, Carlos Blas Zamparolo, encendió las alarmas debido a la total ausencia de experiencia de Gómez en salud o administración estatal. En un contexto nacional de crisis económica, su llegada a un organismo que brinda atención a miles de jubilados y pensionados reaviva el debate sobre la falta de criterios técnicos en la asignación de cargos públicos estratégicos.

Gómez fue incorporado a la estructura de la Unidad de Gestión Local XVIII – Misiones, con una jornada laboral estipulada de 40 horas semanales. Sin embargo, su perfil, ligado exclusivamente al comercio minorista, genera fuertes dudas sobre su capacidad técnica para conducir una delegación del PAMI, organismo que cumple un rol estratégico en la salud y el bienestar de adultos mayores. 

En San Vicente, el cargo implica la gestión de prestaciones médicas, entrega de medicamentos, traslados y asistencia primaria para una población altamente vulnerable.

Este nombramiento se suma a una serie de designaciones polémicas impulsadas desde el inicio de la gestión de Javier Milei, en las que personas sin formación específica ni antecedentes en políticas públicas han sido puestas al frente de dependencias estatales clave. Casos recientes incluyen una influencer sin experiencia en el Ministerio de Capital Humano en Chaco, el hijo de un referente libertario en Desarrollo Social en Corrientes, un exagente inmobiliario como director de un hospital modular en Buenos Aires, y una militante libertaria ocupando un cargo técnico en el PAMI de Salta. Estos episodios reflejan una tendencia que contradice el discurso oficial de meritocracia y profesionalismo.

El problema no es solo político o simbólico. En organismos como el PAMI, que articula servicios médicos y sociales a personas mayores con necesidades complejas, el impacto de una conducción sin preparación puede ser devastador. Designar a alguien sin conocimientos en salud pública, como un comerciante de pollo, no es simplemente un dato llamativo: es una decisión que puede afectar directamente la calidad del servicio, demorar prestaciones o generar fallas administrativas que perjudiquen a los afiliados.

La falta de criterios técnicos para ocupar cargos en el Estado profundiza la desprofesionalización de áreas clave. A la vez, desalienta a profesionales formados y refuerza una lógica donde el acomodo o la lealtad partidaria pesan más que la capacitación. En organismos sensibles como el PAMI, esto no solo deteriora la gestión: pone en juego derechos fundamentales de las personas mayores.

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