La figura de Cristina Fernández de Kirchner continúa siendo uno de los ejes gravitacionales del escenario político argentino, incluso fuera de los cargos formales. La reciente encuesta nacional realizada por CB Consultora Opinión Pública los días 11 y 12 de junio de 2025 —sobre un total de 1.328 casos y con un margen de error de ±2,7%— revela con nitidez las tensiones entre la justicia, la opinión pública y el legado político de la exmandataria.
Según el relevamiento, el 53,5% de los encuestados tiene una imagen negativa de Cristina Fernández de Kirchner, frente a un 45,5% que mantiene una percepción positiva. Si bien su balance de imagen resulta negativo, el dato no es marginal: representa una porción sustantiva del electorado, que se mantiene fiel en un contexto de fuerte judicialización.
En comparación, Javier Milei registra un 37,1% de imagen positiva y un 58,9% de imagen negativa, lo que refleja que la polarización no ha desaparecido, sino que se ha reconfigurado.
El centro de la medición gira en torno al vínculo entre la ex presidenta y la justicia. A pocos días de que se conociera una ratificación judicial que implica su inhabilitación para ejercer cargos públicos, el 61,4% de los consultados se manifestó a favor de esa sanción de por vida, mientras un 37,4% expresó su desacuerdo. Esta diferencia nítida indica que, más allá de las valoraciones políticas, hay consenso mayoritario sobre la gravedad de las causas que la involucran.
Consultados directamente sobre si consideran a Fernández de Kirchner culpable o inocente en las causas por corrupción en su contra, la mayoría se inclinó por la culpabilidad, aunque el informe no detalla el porcentaje exacto. El dato se vincula directamente con otro hallazgo: el 38,9% estaría dispuesto a votar por un candidato afín a Cristina si hoy fueran las elecciones legislativas, mientras que un 51,3% lo haría por un candidato alineado con Javier Milei.
Lawfare: división de percepciones
Uno de los núcleos de disputa discursiva es la idea de “lawfare” o persecución judicial. La encuesta revela que una porción significativa de la sociedad cree en esta narrativa, aunque no alcanza la mayoría. Este dato refuerza que la tesis del uso de la justicia como herramienta política, si bien instalada, no logra revertir el daño reputacional acumulado en torno a la ex presidenta.
Además, el 61% considera que los jueces no fallan exclusivamente en base a pruebas, sino que se ven influidos por presiones políticas y mediáticas. Este dato debe ser leído como una crítica más amplia al funcionamiento del Poder Judicial, que no exculpa necesariamente a Fernández de Kirchner, pero sí revela una erosión generalizada de la confianza institucional.
La encuesta también preguntó por la imagen de los jueces de la Corte Suprema. Todos los magistrados evaluados (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti) obtuvieron más imagen negativa que positiva. Por ejemplo, Lorenzetti presenta un diferencial negativo de más de 15 puntos: 25,4% de imagen positiva contra un 40,9% negativa.
Este dato, combinado con el bajo nivel de confianza en la justicia en general, muestra que la deslegitimación no se limita a casos específicos, sino que atraviesa estructuralmente al sistema judicial argentino.
La encuesta de CB Consultora pone en evidencia una paradoja central del presente político: mientras la mayoría de la sociedad acuerda con la inhabilitación de Cristina Fernández de Kirchner y cree en su culpabilidad, también desconfía profundamente del sistema judicial que la juzga. Este doble estándar sugiere que la justicia como institución no ha logrado conquistar la legitimidad que exige su rol de árbitro final.
Por otra parte, el núcleo kirchnerista se mantiene activo y electoralmente significativo, lo que explica que, incluso en retirada, CFK siga siendo una pieza central del tablero. Para el oficialismo libertario, la figura de Cristina opera como una útil contracara. Para la oposición peronista, es una sombra difícil de integrar o superar.
En este entramado, el vínculo entre justicia y política aparece profundamente deteriorado. Y mientras las causas avanzan en tribunales, en el juicio paralelo de la opinión pública, la sentencia parece ya haber sido dictada.
