Zdero envió a la Legislatura el proyecto para dar curso a la reforma de la Constitución de Chaco
El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, elevó el proyecto para dar curso a la reforma de la Constitución provincial a la Legislatura, que introduce cambios con el objetivo es proteger a futuros posibles nuevos inversores y, a su vez, evitar subas impositivas.
Se prevé la introducción de un artículo nuevo al texto que fue aprobado en 1994, con la finalidad de aportar nuevas garantías para aquellas personas y empresas que deseen invertir en la provincia.
Planteada la idea, la tarea legislativa estará enfocada en conseguir los votos necesarios para poder llevar adelante la reforma y, para ello, se deben reunir los sufragios de forma total de los 32 diputados provinciales.
El bloque del gobernador Zdero, alineado con la Casa Rosada, se compone por la UCR y La Libertad Avanza.
Desde la bancada oficialista chaqueña, aunque no son tan optimistas, argumentan que será fundamental el acompañamiento del peronismo porque el objetivo es anteponer los intereses de los ciudadanos del Chaco por sobre cuestiones políticas partidarias. Al momento, el peronismo no se pronunció.
Zdero había adelantado la iniciativa el mes pasado durante su discurso de inauguración de sesiones ordinarias de la Legislatura, cuando habló de un paquete de anuncios con reformas de alto voltaje político, como la reforma constitucional, nueva ley de inversiones y un cambio en el régimen de licencias gremiales dentro del Estado.
¿Qué propone el gobierno de Chaco en el proyecto de reforma constitucional?
En primer lugar, el texto del proyecto de reforma constitucional dice que “la Provincia del Chaco garantiza estabilidad y protección jurídica a la radicación, realización y desarrollo de inversiones productivas en su territorio, en especial aquellas comprendidas en regímenes nacionales o provinciales de promoción de inversiones”.
A lo que suma que la promoción de inversiones productivas para el territorio de forma activa “garantizando previsibilidad normativa, seguridad jurídica, igualdad ante la ley y protección frente a medidas arbitrarias” pensado dentro de un marco de desarrollo sostenible y de respeto al interés público, reconociendo a la inversión privada como un “instrumento esencial para el desarrollo económico, la generación de empleo y la innovación”.
Además, puntualiza en el freno de la creación de nuevos tributos tanto provinciales como municipales, frenar el incremento de alícuotas o la modificación de bases imponibles existentes. En este sentido, tal impedimento alcanza a los gravámenes que alcancen directa o indirectamente “sobre las inversiones alcanzadas por esta cláusula”.
También plantea excepciones a la regla
“Aquellos tributos cuya potestad tributaria sea delegada, transferida o restituida por la Nación a la Provincia con posterioridad a la vigencia de esta cláusula”, quedan fuera, explicaron. Asimismo, para ello será necesario “que su aplicación no implique una duplicación de la carga tributaria preexistente sobre el mismo hecho imponible”.
Para tal punto, el poder Ejecutivo provincial expresó que “se establece expresamente que, ante un eventual proceso de descentralización fiscal nacional, la Provincia del Chaco no renuncia a percibir tributos que la Nación le transfiera o restituya“.
También dijo que “la condición de ‘no duplicación de la carga’ garantiza que el inversor no vea incrementada su erogación total. Se consagra así un principio de sustitución jurisdiccional: el Estado Chaqueño captura la renta fiscal que la Nación libera, manteniendo la estabilidad para el contribuyente”, añadieron.
¿Qué pasa en caso de no respetarse los nuevos puntos?
Para estos casos, la decisión es clara. Ante la creación de nuevos tributos que no respete la nueva normativa, la nulidad será total. Por eso, el artículo que se quiere sumar “obliga a la administración a la devolución inmediata de lo percibido” de forma incorrecta, logrando evitar procesos judiciales, como también resguardar al inversor con tal herramienta de defensa sumaria.
¿Cómo deberán leerse las nuevas disposiciones?
Las nuevas disposiciones deberán interpretarse “de manera armónica con la Constitución Nacional, los tratados internacionales vigentes y el régimen federal de distribución de competencias”. Para ello, el gobierno “reconoce la autonomía municipal”, pero respetando la jerarquía constitucional cuando “en materia de promoción de inversiones” se trate.
Así, “al prohibir que los gravámenes municipales afecten indirectamente las inversiones protegidas, se termina con la incertidumbre que generan las tasas locales sin contraprestación efectiva, alineando a toda la Provincia tras un único objetivo de crecimiento”, finalizaron.