CHUBUT

Provincias vuelven a Wall Street: ya son seis las jurisdicciones que emitieron deuda y otras dos preparan su desembarco

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La recuperación gradual del acceso al financiamiento internacional comienza a reflejarse con fuerza en las provincias argentinas. En un contexto de menor riesgo país y mejores condiciones para la deuda soberana, ya son seis las jurisdicciones que lograron colocar bonos en los mercados internacionales desde 2025, una tendencia que podría ampliarse en los próximos meses con la incorporación de Santa Cruz y San Juan.

La última provincia en incorporarse fue Neuquén, que volvió a emitir deuda en el exterior después de una década. La administración de Rolando Figueroa colocó US$ 500 millones, respaldada por el atractivo económico que representa Vaca Muerta y con una tasa estimada de entre 7% y 8%, en línea con las operaciones más recientes del mercado subnacional.

El proceso había comenzado con Córdoba, que aprovechó en dos oportunidades la reapertura de los mercados. Primero obtuvo US$ 725 millones en 2025 y posteriormente otros US$ 800 millones durante este año, acumulando financiamiento por US$ 1.525 millones, con tasas del 9,75% y 8,6%, respectivamente.

Posteriormente fue el turno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que consiguió US$ 600 millones mediante una emisión a 7,8%, una de las tasas más bajas obtenidas por el distrito en su historia reciente. La operación contó con la participación de importantes bancos internacionales como BofA Securities, Deutsche Bank Securities, JPMorgan y Santander, junto a entidades locales como Galicia, Balanz Capital Valores y el Banco Ciudad.

También Santa Fe logró una colocación exitosa por US$ 800 millones, con una tasa de 8,1%, luego de captar ofertas superiores a US$ 1.800 millones provenientes de más de once inversores internacionales. Según el gobierno provincial, los recursos estarán destinados a infraestructura energética, rutas, seguridad y obras sociales, consolidando una estrategia orientada a fortalecer la inversión pública.

En el caso de Entre Ríos, la provincia obtuvo US$ 300 millones mediante una emisión al 9,5%, con el objetivo de reestructurar el perfil de vencimientos, mejorar la liquidez y aliviar la carga financiera heredada. Chubut, por su parte, captó US$ 650 millones a una tasa del 9,45%, una de las más elevadas del ciclo reciente, en una operación liderada por JP Morgan y Banco Santander, junto con Puente Hermanos, Santander Argentina y Banco del Chubut como colocadores locales.

El renovado interés de las provincias por acceder al crédito externo responde a una combinación de factores. La mejora de la calificación crediticia de Argentina por parte de Moody’s y la reducción del riesgo país ampliaron la denominada “ventana de mercado”, generando condiciones más favorables para emitir deuda. Sin embargo, los especialistas advierten que no todas las jurisdicciones podrán aprovechar esta oportunidad.

El economista Sebastián Menescaldi señaló que la posibilidad de acceder al financiamiento dependerá del cumplimiento de las reglas de responsabilidad fiscal. La Ley 25.917 establece restricciones para las provincias cuyo nivel de endeudamiento comprometa su capacidad de repago y exige, además, la autorización del Poder Ejecutivo nacional para concretar las emisiones.

Mientras tanto, Santa Cruz y San Juan avanzan en los preparativos para incorporarse a esta nueva ola de financiamiento. Ambas provincias proyectan emisiones cercanas a US$ 600 millones, con destino prioritario a obras de infraestructura, una estrategia que busca sostener la inversión pública en un contexto de menores transferencias nacionales y mayores exigencias de financiamiento propio.

Más allá del impacto sobre las cuentas provinciales, el regreso de los distritos argentinos a los mercados internacionales también tiene implicancias macroeconómicas. Cada colocación incorpora divisas al sistema financiero local, ampliando la oferta de dólares y facilitando la estrategia del Banco Central para fortalecer sus reservas internacionales. Desde el inicio de la denominada “fase 4” del programa monetario, la autoridad monetaria acumula compras por US$ 13.101 millones, un proceso que encuentra en las emisiones provinciales una fuente complementaria de ingreso de divisas.

El desafío hacia adelante será sostener este acceso al crédito sin comprometer la sostenibilidad fiscal. Para las provincias, el financiamiento externo puede transformarse en una herramienta de desarrollo cuando se orienta a infraestructura productiva y proyectos con capacidad de generar crecimiento. La clave estará en que la deuda no financie gasto corriente, sino inversiones que mejoren la competitividad, fortalezcan la actividad económica y eleven la capacidad futura de repago.

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Plantan 20.000 árboles nativos en áreas afectadas por incendios en Chubut

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Poco más de 20.000 árboles nativos fueron plantados en el Parque Provincial El Turbio, en la provincia de Chubut, en sectores afectados por los grandes incendios forestales de 2015 y los ocurridos en diciembre de 2025. Esta nueva etapa de restauración busca recuperar parte del bosque andino patagónico dañado por el fuego y fortalecer la resiliencia de estos ecosistemas únicos. 

La plantación se realizó el pasado abril sobre unas 20 hectáreas ubicadas en el sector del arroyo El Jara, dentro de una zona de alto valor de conservación cercana a Lago Puelo. Allí, hace apenas algunos meses, un incendio de origen natural arrasó más de 3.100 hectáreas, mientras que en 2015 otro gran incendio había destruido unas 7.000 hectáreas de bosque nativo en el mismo parque. 

La iniciativa forma parte del Componente “Restauración de Paisajes Forestales” que lidera Fundación Vida Silvestre Argentina, en el marco del proyecto ProCLIM-AR, en acompañamiento a la actualización e implementación del Programa Integral de Manejo y Restauración de Grandes Áreas Afectadas por Incendios Forestales en las temporadas 2014-2015, una estrategia de recuperación con visión a 30 años impulsada por la Secretaría de Bosques de Chubut; y se realizó con apoyo logístico de la Fundación para Cuidar al Planeta y sus Habitantes, a través del programa Reforestarg.

Restaurar los bosques que fueron consumidos por los incendios llevará décadas de trabajo y esfuerzo. A través del proyecto ProClim-AR y el compromiso de las autoridades locales buscamos aportar a la generación de condiciones habilitantes a largo plazo y la implementación de actividades en el corto tiempo sobre los territorios de Epuyén, El Turbio y Cholila”, destacó Ariel Medina, especialista en bosques de Fundación Vida Silvestre Argentina. “Asistir a la recuperación forestal a través de la plantación con especies nativas es un paso para restaurar la biodiversidad, proteger el agua y reconstruir el paisaje andino patagónicos que el fuego arrasó”, finalizó. 

Cada uno de los árboles que plantamos en las áreas afectadas por incendios forestales representa una inversión estratégica para el futuro de Chubut y un compromiso con las generaciones que vendrán. Refleja la decisión política del gobernador Ignacio Torres y el trabajo de la Secretaría de Bosques para sostener y fortalecer las acciones de recuperación de nuestros ecosistemas nativos, entendiendo que restaurar el bosque hoy es garantizar mejores oportunidades ambientales, sociales y productivas para mañana”, señaló Abel Nievas, secretario de bosques de Chubut. “Las decisiones adoptadas por el Estado provincial nos permiten dar continuidad al Plan Provincial de Restauración, una política pública estratégica orientada a recuperar áreas de bosque nativo degradadas por el fuego. Este trabajo se ve hoy fortalecido por la ejecución del proyecto ProClim-AR, que desde hace tres años aporta herramientas, financiamiento y capacidad operativa para ampliar el alcance de las acciones de restauración en la provincia”, destacó. 

Los 20.000 ejemplares plantados corresponden a coihues (Nothofagus dombeyi), una de las especies emblemáticas de los bosques andino-patagónicos. Los plantines, de aproximadamente un año y medio de edad, fueron producidos en el vivero provincial Lemu, en El Maitén.

Una logística poco común 

La logística de la campaña fue uno de los aspectos más llamativos del operativo. Para llegar hasta el área de restauración, el equipo técnico recorrió cerca de 150 kilómetros por tierra desde Esquel hasta Lago Puelo, luego navegó 13 kilómetros en lancha dentro del Parque Nacional Lago Puelo, avanzó en tractor y finalmente realizó una travesía de 30 kilómetros a caballo y a pie hasta el sitio de plantación. El traslado completo demandó casi dos días. 

A su vez, el traslado de los 20.000 plantines de coihues demandó un operativo poco común y fue coordinado entre el Servicio Provincial de Manejo de Fuego de la Secretaría de Bosques, el cual realizó el movimiento de los mismos desde el vivero Lemu, localizado en El Maitén, hasta la base de brigada de El Hoyo. A partir de allí, los plantines fueron trasladados con helicópteros, aportados por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), destacando la articulación ente organismos del Estado.

Doce pobladores de la zona, acompañados por técnicos forestales trabajaron en la plantación durante diez días. Los árboles fueron distribuidos en pequeños grupos o “bosquetes”, imitando la regeneración natural del bosque y aprovechando troncos quemados y arbustos como protección frente al viento y la radiación solar. 

Nievas puntualizó que “esta experiencia demuestra que la continuidad de las políticas públicas, acompañada por nuevas inversiones, una mayor capacidad operativa y el trabajo coordinado entre organismos, permite consolidar acciones concretas para la restauración de nuestros bosques. Asimismo, pone en valor el acompañamiento permanente de las comunidades, instituciones y organizaciones comprometidas con la protección y recuperación del patrimonio natural de todos los chubutenses”. 

El proyecto ProCLIM-AR impulsa, entre otras acciones, la restauración del paisaje forestal afectado por los incendios de 2014 y 2015, con foco en poco más de 42.000 hectáreas en las zonas de Lago Puelo, El Turbio y Cholila. 

Proyecto ProCLIM-AR 

Restauración de Paisajes Forestales (RPF) es uno de los cuatro componentes del proyecto “Promover vías de desarrollo bajas en carbono y resilientes al clima para Argentina – ProCLIM-AR”, que se implementa a través de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, en el marco de un acuerdo de cooperación bilateral entre los gobiernos de Argentina y Alemania, mediante la Iniciativa Internacional sobre el Clima (IKI) que impulsa el gobierno federal alemán a través del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección del Clima, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMUKN). 

La implementación del componente “Restauración de Paisajes Forestales” está a cargo de un consorcio conformado por: Fundación Vida Silvestre Argentina, que asume el rol de liderazgo, la agencia de cooperación alemana para el desarrollo GIZ y Fundación AVINA con el apoyo de ACDI. Por parte del gobierno argentino, participa como punto focal específico la Dirección Nacional de Biodiversidad, Relaciones Ambientales y Cooperación de la Subsecretaría de Ambiente y la Dirección de Producción Sostenible de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. A nivel local, intervienen la Secretaría de Bosques de Chubut y en la provincia de Misiones, el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables. 

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La Corte redefine el alcance de Ingresos Brutos en disputas con Chubut y provincia de Buenos Aires

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el 23 de abril de 2026 dos fallos que impactan de lleno en la relación fiscal entre empresas y provincias, al pronunciarse sobre el alcance del impuesto a los Ingresos Brutos en casos que involucran a YPF S.A. y a Verónica S.A.C.I.A.F.E.I. Las decisiones, en causas originarias contra Chubut y Buenos Aires, abordan un punto sensible del esquema tributario argentino: hasta dónde pueden las jurisdicciones gravar actividades vinculadas a exportaciones o condicionar beneficios fiscales según la localización industrial. El dato central no es solo jurídico: el tribunal vuelve a intervenir en una zona de fricción estructural entre recaudación provincial y reglas federales. ¿Se trata de un ajuste técnico o de una señal más amplia sobre los límites del poder tributario subnacional?

El marco institucional: federalismo fiscal bajo revisión

Ambos expedientes se tramitaron como acciones declarativas de certeza, un instrumento que busca resolver estados de incertidumbre jurídica. En el caso de YPF, la controversia con la Provincia del Chubut giró en torno a la inclusión en la base imponible de Ingresos Brutos de ingresos derivados de exportaciones de hidrocarburos extraídos en esa jurisdicción pero industrializados fuera de ella.

La petrolera cuestionó el criterio provincial que pretendía gravar esos ingresos, incluso cuando una parte de la producción se destinaba a exportación tras ser procesada en otra provincia. El planteo se inscribe en la aplicación del Convenio Multilateral, eje del sistema que regula la distribución de la base imponible entre jurisdicciones.

En paralelo, la causa contra la Provincia de Buenos Aires expuso otro tipo de tensión: la empresa Verónica impugnó una norma que la excluía de una alícuota reducida del impuesto por no tener su establecimiento industrial radicado en ese territorio. La discusión, en este caso, no fue sobre exportaciones sino sobre condiciones de acceso a beneficios fiscales.

En ambos fallos, la Corte se posiciona como árbitro del equilibrio entre potestades provinciales y reglas federales, un rol que adquiere mayor peso en un contexto de presión recaudatoria.

Dos criterios en juego: exportaciones y radicación

Aunque los casos son distintos, comparten una lógica común: definir qué puede gravar una provincia y bajo qué condiciones. En el expediente de YPF, el núcleo del conflicto radica en si los ingresos por exportaciones —cuando hay procesos productivos interjurisdiccionales— deben integrar la base imponible del tributo.

La discusión remite a un principio clásico: la no imposición de exportaciones como herramienta de política económica. En cambio, en el caso de Verónica, el foco está en la diferenciación de alícuotas en función de la ubicación de la planta productiva, un criterio que puede afectar la competitividad entre provincias.

Traducido en términos políticos, ambos fallos delimitan hasta dónde puede avanzar una provincia en la captura de recursos sin alterar reglas de juego que exceden su territorio.

Impacto y correlación de fuerzas

Las decisiones del tribunal tienen efectos inmediatos sobre la relación entre empresas y fiscos provinciales. Para las compañías, implican una mayor previsibilidad en escenarios donde la interpretación tributaria varía según la jurisdicción. Para las provincias, introducen límites concretos en estrategias de recaudación que, en muchos casos, buscan ampliar bases imponibles o incentivar radicación productiva.

El impacto no es homogéneo. En el caso de los hidrocarburos, la discusión involucra recursos estratégicos y exportaciones, lo que amplifica su dimensión económica. En el ámbito industrial, la definición sobre alícuotas puede incidir en decisiones de inversión y localización.

En términos de poder, la Corte vuelve a equilibrar la balanza a favor de un criterio más uniforme dentro del esquema federal, lo que condiciona márgenes de acción de las administraciones provinciales.

Otro precedente que proyecta nuevas disputas

Más allá de los efectos concretos, los fallos del 23 de abril se inscriben en una tendencia: el creciente protagonismo del Poder Judicial en la regulación del federalismo fiscal. Esta es la tercera intervención en el mes donde redefine, aunque sea parcialmente, los incentivos del sistema.

La clave hacia adelante estará en observar cómo reaccionan las provincias. ¿Ajustarán sus normativas o buscarán nuevos mecanismos para sostener la recaudación? También será relevante el comportamiento de las empresas, que podrían apoyarse en estos precedentes para cuestionar otros esquemas impositivos.

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El Gobierno declaró la Emergencia Ígnea por un año en cuatro provincias y habilitó un despliegue federal extraordinario

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Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 73/2026, publicado este 30 de enero, el Poder Ejecutivo Nacional declaró la Emergencia Ígnea y zona de desastre en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa por el plazo de un año. La medida responde a la magnitud de los incendios forestales —con especial impacto en el Parque Nacional Los Alerces—, al colapso de la capacidad operativa de respuesta y a un escenario climático adverso marcado por sequía y vientos intensos, que amenaza el patrimonio natural, los bienes productivos y la vida de las poblaciones afectadas.

El decreto activa un esquema de intervención federal inmediata, centralizado en la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, que asume la coordinación integral de recursos, acciones de combate del fuego, asistencia a damnificados y restauración ambiental, en articulación con provincias y municipios.

Fundamentos constitucionales y marco normativo de la emergencia

El DNU se apoya en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho a un ambiente sano y obliga al Estado a preservar el patrimonio natural y la biodiversidad. En ese marco, el Ejecutivo invoca la Ley de Manejo del Fuego N° 26.815, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental frente a incendios forestales y rurales, y la Ley N° 27.287, que creó el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil.

Según los considerandos, los incendios en curso generaron “consecuencias nocivas tanto para el patrimonio natural protegido como para las poblaciones cercanas”, en un contexto donde “la capacidad de respuesta de los medios empeñados en el combate del fuego ha sido superada”. Esta situación encuadra, de acuerdo con el texto oficial, en los supuestos de emergencia (artículo 2°, inciso e) y zona de desastre (artículo 2°, inciso d) previstos por la Ley 27.287.

El Gobierno justificó el uso del instrumento de necesidad y urgencia en la imposibilidad de seguir el trámite legislativo ordinario sin incurrir en demoras incompatibles con la urgencia operativa, conforme al artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional y a la Ley N° 26.122, que regula la intervención posterior del Congreso a través de la Comisión Bicameral Permanente.

El rol de la Agencia Federal de Emergencias y el alcance operativo

El Decreto 73/2026 refuerza el rol de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), creada por el Decreto N° 225/25 como organismo desconcentrado del Ministerio de Seguridad Nacional. Además de sus competencias originales, la AFE queda formalmente encomendada a coordinar:

  • Acciones de prevención, presupresión y combate de incendios forestales y rurales en todos los ámbitos contemplados por la Ley 26.815, en el marco del Sistema Federal de Manejo del Fuego.
  • Acciones de atención, mitigación y asistencia frente a los daños provocados por los incendios sobre la vida, la integridad física, los bienes, el trabajo y los medios de vida de personas y familias afectadas.
  • Apoyo y asistencia a provincias y municipios, con el objetivo de garantizar recursos efectivos tanto para el combate del fuego como para la recuperación social y productiva posterior.
  • Aplicación integral de las medidas previstas en la Ley 27.287, articulando prevención, respuesta inmediata y etapa postcrisis.

Todas estas acciones deberán ejecutarse en coordinación con los gobiernos provinciales de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, y con los municipios involucrados, respetando los protocolos del Plan Nacional de Manejo del Fuego.

Impacto de la medida

La declaración de Emergencia Ígnea por doce meses habilita al Estado nacional a concentrar decisiones, recursos y capacidades operativas en una estructura federal unificada, con efectos directos sobre la gestión ambiental, la protección civil y la respuesta ante desastres. Desde el punto de vista institucional, el decreto consolida a la AFE como autoridad nacional en emergencias, integrando la lógica de manejo del fuego con la gestión integral del riesgo.

En términos prácticos, el reconocimiento simultáneo de emergencia y zona de desastre establece el marco legal para acelerar la respuesta estatal frente a un fenómeno que combina daño ambiental severo, afectación del sistema productivo y riesgo para la población, en una de las regiones más sensibles desde el punto de vista ecológico del país.

El decreto fue firmado en acuerdo general de ministros, entra en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá expedirse sobre su validez conforme al procedimiento previsto por la Ley 26.122.

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El Gobierno elevó a US$65 por barril el umbral para pagar retenciones en petróleo

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El Poder Ejecutivo nacional oficializó una modificación clave en el régimen de derechos de exportación aplicables al petróleo crudo proveniente de yacimientos convencionales. A través del Decreto 59/2026, publicado el 29 de enero de 2026, se elevaron los valores de referencia que determinan las alícuotas móviles de retenciones, con el objetivo explícito de mejorar la competitividad del sector, sostener la producción en áreas maduras y acompañar los acuerdos firmados entre la Nación, provincias productoras y empresas del sector hidrocarburífero.

La medida tiene impacto directo sobre las exportaciones de crudo convencional, redefine incentivos económicos y se inscribe en una estrategia más amplia para revertir el declino estructural de estos yacimientos, en un contexto de mayores costos operativos y condiciones macroeconómicas internacionales adversas.

Derechos de exportación de petróleo crudo 

El Gobierno nacional estableció una alícuota del cero por ciento (0 %) para los derechos de exportación de petróleo crudo proveniente de yacimientos convencionales cuando el precio sea menor o igual a US$65.

En la práctica, es un beneficio que impacta en áreas maduras ubicadas en las provincias de Santa Cruz, Chubut y Neuquén.

La normativa modifica el esquema previo, que establecía un Valor Base de US$45 para empezar a tributar.

Con los nuevos parámetros, si el precio internacional supera los US$65 pero se mantiene por debajo de los US$80 (Valor de Referencia), se aplicará una fórmula de cálculo específica; si el precio iguala o supera los US$80, la alícuota será del 8 %.

Nuevo esquema de derechos de exportación: qué cambia y cómo funciona

El Decreto 59/2026 sustituye, para el petróleo crudo convencional comprendido en la posición arancelaria 2709.00.10 de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), el esquema de valores establecido por el Decreto 488/20. En concreto, se modifican los parámetros que determinan la alícuota del derecho de exportación en función del precio internacional del barril.

A partir de la nueva normativa, el Valor Base (VB) se fija en USD 65 por barril, mientras que el Valor de Referencia (VR) se establece en USD 80 por barril, ambos calculados sobre la cotización del “ICE Brent primera línea”. Hasta ahora, esos valores eran de USD 45 y USD 60 por barril, respectivamente.

El esquema mantiene la lógica de retenciones móviles:

  • 0% de derecho de exportación cuando el Precio Internacional (PI) sea igual o inferior al Valor Base.
  • 8% de alícuota cuando el PI sea igual o superior al Valor de Referencia.
  • Una fórmula intermedia para los casos en que el PI se ubique entre ambos valores.

El Precio Internacional será publicado el último día hábil de cada mes por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, considerando el promedio de las últimas cinco cotizaciones difundidas por Platts Crude Marketwire bajo el encabezado “Futures Settlements”.

Con esta decisión, el Ejecutivo deja sin efecto, para el crudo convencional, la alícuota prevista en el artículo 7° del Decreto 488/20, consolidando un tratamiento diferencial para este tipo de producción.

Contexto productivo y fundamentos económicos de la medida

El decreto reconoce de manera explícita la situación “compleja” que atraviesa la producción de hidrocarburos convencionales en la Argentina. Según los considerandos, el sector enfrenta el agotamiento natural de los yacimientos, un incremento sostenido de los costos operativos y el impacto de las condiciones macroeconómicas internacionales.

En este escenario, las provincias productoras —en particular Chubut, Neuquén y Santa Cruz— adoptaron medidas para sostener la actividad en áreas maduras, incluyendo reducciones de regalías, alivios fiscales y reconversión de concesiones. A la par, las empresas nucleadas en la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) avanzaron en acciones para preservar producción, empleo e inversiones.

La norma subraya que estos esfuerzos provinciales y empresariales requerían un acompañamiento del Estado nacional mediante la adecuación de los instrumentos fiscales vigentes. En ese marco, el Ministerio de Economía, las provincias mencionadas y la CEPH suscribieron Actas Acuerdo en las que la Nación asumió el compromiso de impulsar una modificación del régimen de derechos de exportación para el crudo convencional.

El objetivo declarado es “morigerar la coyuntura descripta”, mejorar la competitividad del sector y reforzar el perfil exportador del complejo hidrocarburífero, uno de los más relevantes y dinámicos de la economía argentina.

Sectores alcanzados y proyección

Desde el punto de vista institucional, el decreto se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 755 del Código Aduanero y los artículos 99 incisos 1 y 2 de la Constitución Nacional. Además, se establece la obligación de dar intervención a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, conforme a la Ley 26.122, que regula el control legislativo de los decretos delegados.

En términos operativos, la Secretaría de Energía tendrá un rol central: deberá definir las pautas y procedimientos para determinar, en cada exportación, la proporción de petróleo crudo convencional dentro de la producción total por área de concesión. También contará con un plazo máximo de 60 días para dictar las normas complementarias necesarias para la aplicación efectiva del régimen.

Los principales sectores alcanzados por la medida son las empresas productoras de crudo convencional, las provincias hidrocarburíferas y la cadena de valor asociada a yacimientos maduros. El nuevo esquema reduce la presión fiscal efectiva en escenarios de precios internacionales medios, ampliando el rango de precios con alícuota cero y postergando la aplicación plena del 8%.

Desde una perspectiva económica, la iniciativa busca generar señales de previsibilidad e incentivo a la inversión en un segmento que enfrenta desafíos estructurales, al tiempo que preserva un esquema progresivo que captura renta en contextos de precios elevados. En lo político, refuerza el alineamiento entre Nación, provincias y sector privado en torno a la sostenibilidad del petróleo convencional.

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