CIADI

Arrancó el primer juicio contra la Argentina en el CIADI por estatizar las AFJP

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La demanda es de MetLife. Pide un resarcimiento por la decisión del gobierno de Cristina Kirchner de nacionalizar el sistema de jubilaciones y pensiones
El primer juicio que enfrenta el Estado argentino por la reestatización del sistema jubilatorio comenzó hace pocos días en el tribunal arbitral del CIADI, donde una de las compañías que formaron parte del sistema de capitalización privado, MetLife, busca resarcimiento por esa decisión tomada en 2008 por el gobierno de Cristina Kirchner.
La primera audiencia tuvo lugar hace dos viernes, participaron ambas partes junto al tribunal constituido y fue sostenida de forma telefónica, una variante habitual en este tipo de arbitrajes para evitar costos operativos.
De acuerdo a fuentes que participaron de la audiencia, la primera sesión sirvió para definir cuestiones formales, como la agenda procesal. Por el momento no hubo intercambios de argumentos legales sobre el litigio en sí.
El “sujeto de disputa” declarado por la firma es “sistema de pensiones” y cita como justificativo a su reclamo el Tratado Bilateral de Inversiones firmado en 1991 entre Estados Unidos y la Argentina.
Desde MetLife afirmaron al diario BAE que la demanda se inició “a fin de resguardar los derechos de sus accionistas” y que “habiéndose iniciado el referido proceso legal, presentaremos nuestros argumentos en dicha instancia y no haremos más comentarios sobre la materia”, afirmaron. Metlife argumentará, por lo tanto, que el Estado argentino no respetó sus derechos como inversor al ejecutar la nacionalización de las AFJP y la estatización del sistema de jubilaciones.
Desde la nacionalización del sistema de pensiones en 2008, de las diez compañías del sistema de capitalización que quedaban en el país, seis decidieron acudir a la Justicia local para reclamar compensaciones aunque ninguna de las demandas tuvo aún un pronunciamiento de la Justicia.
Las compañías que hasta fines de 2010 no iniciaron acciones judiciales en el país perdieron ese derecho por cuestiones de prescipción (como es el caso de MetLife), aunque mantuvieron como única posibilidad iniciar demandas en el exterior, por ejemplo ante el CIADI, que depende del Banco Mundial. Debido a que el proceso está recién comenzado, aún no está claro cuál es el reclamo monetario que llevará adelante la compañía.
El tribunal fue constituido en febrero, con un integrante elegido por el demandate, el alemán Klaus Reichert, mientras que el mediador nombrado por el Estado argentino fue el abogado neocelandés Campbell McLachlan, que ya representó al país en el juicio que inició Urbaser.
El presidente del tribunal es el canadiente Ian Binnie, ex juez de la Corte Suprema de ese país. Consultados por este diario, desde MetLife aseguraron que el desarrollo del laudo no afectará sus actividades en el país.
“Valoramos nuestra larga trayectoria en la Argentina, a sus trabajadores y a sus más de dos millones de clientes y seguiremos trabajando en el país”, comentaron. La Procuración del Tesoro, por su parte, no respondió consultas periodísticas sobre este tema.
De acuerdo al sitio web del tribunal arbitral, el país tiene pendiente unos 21 laudos arbitrales pendientes de resolución, principalmente en sectores de energía y minería.

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El Estado deberá pagar más de 320 millones de dólares por expropiación de Aerolíneas

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El Gobierno sumó hoy una nueva obligación heredada del kirchnerismo cuando el tribunal de resolución de controversias del Banco Mundial (CIADI) condenó a la Argentina a pagar 320,7 millones de dólares por expropiar Aerolíneas en el 2008.

El fallo representa otro golpe a las cuentas públicas de la Argentina, que lucha por recuperar su estatus de país que cumple con sus obligaciones ante la comunidad internacional, según consigna la agencia NA.

Desde Washington llegó la mala noticia, ya que el Estado fue condenado a pagar esa suma millonaria, más intereses, al Grupo Marsans, último dueño de la firma, empresa cuestionada por corrupción en España donde sus directivos están presos.

“El demandado incumplió el artículo IV del Tratado al no haber entregado a las demandantes un trato justo y equitativo de sus inversiones”, sostiene el fallo.

La decisión cuestiona “medidas injustificadas al interferir con los derechos de los demandantes respecto de sus inversiones” y acusa al Gobierno de Cristina de Kirchner de “expropiar ilegalmente las inversiones” en cuestión. Además de Aerolíneas Argentinas y Austral, la expropiación contempló a Aerohandling, Optar y Jet Paq.

El 16 de diciembre de 2008, a las pocas horas de que el Senado sancionara la ley que declaró “sujetas a expropiación” las acciones de Aerolíneas Argentinas y Austral, Marsans presentó un reclamo de indemnización por 1.560 millones de dólares.

Además de los US$ 320 millones, el tribunal impuso otros US$ 23,76 millones, más intereses, a la Argentina en concepto de compensación por los daños causados por la expropiación. Y US$ 3,5 millones más para cubrir los costos legales del demandante.

El 9 de enero de 2009, el Gobierno de Cristina de Kirchner publicó el decreto 2347, a través del que designó al Ministerio de Planificación como organismo “expropiante” de Aerolíneas Argentinas y Austral, y creó una Unidad Administrativa que “tendrá a su cargo todas las tareas de manejo de la compañía”.

El rol ejecutivo quedó a cargo de Julio Alak y Juan de Dios Cincunegui, quien ya había integrado la comisión de transición en julio de 2008, en representación del Estado. Más tarde tomaría el mando de la empresa Mariano Recalde.

Marsans se habría comprometido en principio a desistir de la demanda ante el Ciadi y a entregar voluntariamente sus acciones de Interinvest, la compañía controlante del 95% de Aerolíneas y 98% de la empresa Austral, pero ese acuerdo se cayó.

El dueño de Marsans y exhombre fuerte de la central empresarial española CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, está preso en España por corrupción.

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Amplían emisión del Bonar 2024 por u$s 210 millones para pagar acuerdo en Ciadi

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El Gobierno dispuso ampliar por u$s 210 millones la emisión del Bonar 2024, con el fin de cancelar un acuerdo que alcanzó en el tribunal del Ciadi por un fallo adverso contra la empresa Total SA.

Vale recordar que el Centro Internacional de Arbitrajes (Ciadi), que depende del Banco Mundial, rechazó en 2016 un último recurso de la Argentina y confirmó que nuestro país debía pagarle a la petrolera francesa Total SA.

Para hacer efectivo el crédito, la empresa se presentó ante un tribunal argentino, la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, que certificó el laudo extranjero que la beneficia para, así, poder cobrar esa suma.

La causa se inició en 2001, cuando a raíz de la emergencia económica, la empresa demandó por ruptura del equilibrio económico financiero del negocio que desarrollaba.

Ahora, de acuerdo con la Resolución 112-E/2017 del Ministerio de Finanzas, publicada en el Boletín Oficial, se aprobó el acuerdo de pago, y se dispuso la ampliación de la emisión del Bonar 2024 por u$s 210 millones con el fin de cumplir con el pago.

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