CIBERCRIMEN

Cibercrimen en alerta máxima: expertos advierten que la región llega tarde a la discusión sobre delitos digitales

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 Este 1 de diciembre se realizó en Pilar el V Encuentro Regional de Cibercrimen – “Ctrl + Alt + Delito”, organizado por el Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (OCEDIC) de la Universidad Austral y con el acompañamiento de TikTok.

El evento reunió a más de 25 especialistas de toda la región, junto con fiscales, jueces, defensores y agentes de fuerzas de seguridad de distintas provincias, para abordar los desafíos actuales del cibercrimen: inteligencia artificial, evidencia digital, cripto activos, riesgos en redes sociales, violencia en línea y nuevas modalidades delictivas.

En la apertura institucional, el rector de la Universidad Austral, Julián Rodríguez, subrayó la tensión entre el potencial educativo de la tecnología y los riesgos que habilita en manos de ofensores. “La tecnología que permite a una adolescente aprender, crecer y acceder a oportunidades es la misma herramienta que puede convertirse en un canal para la extorsión, el daño psicológico o la manipulación. Esta frontera entre lo posible y lo permitido es cada vez más tenue, y nos exige actuar con prudencia y con un profundo respeto por la dignidad humana”, señaló.

Rodríguez remarcó además que el ciberdelito “desborda los viejos códigos” y exige un nuevo lenguaje común entre técnica, derecho y ética: “No todo lo que puede hacerse debe hacerse. La seguridad digital no se construye solo con herramientas, sino con convicciones morales firmes, profesionalismo y la capacidad de mantener a la persona en el centro”.

A continuación, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Gabriel M. Astarloa, pronunció también unas palabras de bienvenida: “Desde el 2020 funciona el Observatorio de Cibercrimen de nuestra Universidad con una labor de capacitación, investigación y concientización muy fecunda. Sabemos que el fenómeno del ciber delito junto con las nuevas tecnologías se seguirá expandiendo. Y, en ese sentido, lo queremos enfrentar con un abordaje interdisciplinario, serio y riguroso, propio del saber universitario. Ese es el espíritu también de este encuentro regional, donde, desde diversos ángulos y con la presencia de expertos nacionales y de la región, analizamos toda la complejidad que tiene hoy el ciber delito”.

La primera exposición estuvo a cargo de Daniela Dupuy, directora del OCEDIC de la Universidad Austral y Fiscal Coordinadora de la UFEDyCI (Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dupuy compartió datos internacionales que muestran la magnitud del fenómeno. En 2024 se detectaron más de 20 millones de reportes de material de abuso sexual infantil. Cada reporte puede incluir varios archivos, lo que representa un total estimado de más de 33 millones de videos y 28 millones de fotos: casi 63 millones de archivos con niñas, niños y adolescentes siendo abusados.

Ese escenario se agrava con el avance de la inteligencia artificial utilizada para generar imágenes y videos sintéticos de abuso. Según Dupuy, este tipo de material creció un 1.325% entre 2023 y 2024. Los datos que citó la especialista corresponden al  National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC).

“Las tecnologías nos retan permanentemente. No solo debemos enfrentar el volumen, sino también la aparición de producciones generadas artificialmente, que circulan con la misma lógica entre redes de pedófilos”, advirtió.

Situación en Argentina: aumento sostenido y nuevos desafíos

A nivel nacional, el Ministerio Público Fiscal de CABA recibe los reportes remitidos por plataformas digitales conforme a la legislación federal. En 2024 ingresaron 120.000 reportes, cifra ya superada en los primeros meses de 2025. Los equipos especializados analizan, clasifican y derivan los reportes a las provincias donde se presume que se encuentran los autores. Dupuy destacó el “trabajo enorme y silencioso” de estas unidades, fundamentales para el inicio de cada investigación.

Además del volumen creciente, se registra una fuerte expansión de redes de distribución en grupos cerrados de WhatsApp, Telegram y Signal, lo que dificulta la trazabilidad. “Sin agentes encubiertos digitales no podemos investigar estos casos. No es lo mismo infiltrar una organización de diez personas que un grupo de WhatsApp con más de 2.000 integrantes”, explicó.

Dupuy relató también experiencias recientes de cooperación internacional. Participó en Ecuador de una capacitación para utilizar herramientas de IA destinadas a identificar víctimas reales en material de abuso sexual infantil, en el marco de la operación Guardianes Digitales por la Niñez.

El trabajo coordinado permitió rescatar a 137 niños y niñas y lograr la identificación de más del doble de víctimas.

“La inteligencia artificial no solo permite detectar contenido sintético. También nos ayuda a identificar a las víctimas reales y a abrir nuevas líneas de investigación. Una vez que un niño o niña es identificado, pueden surgir datos sobre quienes producen este material”, explicó.

Dinámica de los grupos y cooperación internacional

David Reguero Novoa, miembro de Ameripol y de la Policía Nacional de España, aportó una mirada desde su experiencia en la investigación de grupos pedófilos en aplicaciones de mensajería instantánea. Destacó que la proliferación de comunidades cerradas “se ha convertido en una de las grandes vías de investigación” y subrayó que estos espacios funcionan como ecosistemas donde los ofensores comparten material de nueva generación y se validan entre sí.

Reguero Novoa resaltó especialmente el valor del trabajo conjunto transnacional: “La colaboración internacional es fundamental. En España nunca habíamos podido trabajar tan estrechamente con otro país como con Argentina: hubo contacto permanente, intercambio de información y un compromiso real de avanzar juntos. Este tipo de delitos no tiene fronteras; nosotros tampoco podemos tenerlas”.

En la misma línea, la médica psiquiatra y perito del Poder Judicial de CABA, Nazarena Traba, enfatizó la necesidad de una respuesta integral: “La única forma de proteger a niñas, niños y adolescentes es trabajando de manera articulada. Sin diálogo entre la justicia, fuerzas de seguridad, escuelas, familias y plataformas tecnológicas, siempre llegamos tarde. El agresor se mueve rápido; nosotros no podemos movernos solos”.

Traba advirtió además sobre las vulnerabilidades que habilitan estos delitos: “El problema no es solo lo que hacen los ofensores, sino las vulnerabilidades que encuentran: menores hiper expuestos, adultos desinformados y un ecosistema digital que los recibe sin supervisión. La prevención empieza en la comprensión profunda de estos puntos ciegos”.

Perspectiva de TikTok y el aporte del sector privado

Nicolás Sforzini, responsable de Políticas Públicas de TikTok en Argentina, planteó con crudeza los límites y responsabilidades del sector privado frente a los delitos que afectan a niñas, niños y adolescentes. Señaló que la industria llega tarde a estas conversaciones y que no se puede esperar “ni a una regulación ni a la buena voluntad de una plataforma para actuar”, porque en materia de niñez “no hay margen para el diálogo superficial, para mostrarse o construir reputación”.

Sforzini detalló que TikTok mantiene estándares estrictos de detección y reportes: “El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad registra que alrededor del 2% de los casos que se investigan provienen de reportes de TikTok. Puede parecer un número pequeño, pero es muchísimo, y no podemos esperar a que aparezcan esos casos para actuar”.

Destacó también la alianza con el OCEDIC, que permitió llegar a más de 7.000 estudiantes, docentes y familias en distintas provincias, además de entrenar a fiscales y funcionarios. “Somos un equipo pequeño de políticas públicas; solos no podríamos haber llegado a estos lugares. El Observatorio de la Universidad Austral nos permitió multiplicar el impacto”.

Además, subrayó un compromiso territorial real: recorridos por municipios de la provincia de Buenos Aires donde la plataforma se reunió con intendentes, docentes y familias. “No se trata de aparecer para la foto. Como sector privado, tenemos que aprender de las personas que ponen el cuerpo todos los días en estos temas”, afirmó.

Sforzini señaló también que TikTok implementa mensajes automáticos que derivan a líneas de ayuda como el 137 y a los canales del OCEDIC cuando un usuario busca términos vinculados a abuso o bullying. Anticipó, además, que la compañía —en articulación con organismos de Argentina, Chile, Uruguay y la OEA— lanzará en 2026 una guía de control parental con una distribución proyectada de más de 200.000 ejemplares en todo el país.

Una agenda urgente: actualizar legislación y capacidades

Dupuy subrayó la necesidad de adaptar los códigos procesales provinciales e incorporar herramientas como la figura del agente encubierto digital, fundamental para investigar delitos en entornos cerrados.

El encuentro continúa a lo largo del día con ponencias sobre IA, delitos informáticos, evidencia digital, criptoactivos, ciberseguridad y protección de la niñez en línea, con especialistas nacionales e internacionales convocados por el OCEDIC.

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Presentaron en Misiones la reforma del Código Penal: modernización, delitos ambientales y cibercrimen

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Borinsky expuso en Misiones los ejes del Nuevo Código Penal y su relevancia federal. Se analizó su impacto institucional y ambiental. El Salón Dos Constituciones fue sede de una jornada clave para socializar los alcances de la reforma penal más trascendente desde 1921.

En el Salón Dos Constituciones de la Cámara de Representantes se presentó este viernes el Proyecto del Nuevo Código Penal de la Nación, en un acto encabezado por autoridades judiciales, legislativas y académicas de Misiones. La actividad, considerada de interés institucional, buscó socializar los contenidos de una reforma integral que reemplazaría el Código Penal de 1921, introduciendo nuevas figuras delictivas, fortaleciendo el rol de la víctima y sumando por primera vez un capítulo específico de delitos ambientales. Su impacto promete reconfigurar el funcionamiento del sistema de justicia en un contexto de cambios sociales acelerados y creciente complejidad del crimen.

Un debate institucional sobre la modernización del sistema penal

La presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, abrió el encuentro acompañada por los ministros Froilán Zarza, Juan Manuel Díaz —en su carácter de Ministro de Enlace del Fuero Penal—, Ramona Beatriz Velázquez, Valeria Fiore Cáceres y Cristina Irene Leiva, además del Procurador General Carlos Jorge Giménez.

También participaron autoridades de la Cámara Federal de Apelaciones —Mirta Delia Tyden, Mario Osvaldo Boldú y Gustavo Fabián Cardozo— junto a la jueza federal Verónica Skanata, quienes reforzaron la dimensión federal de la discusión.

Venchiarutti Sartori destacó que la reforma se impulsa “después de haber pasado una pandemia y después de haber entendido que el mundo se globalizó y que los delitos que están actualmente en el Código Penal a lo mejor no se pueden adaptar a este mundo globalizado”.
Agregó que “los legisladores no pueden correr atrás de los cambios sociales porque son demasiado bruscos, abruptos y vertiginosos”, y recordó que “la Constitución fue modificada por última vez en el año ‘94, han pasado muchísimos años”.

Durante el acto se declaró de interés institucional la “Presentación del Dr. Mariano Hernán Borinsky del Proyecto de Nuevo Código Penal de la Nación Argentina” y se entregaron distinciones a los expositores.

El aporte misionero: delitos ambientales y desafíos regulatorios

El ministro Juan Manuel Díaz, doctor en Derecho y docente universitario, expuso sobre “Delitos Ambientales en el Proyecto del Nuevo Código Penal de la Nación”. Subrayó que la inclusión de este capítulo constituye una novedad trascendental, ya que “esa comprensión de lo ambiental fue desarrollándose y evolucionando en el tiempo”.

El ministro recordó que entre 2000 y 2022 el Observatorio de Derecho Penal y Contravencional Ambiental de la Universidad Católica de Santa Fe presentó 20 proyectos de protección de bosques nativos en el Congreso sin resultados favorables. En ese marco, afirmó que “de aprobarse esta propuesta, finalmente va a tener una adecuada protección en el Código Penal”.

Cerró su exposición destacando que la reforma representa “un enorme derecho en la responsabilidad de poder transmitir este capital natural, estos valiosos bienes como un legado para la posteridad”.

La diputada Anazul Centeno, presidenta de la Comisión de Legislación General, Justicia y Comunicaciones, valoró el trabajo articulado entre poderes del Estado. “Fruto de este trabajo es que en estos últimos años hemos avanzado en normativas y reformas que son importantísimas para los misioneros”, señaló.
Además, recordó que Misiones es una de las provincias con mayor proporción de jóvenes, lo que implica “mayor cantidad de gente y, por ende, mayor conflictividad, y el servicio de justicia tiene que ser eficiente, tiene que ser cercano”.

Borinsky detalló los ejes estructurales del nuevo Código Penal

El cierre estuvo a cargo de Mariano Hernán Borinsky, doctor en Derecho por la UBA, juez de la Cámara Federal de Casación Penal y presidente de la comisión redactora del proyecto. Explicó que antes de avanzar en la reforma realizó un diagnóstico sobre el trabajo de 17 comisiones anteriores, y destacó la necesidad de recorrer el país: “el Código Penal es federal, son 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cada una tiene sus particularidades, su litigiosidad y sus intereses”.

Borinsky subrayó que el nuevo texto se organiza sobre ejes centrales vinculados con la unificación normativa, la incorporación de nuevas figuras delictivas y la actualización frente al impacto tecnológico. “A partir de la pandemia subió muchísimo lo que tiene que ver con el cibercrimen”, afirmó, y destacó la inclusión de “títulos específicos que tienen que ver con criminalidad económica y cibercrimen”.

La presentación reunió a magistrados y funcionarios de la Justicia Provincial y Nacional, legisladores provinciales, autoridades del Poder Ejecutivo y un amplio público académico.

La reforma, presentada como la más trascendente de los últimos tiempos, propone un nuevo Código Penal moderno y unificado, que reemplazaría las más de mil reformas parciales acumuladas desde 1921.

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Expertas internacionales alertaron en Posadas sobre el aumento de ciberdelitos y grooming

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La directora del International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC), Pilar Ramírez, y la fiscal especializada en delitos informáticos de la Ciudad de Buenos Aires, Daniela Dupuy, participaron en la Universidad Católica de Santa Fe, sede Posadas, de una jornada dedicada a la protección de niños, niñas y adolescentes frente a la violencia digital. Ambas coincidieron en que Argentina enfrenta un incremento sostenido de los casos de ciberdelitos y grooming, y que Misiones se posiciona como una de las provincias con mejor articulación judicial.

“Esta actividad busca sensibilizar y enseñar sobre la violencia que existe en el entorno digital contra niños, niñas y adolescentes”, explicó Pilar Ramírez, directora de Protección Infantil y Asuntos Legales del International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC).

Ramírez subrayó que el primer paso es empoderar a los chicos, pero también a los adultos: “Ellos saben cuándo algo no está bien en las redes, pero los adultos muchas veces no saben cómo actuar o denunciar. Por eso es fundamental que conozcan los canales de denuncia, tanto en el país como en las plataformas que usan sus hijos”.

La especialista alertó que Argentina ocupa el cuarto lugar en América Latina en la difusión de material de abuso sexual infantil detectado por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de Estados Unidos.

“Por eso venimos a las provincias -dijo-, porque el delito no ocurre solo en un lugar. Es un fenómeno global, y Misiones ha tenido casos paradigmáticos por la calidad de sus investigaciones y la cooperación judicial internacional”.

Ramírez destacó la necesidad de articulación entre gobiernos, fuerzas de seguridad, justicia y empresas tecnológicas: “Las plataformas son las que pueden aportar información para identificar a los agresores y también a las víctimas que aparecen en las imágenes. No alcanza con la coordinación nacional, hay que trabajar con otras policías del mundo, porque a veces el agresor está en otro país y la víctima en Argentina”.

Aseguró que el país “lo está haciendo muy bien” en cooperación internacional, y que los resultados de operativos conjuntos son cada vez más notorios.

Los nuevos riesgos

Ramírez advirtió sobre dos fenómenos emergentes que preocupan a nivel global:

  1. El uso de inteligencia artificial para crear imágenes falsas con los rostros de menores.
  2. La autoproducción de material sexual por parte de adolescentes.

“Hay chicos que crean o envían fotos íntimas a compañeros sin dimensionar las consecuencias. En otros casos son forzados a hacerlo. Tenemos que enseñarles a protegerse, pero también a los adultos a reaccionar sin revictimizar”, sostuvo.

Consultada sobre el trabajo local, Ramírez valoró la tarea del Ministerio Público Fiscal misionero: “Me reuní con los fiscales y quedé impresionada. Buscan avanzar en temas complejos, como la sensualización de menores en imágenes, que requiere interpretar la norma penal con perspectiva de infancia”.

También destacó la alerta Sofía, aunque reconoció que faltan estadísticas nacionales sobre desaparición de niños y protocolos más ágiles de denuncia. “A veces las familias tardan en acudir a las autoridades, y eso puede ser determinante en casos de grooming o captación digital”, expresó.

Por su parte, la fiscal Daniela Dupuy, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de CABA, centró su exposición en la investigación penal en entornos digitales. “Hoy necesitamos códigos procesales y penales adaptados a estas nuevas modalidades. Muchas conductas aún no tienen sanción o encuadre jurídico”, explicó.

Dupuy valoró los avances de Misiones, que viene de un juicio histórico que terminó en la condena a los hermanos Sebastián y Germán Kickza. Por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. “Entiendo que el procurador general está haciendo mucho por poner el cibercrimen en agenda. Que los fiscales, defensores y jueces se capaciten en evidencia digital es clave. Cuando la justicia gestiona bien la tecnología, toda la sociedad se beneficia”.

Cifras alarmantes y un reto global

La fiscal reveló que en 2024 se recibieron más de 124.000 reportes de abuso sexual infantil digital en la Argentina, y que en 2025 ya se superó esa cifra.

Lejos de disminuir, los casos aumentan. Internet facilita la captación y el anonimato de los agresores. La inteligencia artificial, además, permite crear imágenes falsas sin costo alguno”, detalló Dupuy.

Dupuy insistió en que el avance tecnológico exige una respuesta institucional constante: “La tecnología evoluciona más rápido que el derecho. Todos los ministerios públicos fiscales del país y del mundo tenemos que estar a la altura para contrarrestar los efectos nocivos que se multiplican a través de las redes”.

La jornada cerró con un llamado conjunto a la prevención en las escuelas, la capacitación de las familias y la cooperación internacional.

Ramírez lo sintetizó con claridad: “Los chicos muchas veces no hablan por miedo a sus padres o a ser castigados. Si no cambiamos nuestra reacción, seguiremos fallando como adultos”.

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Investigan por grooming a un preceptor misionero tras denuncias de dos menores

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Detuvieron a un preceptor en Posadas acusado de acosar a alumnas a través de redes sociales.

El docente fue denunciado por dos adolescentes de 14 y 15 años. La Justicia investiga el caso bajo la figura de grooming, con intervención de la Dirección de Cibercrimen de Misiones.

Denuncia, investigación y detención en Posadas

Un preceptor de 30 años de un instituto educativo de Posadas fue detenido por la Policía de Misiones tras ser denunciado por acoso digital hacia dos alumnas mediante la red social Instagram. La investigación se inició luego de que la madre de una de las víctimas se presentara en la Comisaría Segunda para formalizar la denuncia y aportar pruebas del intercambio de mensajes.

Según consta en el expediente, el docente —identificado como Víctor S.— habría iniciado conversaciones con las adolescentes desde su cuenta personal y posteriormente desde otra cuenta bajo el nombre de una mujer. En esos contactos, solicitaba fotografías y realizaba comentarios de connotación sexual, lo que motivó la inmediata intervención de la familia y de las autoridades de la institución.

Los directivos informaron que el preceptor fue separado preventivamente de su cargo en cuanto se tomó conocimiento del hecho, al tiempo que se instó a la madre a radicar la denuncia penal.

Intervención judicial y elementos secuestrados

Por disposición del Juzgado de Instrucción N.º 6 de Posadas, se ordenó el allanamiento del domicilio del acusado. El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Segunda, con apoyo de la División de Cibercrimen, que secuestró un teléfono celular y un chip utilizados presuntamente para las comunicaciones con las menores.

El hombre permanece detenido a disposición de la Justicia provincial, mientras se desarrollan las pericias digitales sobre los dispositivos incautados, a fin de corroborar el contenido de los mensajes y la identidad de las cuentas utilizadas.

El caso se investiga bajo la figura de grooming, tipificada en el artículo 131 del Código Penal Argentino, que sanciona a quien “por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual”.

El grooming es considerado un delito contra la integridad sexual y constituye una de las formas más frecuentes de acoso infantil en entornos digitales. La norma penal vigente prevé penas de seis meses a cuatro años de prisión, incluso si no se concretan encuentros físicos, bastando el intento de contacto con fines sexuales.

En Misiones, la Dirección de Cibercrimen mantiene un trabajo coordinado con el Poder Judicial y el Ministerio de Educación, para la detección temprana de estos casos y la capacitación de docentes y familias.

La Justicia provincial evalúa la responsabilidad penal del acusado y las posibles medidas de protección para las víctimas, en el marco de la Ley Nacional 26.904, que modificó el Código Penal para tipificar el delito de grooming en 2013.

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Abuso sexual infantil: investigación global derivó en un detenido en Misiones

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En el marco de una investigación internacional sobre la facilitación de material de abuso sexual infantil (MASI) a través de redes P2P (peer to peer), la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos de Misiones encabezó un operativo clave que culminó con la detención de un joven de 25 años en Campo Grande.

La pesquisa comenzó a partir de un reporte emitido por la plataforma ICCACOPS (Internet Crimes Against Children -Child On-line Protection System), una herramienta internacional que monitorea el intercambio de archivos con contenido de abuso infantil en entornos digitales. A través de esta tecnología, se identificó una dirección IP desde la cual se compartían archivos explícitos de menores de 13 años. La ubicación geográfica de la IP alertada fue rastreada hasta Campo Grande.

La complejidad del caso radicaba en que la dirección IP estaba compartida por varios usuarios dentro de una red privada con IP nateada, lo que dificultaba individualizar al autor de los hechos. Sin embargo, el Grupo de Delitos Tecnológicos de Gendarmería Nacional, en coordinación con la SAIC (Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas), llevó adelante una investigación técnica detallada que permitió vincular la actividad delictiva a una sola persona y dispositivo, mediante el análisis de registros y colaboración con el proveedor de Internet.

El allanamiento fue ordenado por el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Oberá, a cargo de Pedro Benito Piriz, y se concretó durante la tarde del viernes con participación de Gendarmería Nacional, la Policía de Misiones y peritos forenses de la SAIC.

Resultados del operativo:

Detenido: Kevin A. (25 años)
Elementos secuestrados:

  • Cuatro pendrives
  • Una CPU
  • Una notebook
  • Un disco externo
  • Un teléfono celular

Todo el material incautado fue trasladado a la sede de la SAIC para ser sometido a pericias informáticas forenses, con el objetivo de verificar la existencia y circulación de material de abuso sexual infantil en los dispositivos.

El caso sigue bajo estricta reserva judicial y continúa en etapa de instrucción. Desde la Procuración General destacaron la importancia del trabajo conjunto entre fuerzas federales y provinciales, el Poder Judicial y organismos especializados, en la lucha contra la explotación sexual infantil en entornos digitales, uno de los delitos más graves y sensibles que enfrenta la sociedad actual.

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