Código Procesal Penal

Andrés Poujade juró como ministro del Superior Tribunal de Justicia

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El gobernador Hugo Passalacqua participó del acto de juramento del doctor Andrés Poujade, quien asumió como ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones. Con esta ceremonia quedó formalmente incorporado al máximo tribunal provincial, integrado por nueve ministros. El flamante funcionario reemplaza a Ramona Beatriz Velázquez, quien se jubiló tras una trayectoria de dos décadas en el Poder Judicial.

Durante la ceremonia, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, tomó juramento al nuevo integrante de la institución. La magistrada resaltó que con la llegada de Poujade el tribunal queda nuevamente completo, y subrayó que el nuevo ministro se incorpora en una etapa de trabajo enfocada en el fortalecimiento institucional del Poder Judicial. “Que jure un nuevo ministro del Superior Tribunal de Justicia no es un dato menor. Cada juramento implica que estamos haciendo realidad ese Estado de derecho del que tanto hablamos”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que el Poder Judicial atraviesa un proceso de transformación. “El ministro es bienvenido a este nuevo paradigma, a esta nueva sensación de que estamos construyendo futuro, y con ese futuro credibilidad. Mucho interior hay para recorrer, mucho camino hay para realizar. Y seguramente habremos de lograr buenos resultados, porque lo único que de verdad se persigue es que el pueblo de la provincia de Misiones vuelva a creer en la justicia que hoy representamos”, manifestó.

El encargado de la lectura del decreto de designación de Poujade fue el secretario general administrativo y de superintendencia del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Hugo Marinoni.

Poujade llegó al máximo tribunal luego de obtener el acuerdo unánime de la Cámara de Representantes durante la sexta sesión ordinaria del período legislativo Nº 54, celebrada el pasado 11 de junio. El pliego había sido remitido por el gobernador Hugo Passalacqua y contó con el respaldo del pleno legislativo, tras la presentación de sus antecedentes por parte de la diputada Anazul Centeno, integrante de la Comisión de Poderes y Acuerdos y representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Magistratura.

El nuevo ministro reemplaza a Ramona Beatriz Velázquez, quien culminó una trayectoria de dos décadas dentro del Superior Tribunal de Justicia, dando paso a una renovación que coincide con uno de los procesos de modernización judicial más importantes de los últimos años.

Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, Poujade posee una sólida formación académica complementada con estudios de posgrado en Argentina y Francia, donde obtuvo un Máster en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías. A lo largo de su carrera desarrolló una intensa actividad en materia de derecho penal, derechos humanos, gestión judicial y docencia universitaria, perfil que fue especialmente valorado durante el tratamiento legislativo de su designación.

Tras prestar juramento, el flamante integrante del STJ sostuvo que su prioridad será fortalecer la prestación del servicio de justicia mediante resoluciones oportunas y ajustadas al derecho vigente.

“Mi compromiso es brindar un servicio de justicia eficaz y eficiente, respaldando a la institución judicial. Eso significa tomar decisiones en tiempo oportuno, de acuerdo con las constancias de cada causa y el derecho vigente”, expresó.

Con una extensa trayectoria en el fuero penal, Poujade reconoció que la transición hacia el nuevo modelo procesal será uno de los principales desafíos que enfrentará el Poder Judicial.

“Estamos frente al proyecto de reforma del Código Procesal Penal y otras leyes que comenzarán a implementarse. El desafío será resolver cada conflicto conforme a la normativa y a los principios generales del derecho”, afirmó.

El magistrado explicó que la transformación más significativa será el paso del actual sistema mixto de corte inquisitivo hacia un modelo acusatorio, en el cual los fiscales asumirán un rol central en la investigación penal mientras los jueces concentrarán su tarea en el control de legalidad y la garantía de los derechos constitucionales.

“La investigación quedará principalmente en cabeza de los fiscales, mientras que la actividad jurisdiccional estará enfocada en resolver las cuestiones propias del juez”, sintetizó.

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rossana Pía Venchiarutti Sartori, calificó la incorporación de Poujade como un paso institucional de relevancia y destacó que el máximo tribunal vuelve a funcionar con su integración completa.

“Cada vez que alguien jura por la Constitución Nacional y la Constitución Provincial estamos haciendo realidad el Estado de Derecho y la división de poderes. Hoy la Corte vuelve a estar absolutamente completa”, señaló.

La titular del STJ consideró que la reforma procesal constituye un cambio histórico para la provincia, recordando que Misiones era una de las tres jurisdicciones del país que aún no había adoptado el sistema acusatorio.

“Misiones tomó una decisión que considero profundamente acertada para este momento histórico, político, social y cultural”, afirmó.

Venchiarutti explicó que el nuevo esquema modifica por completo la distribución de funciones dentro del proceso penal. Mientras la investigación y la producción de prueba quedarán bajo responsabilidad del Ministerio Público Fiscal, los jueces asumirán un rol de control sobre la legalidad de las actuaciones y la protección de las garantías constitucionales.

En ese contexto, sostuvo que el nuevo paradigma exige una redefinición del perfil profesional de quienes integran el Poder Judicial.

“Hoy no alcanza solamente con conocer el derecho. Los jueces deben incorporar herramientas de gestión, conocimientos de medicina forense, psicología social y administración judicial para responder a las exigencias del nuevo sistema”, remarcó.

La presidenta también señaló que otra de las prioridades institucionales será la implementación del nuevo régimen penal juvenil. En ese sentido, indicó que el objetivo del Poder Judicial será avanzar hacia un modelo de justicia restaurativa que priorice la reinserción por sobre las respuestas exclusivamente punitivas.

“Lo que buscamos es que esos niños no sean simplemente detenidos. El desafío es construir una justicia restaurativa que permita resolver los conflictos con una mirada integral”, sostuvo.

La incorporación de Poujade se produce en una etapa de renovación institucional del Poder Judicial misionero, atravesada por reformas procesales, actualización normativa y nuevos desafíos de gestión. Con la implementación del sistema acusatorio, el funcionamiento de fiscales, jueces y defensores experimentará una transformación estructural que demandará capacitación permanente, nuevas herramientas tecnológicas y una reorganización de los procedimientos para responder con mayor rapidez, transparencia y eficacia a las demandas de la sociedad.

En el acto también estuvieron presentes los ministros del máximo cuerpo colegiado de Misiones, Roberto Rubén Uset, Cristian Marcelo Benítez, Froilán Zarza, María Laura Niveyro, Juan Manuel Díaz, Cristina Irene Leiva y Valeria Fiore Cáceres. También estuvo presente el procurador general, Carlos Jorge Giménez, y el presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macías. Además, la ceremonia contó con la participación de magistrados y funcionarios de la Justicia Federal y Provincial, ministros y representantes del Poder Ejecutivo, intendentes de distintos municipios, senadores y diputados nacionales, legisladores provinciales e integrantes del Consejo de la Magistratura, entre otros representantes del Poder Judicial.

Una trayectoria vinculada al ámbito judicial y académico

Andrés Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con formación de posgrado en Argentina y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura un Máster en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías, obtenido en Francia. A lo largo de su carrera participó en instancias de capacitación en derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial.

El letrado también ejerció la docencia universitaria, actividad desde la cual contribuyó a la formación de profesionales del derecho. Hasta su designación, Poujade se desempeñaba como fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de la provincia. Su pliego fue aprobado por la Cámara de Representantes durante la VI Sesión Ordinaria del Período Legislativo N.º 54, realizada el 11 de junio, lo que permitió avanzar con su incorporación al Superior Tribunal de Justicia.

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Consensos con mirada federal sobre el nuevo Código Procesal Penal

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El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, participó de una mesa debate con Rodolfo Urtubey, Eduardo Casal, Stella Maris Martínez y Miguel Piedecasas sobre los mecanismos para avanzar en la implementación del sistema acusatorio penal.
En la reunión “Consensos por el nuevo Código Procesal Penal Federal”, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, debatió con autoridades de los tres poderes sobre los consensos alcanzados en torno a la reforma de ese texto normativo. Participaron el presidente de la Comisión Bicameral Especial de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, Rodolfo Urtubey; el presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas; en representación de la Corte Suprema, el juez Julián Ercolini; el titular interino de la Procuración General, Eduardo Casal; y la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez.
En el piso 11 de la sede ministerial, el ministro, junto a fiscales, jueces y defensores de todo el país, también concretó una puesta en común de las necesidades y los aportes que se realizarán para poder implementar el nuevo Código Procesal Penal Federal. El proyecto fue presentando en octubre de 2016 en el Senado y se estima que este año será discutido en el Congreso. Busca modernizar los mecanismos de persecución penal de los delitos federales.
“El nuevo proyecto del Código Procesal Penal fue elaborado en el marco de diálogo institucional que promueve el programa de gobierno abierto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A partir de reuniones con actores judiciales, instituciones y la sociedad civil, se generó una norma jurídica que establece procesos ágiles y transparentes a través del juicio oral y público, y que da un rol protagónico a la víctima durante el proceso penal”, dijo Garavano.
El ministro explicó que la instrumentación del nuevo Código Procesal Penal Federal supone un profundo cambio en el sistema judicial. “Implica un antes y un después en la forma de tramitar una causa penal. Por eso es imprescindible contar con la puesta en común de un criterio federal para la elaboración del plan de implementación”, destacó.
Este Código nació de la modificación del proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Nación. La diferencia radica en que mientras el antiguo proyecto se instauraba como un cuerpo normativo “nacional”, la propuesta “federal” responde a que se pensó de modo que su aplicación pudiera ser efectiva en todo el país sin entorpecer la adaptación gradual de las diferentes jurisdicciones, y los cambios que trae aparejado.
En ese sentido, Garavano se refirió a la importancia de “avanzar hacia un sistema adversarial”, en el que los fiscales son los que investigan y no los jueces. Y señaló que de la mesa que se conformó surgirán las acciones que se deberán tomar para cumplir la meta de octubre: ese mes se prevé que el Código esté en pleno funcionamiento. Y precisó que se necesitarán entre cinco y siete años para que su aplicación sea total en todo el país. “Estamos planificando una implementación que llegue en última instancia a las provincias con estructuras más complejas y mayor cantidad de casos”, explicó.
Garavano también indicó que este nuevo cuerpo normativo viene acompañado de medidas que, entre otras cosas, lograron en 2017 fuera mayor el número de personas privadas de su libertad con condena que las que estaban procesadas.
Un proyecto enriquecido
El senador Rodolfo Urtubey señaló la importancia de pasar a un sistema en el que los fiscales sean los encargados de llevar adelante las investigaciones: “Hoy todo se juega en la etapa de instrucción, donde un dictamen prácticamente es una condena”. “El proyecto sancionado en 2015 (en relación al viejo proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Nación) ha sido enriquecido con institutos que se han incorporado en los últimos dos años”, destacó. Se refirió así a la figura de flagrancia, a los juicios unipersonales y la Ley de Víctimas, entre otros.
“La mejor política es el resultado de los consensos. Estoy impresionado por la cantidad y calidad de actores del proceso judicial penal presentes en esta mesa”, afirmó Urtubey.
El titular del Consejo de la Magistratura de la Nación, Miguel Piedecasas, señaló que implementar este Código se tratará de un “cambio cultural, un cambio de diseño. El Consejo va a asumir su responsabilidad institucional para que esto suceda”, adelantó.
La defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, dijo que “se equivocan al decir que no nos convienen” los cambios en relación al tipo de investigación y a los procedimientos penales. Es que, explicó, uno de los principales problemas que tienen las personas privadas de su libertad es la falta de certeza con respecto a su condena, y con estas metodologías este aspecto se resuelve más rápidamente.
“Para las personas detenidas, las angustias y sufrimientos que provoca no saber qué pasa con ellos es fundamental. Quieren ser condenados o liberados”, destacó. Y agregó que el sistema acusatorio con audiencias públicas es transparente: “La sociedad podrá juzgar cómo trabaja la justicia”.
Formaron parte de la mesa de trabajo el secretario de Justicia, Santiago Otamendi; el jefe Gabinete de la cartera, Martín Casares; el subsecretario de Política Criminal, Juan José Benítez; y el representante del Ministerio de Seguridad, Guillermo Soares Gache. También el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Eduardo Riggi; el presidente de la Cámara Federal de Salta, Ernesto Sola Espeche y su par de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Javier María Leal de Ibarra; la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, María Lilia Díaz Cordero y el titular de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, Julio Piumato.
Las experiencias provinciales
Por la mañana hubo otra una reunión de trabajo con operadores del sistema de justicia que intervinieron en reformas procesales penales en distintas provincias: Catamarca, Salta, Córdoba, Chubut, La Pampa, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe.
Durante la reunión, Benítez destacó: “El trabajo en equipo con personas que a nivel provincial ya han visto estas modificaciones con distintas magnitudes y desde distintos puestos institucionales, es clave para el proceso de reforma. Es necesario conocer las experiencias del sistema acusatorio en las jurisdicciones provinciales, para conocer los desafíos que supone la Reforma Procesal Penal Federal”.

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