Misiones pone límites al sobreendeudamiento: tope del 39%, refinanciación y control de tasas para estatales
El deterioro de la capacidad de pago de los hogares argentinos comenzó a trasladarse de lleno a la agenda pública. Con indicadores de mora en niveles elevados y familias que todavía arrastran el impacto de las altas tasas de interés, Misiones puso en marcha una serie de medidas destinadas a contener el sobreendeudamiento de empleados públicos provinciales y jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Previsión Social (IPS).
El esquema combina tres herramientas: un límite del 39% de los haberes netos para los créditos que operan mediante códigos de descuento, mecanismos de refinanciación para quienes ya superaron ese nivel y, desde septiembre, topes a las tasas de interés que podrán cobrar las entidades que utilizan este sistema.
La intervención apunta sobre un problema que adquirió mayor dimensión durante los últimos meses: el creciente porcentaje de los ingresos familiares comprometido en el pago de cuotas y obligaciones financieras.
La primera medida fue adoptada en julio y estableció que los descuentos realizados mediante el Código Único de Descuento en los haberes (CUAD) no podrán superar el 39% de los ingresos netos de los agentes alcanzados.
El límite comenzó a aplicarse sobre los nuevos créditos otorgados a partir de la entrada en vigencia de la medida. Sin embargo, el Gobierno provincial avanzó también sobre quienes ya tenían un nivel de endeudamiento superior.
Para esos casos se inició un proceso de refinanciación de pasivos y asistencia financiera individual, con el objetivo de reducir la presión de las cuotas sobre los ingresos mensuales.
Según los datos oficiales, 538 personas ya fueron alcanzadas por este mecanismo.
El efecto comenzará a observarse en la acreditación de los haberes prevista para el sábado 29 de agosto. En determinados casos, la asistencia se materializará mediante una acreditación especial durante la primera semana de septiembre.
Un punto relevante es que esos fondos no estarán sujetos a retenciones derivadas de créditos bancarios, de manera que la asistencia llegue efectivamente al trabajador o beneficiario.
Refinanciación bancaria caso por caso
En paralelo, Banco Macro implementó mecanismos específicos para atender situaciones de sobreendeudamiento o mora, pese a que actualmente no existe una normativa del Banco Central que obligue a las entidades financieras a instrumentar un esquema de esas características.
Las situaciones son analizadas individualmente y las personas que necesiten acceder a una refinanciación deberán presentarse en las sucursales de la entidad.
El objetivo es reordenar las obligaciones financieras antes de que el deterioro de la capacidad de pago derive en atrasos mayores o termine afectando el historial crediticio de los trabajadores.
La siguiente etapa de la estrategia provincial comenzará en septiembre. El Gobierno prepara una resolución que establecerá topes a las tasas de interés aplicadas por las entidades que otorgan préstamos personales mediante códigos de descuento sobre los haberes.
La regulación buscará limitar el costo financiero que afrontan empleados públicos activos y beneficiarios previsionales que utilizan este mecanismo de financiamiento.
La Provincia pretende conservar el sistema de descuento directo como una alternativa formal de acceso al crédito, pero estableciendo condiciones que eviten tasas excesivas.
El diagnóstico oficial es que cerrar completamente esta vía podría generar un efecto contrario al buscado: empujar a personas con dificultades financieras hacia prestamistas u otros mecanismos formales e informales con costos considerablemente superiores.
La estrategia se viene trabajando desde hace más de 60 días y uno de los principales desafíos fue determinar cómo reducir la carga financiera sin generar un problema adicional para los propios deudores.
La Provincia descartó aplicar unilateralmente un límite retroactivo sobre las cuotas ya comprometidas.
La razón es que interrumpir parcialmente el pago de una obligación sin una refinanciación acordada podría provocar que el trabajador aparezca como moroso en los registros del sistema financiero y del Banco Central, deteriorando su historial y condicionando su acceso futuro al crédito.
Por eso, los casos que excedían los nuevos parámetros fueron abordados individualmente mediante refinanciaciones y mecanismos de asistencia.
El problema del endeudamiento de los hogares también comenzó a generar iniciativas dentro de la Legislatura provincial.
El Gobierno indicó que conoce los proyectos de ley vinculados con la problemática y planteó que las propuestas deberán analizarse en función de la normativa nacional vigente.
El desafío será encontrar un equilibrio entre la protección de los ingresos de trabajadores y jubilados y el cumplimiento de las obligaciones crediticias, evitando que una intervención sobre los descuentos termine transformando administrativamente a los beneficiarios en deudores morosos.
El paquete de medidas no quedaría cerrado con el límite del 39%. Dentro de la agenda provincial se analiza reducir nuevamente el porcentaje máximo de los ingresos que puede quedar comprometido por créditos con código de descuento. La nueva medida podría definirse y comunicarse durante septiembre.
El objetivo de fondo es establecer un límite más estricto al peso de las deudas sobre los salarios y haberes previsionales en un contexto en el que el deterioro de la capacidad de pago de las familias se convirtió en uno de los principales efectos de la prolongada tensión financiera.
Para Misiones, la estrategia pasa por intervenir antes de que el sobreendeudamiento derive en mora: limitar cuánto del salario puede quedar comprometido, reducir el costo financiero y refinanciar las obligaciones existentes sin deteriorar el historial crediticio de los trabajadores.