COLECTIVOS

Transporte: el AMBA aumentó fuerte, pero el interior paga hasta tres veces más

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El ajuste tarifario del transporte público tuvo en el Área Metropolitana de Buenos Aires uno de sus capítulos más visibles: entre noviembre de 2023 y abril de 2026, el boleto de colectivo se multiplicó hasta por 16, el subte por casi 18 y el tren por 10. Según el informe de CEPA, los aumentos nominales superaron largamente a la inflación acumulada del período, que fue de 303,5%. En el caso del colectivo, la suba fue de 1.221% para las líneas de jurisdicción nacional, 1.250% para las porteñas y 1.545% para las bonaerenses; el subte trepó 1.668% y el tren, 741%.

El dato central no es sólo la magnitud del aumento, sino su impacto sobre los ingresos. Para un trabajador que usa colectivo y subte durante 22 días hábiles al mes, el gasto pasó de representar 2,6% del salario mínimo en diciembre de 2023 a 17,3% en abril de 2026. En el escenario de mayor combinación —colectivo, tren y subte— la incidencia llegó a 14,7%. La tarifa subió por encima de los precios, mientras el salario mínimo perdió cerca de 43% real en el mismo período.

Pero el aumento del AMBA convive con una paradoja federal: pese al fuerte salto tarifario, el boleto metropolitano sigue siendo el más bajo del país. En abril de 2026, la tarifa mínima nacional del AMBA era de $700, frente a $1.365 en Posadas, $1.720 en Córdoba y Rosario, $1.890 en Corrientes, $1.900 en Santa Fe, $2.192 en Rawson y $2.300 en San Martín de los Andes. Es decir: algunas ciudades del interior pagan más de tres veces el boleto del área metropolitana.

Tarifa mínima de colectivo urbano por ciudad

Abril 2026 · Tarifa plena SUBE registrada, tramo mínimo 0-3 km

San Martín de los Andes
$2.300
Rawson
$2.192
Santa Fe
$1.900
Corrientes
$1.890
Resistencia
$1.885
Formosa
$1.750
Córdoba / Rosario / Paraná
$1.720
Posadas
$1.365
Gran Buenos Aires
$969
CABA
$754
AMBA nacional
$700

Fuente: CEPA en base a AAETA y operadores locales.

La explicación está en la arquitectura desigual de los subsidios. La eliminación del Fondo Compensador del Transporte del Interior, en febrero de 2024, dejó a municipios y provincias frente al costo operativo casi sin asistencia nacional, mientras el AMBA continuó recibiendo sostenimiento parcial de Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires. El resultado es una doble asimetría: los usuarios metropolitanos enfrentaron aumentos históricos, pero los del interior quedaron expuestos a tarifas mucho más altas.

En Misiones, Posadas aparece en la mitad alta del mapa tarifario: con $1.365, el boleto urbano casi duplica al del AMBA nacional y supera con amplitud a CABA. Entre diciembre de 2023 y abril de 2026, la tarifa posadeña acumuló una suba nominal de 950%, equivalente a un aumento real de 158,9%. El dato confirma que la discusión no es sólo tarifaria, sino también federal: el interior ajustó antes, más fuerte y con menos respaldo fiscal.

El informe también advierte sobre un efecto social más amplio. La Beca Progresar, congelada en $35.000 desde marzo de 2025, pasó de cubrir 839 boletos en diciembre de 2023 a apenas 111 en abril de 2026. A su vez, la caída de pasajeros refleja una doble presión: boletos más caros y menor demanda estructural de viajes por el deterioro del empleo y la actividad económica.

En síntesis, el AMBA atraviesa una recomposición tarifaria inédita, pero sigue ubicado en el piso del ranking nacional. El interior, en cambio, paga el costo completo de una política que retiró subsidios sin construir un esquema federal alternativo. La consecuencia es evidente: viajar en colectivo cuesta mucho más lejos de Buenos Aires.

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El Gobierno transferirá subsidios para sostener el servicio de colectivos del AMBA

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Autoridades nacionales del área económica se comprometieron con representantes de las empresas de transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional del AMBA, a transferir esta misma semana fondos para saldar deudas pendientes de subsidios y regularizar el servicio de colectivos.

Según se informó a través de un comunicado, estas remesas serán transferidas a las empresas durante la semana en curso, con el objetivo de contribuir a la regularización de sus cuentas y de las frecuencias de los colectivos.

La demora en girar las partidas hacia el transporte público de pasajeros motivó en los últimos días que muchas empresas de colectivos redujeran sus frecuencias provocando inconvenientes y demoras a miles de pasajeros de Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

El encuentro fue encabezado por los titulares de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura Carlos Frugoni; el secretario de Transporte de la Nación, Fernando Herrmann; y el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés.

Desde la Secretaría de Transporte se presentó “un plan de acción orientado a establecer lineamientos concretos para avanzar, en el corto plazo, en la reorganización del sistema”.

“Durante la reunión se analizaron distintas variables técnicas y económicas, con el propósito de mejorar el funcionamiento general del sistema y garantizar un nivel de servicio acorde a la demanda de los usuarios”, se indicó en el comunicado de la Secretaría de Transporte.

Asimismo, se presentaron propuestas orientadas a “reducir costos operativos y optimizar el sistema”, y se avanzó en el desarrollo de “herramientas que transparenten y mejoren los recorridos según la demanda real de los usuarios”.

El jueves de la semana pasada se acordó entre los distintos actores del sector la conformación de mesas técnicas de trabajo, con el fin de establecer un canal permanente de diálogo entre el Estado y las cámaras empresarias.

En este marco, la reunión realizada “forma parte de ese proceso y refleja la voluntad del Estado Nacional de acompañar al sector en la implementación de soluciones que permitan consolidar un servicio más eficiente y de mayor calidad para los usuarios”.

Por último, se acordó un nuevo encuentro de trabajo que se realizará en las mismas condiciones dentro de los próximos quince días.

En representación del sector empresario asistieron Luciano Fusaro y Oscar Álvarez (AAETA), Roberto Rodríguez (CTPBA), Daniel De Ingeniis (CETUBA) y Daniel Tenisci (CEAP).

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Auditoría integral y retención de subsidios, cómo es el plan oficial para ordenar el sistema de colectivos

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En medio de la polémica por los subsidios al transporte automotor de pasajeros, el Gobierno nacional avanzó con una auditoría integral del sistema de colectivos, que incluye la posibilidad de retener de manera preventiva las compensaciones económicas a aquellas empresas donde se detecten irregularidades. Frente a versiones que señalaban a operadores puntuales, una de las principales compañías del sector, Metropol, salió a aclarar que la medida no está dirigida a una empresa en particular, sino que alcanza a la totalidad de las compañías que integran el sistema.

La decisión forma parte de la estrategia oficial para ordenar el esquema de subsidios, reforzar los controles y garantizar que la asignación de recursos públicos se realice conforme a la normativa vigente, en línea con la política de contención del gasto y transparencia en el uso de fondos estatales.

Alcance de la auditoría y aclaración empresarial

Desde Metropol precisaron que “la auditoría y la eventual retención de subsidios ordenada por la Secretaría de Transporte alcanza a todo el sector y no exclusivamente a la empresa”, al tiempo que remarcaron que no existe ninguna resolución administrativa que disponga una retención focalizada ni que le atribuya irregularidades propias o diferenciales respecto del resto de los operadores.

Según la información oficial difundida por el Gobierno nacional, el proceso en marcha contempla una revisión general del esquema de subsidios, que incluye procedimientos administrativos, sistemas de control y mecanismos de liquidación de las compensaciones. En ese marco, la empresa subrayó que la auditoría no responde a una imputación específica, sino a un proceso de control integral sobre el funcionamiento del sistema de transporte automotor de pasajeros.

Metropol reiteró además su “plena disposición a colaborar con las autoridades competentes”, aportando toda la información requerida en el marco de los procesos de fiscalización y auditoría que se dispongan para el conjunto del sector.

Retención preventiva de fondos y control del sistema SUBE

En paralelo, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía confirmó que, tras una reunión con las Cámaras de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros del AMBA, se resolvió retener de manera transitoria los subsidios a aquellas empresas en las que se hayan detectado irregularidades, hasta tanto se verifique técnicamente lo ocurrido.

La medida se complementa con la instrucción a la Dirección de Fondos Fiduciarios para llevar adelante una auditoría integral sobre el sistema SUBE y los parámetros operativos, no solo respecto de la empresa denunciada sino sobre la totalidad del sistema de transporte. El objetivo es identificar desvíos, corregir fallas y evitar futuras irregularidades en la liquidación de las compensaciones.

El proceso de control contará además con informes técnicos de Nación Servicios S.A. y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), basados tanto en el análisis de la información del sistema como en fiscalizaciones prácticas y presenciales en las unidades de colectivos.

Contexto político e institucional de la medida

Las decisiones se enmarcan en la política anunciada por el Secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, y el Secretario de Transporte, Fernando Herrmann, durante el encuentro mantenido el lunes pasado con las cámaras empresarias del sector. El eje central es garantizar que la distribución de los subsidios se realice conforme a la normativa vigente, asegurando la transparencia, la trazabilidad y la exactitud en la asignación de los recursos públicos.

En un contexto de fuerte debate sobre el peso de los subsidios al transporte en las cuentas públicas, la auditoría integral aparece como una herramienta clave para reordenar el sistema, despejar suspicacias sobre tratamientos diferenciales y sentar las bases de un esquema más controlado y previsible.

Repercusiones y posibles impactos

Para las empresas, el proceso implica una mayor exigencia en materia de cumplimiento operativo y administrativo, con impacto directo en la liquidez en caso de retenciones preventivas. Para el Estado, la auditoría busca mejorar la eficiencia del gasto, reducir riesgos de irregularidades y fortalecer la legitimidad del sistema de compensaciones.

En el plano institucional, el alcance general de la auditoría —confirmado tanto por el Gobierno como por las propias compañías— apunta a desactivar tensiones sectoriales y a evitar que el proceso sea interpretado como una acción selectiva. El resultado final del control será determinante para definir eventuales correcciones en el esquema de subsidios y en la operatoria del transporte público en el AMBA.

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Eldorado extiende la concesión del transporte urbano y evita cortes del servicio tras licitaciones fallidas

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A horas del vencimiento de la prórroga excepcional del contrato de concesión, la Municipalidad de Eldorado confirmó un acuerdo con la empresa ETCE SRL para extender la prestación del transporte urbano de pasajeros. La decisión permite asegurar el funcionamiento normal del servicio desde este jueves 15 de enero y evitar interrupciones en un contexto marcado por licitaciones fallidas, tensiones económicas y reclamos de los usuarios.

El anuncio oficial busca llevar tranquilidad a la comunidad en una ciudad que atraviesa desde hace varios meses un escenario complejo en materia de transporte público. La continuidad del servicio se vuelve clave no solo por su impacto social directo, sino también por su relevancia económica e institucional, al tratarse de un servicio esencial para miles de vecinos que dependen del colectivo para trabajar, estudiar y realizar actividades cotidianas.

Licitaciones fallidas y un escenario sin margen para cortes

El sistema de transporte urbano de Eldorado arrastra dificultades desde 2025. En octubre del año pasado, el Municipio impulsó un primer proceso licitatorio que quedó desierto, al no presentarse oferentes. Posteriormente, en diciembre, se avanzó con un segundo llamado que fue declarado económicamente no conveniente, lo que obligó al Ejecutivo local a descartar esa alternativa.

En ese marco, la concesión vigente se sostuvo mediante una prórroga excepcional, cuyo vencimiento estaba previsto para este jueves 15 de enero. La proximidad de esa fecha encendió señales de alerta entre los usuarios y generó incertidumbre sobre la continuidad del servicio.

Ante ese escenario, el Municipio informó que alcanzó un acuerdo con ETCE SRL para extender la concesión y garantizar que los recorridos habituales continúen operando con normalidad, evitando cualquier interrupción abrupta del sistema.

Costos operativos, subsidios y reclamos de los usuarios

La decisión de prorrogar el contrato se adopta en un contexto de fuerte tensión económica. Por un lado, la empresa prestataria viene advirtiendo dificultades para sostener los costos operativos del servicio sin un esquema de subsidios adecuado. La estructura de gastos —combustible, mantenimiento de unidades y salarios— presiona sobre la ecuación económica del sistema.

Por otro lado, los usuarios reclaman mejoras en la calidad del servicio y en las unidades, pero sin que ello se traduzca en aumentos significativos del boleto, en un contexto de ingresos ajustados y caída del poder adquisitivo. Esa combinación limita el margen de maniobra tanto del Municipio como de la empresa concesionaria.

Desde el Ejecutivo local reconocen que la situación exige decisiones de corto plazo para sostener el servicio, pero también una mirada estratégica que permita evitar la reiteración de prórrogas sin una solución estructural.

Previsibilidad a corto plazo y búsqueda de una salida de fondo

Desde la Municipalidad de Eldorado remarcaron que el objetivo central de la prórroga es priorizar el interés general, garantizar la continuidad de un servicio esencial y aportar previsibilidad y calma a la comunidad, mientras se trabaja en alternativas de fondo para el sistema de transporte urbano.

“El transporte público cumple un rol fundamental para miles de vecinos”, señalaron desde el Ejecutivo, al destacar que la prioridad es no afectar la vida diaria de los eldoradenses en un contexto complejo. En paralelo, el Municipio continúa evaluando esquemas que permitan mejorar la prestación y asegurar su sostenibilidad a largo plazo, contemplando tanto la viabilidad económica como la calidad del servicio.

Con esta decisión, Eldorado evita quedarse sin transporte urbano, sostiene la prestación en el corto plazo y reafirma el compromiso institucional de garantizar servicios esenciales, mientras se busca una solución definitiva para un sistema que combina restricciones fiscales, demandas sociales y desafíos operativos.

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Chaco: ERSA y TCM suspendieron choferes de colectivos y advierten por la continuidad del servicio

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La crisis del transporte urbano en el área metropolitana del Chaco sumó un nuevo capítulo con fuerte impacto social y laboral. Un total de 90 choferes de colectivos urbanos fueron suspendidos por las empresas ERSA y TCM, entre 40 y 50 trabajadores cada una, según confirmó la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La medida expone la profundidad del deterioro del sistema, presiona sobre la continuidad del servicio y reaviva el conflicto entre empresas, trabajadores y el Estado provincial, en un contexto de caída de pasajeros y atraso en el reconocimiento de costos.

El escenario se agrava porque, en Corrientes, la empresa ERSA ingresó además en el Procedimiento Preventivo de Crisis, lo que amplía el alcance regional del problema y eleva la incertidumbre sobre el empleo y la prestación del servicio interprovincial.

Empresas en crisis: costos atrasados, menos pasajeros y competencia informal

Desde el sector empresario, la Cámara del Transporte Automotor del Chaco anunció una conferencia de prensa para exponer la “grave y sin precedentes situación” que atraviesa el sistema. Entre los factores centrales, señalaron la falta de reconocimiento de costos desde hace más de un año, una caída sostenida de la cantidad de pasajeros y la ausencia de controles sobre transportes alternativos, que compiten con el servicio regular sin cumplir las mismas exigencias regulatorias.

En términos económicos, el atraso en la actualización de costos afecta directamente la capacidad de las empresas para afrontar salarios, mantenimiento de unidades y operación diaria. La combinación de ingresos reales en descenso y costos crecientes derivó, según el empresariado, en decisiones de emergencia como las suspensiones de personal, que buscan reducir gastos en el corto plazo.

Las empresas, entre ellas ERSA, no informaron hasta el momento si las suspensiones alcanzan también a los conductores que prestan servicios interprovinciales entre Chaco y Corrientes, un dato clave para evaluar el impacto regional de la medida.

Reacción sindical y silencio oficial

Desde la UTA, el sindicato rechazó las suspensiones y advirtió que evalúa medidas ante lo que considera una afectación directa a las fuentes de trabajo. El gremio sostiene que la crisis no puede resolverse trasladando el ajuste a los trabajadores y reclama respuestas institucionales que garanticen tanto la continuidad del servicio como el empleo.

Por su parte, la Subsecretaría de Transporte aún no se pronunció oficialmente sobre la situación. Ese silencio institucional suma incertidumbre en un contexto de alta conflictividad, donde confluyen intereses laborales, empresariales y la necesidad pública de sostener un servicio esencial para miles de usuarios del Gran Resistencia

Escenarios posibles

Las suspensiones de 90 choferes representan una señal de alerta sobre la sostenibilidad del transporte urbano en el Chaco. A corto plazo, el conflicto podría derivar en medidas gremiales, con impacto directo en la frecuencia y regularidad del servicio. A mediano plazo, el sector empresario advirtió que podrían registrarse nuevas consecuencias tanto en la continuidad del sistema como en las fuentes de trabajo, si no se corrigen los desfasajes económicos y regulatorios.

La crisis del transporte urbano vuelve así al centro del debate público, con implicancias económicas, sociales e institucionales que exceden a las empresas involucradas y ponen en juego la capacidad del Estado para ordenar, regular y sostener un servicio clave para la movilidad cotidiana en el área metropolitana del Chaco.

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