Agricultura elimina ocho normas fitosanitarias históricas para simplificar el marco regulatorio del SENASA
El Gobierno nacional profundizó el proceso de desregulación del sistema agropecuario al derogar ocho resoluciones fitosanitarias que, en algunos casos, llevaban más de tres décadas vigentes. La medida fue oficializada mediante la Resolución 114/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y forma parte del proceso de simplificación normativa impulsado por el Ministerio de Economía en línea con la Ley Bases.
La decisión no modifica las exigencias sanitarias actuales para productores, importadores o exportadores, sino que elimina normas que, según el diagnóstico oficial, habían perdido vigencia práctica porque fueron reemplazadas por procedimientos más modernos administrados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
El objetivo de la medida es reducir la dispersión normativa y facilitar la identificación de las reglas efectivamente vigentes para los distintos actores de la cadena agroalimentaria. En otras palabras, el Gobierno busca que productores, empresas, despachantes y organismos de control trabajen sobre un marco regulatorio actualizado, evitando superposiciones con disposiciones que ya habían sido absorbidas por nuevas regulaciones.
Las resoluciones derogadas habían sido dictadas entre 1992 y 2013 y regulaban aspectos muy específicos del comercio agroalimentario. Entre ellas figuraban la prórroga para implementar la Autorización Fitosanitaria de Importación (AFIDI), restricciones al ingreso de bananas provenientes de países con determinadas plagas cuarentenarias, requisitos para importar maquinaria agrícola usada, normas para la importación de papa semilla y el histórico Cuaderno Fitosanitario obligatorio para productores de manzanas y peras, un sistema manual de registro que fue reemplazado hace años por herramientas digitales de trazabilidad.
También quedaron sin efecto normas relacionadas con límites de residuos de plaguicidas y exigencias sanitarias para el ingreso y tránsito de frutos de banano en provincias como Misiones y Formosa, materias que actualmente se encuentran reguladas mediante esquemas fitosanitarios más recientes y alineados con estándares internacionales.
Desde Agricultura sostienen que el régimen sanitario argentino evolucionó significativamente durante las últimas décadas. La incorporación de análisis de riesgo fitosanitario, certificaciones electrónicas, sistemas informáticos de control y mecanismos modernos de trazabilidad permitió reemplazar procedimientos que respondían a una realidad técnica y comercial muy distinta de la actual.
En ese sentido, la resolución enfatiza que mantener formalmente normas que ya no tienen aplicación efectiva genera inseguridad jurídica, incrementa la complejidad administrativa y dificulta tanto el cumplimiento por parte del sector privado como las tareas de fiscalización estatal.
Para provincias con fuerte perfil agroexportador como Misiones, la medida tiene un impacto principalmente administrativo. La derogación no implica flexibilizar controles sanitarios ni reducir estándares de calidad, sino consolidar un digesto normativo más claro para operadores vinculados al comercio de frutas, productos vegetales, maquinaria agrícola e insumos agropecuarios.
El Gobierno también aclara que la eliminación de estas normas no afecta derechos adquiridos ni invalida actuaciones administrativas realizadas durante su vigencia. Se trata, en esencia, de una depuración del ordenamiento jurídico que busca reflejar la realidad regulatoria vigente y facilitar el acceso a la normativa aplicable.
La decisión se inscribe dentro de la estrategia oficial de revisión integral del marco regulatorio nacional, que combina desregulación, digitalización de procesos y simplificación administrativa como herramientas para reducir costos de cumplimiento, mejorar la competitividad del sector agroindustrial y fortalecer la seguridad jurídica en el comercio agroalimentario.