comercio marítimo

La guerra con Irán expone la fragilidad alimentaria del Golfo y tensiona el control del estrecho de Ormuz

Compartí esta noticia !

La guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán ya no impacta solo en el mercado petrolero. El conflicto tensiona una variable estratégica menos visible pero igual de decisiva: la seguridad alimentaria de los países del Golfo Pérsico. Omán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Barein y Kuwait importan alrededor del 85% de sus alimentos y más del 90% de sus cereales. Con el tráfico marítimo ralentizado en el estrecho de Ormuz y unas 200 embarcaciones varadas según Lloyd’s List, la vulnerabilidad estructural de la región quedó expuesta.

El dato central es contundente: en condiciones normales, unos 138 barcos cruzan diariamente Ormuz, según el Centro Conjunto de Información Marítima. No transportan solo petróleo y gas. Llevan buena parte del abastecimiento alimentario que sostiene a poblaciones urbanas altamente dependientes del comercio exterior. Si esa arteria se obstruye, el impacto no se mide en barriles sino en góndolas.

Dependencia estructural y geografía adversa

La ecuación es conocida pero pocas veces adquiere dimensión política. Las temperaturas estivales que alcanzan los 50 °C y una precipitación anual promedio inferior a 100 milímetros en la mayoría de los territorios hacen inviable la agricultura a gran escala. Incluso Omán, el más autosuficiente del grupo, importa la mayoría de sus alimentos.

Esa realidad convierte al comercio marítimo en infraestructura estratégica. El estrecho de Ormuz funciona como punto de estrangulamiento energético global, pero también como corredor alimentario. Iraq, Kuwait, Barein y Qatar tienen escasas alternativas logísticas: la mayor parte de los envíos marítimos debe atravesar ese paso.

Desde el inicio de la guerra y las represalias iraníes, el tráfico de petroleros se ralentizó drásticamente. La mayoría de las grandes navieras suspendió reservas hacia Medio Oriente. El cierre del espacio aéreo en varios países del Golfo añade presión y limita opciones de transporte alternativo.

La consecuencia inmediata no es el desabastecimiento automático, sino el aumento del riesgo sistémico. Cada día de interrupción tensiona cadenas logísticas diseñadas para flujos constantes.

Seguridad alimentaria y estabilidad política

Los gobiernos del Golfo llevan años intentando reducir esa dependencia mediante reservas estratégicas y diversificación de proveedores. Desde el inicio del conflicto, han buscado transmitir calma y asegurar que cuentan con reservas de emergencia de cereales y alimentos suficientes para varios meses.

Sin embargo, la dimensión política es evidente. En Estados donde la estabilidad interna descansa en contratos sociales basados en bienestar y provisión estatal, la seguridad alimentaria es un componente central de legitimidad. Una disrupción prolongada podría impactar en precios, subsidios y gasto público.

Además, el escenario internacional agrega presión. Si el conflicto se prolonga, los costos de transporte y seguros marítimos podrían escalar, trasladando tensiones al presupuesto estatal y al consumidor final.

Un equilibrio frágil bajo observación

La clave no está solo en si Ormuz se cierra formalmente, sino en cuánto se encarece y ralentiza su tránsito. Con 138 barcos diarios en tiempos normales y 200 buques actualmente varados, la señal es clara: el corredor no opera con normalidad.

En las próximas semanas habrá que observar tres variables: la duración de la guerra, la reacción de las grandes navieras y la capacidad de los Estados del Golfo para activar rutas o acuerdos alternativos. También será determinante si las reservas estratégicas alcanzan para amortiguar una crisis prolongada o si el conflicto obliga a redefinir la política alimentaria regional.

Por ahora, la guerra con Irán redefine el tablero más allá del petróleo. En el Golfo, la seguridad alimentaria dejó de ser un tema técnico para convertirse en una cuestión de poder y estabilidad.

Compartí esta noticia !

Puertos y navegación: cómo será el nuevo régimen de excepciones a la Ley de Cabotaje

Compartí esta noticia !

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) aprobó un nuevo procedimiento para el otorgamiento de excepciones a la Ley de Cabotaje Nacional, previsto en el artículo 6° del Decreto-Ley N° 19.492/44. La Resolución 41/2025, publicada el 9 de septiembre en el Boletín Oficial, deja sin efecto la Resolución 52/2021 del entonces Ministerio de Transporte y establece un esquema más ágil y transparente para autorizar embarcaciones extranjeras cuando no existan barcos argentinos disponibles.

Con este cambio, el organismo busca atender las necesidades del comercio marítimo y fluvial con mayor previsibilidad y seguridad jurídica, en un contexto en el que el 80% de los pedidos de excepción presentados en 2024 y 2025 no pudieron ser cubiertos por buques de bandera nacional.

El Decreto de Necesidad y Urgencia 3/2025 creó la ANPYN como autoridad portuaria nacional, en reemplazo de la antigua Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Este reordenamiento administrativo otorgó al organismo autarquía y capacidad para actuar tanto en el ámbito del derecho público como privado, bajo la órbita del Ministerio de Economía.

El marco legal de referencia es el Decreto-Ley 19.492/44, que estableció la reserva del cabotaje para embarcaciones de bandera argentina, salvo excepciones en casos de inexistencia de oferta nacional. Desde 2021, esos permisos eran gestionados por la cartera de Transporte, pero las demoras y la baja disponibilidad de barcos con matrícula local evidenciaron la necesidad de un cambio.

En los últimos dos años, sobre 130 publicaciones para cubrir operaciones de cabotaje, solo 23 recibieron ofrecimientos de buques de bandera y apenas 2 resultaron viables, según datos oficiales.

El nuevo procedimiento: digitalización y plazos claros

El Anexo I de la Resolución 41/2025 establece un procedimiento con tres pilares: digitalización de trámites, plazos mínimos y declaraciones juradas de inexistencia de buques disponibles en la matrícula nacionalanexo_7459769_1.

  • Presentación digital: las solicitudes deberán realizarse a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), con un plazo mínimo de 3 días hábiles antes del inicio de la operación.
  • Documentación exigida: se requerirán estatutos del solicitante, matrícula y certificados del buque, seguros (P&I, casco y maquinarias), contrato de servicio (si corresponde) y una declaración jurada sobre la inexistencia de alternativas nacionales.
  • Certificado de Excepción: una vez aprobado, será válido por hasta 180 días y podrá presentarse ante Prefectura Naval, Aduanas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y otros organismos.
  • Prórrogas y renovaciones: los permisos podrán extenderse por razones climáticas o técnico-operativas debidamente justificadas, e incluso renovarse de forma ilimitada siguiendo el mismo procedimiento.

El régimen también fija un control ex post: dentro de los 15 días hábiles posteriores a la operación, el peticionante deberá presentar documentación aduanera y un informe detallado. La falta de cumplimiento podrá derivar en la negativa de futuros permisos.

El Director Ejecutivo de la ANPYN, Iñaki Miguel Arreseygor, subrayó que el nuevo esquema “no busca flexibilizar la normativa, sino adaptarla a la realidad del sector”, garantizando transparencia y eficiencia.

Para las navieras extranjeras y cargadores, el procedimiento abre un canal más ágil para cubrir operaciones críticas de comercio, especialmente en tráficos regionales vinculados a la hidrovía Paraná-Paraguay y el Atlántico sur.

Sin embargo, desde el sector naviero local podrían surgir críticas: la posibilidad de renovar excepciones “de forma ilimitada” genera temores de una mayor extranjerización de los servicios, en detrimento de la flota nacional. El artículo 13 del anexo incluso habilita a los armadores locales a impugnar un certificado si demuestran que cuentan con un buque disponible en las mismas condiciones, lo que anticipa posibles conflictos administrativos y judiciales.

Desafíos y próximos pasos

El nuevo régimen busca equilibrar dos objetivos: preservar la prioridad de la bandera argentina en el cabotaje y, al mismo tiempo, evitar cuellos de botella logísticos por falta de flota nacional.

De cara al futuro, la clave estará en el desarrollo de una política integral para la marina mercante argentina: la agilización de excepciones puede dar previsibilidad a corto plazo, pero no sustituye el desafío estructural de fortalecer la flota de bandera.

La ANPYN queda posicionada como actor central en esa agenda, con capacidad regulatoria y de control sobre un sector clave para la competitividad de las exportaciones, la integración territorial y la soberanía logística del país.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin