En marzo, los supermercados facturaron $2,464 billones, un 20,5% más que un año atrás. Pero el dato nominal queda por debajo de la inflación implícita del propio sector: a precios constantes, las ventas cayeron 5,1% interanual y acumularon una baja de 3,1% en el primer trimestre. La foto es clara: la caja crece en pesos, pero el volumen de consumo retrocede.
El informe del INDEC revela además un mercado prácticamente estancado contra febrero: la serie desestacionalizada mostró una variación negativa cercana a 0,0%, mientras la tendencia-ciclo también quedó sin tracción. No hay derrumbe mensual, pero tampoco rebote: el consumo masivo permanece en una meseta baja.
La señal más política del informe está en los medios de pago. La tarjeta de crédito concentró el 44,9% de las ventas, con $1,107 billones. El débito quedó en 24,8%, el efectivo en apenas 16,6% y otros medios -billeteras virtuales, QR y similares- ya explican 13,7%. En otras palabras: el changuito se financia cada vez más.
Supermercados: las claves de marzo 2026
Fuente: INDEC, Encuesta de Supermercados
Indicador
Dato
Lectura económica
Ventas reales
-5,1%
Caída interanual del consumo en volumen
Acumulado enero-marzo
-3,1%
Primer trimestre negativo
Facturación nominal
$2,464 billones
Sube en pesos, pero no alcanza para sostener volumen
Tarjeta de crédito
44,9%
El consumo cotidiano se financia
Personal ocupado
-2,3%
Menos empleo en el sector supermercadista
Misiones
$29.319 millones
1,2% del total nacional
Por rubros, la mayor suba nominal fue en carnes, con 41,9% interanual, seguida por panadería, 27%; alimentos preparados y rotisería, 25%; y almacén, 22,7%. En el otro extremo, electrónicos y artículos para el hogar cayeron 7,2% nominal, una señal fuerte de retracción en bienes durables.
Misiones vendió $29.319 millones en supermercados durante marzo, con una suba nominal de 21,4% interanual y una participación de 1,2% en el total nacional. La provincia registró apenas 17 bocas de expendio relevadas, pero mostró una venta promedio por local de $1.724 millones, una de las más altas del país. Sin embargo, el ticket promedio fue bajo: $19.095 por operación, muy por debajo del promedio nacional de $35.817.
El costado laboral también muestra ajuste: el personal ocupado fue de 96.782 asalariados, una caída de 2,3% interanual. Los cajeros, administrativos, repositores y otros puestos no jerárquicos bajaron 2,6%. La actividad vende menos en volumen y emplea menos personal, aunque los costos laborales crecieron 22,1% nominal.
El histórico Hiper Libertad atraviesa sus últimas semanas de funcionamiento en Posadas y lanzó una fuerte liquidación de mercadería con descuentos que van del 30% al 70% en distintos productos seleccionados. Las promociones alcanzan artículos de bazar, hogar, limpieza, textiles y algunos alimentos, además de ofertas “dos por uno”, en medio de la cuenta regresiva hacia el cierre definitivo previsto para el próximo 28 de mayo.
La sucursal dejará de operar bajo la marca Libertad para dar paso a la llegada de La Anónima, que asumirá el control del establecimiento tras concretar la compra de activos del Grupo Libertad. Durante los últimos días, numerosos clientes comenzaron a acercarse atraídos por las rebajas y la posibilidad de aprovechar precios de liquidación antes del cambio de firma.
Según publicó el medio Misiones Opina y confirmó Agustín Gómez, secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio, el 27 de mayo será la última jornada de atención al público y el cierre definitivo se concretará el 28 de mayo.
En Posadas, el hipermercado venía atravesando una situación compleja desde hace meses, marcada por la caída del consumo, despidos y una reducción de su estructura operativa. La competencia con Paraguay y Brasil, sumada a la pérdida del poder adquisitivo, golpeó con fuerza las ventas del sector.
La llegada de la cadena controlada por la familia Braun representa un cambio importante para el comercio posadeño y forma parte de una operación que incluye otras once sucursales en distintas provincias, además de un centro logístico y el traspaso de trabajadores en todo el país.
Mientras avanza el proceso de transición, uno de los principales interrogantes continúa siendo la continuidad laboral de los empleados, aunque hasta el momento existiría un compromiso verbal para mantener las fuentes de trabajo bajo la nueva administración.
La recaudación del IVA vinculada al mercado interno volvió a mostrar señales de debilidad en el inicio de 2026 y refuerza el diagnóstico de una economía que no logra recuperar el consumo. De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el componente impositivo del Impuesto al Valor Agregado registró una caída real del 2% en el primer cuatrimestre del año, mientras que el IVA aduanero se desplomó 23%, reflejando además la fuerte retracción de las importaciones.
El dato resulta especialmente relevante porque el IVA es uno de los principales termómetros del nivel de actividad y del consumo masivo. Según el análisis elaborado por el economista Nadín Argañaraz, el IVA Neto acumuló una baja real del 8,5% interanual respecto del mismo período de 2025, incluso contemplando una desaceleración inflacionaria durante abril.
La dinámica confirma que la recuperación económica continúa mostrando fuertes desequilibrios sectoriales. Mientras algunos rubros ligados al agro, la minería y la intermediación financiera exhiben mejoras, el comercio y la industria siguen sin encontrar piso. La caída de la recaudación asociada al consumo interno deja en evidencia que el deterioro del poder adquisitivo todavía impacta sobre las ventas y la actividad cotidiana.
El cuadro se completa con otros indicadores tributarios que también reflejan enfriamiento económico. El impuesto sobre Créditos y Débitos Bancarios -considerado un indicador casi instantáneo de la actividad- cayó 0,5% real en el primer cuatrimestre, marcando al menos un escenario de estancamiento.
A nivel general, el IARAF estimó que la recaudación tributaria nacional total retrocedió 6,7% real interanual entre enero y abril. Incluso excluyendo los tributos vinculados al comercio exterior, la caída fue de 5,3%, lo que evidencia que la debilidad económica trasciende el impacto de las importaciones.
Entre los tributos con peor desempeño aparecen los derechos de exportación (-37,5%), los impuestos internos coparticipados (-17,6%) y los derechos de importación (-16,1%). En contrapartida, el único impuesto con crecimiento real fue el de los combustibles, con una suba de 20,9%, impulsada por actualizaciones impositivas y aumentos de precios en surtidores.
El deterioro de la actividad también comienza a impactar sobre los recursos asociados al empleo formal. Los aportes y contribuciones a la seguridad social mostraron una baja real de 4,1% interanual, en línea con el enfriamiento del mercado laboral y la pérdida de poder salarial.
Los últimos indicadores privados y oficiales refuerzan ese escenario. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC registró una caída de 2,6% en febrero, mientras que el Centro de Estudios Orlando Ferreres calculó un retroceso de 2,9%, asociado principalmente a la debilidad industrial y comercial.
Aunque para marzo algunas consultoras proyectan un rebote moderado, los analistas coinciden en que todavía no alcanza para compensar las caídas acumuladas en los primeros meses del año. El resultado es una economía que exhibe estabilidad financiera y desaceleración inflacionaria, pero todavía sin una recuperación sólida del consumo y la actividad real.
El Gobierno de Misiones oficializó este lunes la suspensión del régimen de pago a cuenta de los anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre mercaderías que ingresaban a la provincia y sobre determinadas operaciones vinculadas al transporte de cargas.
La medida fue formalizada mediante el Decreto publicado en el Boletín Oficial, firmado el 30 de abril de 2026, y representa uno de los anuncios más esperados por el sector comercial e industrial, luego de que el gobernador Hugo Passalacqua lo anticipara el viernes pasado durante su discurso ante la Legislatura provincial.
Esta exclusión que será de oficio y sin necesidad de realizar trámite alguno, incluye a las pymes que en el año 2025 hubieran dado hasta $10 millones anuales de pago a cuenta y comprenderá a 16.500 pequeños y medianos contribuyentes sobre un total de 17.300 registrados.
Dicho de otra manera: el 95% del padrón de contribuyentes queda excluido del pago. Además, las restantes 873 grandes empresas que quedan incluidas realizarán el pago a cuenta de forma global, digital, mensual y simplificada, lo que les significará un ahorro del gasto administrativo, agilizando además el tráfico de ingreso a la provincia.
La decisión instruye al Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos a implementar un régimen especial, excepcional y de carácter temporal destinado a flexibilizar y suspender la aplicación del sistema previsto en las Resoluciones Generales 56/2007 y 44/2021, que regulaban el pago a cuenta en los puestos de control fiscal sobre rutas.
Hasta ahora, ese mecanismo obligaba a realizar adelantos de Ingresos Brutos sobre productos o mercaderías que ingresaban a Misiones para su compraventa, remisiones entre fábricas o sucursales, entregas en depósito, consignación y también sobre la prestación del servicio de transporte de cargas con origen en la provincia.
Desde el Ejecutivo provincial explicaron que el actual contexto macroeconómico, marcado por restricciones financieras, caída de la actividad económica y aumento de los costos operativos, impacta de manera directa sobre la dinámica productiva y comercial, especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas.
En ese marco, el decreto sostiene que la operatoria vigente en los puestos de control fiscal, si bien constituye una herramienta válida de fiscalización, genera en determinadas circunstancias costos financieros y administrativos que terminan afectando la actividad económica.
Por eso, el Gobierno consideró necesario avanzar en una simplificación de procedimientos que reduzca la carga administrativa tanto para los contribuyentes como para la propia Agencia Tributaria Misiones (ATM), sin resignar los objetivos de control y recaudación.
La norma remarca que se trata de una flexibilización transitoria, sin modificar la estructura normativa vigente, pero permitiendo una administración más eficiente de los recursos estatales y una fiscalización más focalizada en los sectores de mayor riesgo fiscal.
En la práctica, la medida implica el fin de uno de los reclamos históricos de comerciantes, industriales y transportistas, que cuestionaban el impacto financiero que generaban estos adelantos impositivos sobre el capital de trabajo, especialmente en un escenario de caída del consumo y retracción económica.
Durante su mensaje legislativo, Passalacqua había planteado la necesidad de sostener la actividad privada y aliviar cargas que afectan la competitividad provincial, en línea con otras herramientas como los programas Ahora y nuevas medidas de incentivo para el comercio y la producción.
El decreto faculta además tanto al Ministerio de Hacienda como a la Agencia Tributaria Misiones a dictar las normas complementarias necesarias para la aplicación del nuevo esquema, que entró en vigencia de manera inmediata desde su publicación oficial.
El municipio de Posadas activó un paquete de medidas fiscales y administrativas con impacto directo en el comercio local, en un contexto de caída de ventas, aumento de costos y cierres en el microcentro. El anuncio, presentado por el secretario de Hacienda Martín Leiva Varela tras una mesa de trabajo con la Cámara de Comercio, establece bonificaciones impositivas, ampliación de beneficios tributarios y un esquema de regularización de deudas que comenzará a regir con su publicación en el Boletín Oficial.
El dato central: una bonificación del 100% en tasas clave por 12 meses para nuevas habilitaciones entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre, junto con una expansión del universo de contribuyentes alcanzados por alivios fiscales. La pregunta de fondo empieza a instalarse: ¿se trata de un giro suficiente para sostener la actividad o apenas de un movimiento defensivo ante una crisis más profunda?
Menos costos, menos burocracia
El diseño del paquete parte de un diagnóstico compartido entre el municipio y el sector privado. “Nos han manifestado en las reuniones previas la difícil situación que vienen atravesando asociado a la caída del volumen de ventas, el incremento de costos y la carga administrativa”, explicó Leiva Varela.
Sobre esa base, el municipio estructuró cuatro ejes. El primero apunta a reducir costos iniciales: “Consiste en otorgar una bonificación del cien por ciento de la tasa de barrido, limpieza y publicidad por el plazo de doce meses para todas aquellas habilitaciones”, detalló el funcionario, con foco en la zona céntrica.
El segundo amplía el acceso a beneficios fiscales. “Se amplía el tope de facturación… pasando de veinte millones a cuatrocientos millones”, indicó, lo que permitirá “incrementar la cantidad de contribuyentes… en al menos dos mil contribuyentes más”.
El tercer componente apunta a la regularización: “Se implementa un régimen de facilidades de pago… con quitas de intereses de no menos del ochenta por ciento y multas del cien por ciento”, explicó.
Y el cuarto eje introduce un cambio operativo relevante: “Se ha procedido a la exclusión automática… de agentes de retención y percepción, lo cual le va a aliviar su carga administrativa”, afirmó.
Para el funcionario, el objetivo es claro: “Aliviar, simplificar procesos y fomentar la actividad económica municipal”.
El trasfondo: caída del consumo y reconversión comercial
Desde la Cámara de Comercio validaron el enfoque, aunque con un diagnóstico más crudo del escenario. “Es un contexto muy complejo, muy competitivo… comercios que se están sosteniendo a duras penas”, señaló su presidente Federico Panozzo.
El dirigente remarcó que las medidas surgen de un trabajo técnico conjunto: “No estar tirando titulares ni pedidos al aire sino trabajar en una mesa de trabajo midiendo el impacto”.
En ese marco, identificó un punto crítico: la carga administrativa. “Para PYMES que puedan dejar de ser agentes es una medida… que termina resultando en costos”, explicó, aludiendo a la necesidad de personal dedicado a tareas impositivas.
El deterioro del microcentro aparece como dato estructural. “Estimamos que hay un treinta por ciento de comercio menos en el microcentro”, advirtió Panozzo. La dinámica no es lineal: hay cierres, pero también reconversiones hacia formatos más chicos. “Se reconvierten en comercios mucho más pequeños”, describió.
Reconfiguración de actores
El paquete posiciona al municipio como actor activo en la contención de la crisis, pero también expone los límites de su intervención. El alivio fiscal amplía el margen de acción de los comercios, pero no resuelve el problema de fondo: la caída de la demanda.
El propio sector lo reconoce. “Las empresas están en crisis real, financiera, con atrasos de compromisos”, sostuvo Panozzo, lo que deja en evidencia que el alivio fiscal puede mejorar márgenes pero no garantiza ventas.
En términos de correlación de fuerzas, la articulación público-privada aparece como un dato relevante. “Lo vemos de manera positiva… porque es un trabajo articulado”, afirmó el dirigente empresario, aunque anticipó que el reclamo escalará a otros niveles: “Queremos seguir trabajando con el gobierno de la provincia… y también con un tema nacional”.
Ese punto introduce una dimensión más amplia: la competitividad regional y la presión impositiva estructural, que exceden al municipio.
Un movimiento táctico en un escenario inestable
El alcance real de las medidas dependerá de su capacidad para alterar comportamientos en el corto plazo. La bonificación para nuevas habilitaciones apunta a reactivar el centro, pero su efectividad estará atada a la expectativa de rentabilidad futura. Nadie invierte solo por pagar menos tasas.
En paralelo, el plan de regularización puede aliviar tensiones financieras inmediatas, aunque no necesariamente modifica la tendencia de fondo si el consumo no repunta.
“Entendemos que esta no es una cuestión que termina acá… es una puerta que se abre”, planteó Leiva Varela, al anticipar un trabajo continuo con el sector privado.
Del lado empresarial, la expectativa es más cauta. Las medidas son valoradas, pero se inscriben en una estrategia defensiva frente a un contexto que sigue tensionando.
El dato que queda flotando es si el alivio fiscal alcanzará para revertir la inercia o si el comercio seguirá reconfigurándose, con menos actores y estructuras más pequeñas. La respuesta no está en una ordenanza ni en un anuncio: se juega en el ritmo del consumo y en la capacidad de adaptación de un sector que ya empezó a cambiar.
