mar. Mar 17th, 2026

COMPETITIVIDAD

Identifican cinco tensiones clave para sostener la competitividad en la Argentina

By Redacción Economis 5 días ago
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En un entorno global de cambios sociales, demográficos y laborales acelerados, la cultura organizacional se consolida como el principal motor de competitividad para las empresas, por encima de factores estructurales o tecnológicos, según un análisis elaborado por expertos en transformación de Olivia, consultora global con presencia en América Latina y Europa. 

La consultora destaca que las organizaciones están recibiendo una fuerza laboral más diversa, con expectativas de flexibilidad, propósito e inmediatez que desafían los modelos operativos tradicionales. Este fenómeno renovado contrasta con el enfoque clásico de jerarquías rígidas y procesos inamovibles, y plantea una pregunta crítica para los equipos directivos: ¿qué tanto debe adaptarse la empresa a las personas y no al revés? 

El informe de Olivia identifica cinco tensiones culturales que marcarán la agenda de transformación en 2026: integrar diversidad sin perder agilidad; equilibrar la adaptación organizacional con responsabilidad individual; redefinir la relación entre la empresa y el nuevo talento; aplicar la diversidad de manera estratégica -no ideológica-; y reconocer que ninguna transformación será sostenible sin abordar el sustrato cultural que guía las decisiones cotidianas. 

Estos desafíos se alinean con tendencias globales: según el 2026 Global Workplace Culture Report de SHRM, la cultura organizacional influye directamente en la retención de talento, la satisfacción del cliente y el desempeño a largo plazo, y se manifiesta en ocho tipos distintos de culturas que coexisten en las organizaciones modernas. Además, investigaciones recientes revelan que el 83% de los empleados atribuye su permanencia en una empresa principalmente a la cultura y las personas con las que trabaja. 

Para Olivia, la verdadera respuesta a estos desafíos no está en modas de gestión ni en declaraciones aspiracionales, sino en decisiones concretas y prácticas diarias que hagan visible la cultura en la operación. Esto implica tres acciones clave:

  1. Diseñar la cultura como un sistema observable: medir comportamientos, no solo valores declarados, para hacer visible cómo se vive el día a día en la organización. 
  2. Distinguir cuándo la diversidad potencia la innovación y cuándo puede ralentizar la ejecución: no toda diversidad es automáticamente beneficiosa si no se integra de manera estratégica. 
  3. Formar líderes capaces de sostener tensiones y priorizar criterio humano sin perder visión estratégica: un liderazgo que tome decisiones en la ambigüedad será clave para navegar la complejidad cultural. 

“En 2026, más que nunca, la cultura no será un atributo deseable: será el principal diferenciador competitivo. Las organizaciones que entiendan este momento no verán estos cambios como amenazas, sino como una hoja de ruta para evolucionar. Las que no lo hagan seguirán invirtiendo en tecnología y procesos y se preguntarán por qué, a pesar de todo, los resultados no llegan”, afirmó Ezequiel Kieczkier, CEO y socio fundador de Olivia. 

Acerca de Olivia


Olivia es una firma global especializada en transformación organizacional, con presencia en Latinoamérica y España. Acompaña a empresas líderes como L’Oréal, PepsiCo, Boehringer Ingelheim, Santander, Ford, AB InBev, Moeve, YPF, Alsea y Disney en el desafío de transformar su cultura, potenciar el liderazgo e impulsar procesos de cambio e innovación.

Integra capacidades avanzadas de ciencias del comportamiento organizacional para anticipar dinámicas clave y diseñar intervenciones quirúrgicas basadas en datos.

Olivia invita a las organizaciones a abrazar las posibilidades mediante la adopción de nuevas formas de pensar, trabajar y evolucionar frente a los desafíos del contexto.

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Dal Poggetto advierte por destrucción de empleo formal y presión sobre empresas en la transición económica del Gobierno

By Redacción Economis 2 semanas ago
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La economista y directora ejecutiva de la consultora EcoGo, Marina Dal Poggetto alertó que el ajuste fiscal y el uso del tipo de cambio como ancla inflacionaria generan tensiones en el empleo, la recaudación y la estructura productiva.

Una transición con costos visibles

En pleno proceso de reconfiguración del régimen macroeconómico, la economista Marina Dal Poggetto lanzó una advertencia que interpela el corazón de la estrategia oficial. Desde Splendid AM 990, la directora ejecutiva de EcoGo sostuvo que la transición impulsada por el Gobierno ya muestra efectos concretos: destrucción de empleo formal, deterioro en las hojas de balance empresarias y caída del consumo interno.

El diagnóstico llega en un momento sensible. Con inflación mensual en torno al 2,9% y un esquema cambiario que busca consolidar estabilidad, la pregunta que subyace es si la normalización macro puede sostenerse sin erosionar la base productiva y laboral.

“Estás transitando de un régimen a otro”, planteó Dal Poggetto al describir el pasaje desde un modelo con alta brecha cambiaria, tasas reales negativas y fuerte protección comercial hacia otro con menor distorsión cambiaria, tasas positivas y apertura de importaciones. Ese giro, explicó, modifica incentivos y altera la lógica de funcionamiento de empresas y consumidores.

Del arbitraje financiero a la competencia por demanda

En el esquema previo, la economía operaba bajo una lógica de arbitraje. “Tomabas todos los pesos baratos que había en el sistema, comprabas todos los dólares baratos que te daba el Banco Central y si podías fijar precio eras Gardel”, sintetizó. Ese modelo permitía recomponer márgenes vía precios y protección comercial.

El actual escenario, en cambio, se apoya en la “normalización” de variables macro: brecha cambiaria que tendió a desaparecer, tasas de interés ya no negativas y mayor apertura de importaciones. Allí aparece un punto neurálgico. “Hoy sí importa la demanda y parte de esa demanda es abastecida con un aumento en las importaciones”, afirmó, al señalar la expansión de compras externas en bienes de consumo y autos.

El tipo de cambio funciona como ancla antiinflacionaria. Sin embargo, Dal Poggetto advirtió que esa herramienta implica riesgos si la inflación mensual se mantiene en torno al 2,9%. Con el dólar estable, el tipo de cambio real vuelve a apreciarse rápidamente. “Si lo dejás clavado en estos niveles con una inflación en torno al 2,9% mensual, en dos meses volvés a bajarlo”, señaló.

Esa apreciación reabre la discusión sobre competitividad. Tras la devaluación inicial que llevó el dólar oficial de 360 a 800 pesos, el tipo de cambio real alcanzó niveles elevados, pero luego comenzó a descender. El interrogante es cuánto margen tiene el Gobierno para sostener el ancla cambiaria sin profundizar tensiones en sectores transables.

Empleo formal en retroceso y reforma laboral en debate

El impacto más sensible aparece en el mercado de trabajo. Si bien la tasa de desempleo subió de 5,7% a 6,6%, la economista subrayó que el fenómeno central no es solo la desocupación sino la composición del empleo. “Lo que sí estás viendo es destrucción de empleo formal y creación de empleo semiformal, fundamentalmente monotributo”, advirtió.

En ese contexto se inscribe la reforma laboral en debate. Según su lectura, apunta a actualizar una legislación “muy rezagada”, pero se implementa en una economía que pierde puestos registrados. “Le estás bajando alícuotas o el costo de las contribuciones patronales a lo nuevo en una economía que está perdiendo empleo”, sostuvo.

La dimensión fiscal complejiza el cuadro. Con una recaudación que “está cayendo y probablemente siga cayendo”, el ajuste se sostiene vía contención del gasto. El Gobierno apuesta a consolidar equilibrio fiscal, pero lo hace sobre una base tributaria debilitada por la recesión y la menor actividad formal. Allí se juega una parte de la gobernabilidad económica.

Consumo, precios relativos y tensión social

El deterioro del poder adquisitivo agrega otra capa de presión. Dal Poggetto explicó que el índice de precios refleja una canasta promedio, pero cada hogar enfrenta una estructura distinta. “Hay una parte de los servicios, sobre todo de la clase media, que son bastante inelásticos”, señaló en referencia a prepagas, colegios, expensas y tarifas, rubros que subieron por encima de la inflación desde el inicio de la gestión.

“Están indexados a una inflación donde los ingresos no están yendo con la inflación”, remarcó. El resultado es una contracción del consumo que impacta directamente en empresas orientadas al mercado interno.

A esto se suma la presión sobre balances. “Empezás a ver una distorsión en la hoja de balance”, describió. Algunos sectores lograron recapitalizarse en el ciclo anterior; otros operan con márgenes estrechos en un contexto recesivo y mayor competencia externa.

En materia inflacionaria, anticipó que febrero y marzo mostrarán registros elevados por subas en carne, combustibles, colegios y tarifas. “Febrero va a ser alta y marzo probablemente siga estando en esos niveles”, afirmó, aunque proyectó que abril podría acercarse al 2% mensual si el esquema cambiario se mantiene.

Un equilibrio inestable

El diagnóstico no implica un rechazo al proceso de estabilización, pero sí una advertencia sobre sus costos y tiempos. La apertura comercial, la disciplina fiscal y el ancla cambiaria redefinen incentivos y ordenan precios relativos. La cuestión es si el tejido productivo puede absorber el shock sin mayor deterioro del empleo formal y de la recaudación.

En términos políticos, el Gobierno sostiene su estrategia como eje central de gestión. Sin embargo, la evolución del empleo registrado, la dinámica del consumo y la respuesta del sector empresario marcarán el pulso de las próximas semanas. La transición ya está en marcha. Lo que aún no está definido es cuán profundo será el costo social y productivo de ese nuevo régimen macroeconómico.

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PEFC impulsa “The Timber Truth” y busca posicionar la madera certificada en los mercados globales de la construcción sostenible

By Redacción Economis 2 semanas ago
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En un escenario internacional donde la trazabilidad ambiental y la descarbonización se volvieron condiciones de acceso a mercados, el Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) acompañó la presentación de “The Timber Truth”, una publicación que apunta a desarmar 16 mitos sobre el uso de la madera en la construcción. La iniciativa no es meramente técnica: se inscribe en una estrategia más amplia para fortalecer la competitividad de la madera certificada frente a regulaciones ambientales cada vez más exigentes.

El mensaje es claro. La discusión sobre materiales de construcción ya no se limita a costos y prestaciones estructurales. Ahora incluye huella de carbono, trazabilidad y cumplimiento normativo internacional. En ese terreno, la certificación forestal se convierte en un activo económico.

Evidencia técnica para un mercado más exigente

“The Timber Truth” aborda percepciones extendidas en torno a la seguridad, durabilidad, disponibilidad y desempeño ambiental de la madera. A través de argumentos respaldados por datos y ejemplos concretos, la publicación busca ofrecer herramientas a arquitectos, desarrolladores, inversores y tomadores de decisión.

PEFC, como sistema de certificación de gestión forestal sostenible, respalda la iniciativa con un enfoque centrado en la madera de origen responsable. Según se destaca en la presentación, cuando proviene de bosques gestionados de manera sostenible y certificados, la madera es un material renovable con capacidad de almacenamiento de carbono, puede cumplir estándares técnicos exigentes, reduce la huella ambiental del sector y permite trazabilidad en cadenas internacionales.

El eje institucional es nítido: la certificación no solo valida prácticas forestales, sino que habilita cumplimiento regulatorio en mercados que exigen cadenas libres de deforestación y alineación con estándares ESG.

Construcción sostenible y acceso a mercados

La iniciativa se inserta en un contexto donde gobiernos e inversores incorporan criterios ambientales en políticas públicas y decisiones de financiamiento. La regulación internacional avanza hacia mayores controles sobre origen y sostenibilidad de insumos estratégicos, lo que redefine las condiciones de competencia.

En ese marco, la certificación forestal funciona como herramienta para facilitar acceso a mercados, reducir riesgos regulatorios y aportar transparencia en cadenas de valor globales. La madera certificada se presenta así no solo como alternativa técnica, sino como vehículo de inserción comercial.

El sector de la construcción tiene un rol clave en la transición hacia economías de bajas emisiones. Por eso, la discusión sobre materiales adquiere dimensión estratégica. Si la madera logra consolidarse como opción renovable y reutilizable con respaldo técnico y trazabilidad comprobable, el impacto trasciende al sector forestal e incide en desarrollos inmobiliarios, proyectos de infraestructura e inversiones institucionales.

Señal estratégica: sostenibilidad como competitividad

La presentación de “The Timber Truth” apunta a algo más que informar. Busca incidir en la toma de decisiones en un momento donde la descarbonización del sector edilicio ocupa un lugar prioritario en agendas públicas y privadas.

Al derribar mitos técnicos, PEFC intenta fortalecer la confianza en la madera certificada como parte de la solución climática global. La estrategia combina sostenibilidad ambiental y competitividad económica, dos variables que ya no se perciben como contrapuestas.

El desafío ahora pasa por la adopción efectiva de estos estándares en mercados concretos. A medida que la regulación internacional se vuelve más estricta y los compradores exigen mayor trazabilidad, la madera certificada podría ganar terreno. Pero esa transición dependerá de decisiones empresariales, políticas públicas y condiciones de mercado que aún están en evolución.

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El Gobierno activa la privatización de la Vía Navegable Troncal con tres ofertas y promete US$ 10.000 millones de inversión

By Redacción Economis 3 semanas ago
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El Gobierno dio un paso decisivo en la privatización de la Vía Navegable Troncal, el corredor por el que circula el 80% del comercio exterior argentino y de países de la región. El ministro Luis Caputo informó que se presentaron tres oferentes internacionales —Jan De Nul NV, DEME y DTA Engenharia— en la licitación pública internacional para la modernización, operación y mantenimiento del sistema, con una inversión estimada en más de US$ 10.000 millones a lo largo de 25 años.

El proceso, que cuenta con aval técnico de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), se encamina ahora hacia la adjudicación y la firma de un contrato de concesión a riesgo empresarial y sin aval del Estado. En términos políticos, la señal es clara: el Ejecutivo busca consolidar un esquema de infraestructura estratégica financiado por capital privado y con estándares internacionales de transparencia, en línea con su estrategia de desestatización y reducción de riesgos fiscales.

Licitación internacional y respaldo multisectorial

La apertura de sobres completó una etapa central del proceso licitatorio. El esquema se estructuró en tres instancias: primero, la evaluación de antecedentes operativos y capacidad técnica y financiera; luego, el análisis del Plan de Trabajo con un sistema de puntajes; finalmente, la ponderación de la oferta económica, con mayor peso para asegurar la tarifa más baja posible.

El pliego se elaboró con respaldo de la UNCTAD, que auditó criterios de transparencia y competitividad. El Gobierno subrayó que se trata de una de las licitaciones “más participativas y transparentes”, apoyada por la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera – Centro de Exportadores de Cereales (CIARA–CEC), la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, además de los gobiernos de Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y Buenos Aires. También expresaron respaldo entidades agropecuarias como Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina, Coninagro y Federación Agraria, junto a organizaciones ambientalistas.

Ese alineamiento no es menor. La vía navegable concentra intereses productivos, portuarios y fiscales de las principales provincias exportadoras. La definición del nuevo concesionario impactará en tarifas, profundidad de dragado y previsibilidad operativa para un complejo agroindustrial que depende de la logística fluvial.

Competitividad y costos logísticos: el eje económico

El objetivo declarado del proyecto es permitir que buques de gran calado operen a plena capacidad, reducir costos logísticos y mejorar la competitividad del comercio exterior. En una economía donde la balanza comercial y el ingreso de divisas resultan determinantes, cualquier mejora en eficiencia portuaria tiene efecto macroeconómico.

La inversión proyectada —más de US$ 10.000 millones en 25 años— supone un volumen relevante de capital privado destinado a dragado, señalización y mantenimiento. El contrato a riesgo empresarial implica que el concesionario asume el financiamiento y recupera la inversión vía tarifa, sin garantías estatales.

Para el sector agroexportador y portuario, la clave estará en el equilibrio entre tarifa y servicio. El pliego pondera la oferta económica con mayor peso, lo que busca asegurar un costo competitivo. Sin embargo, el esquema también exige capacidad técnica y financiera comprobada, un punto crítico en una infraestructura que define la salida de granos, aceites y subproductos.

Las provincias del litoral observan el proceso con interés directo: una vía más eficiente puede traducirse en mayor actividad portuaria, empleo y recaudación asociada al comercio exterior.

Señales al mercado y consolidación del rumbo

La apertura de sobres refuerza el mensaje de que el Gobierno prioriza participación privada en activos estratégicos y busca reducir exposición fiscal. La concesión sin aval estatal y con inversión comprometida a largo plazo encaja en esa narrativa.

Al mismo tiempo, el respaldo multisectorial y la auditoría de la ONU funcionan como escudo político ante un tema históricamente sensible. La vía navegable no es solo una obra de infraestructura; es un nodo de poder económico.

Queda por delante la evaluación técnica y económica de las propuestas y la adjudicación final. Allí se definirá qué empresa operará durante 25 años una de las arterias logísticas más relevantes del Cono Sur. La decisión marcará no solo el futuro del sistema portuario, sino también la capacidad del país para sostener competitividad exportadora en un contexto internacional exigente.

El proceso ya está en marcha. La discusión ahora se traslada al terreno de la ejecución y al delicado equilibrio entre tarifa, inversión y control público.

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Empresarios mayoristas respaldaron la reforma laboral y pidieron eliminar aportes obligatorios que encarecen el empleo

By Redacción Economis 1 mes ago
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Empresarios del sector de autoservicios mayoristas expresaron su apoyo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno y que se discute en el Senado de la Nación. La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) consideró que la iniciativa constituye un paso clave para incentivar la creación de empleo formal y mejorar la competitividad de las pymes, en un contexto de altos costos laborales y márgenes ajustados para el comercio. Durante un encuentro con equipos técnicos del Senado, la entidad detalló cuatro ejes centrales del proyecto que, a su entender, modernizan las relaciones laborales y corrigen distorsiones que hoy desalientan la contratación.

La posición de CADAM se inscribe en un debate más amplio sobre la estructura de costos del empleo en la Argentina y el rol de los aportes obligatorios a cámaras empresarias y entidades vinculadas a los convenios colectivos. Para el sector mayorista, la reforma laboral abre una ventana para revisar prácticas que consideran anacrónicas y poco transparentes, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

Los cuatro puntos de la reforma laboral que apoyan los mayoristas

La comitiva de CADAM estuvo encabezada por su vicepresidente, Armando Farina, quien expuso ante los equipos técnicos del Senado los principales aspectos del proyecto que la entidad considera positivos. En primer lugar, destacaron la implementación del banco de horas como un mecanismo de flexibilidad laboral acordado entre las partes, que permitiría adaptar la jornada a los picos de actividad sin incrementar de manera automática los costos.

En segundo término, respaldaron la posibilidad de celebrar convenios laborales adaptados a la realidad de las pymes, con esquemas más acordes a la escala y dinámica de los pequeños comercios. El tercer punto señalado fue la habilitación de las billeteras virtuales como medio para acreditar salarios, una medida que apunta a modernizar los mecanismos de pago y reducir fricciones operativas. Por último, CADAM valoró el carácter voluntario de los aportes a cámaras empresariales y solicitó que ese criterio se extienda también a los aportes sindicales.

A estos ejes se sumó un reclamo puntual: la eliminación de aportes solidarios y contribuciones que, según los empresarios, “encarecen innecesariamente el costo laboral”. Entre ellos mencionaron el aporte solidario por Covid-19 a la obra social Osecac, que se aplica esté o no afiliado el trabajador, y el seguro de retiro La Estrella.

Aportes obligatorios y conflicto de intereses en las paritarias

Uno de los tramos más críticos de la postura de CADAM estuvo centrado en el esquema de aportes obligatorios a cámaras empresarias dentro del sector comercio. “Las paritarias se han transformado en una mesa de amigos”, afirmó Farina, al cuestionar el rol de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), que participan de las negociaciones salariales y, al mismo tiempo, son beneficiarias directas de esos aportes. Para los mayoristas, esta situación configura un “evidente conflicto de intereses”.

CADAM puso como ejemplo el aporte obligatorio que cada empleado de comercio realiza al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP). Según la entidad, esos fondos “se redistribuyen en gran parte entre la CAC y la CAME bajo el argumento de capacitación y fortalecimiento institucional”. El planteo apunta a que, con cada aumento salarial acordado en paritarias, estas entidades incrementan automáticamente su recaudación, pese a ser actores centrales de la negociación. “Esto implica que con cada aumento salarial paritario, estas entidades se ‘autobenefician’ con una mayor recaudación”, sostuvieron.

El reclamo no es aislado. De acuerdo con CADAM, desde el año pasado numerosas entidades empresarias expusieron sus quejas ante el Congreso de la Nación, entre ellas la Confederación Federal PyME de la República Argentina, la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, el Centro Comercial de Victoria (Entre Ríos), la Federación Económica de Mendoza y la Cámara de Perfumerías de Argentina. El denominador común es la crítica a los mecanismos compulsivos de financiamiento que, en la práctica, se trasladan a mayores costos laborales.

Impacto en pymes y expectativas sobre el debate legislativo

Desde la óptica del sector mayorista, la reforma laboral tiene un impacto directo sobre la estructura de costos de las pymes, que concentran buena parte del empleo formal en la Argentina. “La libertad de asociación, la transparencia y la representatividad genuina son pilares indispensables”, sostuvo Farina, al tiempo que remarcó que el proyecto “termina con mecanismos compulsivos que solo encarecen el empleo y desalientan la inversión”.

El respaldo de CADAM suma presión al debate legislativo en el Senado, donde la reforma laboral se analiza como una herramienta para dinamizar el mercado de trabajo. Si bien el texto final aún está en discusión, el posicionamiento de los empresarios del comercio mayorista anticipa un alineamiento del sector con aquellas medidas que reduzcan costos, introduzcan flexibilidad y limiten los aportes obligatorios. El resultado de ese debate será clave para definir el impacto real de la reforma sobre la competitividad de las pymes y la creación de empleo formal en los próximos años.

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