COMPETITIVIDAD

AFoAMi respaldó la eliminación del pago anticipado de Ingresos Brutos y pidió avanzar hacia una reforma tributaria integral

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La Asociación Forestal y Ambiental de Misiones (AFoAMi) respaldó la decisión del Gobierno provincial de suspender, desde el 1° de julio, el régimen de pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en los puestos de control fiscal sobre rutas, al considerar que la medida representa un avance concreto para mejorar la competitividad de las empresas misioneras y aliviar una de las principales cargas financieras que enfrentaba el sector productivo.

La entidad sostuvo que la eliminación de este mecanismo constituye una señal positiva para la actividad económica, aunque planteó que el desafío de fondo pasa por consolidar una política tributaria más previsible y extender progresivamente este tipo de beneficios a la totalidad de las pequeñas y medianas empresas de la provincia.

Desde AFoAMi remarcaron que la previsibilidad, la seguridad jurídica y la estabilidad de las reglas fiscales son factores determinantes para atraer inversiones y fortalecer el entramado productivo. En ese sentido, advirtieron que las empresas necesitan contar con marcos impositivos estables para planificar proyectos de largo plazo, fortalecer su capital de trabajo, ampliar su capacidad productiva y generar empleo.

La posición de la entidad forestal se inscribe en un debate más amplio sobre la competitividad de Misiones, una provincia que históricamente sostiene que enfrenta desventajas estructurales derivadas del régimen de coparticipación federal y de su condición de provincia fronteriza. Según AFoAMi, estas asimetrías reducen la capacidad competitiva de las empresas locales frente a otras jurisdicciones y justifican la necesidad de avanzar en reformas tanto a nivel provincial como nacional.

Por esa razón, la asociación también reclamó la intervención de los legisladores nacionales por Misiones para impulsar modificaciones que permitan corregir esas diferencias y mejorar las condiciones de desarrollo económico de la provincia.

Al mismo tiempo, la entidad planteó la necesidad de revisar los mecanismos de recaudación tributaria que obligan a las empresas a anticipar impuestos antes de concretar sus operaciones comerciales. Desde su perspectiva, este tipo de esquemas inmoviliza recursos financieros que podrían destinarse a inversión, compra de insumos, ampliación de la producción o generación de nuevos puestos de trabajo.

“La recaudación no debería afectar el capital de trabajo de las empresas”, sintetiza el planteo institucional, que propone evolucionar hacia un sistema tributario orientado a incentivar la actividad privada en lugar de restringir la liquidez empresarial.

El pronunciamiento cobra relevancia en un contexto donde distintas cámaras empresarias vienen planteando la necesidad de reducir el denominado “costo argentino”, una agenda que incluye la revisión de tributos nacionales, provinciales y municipales para recuperar competitividad frente a otros mercados.

Para AFoAMi, la suspensión del pago anticipado de Ingresos Brutos puede convertirse en el punto de partida de una transformación más profunda del esquema tributario provincial. En ese sentido, la entidad manifestó su disposición a acompañar todas las iniciativas que favorezcan una provincia “más competitiva, con mayor producción, más inversiones y más oportunidades para el desarrollo sostenible”

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El récord exportador deja al descubierto un problema de competitividad

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En los primeros cinco meses del año la balanza comercial muestra un saldo positivo de niveles históricos. Es el resultado de una reducción en las importaciones y un fuerte crecimiento en las exportaciones. Particularmente importante es que a los dólares que tradicionalmente entran por la cosecha en la primera mitad del año se sumaron las exportaciones de Vaca Muerta. El buen clima en el caso del agro y el RIGI en la energía son dos factores fundamentales que contribuyen a explicar los excelentes resultados.

No menos importante es el efecto positivo que tiene el ajuste fiscal sobre las cuentas externas. Tradicionalmente los excesos de gasto público generaban un aumento de la demanda de bienes y servicios de la población que derivaba en una insostenible expansión de la demanda de divisas. Esto desembocaba en periódicas crisis de balanza de pagos que se trataban de paliar con controles de capitales pero que finalmente forzaban una devaluación. Con menor gasto público y equilibrio fiscal, la balanza de pagos tiende a estar también en equilibrio

La mejora en las cuentas externa es un paso muy auspicioso. Sin embargo, al desagregar la balanza comercial aparecen indicios sobre los desafíos pendientes. En ese sentido, según datos del INDEC para el período enero – mayo del 2026 se observa que:

  • La cantidad de productos primarios exportados aumentó un 32% respecto a igual período del año anterior.
  • La cantidad de combustibles y energía exportados aumentó un 34%.
  • La cantidad de bienes de capital importados cayó un 14% y la cantidad de piezas y accesorios para bienes de capital cayó un 31%.

Estos datos muestran que junto con una fuerte expansión de las exportaciones se viene produciendo una importante caída de las importaciones de bienes de capital y sus repuestos para la producción doméstica. Entre los factores que explican estas dinámicas uno muy importante es que la expansión exportadora genera un ingreso de divisas que abarata el dólar, agravando los problemas de competitividad del resto de los sectores. Resulta paradójico que en una instancia donde apremia aumentar la productividad, las importaciones de bienes de capital registren una tendencia contractiva. 

La buena noticia de que las exportaciones se expanden gracias al equilibrio fiscal y la decisión de explotar los recursos naturales no debe tapar los problemas que subsisten. Bajo estas nuevas condiciones se terminó la holgura en el tipo de cambio haciendo explícito que los déficits institucionales les quitan competitividad a los sectores más tradicionales, como la industria manufacturera. Es sintomático que el boom exportador de los hidrocarburos y próximamente de la minería se produce gracias al RIGI que opera como una “isla” que libera a las empresas de la baja calidad institucional (cepo cambiario, impuestos distorsivos, inseguridad jurídica, imprevisibilidad, etc.). 

La salida del estancamiento para los sectores tradicionales, decisivos en la generación de empleos de calidad, no pasa por la devaluación ni tampoco por el Súper RIGI. Se debe avanzar en reformas que tiendan a brindar las mismas condiciones que el RIGI para toda la economía. Esto es normalizar el sistema cambiario terminando definitivamente con el cepo e institucionalizar el régimen bimonetario y la independencia del Banco Central. También es esencial ordenar el sistema tributario donde el paso más importante es que el IVA absorba Ingresos Brutos y tasas a las ventas municipales. Igual de decisivo es mejorar sustancialmente la infraestructura de transporte y logística para facilitar el comercio interno y externo de las actividades urbanas que no tienen las ventajas competitivas del campo y la energía.

El estancamiento secular de la Argentina se debe a las periódicas crisis de balance de pagos gatillados por sus excesos de gasto público. Por eso es muy importante el fuerte compromiso con el equilibrio fiscal. Ahora queda pendiente avanzar en la normalización del resto de las instituciones económicas para que la producción nacional sea más competitiva.

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Cavallo reclamó un rumbo económico más claro, cuestionó los beneficios del RIGI y pidió eliminar impuestos distorsivos

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El exministro de Economía Domingo Cavallo volvió a fijar posición sobre el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei con una serie de definiciones que combinan respaldo a los objetivos macroeconómicos con fuertes cuestionamientos a la estrategia política y tributaria de la administración nacional. Durante una entrevista en el programa de streaming Economía de Quincho, el exfuncionario sostuvo que el programa económico necesita ser “más entendible” para generar previsibilidad, criticó los beneficios diferenciales que contempla el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y propuso avanzar en una reforma impositiva que elimine gravámenes considerados distorsivos.

Cavallo planteó que uno de los principales desafíos del Gobierno no pasa únicamente por la consistencia técnica del programa económico, sino también por la forma en que comunica sus objetivos y construye confianza entre los agentes económicos. Según explicó, la actual conducción genera incertidumbre porque resulta difícil comprender la lógica de algunas decisiones de corto plazo, situación que, a su juicio, debilita la previsibilidad necesaria para consolidar inversiones.

El exministro recordó además sus diferencias con el presidente Javier Milei durante 2024, cuando advirtió sobre los riesgos de sostener un tipo de cambio apreciado sin una adecuada acumulación de reservas internacionales. Según relató, aquellas observaciones provocaron un distanciamiento con el mandatario. No obstante, insistió en que el programa económico debería complementarse con una conducción política “más defendible” y comprensible para reducir los niveles de incertidumbre.

Uno de los ejes centrales de sus críticas estuvo dirigido al RIGI, el esquema diseñado para atraer grandes inversiones mediante beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios. Para Cavallo, el régimen introduce privilegios sectoriales que contradicen el principio de igualdad de condiciones para toda la economía.

En ese sentido, sostuvo que los incentivos extraordinarios otorgados a grandes proyectos deberían extenderse progresivamente al conjunto del aparato productivo. Reveló incluso que trasladó esa inquietud al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien —según su relato— le respondió que el propio Milei considera que esos beneficios deberían generalizarse en el plazo de dos años.

Desde su perspectiva, la competitividad no debe construirse mediante regímenes especiales sino a través de reglas permanentes y homogéneas que permitan invertir bajo las mismas condiciones, independientemente del tamaño de cada empresa o del sector al que pertenezca.

En materia fiscal, Cavallo sostuvo que el principal objetivo del Gobierno debería ser eliminar gradualmente los impuestos que encarecen la producción y reducen la competitividad de las exportaciones. Afirmó que, mientras se mantenga el control sobre el gasto público, una eventual reducción transitoria de la recaudación no pondría en riesgo el equilibrio fiscal.

Entre las reformas prioritarias ubicó la eliminación progresiva de las retenciones agropecuarias, a las que calificó como una “aberración”, y propuso reemplazar gravámenes distorsivos por tributos más neutrales como el IVA, el Impuesto a las Ganancias y los impuestos inmobiliarios.

También cuestionó la carga tributaria que soporta la producción industrial a través de impuestos acumulativos como Ingresos Brutos y reclamó un esquema más amplio de reintegros para los exportadores. Respecto del impuesto al cheque, propuso transformarlo íntegramente en un pago a cuenta del IVA para reducir su impacto sobre los costos de las empresas formalizadas.

Otro de los puntos sobre los que hizo foco fue la fuerte reducción de la inversión pública en infraestructura. Cavallo consideró que la paralización de obras estratégicas representa un factor que deteriora la competitividad del país al incrementar los costos logísticos y de transporte.

En ese contexto defendió un esquema mixto de financiamiento basado en concesiones privadas, iniciativas público-privadas y el apoyo de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A su entender, abandonar la inversión en infraestructura termina afectando directamente la productividad del sistema económico.

Durante la entrevista también analizó el escenario político y advirtió sobre la fragilidad institucional de las reformas económicas cuando dependen exclusivamente del resultado electoral. Señaló que un eventual cambio de signo político podría modificar nuevamente las reglas de juego, generando incertidumbre para inversores locales y extranjeros.

Por ello propuso construir acuerdos de largo plazo con gobernadores y distintos sectores políticos para consolidar reformas tributarias, laborales y regulatorias que trasciendan a una administración específica y otorguen mayor estabilidad al marco económico argentino.

Finalmente, Cavallo ratificó uno de los principios que ha sostenido desde la década de 1990: rechazó la utilización de devaluaciones como herramienta para mejorar la competitividad. Argumentó que la depreciación del tipo de cambio termina trasladándose rápidamente a los precios internos, anulando cualquier ventaja exportadora y deteriorando el poder adquisitivo de la población.

En su visión, la verdadera competitividad debe construirse mediante una combinación de menor presión tributaria, reducción del riesgo país, reglas estables para la inversión y una infraestructura eficiente que reduzca los costos logísticos. Bajo esa lógica, insistió en que la consolidación del programa económico dependerá tanto de su consistencia técnica como de la capacidad política para generar confianza y previsibilidad en el largo plazo.

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La construcción perdió más de 90 mil empleos y reclama previsibilidad para salir de la crisis

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La industria de la construcción atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. Con obras públicas paralizadas, proyectos demorados, dificultades de financiamiento y una fuerte caída de la actividad, el sector acumula la pérdida de más de 90 mil puestos de trabajo en apenas dos años y advierte que la recuperación económica difícilmente pueda consolidarse sin una estrategia de inversión sostenida en infraestructura.

El diagnóstico fue planteado por el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, durante la 71° Convención Anual de la entidad, donde expuso la compleja situación que enfrentan las empresas constructoras en un contexto marcado por el ajuste fiscal y la retracción de la obra pública nacional.

“Las empresas de la construcción atraviesan un momento muy duro”, sintetizó Weiss al describir una realidad atravesada por obras suspendidas, proyectos ralentizados y dificultades en los pagos de trabajos ya ejecutados. Según explicó, el impacto excede a las compañías constructoras y alcanza a toda la cadena productiva vinculada al sector, incluyendo proveedores, industrias asociadas y trabajadores.

La consecuencia más visible de esta contracción es el empleo. La pérdida de más de 90 mil puestos laborales en los últimos dos años refleja la magnitud del ajuste que atraviesa una actividad históricamente considerada uno de los principales motores de generación de trabajo formal en Argentina.

La crisis también afecta al segmento privado. Weiss sostuvo que la caída de la actividad no solo golpea a la obra pública sino también a los nuevos desarrollos inmobiliarios y a las inversiones productivas impulsadas por empresas privadas. La combinación de tasas elevadas, escaso financiamiento de largo plazo y expectativas todavía cautelosas limita la puesta en marcha de nuevos proyectos.

Pese a este escenario, el titular de Camarco destacó la capacidad de adaptación demostrada por el sector. Señaló que las empresas constructoras han mantenido su capacidad técnica y continúan aportando propuestas para enfrentar los desafíos estructurales de infraestructura que enfrenta el país.

En ese contexto, valoró que tanto el sector público como el privado hayan comenzado a discutir con mayor profundidad los mecanismos de financiamiento necesarios para cubrir el déficit de infraestructura acumulado durante décadas. Para Weiss, el debate ya no pasa exclusivamente por el gasto público tradicional, sino por la búsqueda de modelos que permitan atraer capital privado bajo esquemas previsibles y sostenibles.

El dirigente reconoció además los avances alcanzados por el Gobierno nacional en materia de estabilización macroeconómica. Sin embargo, advirtió que el equilibrio fiscal y la desaceleración inflacionaria, aunque necesarios, no son suficientes para impulsar un ciclo de crecimiento sostenido.

“El esfuerzo macroeconómico no alcanza si no se complementa con inversiones productivas que generen empleo”, afirmó. La observación adquiere relevancia en un momento en el que la administración nacional busca consolidar la estabilidad económica mientras reduce significativamente la participación del Estado en la ejecución de obras.

En esa línea, Weiss destacó el creciente interés por esquemas de concesión y participación público-privada para financiar infraestructura. Consideró que estos mecanismos pueden transformarse en herramientas eficaces para movilizar inversiones, siempre que se desarrollen bajo marcos regulatorios transparentes y reglas de juego claras.

No obstante, alertó que el volumen actual de inversión continúa siendo insuficiente frente a las necesidades del país. El deterioro de rutas nacionales, redes logísticas, infraestructura energética y planes habitacionales genera costos crecientes para la economía y limita la competitividad de las distintas regiones productivas.

Para provincias exportadoras como Misiones, donde los costos logísticos representan una de las principales desventajas competitivas frente a otros mercados, la situación adquiere una dimensión estratégica. La falta de inversión en rutas, puertos, energía y conectividad impacta directamente sobre sectores clave como la forestoindustria, la yerba mate, el té y el comercio fronterizo.

Desde la visión de Camarco, el principal desafío ya no es la capacidad técnica del sector, sino la ausencia de previsibilidad. Weiss sostuvo que Argentina dispone de empresas, profesionales y recursos humanos con experiencia suficiente para ejecutar las obras que el país necesita, pero remarcó que la inversión requiere estabilidad jurídica y económica.

“Sin reglas de juego claras, sin contratos que se respeten, sin financiamiento y sin continuidad, la inversión se debilita, se encarece y las oportunidades se pierden”, advirtió.

La definición refleja una preocupación recurrente entre los actores económicos: la necesidad de construir marcos institucionales duraderos que trasciendan los ciclos políticos y permitan planificar proyectos de infraestructura con horizontes de largo plazo.

En ese sentido, Weiss reivindicó el rol histórico de la Cámara Argentina de la Construcción como articuladora entre el sector privado y el Estado. A 90 años de su creación, sostuvo que la entidad mantiene el objetivo de promover consensos que permitan fortalecer la inversión, generar empleo y elevar los estándares de calidad de la infraestructura nacional.

El mensaje final estuvo orientado a instalar una discusión estratégica que trascienda la coyuntura económica. Para el titular de Camarco, la infraestructura no debe ser entendida como un gasto, sino como una condición indispensable para el desarrollo. La competitividad de las economías regionales, la atracción de inversiones y la capacidad de crecimiento del país dependen, en gran medida, de la calidad de sus rutas, sistemas energéticos, viviendas y redes logísticas.

Por eso, concluyó, Argentina necesita construir un consenso amplio y sostenido que permita comprender que sin inversión en infraestructura no existe desarrollo posible. En una economía que busca dejar atrás décadas de estancamiento, la construcción vuelve a plantear una advertencia que atraviesa gobiernos y modelos económicos: ningún país logra crecer de manera sostenida si deja de invertir en las bases materiales de su propio desarrollo.

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El consumo volvió a caer y crece la presión sobre un modelo económico con precios altos y demanda débil

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La desaceleración de la inflación y la estabilidad cambiaria todavía no logran traducirse en una recuperación sostenida del consumo privado. Mientras el Gobierno sostiene el equilibrio fiscal y el orden macroeconómico como eje central de su estrategia, distintos indicadores empiezan a mostrar tensiones sobre la actividad cotidiana, especialmente en bienes masivos y sectores vinculados al mercado interno.

Según el Índice de Consumo Privado (ICP-UP), elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo, el consumo privado cayó 0,6% interanual en abril y acumuló una baja de 1,5% durante el primer cuatrimestre de 2026.

La medición desestacionalizada mostró estabilidad respecto de marzo, lo que sugiere una desaceleración en el ritmo de caída. Aun así, el informe indicó que el índice “regresó a niveles de octubre de 2025” luego de las mermas registradas desde mediados del año pasado.

La desaceleración inflacionaria no alcanza para reactivar la demanda

Los datos reflejan una economía donde la estabilización macroeconómica todavía convive con debilidad en el consumo.

Uno de los indicadores que expone esa tensión es la recaudación del IVA en términos reales, que registró en abril su sexta caída consecutiva, con una baja interanual de 1,3%.

El informe también detectó una desaceleración en el uso de tarjetas de crédito. Aunque las compras financiadas crecieron 1,3% interanual, el avance quedó muy por debajo del 12% registrado en enero.

El comportamiento del consumo masivo muestra además señales de deterioro persistente. El consumo de carne vacuna acumuló nueve meses consecutivos de caída y registró una baja interanual de 7,6% en marzo.

El dato tiene relevancia política y económica porque el consumo alimenticio suele funcionar como termómetro directo del poder adquisitivo y de la capacidad de recuperación del ingreso real.

El mercado interno muestra comportamientos desiguales

El escenario no es homogéneo entre sectores.

Mientras algunos segmentos vinculados a bienes durables mostraron señales positivas —como el patentamiento de motos, que creció 52,1% interanual en abril— otros rubros continuaron en retroceso.

El patentamiento de autos cayó 14,6% durante el mismo período, mientras que el consumo en restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires registró su primera baja del año, con una retracción de 6% interanual en marzo.

En contraste, sectores semidurables como indumentaria y calzado en centros comerciales habían mostrado una mejora de 3% interanual en la última medición disponible de febrero.

La dinámica confirma un patrón de recuperación fragmentada, donde algunos nichos vinculados a financiamiento o consumo puntual logran sostener actividad, mientras amplias áreas del mercado interno continúan debilitadas.

La competitividad vuelve al centro del debate económico

El deterioro del consumo se combina con otro fenómeno que empieza a preocupar al sector privado: el encarecimiento relativo de la economía argentina.

Un informe de la Fundación Mediterránea elaborado por los economistas Marcelo Capello y Gaspar Reyna sostuvo que Argentina resulta más cara que otros mercados internacionales en el 81% de los bienes de consumo duradero analizados.

El estudio identificó especialmente a automóviles, electrodomésticos, indumentaria y calzado entre los rubros más afectados por pérdida de competitividad.

Según el reporte, un vestido de marca internacional vendido en Argentina aparece como el más caro del mundo dentro de la muestra relevada, mientras que las zapatillas deportivas ocupan el sexto lugar global en precios.

La investigación atribuye esa situación a una combinación de presión impositiva —IVA, Ingresos Brutos y tasas municipales— junto con medidas de protección comercial y el comportamiento del tipo de cambio.

Un peso fuerte ayuda a estabilizar, pero encarece la economía

El informe técnico analizó además el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM), indicador que mide si un país está caro o barato en dólares frente a otras economías.

En abril de 2026, el índice se ubicó 28% por debajo de su promedio histórico.

La lectura no implica necesariamente una crisis cambiaria inmediata, pero sí expone uno de los dilemas centrales del actual esquema económico: el mismo proceso que ayudó a moderar inflación y estabilizar expectativas también elevó costos relativos en dólares para buena parte de la economía doméstica.

La Fundación Mediterránea planteó que parte de ese fenómeno podría sostenerse en el tiempo si crecen exportaciones de petróleo, gas y minería.

Sin embargo, mientras esos sectores ganan protagonismo, actividades más vinculadas al mercado interno enfrentan mayores dificultades para sostener competitividad.

Misiones y el NEA sienten el impacto en consumo y comercio

Para provincias como Misiones y otras economías del NEA, la combinación entre caída del consumo y pérdida de competitividad tiene efectos directos sobre comercio, actividad pyme y demanda interna.

Rubros como indumentaria, calzado, electrodomésticos y gastronomía dependen fuertemente del poder adquisitivo local y de la circulación comercial fronteriza.

La persistencia de precios altos en dólares también puede afectar el consumo regional en zonas con fuerte dinámica transfronteriza, donde las diferencias cambiarias suelen modificar hábitos de compra y competitividad comercial.

Al mismo tiempo, la caída prolongada en consumo de alimentos y servicios refleja un contexto donde la recuperación económica todavía no se distribuye de manera uniforme entre sectores y regiones.

El Gobierno estabilizó variables financieras, pero el mercado espera señales de reactivación

La administración nacional logró reducir tensiones cambiarias y contener parte de las expectativas inflacionarias. Sin embargo, los datos de consumo y competitividad empiezan a instalar otro interrogante: cuánto tiempo puede sostenerse una economía estabilizada financieramente pero con demanda interna debilitada.

La evolución del salario real, el crédito, la inflación y el nivel de actividad serán variables decisivas para determinar si el consumo logra salir de la fase de estancamiento o si la desaceleración termina consolidándose.

Por ahora, los indicadores muestran una economía que estabilizó parte de sus desequilibrios macroeconómicos, aunque todavía no consigue recuperar plenamente el movimiento del mercado interno.

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