COMPETITIVIDAD

El peso argentino está 19% sobrevaluado frente al dólar: qué revela el Índice Big Mac sobre el atraso cambiario

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Argentina vuelve a aparecer en una discusión conocida, aunque esta vez el termómetro no surge de las reservas, el comercio exterior ni de las cotizaciones financieras. Surge del precio de una hamburguesa.

La última actualización del Índice Big Mac, elaborado por The Economist y correspondiente a julio de 2026, estima que el peso argentino está sobrevaluado un 19% frente al dólar cuando la comparación se ajusta por las diferencias de ingreso entre países.

El resultado aporta otra señal a uno de los debates centrales de la economía argentina: cuánto se encareció el país en dólares y hasta qué punto el tipo de cambio acompaña el aumento que acumularon los precios internos.

La particularidad es que el indicador ofrece dos fotografías diferentes.

Si se observa únicamente el precio de mercado, Argentina todavía aparece como un país ligeramente más barato que Estados Unidos. Un Big Mac cuesta US$5,91 en Argentina frente a US$6,22 en Estados Unidos, una diferencia del 5%.

Pero esa comparación cambia cuando se incorpora una variable decisiva: el ingreso por habitante.

Según el cálculo de The Economist, por la diferencia de PIB per cápita entre ambos países, la hamburguesa debería costar en Argentina 20,2% menos que en Estados Unidos. Como la brecha real es de apenas 5%, el resultado es que el peso argentino aparece sobrevaluado en 19%.

Argentina se encareció en dólares

El dato no significa que el dólar necesariamente deba subir 19% ni constituye una proyección sobre el futuro del tipo de cambio. Pero sí ofrece una referencia interesante para medir cuánto se modificaron los precios relativos de la economía argentina.

El Índice Big Mac nació en 1986 como una manera sencilla de representar la teoría de la paridad del poder adquisitivo (PPA). La idea es que, a largo plazo, los tipos de cambio deberían tender hacia niveles que permitan que una misma canasta de bienes tenga precios similares entre diferentes países.

En Argentina, la señal resulta particularmente significativa por el fuerte movimiento de los precios internos. El propio análisis que acompaña al índice advierte que el país pasa de una ligera subvaluación en la comparación directa a una sobrevaluación cuando se incorpora el nivel de ingresos, un fenómeno asociado al avance de los precios domésticos.

En términos simples: Argentina puede seguir siendo algo más barata que Estados Unidos en dólares, pero resulta cara para el nivel de ingresos que genera su economía.

Y esa diferencia es relevante.

Porque el problema de un país que se encarece en dólares no se limita al turista argentino que encuentra más conveniente viajar al exterior. También impacta sobre empresas que deben competir con productos importados, industrias exportadoras cuyos costos se pagan en pesos pero se traducen a dólares y economías regionales que venden su producción en mercados internacionales.

El contraste regional

Argentina no es, sin embargo, la economía con mayor sobrevaluación de América Latina según este indicador.

El caso extremo es Uruguay. Allí un Big Mac cuesta US$8,94, 43,7% más que en Estados Unidos. Cuando se ajusta la comparación por PIB per cápita, el peso uruguayo aparece 77,4% sobrevaluado frente al dólar.

Le sigue Colombia, donde el peso aparece sobrevaluado 63,6% ajustado por ingresos. Costa Rica registra 38,1% y México, 25,4%.

Argentina, con su 19%, aparece después de ese grupo.

En niveles inferiores se encuentran Honduras, con 7,7%; Chile, con 6,1%; Nicaragua, con 5,9%; y Perú, prácticamente en equilibrio, con una sobrevaluación de apenas 0,5%. En sentido contrario, Brasil conserva una mayor competitividad cambiaria: el real aparece subvaluado alrededor de 6%, mientras que el quetzal guatemalteco registra una subvaluación del 9%.

La comparación con Brasil resulta especialmente significativa para Argentina por tratarse de su principal socio comercial y de un competidor directo para numerosas actividades industriales.

Mientras el Índice Big Mac ubica al peso argentino 19% por encima de su valor de equilibrio ajustado por ingresos, el real brasileño aparece 6% por debajo.

No constituye por sí sola una medición de competitividad bilateral, pero la diferencia ilustra dos estructuras de precios que se mueven en direcciones distintas.

La otra cara del dólar barato

Una moneda apreciada tiene beneficios evidentes para determinados sectores de la economía. Abarata en términos relativos los bienes importados, los viajes internacionales, la maquinaria y determinados insumos provenientes del exterior.

Pero también tiene costos.

Una moneda sobrevaluada encarece al país para el turismo receptivo y resta competitividad a las exportaciones, mientras que una moneda subvaluada produce el efecto inverso: vuelve al país relativamente más barato para extranjeros y mejora las condiciones de quienes venden al exterior.

La discusión adquiere una dimensión particular para provincias exportadoras como Misiones.

Yerba mate, té, madera y productos forestales compiten en mercados internacionales y tienen una parte importante de sus costos determinada dentro de la economía argentina. Si esos costos aumentan en dólares más rápido que los precios internacionales de los productos, los márgenes se comprimen aunque las exportaciones continúen creciendo en volumen.

Por eso, detrás de la curiosidad estadística de una hamburguesa aparece una discusión mucho más profunda: qué dólar necesita una economía que busca estabilizar sus precios sin perder capacidad para producir, exportar y competir.

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AFoAMi respaldó la eliminación del pago anticipado de Ingresos Brutos y pidió avanzar hacia una reforma tributaria integral

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La Asociación Forestal y Ambiental de Misiones (AFoAMi) respaldó la decisión del Gobierno provincial de suspender, desde el 1° de julio, el régimen de pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en los puestos de control fiscal sobre rutas, al considerar que la medida representa un avance concreto para mejorar la competitividad de las empresas misioneras y aliviar una de las principales cargas financieras que enfrentaba el sector productivo.

La entidad sostuvo que la eliminación de este mecanismo constituye una señal positiva para la actividad económica, aunque planteó que el desafío de fondo pasa por consolidar una política tributaria más previsible y extender progresivamente este tipo de beneficios a la totalidad de las pequeñas y medianas empresas de la provincia.

Desde AFoAMi remarcaron que la previsibilidad, la seguridad jurídica y la estabilidad de las reglas fiscales son factores determinantes para atraer inversiones y fortalecer el entramado productivo. En ese sentido, advirtieron que las empresas necesitan contar con marcos impositivos estables para planificar proyectos de largo plazo, fortalecer su capital de trabajo, ampliar su capacidad productiva y generar empleo.

La posición de la entidad forestal se inscribe en un debate más amplio sobre la competitividad de Misiones, una provincia que históricamente sostiene que enfrenta desventajas estructurales derivadas del régimen de coparticipación federal y de su condición de provincia fronteriza. Según AFoAMi, estas asimetrías reducen la capacidad competitiva de las empresas locales frente a otras jurisdicciones y justifican la necesidad de avanzar en reformas tanto a nivel provincial como nacional.

Por esa razón, la asociación también reclamó la intervención de los legisladores nacionales por Misiones para impulsar modificaciones que permitan corregir esas diferencias y mejorar las condiciones de desarrollo económico de la provincia.

Al mismo tiempo, la entidad planteó la necesidad de revisar los mecanismos de recaudación tributaria que obligan a las empresas a anticipar impuestos antes de concretar sus operaciones comerciales. Desde su perspectiva, este tipo de esquemas inmoviliza recursos financieros que podrían destinarse a inversión, compra de insumos, ampliación de la producción o generación de nuevos puestos de trabajo.

“La recaudación no debería afectar el capital de trabajo de las empresas”, sintetiza el planteo institucional, que propone evolucionar hacia un sistema tributario orientado a incentivar la actividad privada en lugar de restringir la liquidez empresarial.

El pronunciamiento cobra relevancia en un contexto donde distintas cámaras empresarias vienen planteando la necesidad de reducir el denominado “costo argentino”, una agenda que incluye la revisión de tributos nacionales, provinciales y municipales para recuperar competitividad frente a otros mercados.

Para AFoAMi, la suspensión del pago anticipado de Ingresos Brutos puede convertirse en el punto de partida de una transformación más profunda del esquema tributario provincial. En ese sentido, la entidad manifestó su disposición a acompañar todas las iniciativas que favorezcan una provincia “más competitiva, con mayor producción, más inversiones y más oportunidades para el desarrollo sostenible”

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El récord exportador deja al descubierto un problema de competitividad

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En los primeros cinco meses del año la balanza comercial muestra un saldo positivo de niveles históricos. Es el resultado de una reducción en las importaciones y un fuerte crecimiento en las exportaciones. Particularmente importante es que a los dólares que tradicionalmente entran por la cosecha en la primera mitad del año se sumaron las exportaciones de Vaca Muerta. El buen clima en el caso del agro y el RIGI en la energía son dos factores fundamentales que contribuyen a explicar los excelentes resultados.

No menos importante es el efecto positivo que tiene el ajuste fiscal sobre las cuentas externas. Tradicionalmente los excesos de gasto público generaban un aumento de la demanda de bienes y servicios de la población que derivaba en una insostenible expansión de la demanda de divisas. Esto desembocaba en periódicas crisis de balanza de pagos que se trataban de paliar con controles de capitales pero que finalmente forzaban una devaluación. Con menor gasto público y equilibrio fiscal, la balanza de pagos tiende a estar también en equilibrio

La mejora en las cuentas externa es un paso muy auspicioso. Sin embargo, al desagregar la balanza comercial aparecen indicios sobre los desafíos pendientes. En ese sentido, según datos del INDEC para el período enero – mayo del 2026 se observa que:

  • La cantidad de productos primarios exportados aumentó un 32% respecto a igual período del año anterior.
  • La cantidad de combustibles y energía exportados aumentó un 34%.
  • La cantidad de bienes de capital importados cayó un 14% y la cantidad de piezas y accesorios para bienes de capital cayó un 31%.

Estos datos muestran que junto con una fuerte expansión de las exportaciones se viene produciendo una importante caída de las importaciones de bienes de capital y sus repuestos para la producción doméstica. Entre los factores que explican estas dinámicas uno muy importante es que la expansión exportadora genera un ingreso de divisas que abarata el dólar, agravando los problemas de competitividad del resto de los sectores. Resulta paradójico que en una instancia donde apremia aumentar la productividad, las importaciones de bienes de capital registren una tendencia contractiva. 

La buena noticia de que las exportaciones se expanden gracias al equilibrio fiscal y la decisión de explotar los recursos naturales no debe tapar los problemas que subsisten. Bajo estas nuevas condiciones se terminó la holgura en el tipo de cambio haciendo explícito que los déficits institucionales les quitan competitividad a los sectores más tradicionales, como la industria manufacturera. Es sintomático que el boom exportador de los hidrocarburos y próximamente de la minería se produce gracias al RIGI que opera como una “isla” que libera a las empresas de la baja calidad institucional (cepo cambiario, impuestos distorsivos, inseguridad jurídica, imprevisibilidad, etc.). 

La salida del estancamiento para los sectores tradicionales, decisivos en la generación de empleos de calidad, no pasa por la devaluación ni tampoco por el Súper RIGI. Se debe avanzar en reformas que tiendan a brindar las mismas condiciones que el RIGI para toda la economía. Esto es normalizar el sistema cambiario terminando definitivamente con el cepo e institucionalizar el régimen bimonetario y la independencia del Banco Central. También es esencial ordenar el sistema tributario donde el paso más importante es que el IVA absorba Ingresos Brutos y tasas a las ventas municipales. Igual de decisivo es mejorar sustancialmente la infraestructura de transporte y logística para facilitar el comercio interno y externo de las actividades urbanas que no tienen las ventajas competitivas del campo y la energía.

El estancamiento secular de la Argentina se debe a las periódicas crisis de balance de pagos gatillados por sus excesos de gasto público. Por eso es muy importante el fuerte compromiso con el equilibrio fiscal. Ahora queda pendiente avanzar en la normalización del resto de las instituciones económicas para que la producción nacional sea más competitiva.

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Cavallo reclamó un rumbo económico más claro, cuestionó los beneficios del RIGI y pidió eliminar impuestos distorsivos

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El exministro de Economía Domingo Cavallo volvió a fijar posición sobre el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei con una serie de definiciones que combinan respaldo a los objetivos macroeconómicos con fuertes cuestionamientos a la estrategia política y tributaria de la administración nacional. Durante una entrevista en el programa de streaming Economía de Quincho, el exfuncionario sostuvo que el programa económico necesita ser “más entendible” para generar previsibilidad, criticó los beneficios diferenciales que contempla el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y propuso avanzar en una reforma impositiva que elimine gravámenes considerados distorsivos.

Cavallo planteó que uno de los principales desafíos del Gobierno no pasa únicamente por la consistencia técnica del programa económico, sino también por la forma en que comunica sus objetivos y construye confianza entre los agentes económicos. Según explicó, la actual conducción genera incertidumbre porque resulta difícil comprender la lógica de algunas decisiones de corto plazo, situación que, a su juicio, debilita la previsibilidad necesaria para consolidar inversiones.

El exministro recordó además sus diferencias con el presidente Javier Milei durante 2024, cuando advirtió sobre los riesgos de sostener un tipo de cambio apreciado sin una adecuada acumulación de reservas internacionales. Según relató, aquellas observaciones provocaron un distanciamiento con el mandatario. No obstante, insistió en que el programa económico debería complementarse con una conducción política “más defendible” y comprensible para reducir los niveles de incertidumbre.

Uno de los ejes centrales de sus críticas estuvo dirigido al RIGI, el esquema diseñado para atraer grandes inversiones mediante beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios. Para Cavallo, el régimen introduce privilegios sectoriales que contradicen el principio de igualdad de condiciones para toda la economía.

En ese sentido, sostuvo que los incentivos extraordinarios otorgados a grandes proyectos deberían extenderse progresivamente al conjunto del aparato productivo. Reveló incluso que trasladó esa inquietud al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien —según su relato— le respondió que el propio Milei considera que esos beneficios deberían generalizarse en el plazo de dos años.

Desde su perspectiva, la competitividad no debe construirse mediante regímenes especiales sino a través de reglas permanentes y homogéneas que permitan invertir bajo las mismas condiciones, independientemente del tamaño de cada empresa o del sector al que pertenezca.

En materia fiscal, Cavallo sostuvo que el principal objetivo del Gobierno debería ser eliminar gradualmente los impuestos que encarecen la producción y reducen la competitividad de las exportaciones. Afirmó que, mientras se mantenga el control sobre el gasto público, una eventual reducción transitoria de la recaudación no pondría en riesgo el equilibrio fiscal.

Entre las reformas prioritarias ubicó la eliminación progresiva de las retenciones agropecuarias, a las que calificó como una “aberración”, y propuso reemplazar gravámenes distorsivos por tributos más neutrales como el IVA, el Impuesto a las Ganancias y los impuestos inmobiliarios.

También cuestionó la carga tributaria que soporta la producción industrial a través de impuestos acumulativos como Ingresos Brutos y reclamó un esquema más amplio de reintegros para los exportadores. Respecto del impuesto al cheque, propuso transformarlo íntegramente en un pago a cuenta del IVA para reducir su impacto sobre los costos de las empresas formalizadas.

Otro de los puntos sobre los que hizo foco fue la fuerte reducción de la inversión pública en infraestructura. Cavallo consideró que la paralización de obras estratégicas representa un factor que deteriora la competitividad del país al incrementar los costos logísticos y de transporte.

En ese contexto defendió un esquema mixto de financiamiento basado en concesiones privadas, iniciativas público-privadas y el apoyo de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A su entender, abandonar la inversión en infraestructura termina afectando directamente la productividad del sistema económico.

Durante la entrevista también analizó el escenario político y advirtió sobre la fragilidad institucional de las reformas económicas cuando dependen exclusivamente del resultado electoral. Señaló que un eventual cambio de signo político podría modificar nuevamente las reglas de juego, generando incertidumbre para inversores locales y extranjeros.

Por ello propuso construir acuerdos de largo plazo con gobernadores y distintos sectores políticos para consolidar reformas tributarias, laborales y regulatorias que trasciendan a una administración específica y otorguen mayor estabilidad al marco económico argentino.

Finalmente, Cavallo ratificó uno de los principios que ha sostenido desde la década de 1990: rechazó la utilización de devaluaciones como herramienta para mejorar la competitividad. Argumentó que la depreciación del tipo de cambio termina trasladándose rápidamente a los precios internos, anulando cualquier ventaja exportadora y deteriorando el poder adquisitivo de la población.

En su visión, la verdadera competitividad debe construirse mediante una combinación de menor presión tributaria, reducción del riesgo país, reglas estables para la inversión y una infraestructura eficiente que reduzca los costos logísticos. Bajo esa lógica, insistió en que la consolidación del programa económico dependerá tanto de su consistencia técnica como de la capacidad política para generar confianza y previsibilidad en el largo plazo.

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La construcción perdió más de 90 mil empleos y reclama previsibilidad para salir de la crisis

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La industria de la construcción atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. Con obras públicas paralizadas, proyectos demorados, dificultades de financiamiento y una fuerte caída de la actividad, el sector acumula la pérdida de más de 90 mil puestos de trabajo en apenas dos años y advierte que la recuperación económica difícilmente pueda consolidarse sin una estrategia de inversión sostenida en infraestructura.

El diagnóstico fue planteado por el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, durante la 71° Convención Anual de la entidad, donde expuso la compleja situación que enfrentan las empresas constructoras en un contexto marcado por el ajuste fiscal y la retracción de la obra pública nacional.

“Las empresas de la construcción atraviesan un momento muy duro”, sintetizó Weiss al describir una realidad atravesada por obras suspendidas, proyectos ralentizados y dificultades en los pagos de trabajos ya ejecutados. Según explicó, el impacto excede a las compañías constructoras y alcanza a toda la cadena productiva vinculada al sector, incluyendo proveedores, industrias asociadas y trabajadores.

La consecuencia más visible de esta contracción es el empleo. La pérdida de más de 90 mil puestos laborales en los últimos dos años refleja la magnitud del ajuste que atraviesa una actividad históricamente considerada uno de los principales motores de generación de trabajo formal en Argentina.

La crisis también afecta al segmento privado. Weiss sostuvo que la caída de la actividad no solo golpea a la obra pública sino también a los nuevos desarrollos inmobiliarios y a las inversiones productivas impulsadas por empresas privadas. La combinación de tasas elevadas, escaso financiamiento de largo plazo y expectativas todavía cautelosas limita la puesta en marcha de nuevos proyectos.

Pese a este escenario, el titular de Camarco destacó la capacidad de adaptación demostrada por el sector. Señaló que las empresas constructoras han mantenido su capacidad técnica y continúan aportando propuestas para enfrentar los desafíos estructurales de infraestructura que enfrenta el país.

En ese contexto, valoró que tanto el sector público como el privado hayan comenzado a discutir con mayor profundidad los mecanismos de financiamiento necesarios para cubrir el déficit de infraestructura acumulado durante décadas. Para Weiss, el debate ya no pasa exclusivamente por el gasto público tradicional, sino por la búsqueda de modelos que permitan atraer capital privado bajo esquemas previsibles y sostenibles.

El dirigente reconoció además los avances alcanzados por el Gobierno nacional en materia de estabilización macroeconómica. Sin embargo, advirtió que el equilibrio fiscal y la desaceleración inflacionaria, aunque necesarios, no son suficientes para impulsar un ciclo de crecimiento sostenido.

“El esfuerzo macroeconómico no alcanza si no se complementa con inversiones productivas que generen empleo”, afirmó. La observación adquiere relevancia en un momento en el que la administración nacional busca consolidar la estabilidad económica mientras reduce significativamente la participación del Estado en la ejecución de obras.

En esa línea, Weiss destacó el creciente interés por esquemas de concesión y participación público-privada para financiar infraestructura. Consideró que estos mecanismos pueden transformarse en herramientas eficaces para movilizar inversiones, siempre que se desarrollen bajo marcos regulatorios transparentes y reglas de juego claras.

No obstante, alertó que el volumen actual de inversión continúa siendo insuficiente frente a las necesidades del país. El deterioro de rutas nacionales, redes logísticas, infraestructura energética y planes habitacionales genera costos crecientes para la economía y limita la competitividad de las distintas regiones productivas.

Para provincias exportadoras como Misiones, donde los costos logísticos representan una de las principales desventajas competitivas frente a otros mercados, la situación adquiere una dimensión estratégica. La falta de inversión en rutas, puertos, energía y conectividad impacta directamente sobre sectores clave como la forestoindustria, la yerba mate, el té y el comercio fronterizo.

Desde la visión de Camarco, el principal desafío ya no es la capacidad técnica del sector, sino la ausencia de previsibilidad. Weiss sostuvo que Argentina dispone de empresas, profesionales y recursos humanos con experiencia suficiente para ejecutar las obras que el país necesita, pero remarcó que la inversión requiere estabilidad jurídica y económica.

“Sin reglas de juego claras, sin contratos que se respeten, sin financiamiento y sin continuidad, la inversión se debilita, se encarece y las oportunidades se pierden”, advirtió.

La definición refleja una preocupación recurrente entre los actores económicos: la necesidad de construir marcos institucionales duraderos que trasciendan los ciclos políticos y permitan planificar proyectos de infraestructura con horizontes de largo plazo.

En ese sentido, Weiss reivindicó el rol histórico de la Cámara Argentina de la Construcción como articuladora entre el sector privado y el Estado. A 90 años de su creación, sostuvo que la entidad mantiene el objetivo de promover consensos que permitan fortalecer la inversión, generar empleo y elevar los estándares de calidad de la infraestructura nacional.

El mensaje final estuvo orientado a instalar una discusión estratégica que trascienda la coyuntura económica. Para el titular de Camarco, la infraestructura no debe ser entendida como un gasto, sino como una condición indispensable para el desarrollo. La competitividad de las economías regionales, la atracción de inversiones y la capacidad de crecimiento del país dependen, en gran medida, de la calidad de sus rutas, sistemas energéticos, viviendas y redes logísticas.

Por eso, concluyó, Argentina necesita construir un consenso amplio y sostenido que permita comprender que sin inversión en infraestructura no existe desarrollo posible. En una economía que busca dejar atrás décadas de estancamiento, la construcción vuelve a plantear una advertencia que atraviesa gobiernos y modelos económicos: ningún país logra crecer de manera sostenida si deja de invertir en las bases materiales de su propio desarrollo.

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