Competitividad Industrial

La UIA reclama un pacto fiscal federal para bajar impuestos y recuperar competitividad

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La Unión Industrial Argentina (UIA) volvió a poner el foco sobre uno de los principales reclamos históricos del sector productivo: la reducción de la carga tributaria. El presidente de la entidad, Martín Rappallini, propuso avanzar en un “pacto fiscal federal industrial” que involucre a la Nación, las provincias y los municipios con el objetivo de reducir impuestos en los tres niveles del Estado y aliviar el denominado “costo argentino”.

La propuesta llega en un momento en el que el Gobierno nacional impulsa desregulaciones y apertura económica, mientras buena parte de la industria advierte que enfrenta una competencia cada vez más intensa sin una reducción equivalente de los costos internos. Para la UIA, la presión fiscal sigue siendo el principal factor que explica los elevados precios domésticos y la pérdida de competitividad frente a otros países.

“Seguimos liderando la presión fiscal a nivel global, somos los Messi de la presión fiscal”, afirmó Rappallini al exponer un informe de la entidad que compara la carga tributaria argentina con la de las 30 economías más importantes del mundo. Según el dirigente, el problema no se limita a los impuestos nacionales, sino que se agrava por la superposición de tributos provinciales y tasas municipales que terminan impactando sobre toda la estructura de costos.

La industria apunta contra el “costo argentino”

El diagnóstico de la UIA sostiene que durante las últimas tres décadas la política económica se apoyó más en aumentar impuestos que en expandir la economía formal. El resultado, según la entidad, fue un menor crecimiento del Producto Interno Bruto y una expansión de la informalidad, que hoy rondaría el 40% de la actividad.

Rappallini advirtió que la elevada presión tributaria genera un sistema “perverso” en el que cada vez más actores encuentran incentivos para operar fuera del circuito formal. En ese marco, la UIA plantea revisar tributos como el impuesto al cheque, Bienes Personales, Ingresos Brutos, sellos y los derechos de exportación.

La entidad reconoce, sin embargo, que las provincias enfrentan dificultades para resignar recaudación en un contexto de desaceleración del consumo y caída de ingresos fiscales. Por eso propone avanzar gradualmente, comenzando por los sectores con mayor carga impositiva y mayor exposición a la competencia internacional.

RIGI sí, pero también para la industria tradicional

Otro de los ejes del planteo industrial apunta al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La UIA comparte la idea de ofrecer condiciones tributarias competitivas para atraer capitales, pero reclama que esos beneficios no se limiten únicamente a nuevos proyectos de gran escala.

“La industria tradicional también necesita reglas similares”, sostuvo Rappallini, al mencionar sectores como acero, automotriz, aluminio, plásticos y manufacturas que compiten directamente con productos importados.

El planteo refleja una preocupación creciente dentro del entramado fabril: mientras algunos sectores vinculados a energía, minería o infraestructura pueden acceder a regímenes especiales, gran parte de la industria manufacturera continúa operando con una estructura tributaria y financiera que considera más pesada que la de sus competidores externos.

Competencia china, plataformas digitales y consumo en baja

La UIA también alertó sobre la competencia desleal proveniente del exterior, particularmente desde China. Según Rappallini, ese país concentra alrededor del 55% del mercado global de acero, aluminio y plásticos y posee una capacidad productiva que podría derivar en posiciones dominantes si no hay respuestas coordinadas.

Además, denunció problemas de contrabando, subfacturación y dumping en rubros como calzado, celulares y cerveza, junto con la expansión de plataformas digitales que venden productos sin afrontar la misma carga impositiva que las empresas radicadas en el país.

En paralelo, el dirigente reconoció que el mercado interno sigue mostrando señales de debilidad, especialmente en construcción, textil y calzado. El objetivo de mínima para la industria, señaló, es recuperar los niveles de actividad de 2022 y evitar que la transición económica derive en cierres de empresas y pérdida de capacidades productivas.

El planteo de la UIA reabre un debate central para la economía argentina: cómo reducir impuestos sin desfinanciar a provincias y municipios que dependen en gran medida de tributos como Ingresos Brutos y tasas locales.

En la práctica, un eventual “pacto fiscal federal” implicaría una negociación política compleja entre la Casa Rosada, los gobernadores y los intendentes, en un contexto donde la prioridad oficial sigue siendo el equilibrio fiscal. La industria, sin embargo, sostiene que sin una reducción significativa del costo tributario será difícil consolidar inversiones, generar empleo y competir en igualdad de condiciones con el resto del mundo.

“No estamos pidiendo protección, sino igualdad de condiciones”, resumió Rappallini, dejando en claro que el reclamo industrial ya no pasa solo por aranceles o barreras comerciales, sino por una reforma integral del esquema impositivo argentino.

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Tierra del Fuego flexibiliza compromisos de inversión industrial tras suspender aportes al fondo productivo

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Las empresas radicadas bajo el régimen promocional fueguino podrán reformular proyectos de inversión previamente aprobados luego de que el Gobierno redujera a cero los aportes obligatorios al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina). La medida busca adecuar compromisos asumidos bajo un esquema de financiamiento que cambió de manera sustancial durante 2026.

La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa oficializó a través de la Resolución 152/2026 una modificación normativa que permite a las firmas beneficiarias del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego revisar montos y plazos de ejecución de proyectos productivos propios aprobados por el FAMP-Fueguina. La decisión surge después de que, en enero, el Gobierno nacional redujera a cero el aporte mensual obligatorio que las empresas debían realizar para sostener el fondo fiduciario creado en 2021.

La resolución no elimina las inversiones comprometidas, pero introduce una válvula de ajuste para proyectos que habían sido diseñados bajo un escenario financiero distinto. Las empresas tendrán 30 días hábiles para presentar adecuaciones y deberán obtener la aprobación del Comité Ejecutivo del fondo.

Un cambio técnico con impacto sobre la planificación industrial

La modificación responde a una situación particular generada por la propia política industrial nacional. El FAMP-Fueguina fue concebido como una herramienta para financiar proyectos destinados a diversificar la matriz productiva de la provincia y mejorar la competitividad de sus industrias.

Para acceder a la extensión del régimen de promoción hasta 2038, las empresas radicadas en Tierra del Fuego debían realizar aportes periódicos al fondo. A su vez, una parte de esos recursos podía ser aplicada a proyectos de inversión propios previamente autorizados.

La reducción del aporte obligatorio a cero, dispuesta este año por el Ministerio de Economía, alteró las condiciones bajo las cuales muchas compañías habían estructurado sus planes de inversión. La nueva resolución reconoce ese cambio y habilita la revisión de los proyectos sin perder la finalidad original vinculada a la ampliación de la matriz productiva.

Para el sector industrial, el punto relevante es que la norma introduce mayor previsibilidad jurídica frente a modificaciones regulatorias que afectan los flujos de financiamiento originalmente previstos.

Claves de la resolución Aporte obligatorio al FAMP-Fueguina: continúa reducido al 0%. Proyectos ya aprobados: podrán reformularse en montos y cronogramas. Objetivos productivos: no podrán modificarse. Plazo para solicitar cambios: 30 días hábiles desde la entrada en vigencia. Inversiones retenidas: deberán mantenerse afectadas al proyecto autorizado. Ejecución máxima: los proyectos tendrán un plazo de hasta 48 meses para concretarse.

Señales para la política industrial argentina

La decisión también deja una señal sobre la evolución del régimen fueguino. Aunque el esquema de beneficios fiscales mantiene vigencia hasta 2038, el Gobierno continúa ajustando los mecanismos complementarios creados para financiar la diversificación económica de la provincia.

La resolución incorpora además mayores exigencias para el uso efectivo de fondos retenidos. Las empresas que no ejecuten las inversiones comprometidas dentro de los plazos fijados deberán transferir esos recursos al FAMP-Fueguina junto con intereses calculados según la tasa activa del Banco Nación.

Desde una perspectiva empresarial, la medida reduce riesgos de incumplimiento derivados de cambios regulatorios, pero al mismo tiempo refuerza los mecanismos de control sobre la ejecución efectiva de las inversiones comprometidas.

El aspecto que merece seguimiento es la velocidad con que las empresas reformulen sus proyectos y el impacto que ello tendrá sobre las metas originales de diversificación productiva. El desafío para el FAMP-Fueguina será sostener inversiones concretas aun cuando desapareció, al menos temporalmente, la principal fuente de aportes que alimentaba el fondo.

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La UIA reclama cambios al “Súper RIGI”: pide más contenido nacional y alerta por la presión fiscal sobre la industria

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Mientras el Gobierno busca acelerar la aprobación del denominado “Súper RIGI” en la Cámara de Diputados como una de las piezas centrales de su estrategia para atraer inversiones, la Unión Industrial Argentina (UIA) decidió fijar posición y plantear modificaciones al proyecto. La principal entidad fabril del país respaldó la necesidad de promover nuevas inversiones, pero advirtió que el régimen debe incorporar mecanismos concretos que garanticen una mayor participación de la industria nacional y de los proveedores locales.

La discusión no es menor. El oficialismo aspira a convertir al “Súper RIGI” en una herramienta para captar grandes desembolsos de capital en sectores estratégicos, ampliando los beneficios ya previstos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Sin embargo, desde la UIA sostienen que el desafío no pasa únicamente por atraer inversiones, sino por maximizar su impacto sobre el entramado productivo argentino.

Durante la reunión de Junta Directiva de la entidad, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, remarcó que la llegada de nuevas inversiones debe transformarse en una oportunidad para fortalecer cadenas de valor locales, generar empleo calificado y promover la transferencia tecnológica. En ese sentido, planteó una definición de fondo: si la Argentina necesita regímenes de excepción para atraer capitales, el problema estructural sigue siendo la falta de condiciones competitivas para el conjunto de la industria.

Con esa lógica, la central fabril propuso incorporar al “Súper RIGI” una exigencia mínima de contenido nacional. La iniciativa consiste en replicar el piso obligatorio del 20% de inversión que ya contempla el régimen vigente, pero orientándolo exclusivamente a bienes con valor agregado local. El objetivo es evitar que ese porcentaje se diluya en contrataciones que inevitablemente deben realizarse en el mercado interno y garantizar una participación efectiva de fabricantes nacionales en los grandes proyectos de inversión.

Además, la UIA impulsa la creación de esquemas de integración progresiva. La propuesta apunta a que, a medida que los emprendimientos avancen desde la etapa de construcción hacia la operación, se incremente gradualmente la participación de proveedores argentinos. Para ello, también reclama reglas claras que permitan verificar objetivamente la existencia de oferta local competitiva en términos de precio, calidad y disponibilidad.

La posición de la entidad industrial surge en un contexto donde conviven expectativas por la recuperación económica con señales de preocupación en varios sectores manufactureros. De acuerdo con los datos presentados por el Centro de Estudios de la UIA (CEU), la actividad industrial registró en mayo una caída interanual del 0,8%, con desempeños particularmente negativos en ramas de alto impacto productivo como la automotriz (-21%), la metalmecánica (-5%) y bebidas (-14%).

Pero el debate sobre el “Súper RIGI” estuvo acompañado por otra preocupación recurrente del sector: la presión tributaria. Durante el encuentro, la entidad presentó un informe sobre la carga fiscal que enfrenta la producción formal y advirtió que miles de pequeñas y medianas empresas continúan operando bajo condiciones que deterioran su competitividad frente a competidores internacionales.

Según el análisis de la UIA, la industria aporta el 27% de la recaudación tributaria nacional y enfrenta una estructura de costos agravada por impuestos provinciales y municipales. Particularmente, la entidad puso el foco sobre el financiamiento productivo. En promedio, las provincias aplican una alícuota del 9% de Ingresos Brutos sobre la intermediación financiera, mientras que las tasas municipales agregan otro 6%. Sumados los impuestos de sellos y otras cargas, el sobrecosto tributario sobre el crédito puede alcanzar el 20%, encareciendo el acceso al financiamiento y afectando especialmente a las pymes.

La advertencia adquiere especial relevancia para provincias industriales y agroindustriales del interior, donde el acceso al crédito resulta determinante para sostener inversiones, capital de trabajo y empleo. En regiones como el NEA, donde predominan las pequeñas y medianas empresas vinculadas a la producción primaria, la industria forestal y los servicios, el costo financiero se ha convertido en una de las principales barreras para la expansión de la actividad.

La discusión sobre el “Súper RIGI” expone así una tensión de fondo dentro del modelo económico actual. Mientras el Gobierno apuesta a la apertura de nuevos flujos de inversión y a la estabilidad macroeconómica como motores del crecimiento, la industria reclama que esos incentivos extraordinarios se traduzcan en desarrollo local, generación de proveedores y fortalecimiento de las capacidades productivas nacionales. La batalla legislativa que comenzará en Diputados no solo definirá el alcance de un régimen promocional, sino también el perfil que tendrá la política industrial argentina en los próximos años.

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Importación de maquinaria usada: el Gobierno flexibiliza el régimen y apunta a acelerar inversiones industriales

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El Ejecutivo modificó el Régimen de Importación de Líneas de Producción Usadas y amplió el alcance de los bienes que podrán ingresar al país para proyectos industriales. La reforma incorpora equipamiento para modernización tecnológica, almacenes inteligentes y sistemas ambientales, al tiempo que redefine plazos y requisitos para las empresas.

La decisión, formalizada mediante el Decreto 483/2026, representa uno de los cambios más significativos en materia de inversión productiva de los últimos años. El nuevo esquema deja de enfocarse exclusivamente en la importación de maquinaria usada y pasa a vincular el beneficio con proyectos de mejora de competitividad aprobados por la autoridad de aplicación.

Para el sector industrial, el cambio implica una ampliación de las herramientas disponibles para modernizar procesos productivos en un contexto donde el acceso a tecnología de última generación suele requerir elevados desembolsos de capital. La norma habilita que las líneas de producción incorporen bienes usados importados junto con equipos nuevos nacionales o importados, e incluso contempla equipamiento destinado a proveedores directos de la empresa beneficiaria bajo contratos específicos.

Un régimen más amplio y orientado a la productividad

La modificación redefine qué proyectos pueden acceder al beneficio. A partir de ahora, las líneas de producción deberán estar vinculadas a una nueva planta, una ampliación de capacidad instalada, una diversificación productiva o una modernización tecnológica que incremente el valor agregado por unidad producida. También podrán destinarse a la generación de energía eléctrica.

Uno de los puntos más relevantes es la incorporación de bienes usados destinados al tratamiento o eliminación de contaminantes de aire, suelo o agua cuando formen parte de establecimientos productivos. La medida busca facilitar inversiones ambientales sin obligar a las empresas a adquirir exclusivamente equipamiento nuevo.

La norma también incorpora expresamente los llamados “almacenes inteligentes”, sistemas automatizados que combinan software, equipos de manipulación y estructuras de almacenamiento para optimizar la logística interna de las plantas industriales.

La posibilidad de incorporar maquinaria usada con hasta 20 años de antigüedad, o incluso hasta 30 años cuando haya sido reconstruida o actualizada tecnológicamente, amplía significativamente el universo de activos elegibles.

En provincias como Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, donde muchas empresas enfrentan desafíos de escala para renovar líneas completas de producción, la medida puede mejorar la relación entre inversión y capacidad productiva, especialmente en actividades exportadoras o con alto componente industrial.

La industria nacional sigue siendo condición obligatoria

La flexibilización no elimina el componente de integración local. Las empresas deberán adquirir bienes nuevos de origen nacional por un monto equivalente a, al menos, 10% del valor FOB de los equipos usados importados incorporados al proyecto.

La exigencia busca generar un efecto multiplicador sobre proveedores locales de maquinaria, componentes y servicios industriales, evitando que la modernización productiva se traduzca exclusivamente en compras externas.

Además, los bienes nacionales podrán destinarse tanto a la línea de producción principal como a otras actividades de la empresa o incluso a proveedores directos vinculados al proyecto.

Otro aspecto central de la reforma es la simplificación administrativa. Los proyectos deberán contar con un dictamen técnico elaborado por organismos estatales, universidades o ingenieros matriculados, aunque dicho informe no será vinculante para la decisión final.

La puesta en marcha deberá concretarse dentro de un año desde la aprobación del proyecto, con posibilidad de prórroga en casos justificados. También se establecen mecanismos para agilizar expedientes históricos que permanecían pendientes de cierre y liberación de garantías.

Claves para las empresas

Aspectos más relevantes del nuevo régimen permite importar líneas de producción con maquinaria usada para proyectos de competitividad industrial. Habilita equipamiento ambiental para tratamiento de contaminantes. Incorpora sistemas automatizados de almacenamiento o “almacenes inteligentes”. Autoriza bienes usados con hasta 20 años de antigüedad o 30 años si fueron reconstruidos. Exige compras de bienes nacionales por al menos 10% del valor importado. Establece plazos más precisos para ejecución y puesta en marcha de proyectos.

La efectividad de la reforma dependerá menos de la letra del decreto que de la velocidad con que la Secretaría de Industria reglamente los procedimientos y apruebe los proyectos. Para las empresas del NEA, el desafío será identificar oportunidades donde la incorporación de tecnología usada permita aumentar productividad, reducir costos operativos o expandir capacidad sin comprometer la rentabilidad de la inversión. Si la implementación logra evitar los cuellos de botella administrativos que el propio decreto reconoce, el régimen podría convertirse en una herramienta relevante para la renovación del capital productivo industrial argentino.

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Mercosur reduce arancel para insumo clave del aluminio

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La Argentina obtuvo una nueva reducción temporal del Arancel Externo Común (AEC) para la importación de electrodos de carbón utilizados en la producción electroquímica de aluminio. La decisión, aprobada en el marco del Mercosur mediante el Centésimo Nonagésimo Protocolo Adicional del Acuerdo de Complementación Económica N° 18, establece una alícuota preferencial del 2% durante 365 días para un cupo de 10.500 toneladas, frente al arancel general vigente para este tipo de productos.

La medida responde a razones de abastecimiento y busca garantizar el suministro de un insumo crítico para la industria del aluminio, un sector con fuerte impacto sobre cadenas industriales vinculadas a la construcción, la energía, el transporte y la fabricación de bienes de capital.

La disposición aprobada por la Comisión de Comercio del Mercosur permite importar, con un arancel reducido, electrodos de carbón específicos utilizados como ánodos en procesos de electrólisis para la producción primaria de aluminio.

Aunque se trata de una decisión técnica y focalizada, su relevancia económica radica en que estos componentes son esenciales para sostener la operación continua de las plantas de producción. La falta de disponibilidad o un aumento significativo de su costo puede afectar la competitividad de toda la cadena industrial asociada al aluminio.

Para el sector productivo, la reducción del arancel funciona como una herramienta de estabilización de costos en una actividad intensiva en energía y capital, donde los insumos importados tienen una incidencia significativa sobre la estructura de gastos.

Una medida excepcional por problemas de abastecimiento

La normativa fue aprobada bajo el mecanismo de “acciones puntuales en el ámbito arancelario por razones de abastecimiento”, previsto en la regulación del Mercosur para situaciones en las que la oferta regional resulta insuficiente para cubrir la demanda industrial.

El esquema autoriza a los países miembros a solicitar rebajas temporales del arancel común cuando existen dificultades para conseguir determinados insumos estratégicos dentro del bloque.

En este caso, la Argentina solicitó la renovación de un beneficio que ya había sido otorgado anteriormente y cuya continuidad fue respaldada por la Comisión de Comercio del Mercosur.

Más allá del sector específico del aluminio, la medida tiene efectos indirectos sobre múltiples actividades manufactureras que utilizan este metal como insumo.

Entre los principales impactos económicos pueden identificarse reducción de costos de importación para un insumo industrial crítico. Mayor previsibilidad operativa para empresas vinculadas a la producción de aluminio. Menor riesgo de interrupciones productivas por problemas de abastecimiento. Mejora de competitividad en cadenas industriales que utilizan aluminio como materia prima. Sostenimiento de la actividad exportadora de sectores vinculados a manufacturas metálicas.

Para las provincias del Norte Grande, incluida la región NEA, el efecto es indirecto pero relevante. Industrias metalmecánicas, constructoras, fabricantes de estructuras, equipamiento energético y empresas vinculadas a infraestructura dependen de cadenas de suministro donde el aluminio ocupa un rol creciente.

Qué establece la nueva disposición

La resolución del Mercosur fija condiciones precisas para acceder al beneficio arancel reducido al 2%. Cupo máximo de 10.500 toneladas. Vigencia de 365 días. Aplicable exclusivamente a determinados electrodos de carbón utilizados en la producción electroquímica de aluminio. La medida entró en vigor para la Argentina el 18 de junio de 2026.

El protocolo fue incorporado como Apéndice 176 del Acuerdo de Complementación Económica N° 18, que constituye la base jurídica del comercio intrazona del Mercosur.

La renovación de este beneficio refleja una tendencia creciente dentro del Mercosur: la utilización de mecanismos flexibles para evitar cuellos de botella en cadenas industriales estratégicas. Para las empresas argentinas, el dato relevante no es únicamente la reducción arancelaria, sino la señal de que el bloque continúa habilitando herramientas específicas para sostener la producción cuando aparecen restricciones de oferta. El desafío hacia adelante será determinar si estas excepciones temporales alcanzan para fortalecer la competitividad industrial o si derivan en una revisión más amplia de los esquemas arancelarios aplicados a insumos clave para la producción.

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