COMPETITIVIDAD

PEFC impulsa “The Timber Truth” y busca posicionar la madera certificada en los mercados globales de la construcción sostenible

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En un escenario internacional donde la trazabilidad ambiental y la descarbonización se volvieron condiciones de acceso a mercados, el Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) acompañó la presentación de “The Timber Truth”, una publicación que apunta a desarmar 16 mitos sobre el uso de la madera en la construcción. La iniciativa no es meramente técnica: se inscribe en una estrategia más amplia para fortalecer la competitividad de la madera certificada frente a regulaciones ambientales cada vez más exigentes.

El mensaje es claro. La discusión sobre materiales de construcción ya no se limita a costos y prestaciones estructurales. Ahora incluye huella de carbono, trazabilidad y cumplimiento normativo internacional. En ese terreno, la certificación forestal se convierte en un activo económico.

Evidencia técnica para un mercado más exigente

“The Timber Truth” aborda percepciones extendidas en torno a la seguridad, durabilidad, disponibilidad y desempeño ambiental de la madera. A través de argumentos respaldados por datos y ejemplos concretos, la publicación busca ofrecer herramientas a arquitectos, desarrolladores, inversores y tomadores de decisión.

PEFC, como sistema de certificación de gestión forestal sostenible, respalda la iniciativa con un enfoque centrado en la madera de origen responsable. Según se destaca en la presentación, cuando proviene de bosques gestionados de manera sostenible y certificados, la madera es un material renovable con capacidad de almacenamiento de carbono, puede cumplir estándares técnicos exigentes, reduce la huella ambiental del sector y permite trazabilidad en cadenas internacionales.

El eje institucional es nítido: la certificación no solo valida prácticas forestales, sino que habilita cumplimiento regulatorio en mercados que exigen cadenas libres de deforestación y alineación con estándares ESG.

Construcción sostenible y acceso a mercados

La iniciativa se inserta en un contexto donde gobiernos e inversores incorporan criterios ambientales en políticas públicas y decisiones de financiamiento. La regulación internacional avanza hacia mayores controles sobre origen y sostenibilidad de insumos estratégicos, lo que redefine las condiciones de competencia.

En ese marco, la certificación forestal funciona como herramienta para facilitar acceso a mercados, reducir riesgos regulatorios y aportar transparencia en cadenas de valor globales. La madera certificada se presenta así no solo como alternativa técnica, sino como vehículo de inserción comercial.

El sector de la construcción tiene un rol clave en la transición hacia economías de bajas emisiones. Por eso, la discusión sobre materiales adquiere dimensión estratégica. Si la madera logra consolidarse como opción renovable y reutilizable con respaldo técnico y trazabilidad comprobable, el impacto trasciende al sector forestal e incide en desarrollos inmobiliarios, proyectos de infraestructura e inversiones institucionales.

Señal estratégica: sostenibilidad como competitividad

La presentación de “The Timber Truth” apunta a algo más que informar. Busca incidir en la toma de decisiones en un momento donde la descarbonización del sector edilicio ocupa un lugar prioritario en agendas públicas y privadas.

Al derribar mitos técnicos, PEFC intenta fortalecer la confianza en la madera certificada como parte de la solución climática global. La estrategia combina sostenibilidad ambiental y competitividad económica, dos variables que ya no se perciben como contrapuestas.

El desafío ahora pasa por la adopción efectiva de estos estándares en mercados concretos. A medida que la regulación internacional se vuelve más estricta y los compradores exigen mayor trazabilidad, la madera certificada podría ganar terreno. Pero esa transición dependerá de decisiones empresariales, políticas públicas y condiciones de mercado que aún están en evolución.

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El Gobierno activa la privatización de la Vía Navegable Troncal con tres ofertas y promete US$ 10.000 millones de inversión

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El Gobierno dio un paso decisivo en la privatización de la Vía Navegable Troncal, el corredor por el que circula el 80% del comercio exterior argentino y de países de la región. El ministro Luis Caputo informó que se presentaron tres oferentes internacionales —Jan De Nul NV, DEME y DTA Engenharia— en la licitación pública internacional para la modernización, operación y mantenimiento del sistema, con una inversión estimada en más de US$ 10.000 millones a lo largo de 25 años.

El proceso, que cuenta con aval técnico de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), se encamina ahora hacia la adjudicación y la firma de un contrato de concesión a riesgo empresarial y sin aval del Estado. En términos políticos, la señal es clara: el Ejecutivo busca consolidar un esquema de infraestructura estratégica financiado por capital privado y con estándares internacionales de transparencia, en línea con su estrategia de desestatización y reducción de riesgos fiscales.

Licitación internacional y respaldo multisectorial

La apertura de sobres completó una etapa central del proceso licitatorio. El esquema se estructuró en tres instancias: primero, la evaluación de antecedentes operativos y capacidad técnica y financiera; luego, el análisis del Plan de Trabajo con un sistema de puntajes; finalmente, la ponderación de la oferta económica, con mayor peso para asegurar la tarifa más baja posible.

El pliego se elaboró con respaldo de la UNCTAD, que auditó criterios de transparencia y competitividad. El Gobierno subrayó que se trata de una de las licitaciones “más participativas y transparentes”, apoyada por la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera – Centro de Exportadores de Cereales (CIARA–CEC), la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, además de los gobiernos de Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y Buenos Aires. También expresaron respaldo entidades agropecuarias como Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina, Coninagro y Federación Agraria, junto a organizaciones ambientalistas.

Ese alineamiento no es menor. La vía navegable concentra intereses productivos, portuarios y fiscales de las principales provincias exportadoras. La definición del nuevo concesionario impactará en tarifas, profundidad de dragado y previsibilidad operativa para un complejo agroindustrial que depende de la logística fluvial.

Competitividad y costos logísticos: el eje económico

El objetivo declarado del proyecto es permitir que buques de gran calado operen a plena capacidad, reducir costos logísticos y mejorar la competitividad del comercio exterior. En una economía donde la balanza comercial y el ingreso de divisas resultan determinantes, cualquier mejora en eficiencia portuaria tiene efecto macroeconómico.

La inversión proyectada —más de US$ 10.000 millones en 25 años— supone un volumen relevante de capital privado destinado a dragado, señalización y mantenimiento. El contrato a riesgo empresarial implica que el concesionario asume el financiamiento y recupera la inversión vía tarifa, sin garantías estatales.

Para el sector agroexportador y portuario, la clave estará en el equilibrio entre tarifa y servicio. El pliego pondera la oferta económica con mayor peso, lo que busca asegurar un costo competitivo. Sin embargo, el esquema también exige capacidad técnica y financiera comprobada, un punto crítico en una infraestructura que define la salida de granos, aceites y subproductos.

Las provincias del litoral observan el proceso con interés directo: una vía más eficiente puede traducirse en mayor actividad portuaria, empleo y recaudación asociada al comercio exterior.

Señales al mercado y consolidación del rumbo

La apertura de sobres refuerza el mensaje de que el Gobierno prioriza participación privada en activos estratégicos y busca reducir exposición fiscal. La concesión sin aval estatal y con inversión comprometida a largo plazo encaja en esa narrativa.

Al mismo tiempo, el respaldo multisectorial y la auditoría de la ONU funcionan como escudo político ante un tema históricamente sensible. La vía navegable no es solo una obra de infraestructura; es un nodo de poder económico.

Queda por delante la evaluación técnica y económica de las propuestas y la adjudicación final. Allí se definirá qué empresa operará durante 25 años una de las arterias logísticas más relevantes del Cono Sur. La decisión marcará no solo el futuro del sistema portuario, sino también la capacidad del país para sostener competitividad exportadora en un contexto internacional exigente.

El proceso ya está en marcha. La discusión ahora se traslada al terreno de la ejecución y al delicado equilibrio entre tarifa, inversión y control público.

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Empresarios mayoristas respaldaron la reforma laboral y pidieron eliminar aportes obligatorios que encarecen el empleo

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Empresarios del sector de autoservicios mayoristas expresaron su apoyo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno y que se discute en el Senado de la Nación. La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) consideró que la iniciativa constituye un paso clave para incentivar la creación de empleo formal y mejorar la competitividad de las pymes, en un contexto de altos costos laborales y márgenes ajustados para el comercio. Durante un encuentro con equipos técnicos del Senado, la entidad detalló cuatro ejes centrales del proyecto que, a su entender, modernizan las relaciones laborales y corrigen distorsiones que hoy desalientan la contratación.

La posición de CADAM se inscribe en un debate más amplio sobre la estructura de costos del empleo en la Argentina y el rol de los aportes obligatorios a cámaras empresarias y entidades vinculadas a los convenios colectivos. Para el sector mayorista, la reforma laboral abre una ventana para revisar prácticas que consideran anacrónicas y poco transparentes, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

Los cuatro puntos de la reforma laboral que apoyan los mayoristas

La comitiva de CADAM estuvo encabezada por su vicepresidente, Armando Farina, quien expuso ante los equipos técnicos del Senado los principales aspectos del proyecto que la entidad considera positivos. En primer lugar, destacaron la implementación del banco de horas como un mecanismo de flexibilidad laboral acordado entre las partes, que permitiría adaptar la jornada a los picos de actividad sin incrementar de manera automática los costos.

En segundo término, respaldaron la posibilidad de celebrar convenios laborales adaptados a la realidad de las pymes, con esquemas más acordes a la escala y dinámica de los pequeños comercios. El tercer punto señalado fue la habilitación de las billeteras virtuales como medio para acreditar salarios, una medida que apunta a modernizar los mecanismos de pago y reducir fricciones operativas. Por último, CADAM valoró el carácter voluntario de los aportes a cámaras empresariales y solicitó que ese criterio se extienda también a los aportes sindicales.

A estos ejes se sumó un reclamo puntual: la eliminación de aportes solidarios y contribuciones que, según los empresarios, “encarecen innecesariamente el costo laboral”. Entre ellos mencionaron el aporte solidario por Covid-19 a la obra social Osecac, que se aplica esté o no afiliado el trabajador, y el seguro de retiro La Estrella.

Aportes obligatorios y conflicto de intereses en las paritarias

Uno de los tramos más críticos de la postura de CADAM estuvo centrado en el esquema de aportes obligatorios a cámaras empresarias dentro del sector comercio. “Las paritarias se han transformado en una mesa de amigos”, afirmó Farina, al cuestionar el rol de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), que participan de las negociaciones salariales y, al mismo tiempo, son beneficiarias directas de esos aportes. Para los mayoristas, esta situación configura un “evidente conflicto de intereses”.

CADAM puso como ejemplo el aporte obligatorio que cada empleado de comercio realiza al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP). Según la entidad, esos fondos “se redistribuyen en gran parte entre la CAC y la CAME bajo el argumento de capacitación y fortalecimiento institucional”. El planteo apunta a que, con cada aumento salarial acordado en paritarias, estas entidades incrementan automáticamente su recaudación, pese a ser actores centrales de la negociación. “Esto implica que con cada aumento salarial paritario, estas entidades se ‘autobenefician’ con una mayor recaudación”, sostuvieron.

El reclamo no es aislado. De acuerdo con CADAM, desde el año pasado numerosas entidades empresarias expusieron sus quejas ante el Congreso de la Nación, entre ellas la Confederación Federal PyME de la República Argentina, la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, el Centro Comercial de Victoria (Entre Ríos), la Federación Económica de Mendoza y la Cámara de Perfumerías de Argentina. El denominador común es la crítica a los mecanismos compulsivos de financiamiento que, en la práctica, se trasladan a mayores costos laborales.

Impacto en pymes y expectativas sobre el debate legislativo

Desde la óptica del sector mayorista, la reforma laboral tiene un impacto directo sobre la estructura de costos de las pymes, que concentran buena parte del empleo formal en la Argentina. “La libertad de asociación, la transparencia y la representatividad genuina son pilares indispensables”, sostuvo Farina, al tiempo que remarcó que el proyecto “termina con mecanismos compulsivos que solo encarecen el empleo y desalientan la inversión”.

El respaldo de CADAM suma presión al debate legislativo en el Senado, donde la reforma laboral se analiza como una herramienta para dinamizar el mercado de trabajo. Si bien el texto final aún está en discusión, el posicionamiento de los empresarios del comercio mayorista anticipa un alineamiento del sector con aquellas medidas que reduzcan costos, introduzcan flexibilidad y limiten los aportes obligatorios. El resultado de ese debate será clave para definir el impacto real de la reforma sobre la competitividad de las pymes y la creación de empleo formal en los próximos años.

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El Gobierno rechaza el antidumping y avala la importación de tubos para el gasoducto de Vaca Muerta

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El Gobierno nacional descartó avanzar con una medida antidumping para frenar la importación de tubos de acero adjudicados a la empresa india Welspun, pese al reclamo del Grupo Techint, que había quedado fuera de la licitación para el gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa de Río Negro. La decisión ratifica la orientación oficial hacia la apertura comercial, la baja de costos y el rechazo a esquemas de protección industrial, en una obra estratégica para las exportaciones de gas natural licuado (GNL) y la competitividad energética del país.

La definición fue confirmada por altas fuentes de la Casa Rosada, que fueron categóricas frente a las versiones de una eventual denuncia por dumping y competencia desleal impulsada por Techint. “No vamos a pagar más caros los caños”, señalaron desde el entorno presidencial, en línea con la postura pública expresada por el presidente Javier Milei y por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La controversia se desató luego de que Welspun ganara la licitación para proveer los tubos del gasoducto con una oferta 40% inferior a la presentada por Tenaris, la controlada del Grupo Techint que produce caños de acero en la Argentina.

Una licitación clave para Vaca Muerta y el debate sobre política industrial

La adjudicación del contrato marcó un hito: es la primera vez en décadas que una empresa extranjera se impone a un proveedor local en este tipo de proyectos estratégicos. El gasoducto que unirá Vaca Muerta con la zona de San Antonio Oeste, en Río Negro, es considerado una pieza central del plan exportador de GNL que impulsa el consorcio Southern Energy (SESA).

Ese consorcio está integrado por Pan American Energy (PAE), propiedad en un 50% de BP; YPF, con una participación del 25%; y otras compañías con participaciones menores como Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. El proyecto abrió negociaciones por un crédito de USD 1.000 millones con bancos extranjeros para su financiamiento.

En la compulsa participaron más de 15 oferentes de distintos países, entre ellos Argentina, India, China, España, Japón, Grecia y Turquía. Welspun resultó adjudicataria al presentar el menor precio, lo que dejó fuera a Tenaris, que había ofertado un valor un 40% más alto, según el consorcio.

Desde Techint sostienen que esa diferencia no refleja condiciones de competencia leal y que la propuesta ganadora estaría basada en tubos fabricados con chapa de origen chino a precios subsidiados. La empresa incluso ofreció igualar la oferta extranjera “a cualquier costo” para que el proyecto se ejecute con producción local, propuesta que fue rechazada.

La postura oficial: costos, competencia y rechazo al antidumping

La respuesta del Gobierno fue inmediata y contundente. El presidente Javier Milei defendió el resultado de la licitación desde su cuenta oficial de X al afirmar: “Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quién le llena el sobre”.

En la misma línea, un alto funcionario explicó que, aun si existieran subsidios en el país de origen, el beneficio de un menor precio se traslada al proyecto: “Si el costo de los caños está subsidiado por China, por el Congo o por Kamchatka, el costo lo pagan ellos. ¿Por qué lo tenemos que pagar nosotros?”.

El ministro Federico Sturzenegger profundizó esa visión y volvió a cuestionar la lógica de las políticas antidumping. Recordó antecedentes recientes, como la eliminación de aranceles a la importación de termos, cuando sostuvo: “La protección incentiva al empresario a sostener esa ineficiencia, porque es la ineficiencia la que motiva la protección”. Y agregó que el argumento de “protegerse para evitar abusos futuros” carece de sustento en mercados globales con múltiples oferentes.

En un extenso mensaje público, Sturzenegger consideró “indefendible” adjudicar un contrato más caro solo por el hecho de que el proveedor sea local. “Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones”, advirtió, y remarcó que el mayor costo podría haberse trasladado a precios más altos de la energía para empresas y consumidores.

Impacto en la industria local y tensiones de largo plazo

Desde Techint advierten que la decisión puede tener consecuencias estructurales para la industria nacional del acero. La compañía, que emplea a más de 26.000 personas en 17 países, produce tubos con costura para gasoductos en su planta de Valentín Alsina, donde trabajan más de 400 empleados, y cuenta además con instalaciones en Villa Constitución, Santa Fe.

Fuentes vinculadas a la empresa señalaron que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) tiene entre sus objetivos el fortalecimiento de las cadenas productivas locales, algo que —según su visión— no se estaría cumpliendo en este caso. “Con ingresos fiscales que cede el Estado nacional se financia el trabajo en la India y China, mientras las empresas argentinas operan con impuestos distorsivos como el impuesto al cheque, Ingresos Brutos y tasas municipales”, remarcaron.

El propio Paolo Rocca había advertido sobre la “actitud predatoria” de China, que produce cerca del 50% del acero mundial, y alertó que la sobreoferta global a precios bajos puede erosionar empleo, inversión y capacidad exportadora local. Según trascendió, la planta de Valentín Alsina tiene pedidos garantizados hasta junio, pero no hay definiciones claras para el segundo semestre.

Del lado oficial, sin embargo, el diagnóstico es opuesto. Sturzenegger sostuvo que la apertura y el acceso a insumos más baratos mejoran la competitividad general de la economía y que alterar una licitación después de conocidos los resultados dañaría la credibilidad del país. “Respetar los contratos y las reglas de juego es clave para que esta industria crezca competitiva y sana”, afirmó.

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Las Marías invierte US$ 7 millones en un nuevo molino yerbatero

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La empresa yerbatera Las Marías puso en marcha un nuevo molino en su planta de Gobernador Virasoro, Corrientes, tras concretar una inversión de US$ 7 millones orientada a ampliar su capacidad productiva y sostener estándares de calidad reconocidos a nivel nacional e internacional. La iniciativa consolida el perfil industrial de la firma y profundiza un contraste estructural dentro del sector yerbatero: mientras las grandes industrias fortalecen su infraestructura, los productores primarios acumulan al menos 25 meses de pérdida de rentabilidad, en un contexto de desregulación del mercado.

La inversión, ya en etapa de puesta a punto, se ejecutó con componentes de origen nacional y con ensamblaje a cargo de técnicos locales formados por la propia empresa, que además desarrollaron parte de la tecnología electrónica incorporada a la nueva instalación. Desde la firma señalaron que el proyecto apunta a reforzar la competitividad, sostener la calidad y generar empleo en la región.

Inversión productiva, tecnología nacional y empleo local

El nuevo molino se integra a la estructura industrial de Las Marías con foco en eficiencia, trazabilidad y continuidad operativa. La utilización de componentes nacionales y la participación de equipos técnicos locales destacan un modelo de inversión que articula capacidad productiva, transferencia de conocimientos y empleo calificado en el norte correntino.

Durante una recorrida por la planta, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, y la ministra de Industria de la provincia, María Herminda Gabur, representante suplente de Corrientes ante el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), acompañaron a directivos de la empresa en la visita a las nuevas instalaciones. En ese marco, el gobernador subrayó: “Las Marías, un orgullo correntino que genera empleo, agrega valor y lleva nuestra yerba mate al país y al mundo”.

Por su parte, la ministra explicó que “esta empresa emblemática y tan querida en nuestra provincia, con un desembolso de 7 millones de dólares, está poniendo en marcha un nuevo molino, más moderno y competitivo, buscando sostener su calidad reconocida por el paladar de muchos consumidores”.

El contraste del sector: expansión industrial y crisis en las chacras

La puesta en marcha del nuevo molino se produce en un escenario sectorial tensionado. Mientras las industrias de mayor escala amplían su capacidad productiva, los productores primarios atraviesan un proceso de empobrecimiento sostenido, con pérdida de rentabilidad durante al menos 25 meses. Este desfasaje expone los efectos distributivos de la desregulación del mercado yerbatero y reabre el debate sobre los beneficios y costos del nuevo esquema para los distintos eslabones de la cadena.

En la visita oficial también se analizaron demandas del sector yerbatero industrial, en un contexto que refleja quiénes resultan favorecidos por la actual dinámica del mercado. La inversión de Las Marías consolida a la industria yerbatera correntina como una de las más modernas y activas en términos de capitalización, si se computan además las mejoras en un molino nuevo y galpones realizadas por Playadito, ubicada a unos 30 kilómetros de Gobernador Virasoro.

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