concesiones turísticas

Parques Nacionales extiende la transición de permisos turísticos hasta fin de año

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La Administración de Parques Nacionales (APN) dispuso un nuevo esquema de transición para los permisos de servicios turísticos que operan dentro de las áreas protegidas nacionales. La Resolución 210/2026 extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 la vigencia de aquellos permisos alcanzados por el régimen anterior cuyo vencimiento opere hasta el 31 de julio de 2026, otorgando un margen adicional para completar la migración al nuevo Reglamento de Permisos Turísticos.

La decisión responde a una evaluación interna realizada por la Dirección de Concesiones, que detectó distintos niveles de avance en la adecuación de los operadores turísticos distribuidos en los parques nacionales. El diagnóstico también evidenció diferencias administrativas entre jurisdicciones, por lo que el organismo resolvió establecer un procedimiento uniforme para evitar que esas asimetrías afecten la continuidad de la actividad.

Desde la perspectiva económica, la resolución introduce un elemento de previsibilidad para un segmento compuesto por empresas de excursiones, guías habilitados, transportistas, operadores náuticos y otros prestadores que desarrollan su actividad dentro de áreas protegidas. La continuidad de los permisos evita que procesos administrativos pendientes se traduzcan en interrupciones de servicios durante una temporada que continúa siendo relevante para muchas economías regionales.

Para provincias donde el turismo constituye un componente significativo de la actividad económica, como Misiones con el Parque Nacional Iguazú, la decisión reduce el riesgo de discontinuidad operativa para los prestadores habilitados mientras completan los nuevos requisitos regulatorios. El impacto no modifica las condiciones comerciales de los servicios, pero sí preserva el marco legal necesario para que puedan seguir funcionando durante el período de adecuación.

La resolución también busca ordenar la implementación del nuevo régimen aprobado en 2025. En lugar de una migración automática, la APN optó por un proceso gradual, acompañado por un Esquema de Transición Normativa que fija criterios homogéneos para todas las áreas protegidas bajo jurisdicción nacional.

Como condición para acceder al régimen excepcional, los titulares de los permisos deberán presentar, dentro de los 30 días hábiles administrativos, un Acta de Conformidad y Obligación de Adecuación, mediante la cual formalizan su adhesión al proceso de transición y asumen el compromiso de cumplir con las exigencias previstas por el nuevo reglamento.

El procedimiento también fortalece el rol de las intendencias de cada parque nacional. Serán las encargadas de verificar la documentación presentada, evaluar la continuidad de cada prestación turística y elevar un informe técnico a la Dirección Nacional de Uso Público recomendando, o no, la continuidad del servicio. La incorporación de esta instancia busca uniformar criterios de evaluación y respaldar técnicamente las decisiones administrativas.

La medida alcanza exclusivamente a los permisos cuyos cánones se determinan mediante el Tarifario Institucional vigente y deja expresamente afuera aquellos servicios comprendidos en planes específicos de reordenamiento turístico, que continuarán bajo sus propios esquemas regulatorios.

Aspectos centrales de la resolución prórroga de los permisos vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026. Alcanza a permisos con vencimiento hasta el 31 de julio de 2026. Los prestadores disponen de 30 días hábiles para adherir al régimen de transición. La continuidad del servicio quedará sujeta a la evaluación técnica de cada Intendencia. Se implementa un esquema uniforme de adecuación para todas las áreas protegidas nacionales.

Más allá de su carácter administrativo, la resolución apunta a reducir la incertidumbre regulatoria para un sector que depende de autorizaciones permanentes para operar. La evolución del proceso de adecuación permitirá medir si el nuevo régimen logra simplificar la gestión de permisos sin afectar la continuidad de la oferta turística en los parques nacionales, un factor clave para las economías regionales cuya actividad está vinculada al turismo de naturaleza.

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Parques Nacionales ordena concesiones en Iguazú y fijó límites para La Gran Aventura Náutica

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La Administración de Parques Nacionales avanzó en un proceso de ordenamiento territorial dentro del Parque Nacional Iguazú al aprobar formalmente los límites georreferenciados de la concesión operada por La Gran Aventura Náutica SRL, empresa responsable de las excursiones de navegación y actividades turísticas sobre el río Iguazú. La decisión quedó plasmada en la Resolución 193/2026, publicada en el Boletín Oficial, y apunta a resolver una deuda administrativa que se arrastraba desde la adjudicación original de la concesión en 2015.

La medida tiene una importancia que excede lo meramente cartográfico. Según reconoció el propio organismo nacional, ninguna de las concesiones que operan dentro del Área Cataratas contaba hasta ahora con un polígono territorial formalmente aprobado, definido y georreferenciado. Esta ausencia de límites precisos generaba interpretaciones diferentes entre los actores involucrados y abría la puerta a conflictos vinculados al uso de espacios, autorizaciones de obras, responsabilidades operativas y controles ambientales.

La concesión en cuestión fue adjudicada originalmente a Alejandro Arrabal mediante la Licitación Pública 14/2015 para la prestación de servicios de excursiones náuticas en jurisdicción del Parque Nacional Iguazú. Posteriormente, los derechos fueron transferidos a La Gran Aventura Náutica SRL, firma que actualmente explota uno de los productos turísticos más demandados por los visitantes de las Cataratas.

La resolución aprobada por el Directorio de Parques Nacionales delimita de manera oficial los distintos espacios vinculados a la operación de la empresa, incluyendo el Puerto Macuco, el taller de mantenimiento y apoyo logístico, sectores de embarque y desembarque, oficinas administrativas, senderos operativos y puntos de atención al visitante distribuidos dentro del área protegida.

Desde el organismo explicaron que la falta de una delimitación territorial precisa afectaba la planificación de inversiones y complicaba la autorización de mejoras e infraestructura dentro de los espacios concesionados. Además, generaba incertidumbre respecto de la asignación de responsabilidades legales, coberturas de seguros y obligaciones ambientales.

El caso adquiere mayor relevancia si se considera que el Área Cataratas concentra múltiples concesiones turísticas que conviven dentro de un mismo espacio de uso público. Entre ellas sobresale también la concesión de servicios generales operada por Iguazú Argentina S.A., cuya área de explotación se encontraba definida de manera genérica en los pliegos contractuales, sin una delimitación técnica detallada.

La resolución instruye a la Intendencia del Parque Nacional Iguazú a incorporar los nuevos límites a todos los sistemas de información territorial, registros y documentación operativa, transformándolos en referencia obligatoria para futuras autorizaciones de obras, ampliaciones o intervenciones dentro del área concesionada.

Para Misiones, la decisión representa un paso relevante en la profesionalización de la gestión turística de uno de los destinos más importantes del país. Las Cataratas del Iguazú constituyen el principal atractivo turístico de la provincia y uno de los mayores generadores de divisas vinculadas al turismo receptivo internacional. En ese contexto, la seguridad jurídica de las concesiones y la claridad en la asignación de responsabilidades aparecen como factores clave para sostener inversiones y mejorar la calidad de los servicios.

La medida también anticipa una tendencia que podría extenderse al resto de las concesiones existentes dentro de áreas protegidas nacionales. La definición precisa de los espacios de explotación comercial se vuelve cada vez más relevante en un escenario donde la actividad turística convive con exigencias crecientes de conservación ambiental, control estatal y desarrollo de infraestructura.

Más allá de su carácter técnico, la resolución marca un precedente para el ordenamiento institucional del Parque Nacional Iguazú. La delimitación formal de áreas operativas reduce zonas grises administrativas y crea un marco más sólido para la gestión futura de uno de los patrimonios naturales más importantes de Argentina.

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