Concesiones Viales

Autovía y el consorcio ObrIng se quedan con los primeros tramos de la Red Federal de Concesiones

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Economía adjudica la primera etapa de la Red Federal de Concesiones y desestima dos ofertas por incumplimientos formales

La Secretaría de Transporte aprobó la segunda etapa del proceso licitatorio para la concesión por peaje del Tramo Oriental y del Tramo Conexión de la “Red Federal de Concesiones – Etapa N° 1”, adjudicando ambos segmentos a empresas privadas y rechazando dos ofertas por apartamientos del pliego. La medida se formalizó mediante la Resolución 80/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial.

Un proceso enmarcado en la Ley 17.520 y en la reorganización iniciada por la Ley 27.742

La resolución se dicta en el marco del esquema regulatorio definido por la Ley 17.520 —modificada por la Ley 27.742—, que faculta al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar concesiones de obras e infraestructuras públicas bajo la modalidad de peaje. Asimismo, retoma los lineamientos del Decreto 713/2024, que designó al Ministerio de Economía como autoridad de aplicación, y del Decreto 28/2025, que dispuso la licitación de los tramos de la Red Vial Nacional incluidos en el Anexo IF-2025-00934117-APN-DNV#MEC.

La Secretaría de Transporte había convocado al proceso licitatorio mediante la Resolución 29/2025, posteriormente complementada con la Resolución 71/2025, que precalificó ofertas y abrió el segundo sobre el 4 de noviembre. La licitación 504-0007-LPU25 comprendió dos unidades: el Tramo Oriental y el Tramo Conexión, ambos pertenecientes a la etapa inicial del proyecto “Red Federal de Concesiones”.

Conforme lo establece el artículo 5° de la Resolución 29/2025, las publicaciones del llamado se realizaron en el Boletín Oficial, el sitio DG Market, el portal oficial de la Secretaría de Transporte y el sistema CONTRAT.AR. La apertura del segundo sobre quedó registrada en el Acta de 4 de noviembre, en la que participaron seis grupos de empresas oferentes.

Ofertas desestimadas y adjudicación final de los tramos licitados

La Dirección de Contrataciones de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Infraestructura informó el cumplimiento de los plazos de vista y observaciones previstos en el artículo 11 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. Los oferentes Benito Roggio S.A., JCR S.A.–Rovella Carranza S.A.–Losi S.A. y Panedile S.A. tomaron vista de las actuaciones.

Tras el análisis técnico-económico, la Comisión de Concesiones observó que dos ofertas incorporaban “condicionamientos ajenos al modelo de Formulario de Cotización” dispuesto en los pliegos: las de ELEPRINT S.A.–SUPERCEMENTO S.A.I.C.–PANEDILE ARGENTINA S.A.I.C.F.E.I. y JOSÉ J. CHEDIACK S.A.I.C.A.–BENITO ROGGIO E HIJOS S.A..

La resolución señala que estos agregados representan “un apartamiento sustancial” de los requisitos del pliego, afectan la comparabilidad y vulneran el principio de igualdad entre oferentes. En consecuencia, ambas propuestas fueron desestimadas conforme a los artículos 7.1 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 17.1 del Pliego de Bases Generales.

En cuanto a las ofertas admisibles, la Comisión concluyó que: AUTOVÍA Construcciones y Servicios S.A. presentó la propuesta más conveniente para el Tramo Oriental, cumpliendo con todas las exigencias técnicas y económicas. El consorcio integrado por OBRING S.A. – ROVIAL S.A. – EDECA S.A. – PITÓN S.A. – PIETROBONI S.A. resultó adjudicatario del Tramo Conexión, ajustándose plenamente a los pliegos.

El dictamen de la comisión, publicado en el portal CONTRAT.AR según el artículo 15.7 del Pliego General, no recibió impugnaciones. De este modo, la Resolución 80/2025 formaliza la adjudicación y notifica a todas las empresas oferentes listadas en el procedimiento.

Próximos pasos

La Secretaría de Transporte resolvió aprobar lo actuado en esta segunda etapa, adjudicar los tramos mencionados y desestimar las ofertas que no se ajustaron al pliego. La resolución instruye, además, la notificación a todas las compañías participantes y dispone la publicación correspondiente en el Boletín Oficial.

El acto administrativo se dicta en ejercicio de las facultades delegadas al Ministerio de Economía por el artículo 2°, inciso c) del Decreto 28/2025.

Con esta medida, el Gobierno completa una instancia clave del proceso licitatorio para la Etapa N° 1 de la Red Federal de Concesiones, en un marco normativo que busca reorganizar la gestión y el financiamiento de obras viales bajo esquemas de peaje administrados por operadores privados.

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Caputo inicia el proceso de privatización total de Corredores Viales SA

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El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, oficializó mediante la Resolución 1284/2025 el inicio del proceso de privatización total de Corredores Viales SA, empresa estatal que administra más de 6.000 kilómetros de rutas nacionales. La medida implica la extinción de los contratos de concesión actuales, el llamado a licitación para nuevas concesiones viales con peaje y la posterior disolución y liquidación de la sociedad anónima.

Según la normativa, la privatización deberá completarse en un plazo de 12 meses desde la entrada en vigencia de la resolución, publicada este 1° de septiembre en el Boletín Oficial.

De empresa estatal a concesión privada: los pasos del proceso

La decisión del Gobierno se enmarca en lo dispuesto por la Ley 27.742, que incluyó a Corredores Viales SA en el listado de compañías sujetas a privatización bajo el régimen de la Ley de Reforma del Estado N.° 23.696.

El procedimiento, delineado por el Decreto 97/2025, establece tres fases:

  1. Extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes (Tramos I a V, VI y VII a X).
  2. Licitación pública nacional e internacional de nuevos contratos de concesión de obra pública por peaje, en los términos de la Ley 17.520.
  3. Disolución y liquidación de Corredores Viales SA una vez perfeccionados los nuevos contratos.

La Secretaría de Transporte será la responsable de diseñar y ejecutar la licitación, mientras que la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” tendrá a su cargo la coordinación y control del proceso, incluyendo la tasación de bienes y flujos futuros de concesión, que será realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

El Gobierno dispuso además que todos los procedimientos se llevarán adelante a través de la plataforma electrónica CONTRAT.AR, como parte de la política de digitalización y transparencia en contrataciones públicas.

Un cambio estructural en la gestión vial

Corredores Viales SA fue creada en 2017 como sociedad anónima con participación estatal mayoritaria para administrar de manera directa rutas nacionales estratégicas. En los últimos años, gestionaba más de 6.000 kilómetros de autopistas y rutas nacionales con peaje, luego de la caducidad de contratos con concesionarias privadas.

Con la nueva normativa, el Ejecutivo busca transferir nuevamente al sector privado la explotación de la red vial nacional, argumentando que la modalidad concesionada permitirá eficiencia en la gestión, mejoras en infraestructura y alivio en las cuentas públicas.

La resolución explicita que no se aplicarán programas de propiedad participada ni preferencias para trabajadores, previstos en la Ley 23.696, lo que marca una diferencia respecto a los procesos de privatización de los años noventa.

La privatización de Corredores Viales SA tendrá impacto directo en transportistas, usuarios de rutas nacionales y provincias donde operan los corredores. El traspaso a concesionarias privadas conllevará la redefinición del esquema tarifario de peajes, que será uno de los ejes de debate público en los próximos meses.

En el plano político, la decisión es consistente con la estrategia del Gobierno de reducir la participación del Estado en empresas públicas, como ya sucedió con Aerolíneas Argentinas y AySA, incluidas en la misma normativa de privatización.

Los sindicatos vinculados al sector vial, en particular el Sindicato de Trabajadores de Peajes (SUTPA) y gremios de Vialidad Nacional, anticipan un escenario de tensión por el impacto en los puestos de trabajo, ya que la resolución prevé la disolución de la empresa sin mecanismos de participación accionaria de empleados.

Licitación en 2026 y un nuevo esquema vial

El calendario oficial prevé que las licitaciones se realicen durante 2026, con adjudicación de contratos antes del segundo semestre. A partir de entonces, las empresas privadas concesionarias quedarán a cargo del mantenimiento, explotación y cobro de peajes en la red vial nacional.

La disolución definitiva de Corredores Viales SA dependerá de la adjudicación y perfeccionamiento de los contratos, lo que implica que la transición operativa deberá coordinarse con los nuevos operadores para evitar interrupciones en la gestión vial.

La medida constituye uno de los procesos de privatización más relevantes en materia de infraestructura de transporte desde la década del noventa, y será un banco de prueba para el modelo de concesión que el Gobierno busca replicar en otros servicios públicos estratégicos.

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