Concesiones Viales

Vialidad abre una consulta pública para actualizar las tarifas de peaje en los corredores viales

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La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) dispuso la apertura del Procedimiento de Elaboración Participativa de Normas para avanzar con la aprobación de un nuevo esquema tarifario en los peajes concesionados a Corredores Viales S.A. La medida, formalizada mediante la Resolución 42/2026, habilita un período de consulta ciudadana de 15 días hábiles administrativos y constituye un paso previo obligatorio antes de la eventual actualización de tarifas, en línea con los criterios constitucionales de razonabilidad, gradualidad y transparencia en servicios públicos esenciales.

La decisión fue adoptada en la Ciudad de Buenos Aires el 13 de enero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial los días 14 y 15 de enero de 2026, bajo el número 1808/26, en el marco del expediente EX-2025-138657392-APN-DNV#MEC.

Consulta ciudadana y actualización tarifaria: el procedimiento que activa Vialidad Nacional

La Resolución RESOL-2026-42-APN-DNV#MEC declara formalmente la apertura del procedimiento previsto en el Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas, aprobado por el Artículo 3° del Decreto N.° 1.172/2003, para el Proyecto de Aprobación de los Cuadros Tarifarios aplicables a los Contratos de Concesión de los Corredores Viales Tramos I al X.

El proceso se inicia a partir de una solicitud presentada por Corredores Viales S.A., que requirió la aplicación del apartado 8.2 de la Cláusula Octava de los Contratos de Concesión, junto con el Artículo 49° para los Tramos I a V y el Artículo 50° para los Tramos VI a X de los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales. En ese marco, la concesionaria sometió a consideración un cuadro tarifario para su análisis y eventual aprobación.

La Dirección Nacional de Vialidad, organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Economía conforme al Decreto N.° 644/2024, y bajo el control tutelar de la Secretaría de Obras Públicas según el Decreto N.° 866/2025, elaboró los informes técnicos correspondientes, los cuales fueron remitidos a dicha Secretaría. A partir de ese análisis, se consideró “apropiada la implementación de la tarifa propuesta por la empresa concesionaria”.

Posteriormente, la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones confeccionó los nuevos cuadros tarifarios, respetando la escala entre categorías de vehículos prevista en los contratos de concesión vigentes, y promovió la actualización para los Tramos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X.

Fundamentos constitucionales, participación y resguardo de los usuarios

La resolución pone el acento en el Artículo 42 de la Constitución Nacional, que garantiza los derechos de los usuarios a la protección de sus intereses económicos, a una información adecuada y veraz, y a condiciones de trato equitativo y digno, así como el deber del Estado de controlar la calidad y eficiencia de los servicios públicos.

En ese sentido, la Subgerencia de Atención al Usuario destacó que la implementación de un procedimiento participativo previo al dictado de actos de alcance general “es altamente beneficiosa”, ya que permite una mayor eficacia administrativa y un mayor grado de acierto en decisiones que impactan directamente sobre los usuarios del sistema vial.

La medida también se apoya en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, citando el fallo CSJN 339:1077, donde el máximo tribunal fijó criterios rectores sobre la razonabilidad de la política tarifaria en servicios públicos esenciales. Según ese precedente, el Estado debe actuar con “especial prudencia y rigor” al fijar tarifas, asegurando certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad, y evitando restricciones arbitrarias o desproporcionadas a los derechos de los usuarios.

Bajo ese marco, Vialidad Nacional resolvió aplicar el mecanismo previsto en el Anexo V del Decreto N.° 1.172/03, que regula la participación ciudadana en la elaboración de normas, designando como autoridades responsables del procedimiento a la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones y a la Subgerencia de Atención al Usuario.

Plazos, acceso a la información y canales habilitados

A partir del día siguiente a la última publicación en el Boletín Oficial, los interesados cuentan con un plazo de QUINCE (15) días hábiles administrativos para acceder a los proyectos de norma y a los cuadros tarifarios propuestos.

La documentación estará disponible en el sitio web oficial de la Dirección Nacional de Vialidad, dentro de la sección “Espacios Participativos”, y también podrá ser consultada a través del sistema Trámite a Distancia (TAD), seleccionando la opción “Presentación ciudadana ante el poder ejecutivo”, en el marco del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

Asimismo, se aprobó el “Formulario para la Presentación de Opiniones y Propuestas” (Anexo II – IF-2026-02978183-APN-RRIICP#DNV), conforme a lo dispuesto en el Artículo 15 del Reglamento y el Anexo VI del Decreto N.° 1.172/03. Dicho formulario podrá descargarse, completarse y enviarse en formato PDF a la dirección atencionalusuario@vialidad.gob.ar dentro del plazo establecido.

Las opiniones y propuestas recibidas serán incorporadas en un Registro que funcionará en la Subgerencia de Atención al Usuario, consolidando así el proceso de consulta pública previo a la definición final del nuevo esquema tarifario.

Impacto institucional y proyección del proceso

La apertura de este procedimiento constituye un paso institucional clave en la redefinición de las tarifas de peaje de los corredores viales concesionados, al articular los derechos de los usuarios, las obligaciones contractuales de la concesionaria y las facultades regulatorias del Estado.

El proceso participativo no implica aún la aprobación definitiva de los nuevos valores, pero habilita el marco formal para que la ciudadanía y los actores interesados expresen sus opiniones antes del dictado del acto administrativo final, que quedará en cabeza de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme al Artículo 20° del Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas.

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Frigerio celebró el inicio de obras de las Rutas 12 y 14

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El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, destacó públicamente al presidente Javier Milei por la puesta en marcha de obras en las rutas nacionales 12 y 14, dos corredores estratégicos del litoral argentino y del Mercosur. Con máquinas ya operando en los tramos más críticos, la intervención marca un punto de inflexión tras años de deterioro, con impacto directo en la seguridad vial, la logística productiva, el turismo y la integración regional.

Rutas 12 y 14: inicio de obras tras años de reclamos y deterioro

Mientras persisten déficits de mantenimiento en otras rutas nacionales, como la 5 y la 151, en la región litoral se celebra el comienzo de obras trascendentes sobre las rutas 12 y 14, corredores clave para la conectividad de Entre Ríos y del país. Los trabajos apuntan a mejorar la transitabilidad, preservar la salud de las personas, cuidar el parque automotor y optimizar la fluidez del tránsito en pasos esenciales para la producción y el turismo.

Frigerio confirmó que las máquinas ya trabajan en los sectores más comprometidos y subrayó el carácter inédito del proceso: se trata de la primera concesión de rutas nacionales activada en el país. En su cuenta de X, el mandatario provincial afirmó: “Las rutas 12 y 14 vuelven a ponerse en marcha en Entre Ríos”, y atribuyó el avance a una gestión provincial firme y a un Gobierno nacional que escuchó, comprendió la urgencia y dio prioridad al pedido.

La Ruta del Mercosur y su impacto en la economía real

Las rutas 12 y 14 conforman la denominada Ruta del Mercosur, un eje neurálgico para el transporte de cargas, la logística internacional, las economías regionales y el turismo. Por estos corredores circula gran parte de la producción entrerriana y del litoral con destino a puertos, pasos fronterizos y mercados del Mercosur, especialmente Brasil, Uruguay y Paraguay.

En ese marco, Frigerio remarcó: “La Ruta del Mercosur es un eje clave para la producción, la logística y el turismo. Avanzar con esta intervención es empezar a saldar una deuda histórica y mejorar la circulación y la seguridad vial después de tantos años de abandono”. La mejora de la infraestructura reducirá tiempos de traslado y costos logísticos, fortaleciendo la competitividad del sector agroindustrial y exportador.

Concesiones, inversión privada y respaldo económico

El impulso a las obras se inscribe en la Red Federal de Concesiones – Etapa I, cuyos contratos fueron firmados el martes 6 de enero para la concesión de más de 700 kilómetros de rutas en todo el país, con financiamiento privado. En este esquema, la empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. tomó posesión de la Autovía del Mercosur (ex tramo oriental), gestionando no solo las rutas 12 y 14, sino también las rutas 135, A015 y 117, que atraviesan Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, respaldó la medida y subrayó que estos kilómetros “son parte del corredor del Mercosur, que facilita el comercio con Brasil y Uruguay, y conecta pasos fronterizos estratégicos”. Al repostear el mensaje de Frigerio, anticipó además que “próximamente, las etapas 2 y 3” del plan se harán realidad.

Caputo había señalado previamente que este proceso constituye “el primer paso hacia una red vial moderna de más de 9.000 km concesionados”, destinada a reducir costos para el sector productivo y a reemplazar un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro.

Seguridad vial, turismo y desarrollo regional

Entre los objetivos centrales de la intervención se destaca la mejora de la seguridad vial, con reducción de accidentes en tramos afectados por baches, deformaciones y falta de mantenimiento. La obra beneficiará tanto al transporte pesado como a los vehículos particulares, con un impacto positivo en el turismo entrerriano, especialmente en temporadas de alta circulación hacia destinos termales y recreativos.

En términos institucionales y económicos, la reactivación de estas obras refuerza el rol de Entre Ríos como nodo estratégico del comercio regional, impulsa la integración con el Mercosur y recupera infraestructura esencial para un desarrollo sostenible, con efectos concretos en la vida cotidiana de miles de usuarios.

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Red Federal de Concesiones: rutas clave del Mercosur pasan a manos privadas sin subsidios

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En la antesala de un vencimiento de deuda relevante, el Gobierno nacional formalizó la firma de los contratos que habilitan la concesión, explotación y mantenimiento de 741 kilómetros de rutas estratégicas del Mercosur. Se trata de los primeros tramos de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones, un esquema sin subsidios públicos y financiado con peajes, que busca trasladar la gestión vial al sector privado, pero que ya genera cuestionamientos por el impacto en los usuarios, el estado de la infraestructura y la ausencia de compromisos de obras de ampliación.

La medida quedó oficializada a tres días de un vencimiento clave de deuda, en un contexto fiscal restrictivo y de fuerte ajuste del gasto público. A partir del 7 de enero, las empresas adjudicatarias asumirán la operación de corredores centrales para el transporte de cargas y pasajeros, en una decisión con implicancias económicas, logísticas e institucionales.

Rutas estratégicas del Mercosur y un cambio de modelo de gestión

Las concesiones alcanzan a 741 kilómetros de rutas nacionales, correspondientes al Tramo Oriental y al Tramo Conexión, los primeros segmentos de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC). En el caso del Tramo Oriental, la empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. asumirá la explotación de la red, que pasará a denominarse Autovía del Mercosur. En tanto, el Tramo Conexión, rebautizado Conexión Alto Delta, quedará a cargo de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A.

El Tramo Oriental incluye rutas nacionales clave como la RN 12, RN 14, RN 135, RN A015 y RN 117, atravesando las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. Este corredor constituye una pieza central del Mercosur terrestre, al articular la logística regional y el comercio con Brasil y Uruguay mediante pasos fronterizos estratégicos como Colón–Paysandú, Concordia–Salto Grande y Paso de los Libres–Uruguaiana.

Por su parte, el Tramo Conexión comprende el Puente Rosario–Victoria (RN 174), un enlace vital entre Entre Ríos y Santa Fe, que refuerza el flujo comercial hacia el Gran Rosario, uno de los principales nodos productivos y portuarios del país.

Desde el Ejecutivo, la designación de estas concesiones es presentada como un hito en la política vial, con el objetivo de incorporar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales en etapas sucesivas bajo el esquema de la RFC, desplazando la administración directa del Estado y promoviendo la inversión privada en infraestructura.

Concesiones sin subsidios, peajes y supervisión estatal

Según el comunicado oficial, el nuevo modelo funcionará sin subsidios del sector público, a diferencia del esquema anterior, que requería aportes estatales aun sin garantizar mejoras sustantivas para los usuarios. Los contratos otorgan a las concesionarias la gestión integral de las rutas, que incluye operación, mantenimiento, servicios al usuario y posibles explotaciones complementarias.

El financiamiento de estas obligaciones se realizará a través de un sistema de peajes, que será la principal fuente de ingresos para las empresas. En ese marco, el ministro Luis Caputo celebró públicamente el anuncio de la Etapa I de las concesiones viales, destacando el avance del esquema en línea con el objetivo de equilibrio fiscal.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) será el organismo responsable de la supervisión de los contratos, con la tarea de evaluar resultados y exigir condiciones que garanticen la seguridad y transitabilidad de los corredores. Al frente de la DNV se encuentra el ingeniero Marcelo Jorge Campoy, quien ya había ocupado el cargo en 1999 durante el gobierno de Menem y regresó a la conducción del organismo en julio de 2024, tras la renuncia de Raúl Bertola.

Críticas, reclamos provinciales y la denuncia de un “Club del Peaje”

Pese a los objetivos oficiales, la iniciativa no estuvo exenta de cuestionamientos. Gobernadores de distintas provincias expresaron públicamente su preocupación por el estado de las rutas nacionales. A mediados de 2025, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, llegó incluso a recomendar a los conductores utilizar rutas provinciales en lugar de nacionales, al describir el estado de estas últimas como “catastrófico”.

Desde el Gobierno nacional, los recortes en mantenimiento se inscriben en el plan de Déficit Cero, aun cuando, según distintos actores, esas decisiones impactan negativamente sobre la productividad y los costos logísticos del país.

En ese contexto, el presidente del Comité Nacional del Usuario Vial (Conaduv), Ricardo Lasca, denunció que el sistema de licitaciones viales deriva en tarifas de peaje elevadas, sin compromisos claros de obras de ampliación o mejoras estructurales. Según advirtió, las concesiones se limitarían a tareas básicas como corte de pasto y bacheo, una crítica publicada por el sitio Construar.

Lasca calificó el esquema como un “Club del Peaje”, al sostener que no ofrece beneficios concretos ni contraprestaciones reales para los usuarios y que funciona como una “caja fácil” para empresas vinculadas al poder. En una entrevista concedida el 05/01 al medio Realpolitik, afirmó: “Quiero aclarar que hubo aumentos de tarifas, no de peajes, sino que es un impuesto al tránsito, también en Córdoba y en Santa Fe. Va a haber a nivel nacional con las nuevas concesiones del presidente Milei”.

Licitación, antecedentes y expectativas oficiales

La puesta en marcha de los tramos concesionados es el resultado de un proceso de licitación pública nacional e internacional, que atrajo a múltiples oferentes y fue lanzado en 2025 mediante la Resolución 29/2025 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial.

Desde el Ejecutivo sostienen que la adjudicación y el manejo profesionalizado de los corredores podrían incrementar la eficiencia del transporte terrestre, reducir tiempos de traslado y bajar costos logísticos para la circulación de cargas y pasajeros. Al mismo tiempo, el Gobierno apuesta a que la integración de estas rutas fortalezca la competitividad regional y la conectividad internacional.

Sin embargo, el debate permanece abierto. A pocos días de un vencimiento financiero relevante, la decisión de avanzar con concesiones sin subsidios y con peajes como principal fuente de financiamiento vuelve a poner en discusión el equilibrio entre ajuste fiscal, calidad de los servicios públicos y el impacto directo sobre los usuarios y la producción.

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Autovía y el consorcio ObrIng se quedan con los primeros tramos de la Red Federal de Concesiones

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Economía adjudica la primera etapa de la Red Federal de Concesiones y desestima dos ofertas por incumplimientos formales

La Secretaría de Transporte aprobó la segunda etapa del proceso licitatorio para la concesión por peaje del Tramo Oriental y del Tramo Conexión de la “Red Federal de Concesiones – Etapa N° 1”, adjudicando ambos segmentos a empresas privadas y rechazando dos ofertas por apartamientos del pliego. La medida se formalizó mediante la Resolución 80/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial.

Un proceso enmarcado en la Ley 17.520 y en la reorganización iniciada por la Ley 27.742

La resolución se dicta en el marco del esquema regulatorio definido por la Ley 17.520 —modificada por la Ley 27.742—, que faculta al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar concesiones de obras e infraestructuras públicas bajo la modalidad de peaje. Asimismo, retoma los lineamientos del Decreto 713/2024, que designó al Ministerio de Economía como autoridad de aplicación, y del Decreto 28/2025, que dispuso la licitación de los tramos de la Red Vial Nacional incluidos en el Anexo IF-2025-00934117-APN-DNV#MEC.

La Secretaría de Transporte había convocado al proceso licitatorio mediante la Resolución 29/2025, posteriormente complementada con la Resolución 71/2025, que precalificó ofertas y abrió el segundo sobre el 4 de noviembre. La licitación 504-0007-LPU25 comprendió dos unidades: el Tramo Oriental y el Tramo Conexión, ambos pertenecientes a la etapa inicial del proyecto “Red Federal de Concesiones”.

Conforme lo establece el artículo 5° de la Resolución 29/2025, las publicaciones del llamado se realizaron en el Boletín Oficial, el sitio DG Market, el portal oficial de la Secretaría de Transporte y el sistema CONTRAT.AR. La apertura del segundo sobre quedó registrada en el Acta de 4 de noviembre, en la que participaron seis grupos de empresas oferentes.

Ofertas desestimadas y adjudicación final de los tramos licitados

La Dirección de Contrataciones de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Infraestructura informó el cumplimiento de los plazos de vista y observaciones previstos en el artículo 11 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. Los oferentes Benito Roggio S.A., JCR S.A.–Rovella Carranza S.A.–Losi S.A. y Panedile S.A. tomaron vista de las actuaciones.

Tras el análisis técnico-económico, la Comisión de Concesiones observó que dos ofertas incorporaban “condicionamientos ajenos al modelo de Formulario de Cotización” dispuesto en los pliegos: las de ELEPRINT S.A.–SUPERCEMENTO S.A.I.C.–PANEDILE ARGENTINA S.A.I.C.F.E.I. y JOSÉ J. CHEDIACK S.A.I.C.A.–BENITO ROGGIO E HIJOS S.A..

La resolución señala que estos agregados representan “un apartamiento sustancial” de los requisitos del pliego, afectan la comparabilidad y vulneran el principio de igualdad entre oferentes. En consecuencia, ambas propuestas fueron desestimadas conforme a los artículos 7.1 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 17.1 del Pliego de Bases Generales.

En cuanto a las ofertas admisibles, la Comisión concluyó que: AUTOVÍA Construcciones y Servicios S.A. presentó la propuesta más conveniente para el Tramo Oriental, cumpliendo con todas las exigencias técnicas y económicas. El consorcio integrado por OBRING S.A. – ROVIAL S.A. – EDECA S.A. – PITÓN S.A. – PIETROBONI S.A. resultó adjudicatario del Tramo Conexión, ajustándose plenamente a los pliegos.

El dictamen de la comisión, publicado en el portal CONTRAT.AR según el artículo 15.7 del Pliego General, no recibió impugnaciones. De este modo, la Resolución 80/2025 formaliza la adjudicación y notifica a todas las empresas oferentes listadas en el procedimiento.

Próximos pasos

La Secretaría de Transporte resolvió aprobar lo actuado en esta segunda etapa, adjudicar los tramos mencionados y desestimar las ofertas que no se ajustaron al pliego. La resolución instruye, además, la notificación a todas las compañías participantes y dispone la publicación correspondiente en el Boletín Oficial.

El acto administrativo se dicta en ejercicio de las facultades delegadas al Ministerio de Economía por el artículo 2°, inciso c) del Decreto 28/2025.

Con esta medida, el Gobierno completa una instancia clave del proceso licitatorio para la Etapa N° 1 de la Red Federal de Concesiones, en un marco normativo que busca reorganizar la gestión y el financiamiento de obras viales bajo esquemas de peaje administrados por operadores privados.

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Caputo inicia el proceso de privatización total de Corredores Viales SA

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El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, oficializó mediante la Resolución 1284/2025 el inicio del proceso de privatización total de Corredores Viales SA, empresa estatal que administra más de 6.000 kilómetros de rutas nacionales. La medida implica la extinción de los contratos de concesión actuales, el llamado a licitación para nuevas concesiones viales con peaje y la posterior disolución y liquidación de la sociedad anónima.

Según la normativa, la privatización deberá completarse en un plazo de 12 meses desde la entrada en vigencia de la resolución, publicada este 1° de septiembre en el Boletín Oficial.

De empresa estatal a concesión privada: los pasos del proceso

La decisión del Gobierno se enmarca en lo dispuesto por la Ley 27.742, que incluyó a Corredores Viales SA en el listado de compañías sujetas a privatización bajo el régimen de la Ley de Reforma del Estado N.° 23.696.

El procedimiento, delineado por el Decreto 97/2025, establece tres fases:

  1. Extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes (Tramos I a V, VI y VII a X).
  2. Licitación pública nacional e internacional de nuevos contratos de concesión de obra pública por peaje, en los términos de la Ley 17.520.
  3. Disolución y liquidación de Corredores Viales SA una vez perfeccionados los nuevos contratos.

La Secretaría de Transporte será la responsable de diseñar y ejecutar la licitación, mientras que la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” tendrá a su cargo la coordinación y control del proceso, incluyendo la tasación de bienes y flujos futuros de concesión, que será realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

El Gobierno dispuso además que todos los procedimientos se llevarán adelante a través de la plataforma electrónica CONTRAT.AR, como parte de la política de digitalización y transparencia en contrataciones públicas.

Un cambio estructural en la gestión vial

Corredores Viales SA fue creada en 2017 como sociedad anónima con participación estatal mayoritaria para administrar de manera directa rutas nacionales estratégicas. En los últimos años, gestionaba más de 6.000 kilómetros de autopistas y rutas nacionales con peaje, luego de la caducidad de contratos con concesionarias privadas.

Con la nueva normativa, el Ejecutivo busca transferir nuevamente al sector privado la explotación de la red vial nacional, argumentando que la modalidad concesionada permitirá eficiencia en la gestión, mejoras en infraestructura y alivio en las cuentas públicas.

La resolución explicita que no se aplicarán programas de propiedad participada ni preferencias para trabajadores, previstos en la Ley 23.696, lo que marca una diferencia respecto a los procesos de privatización de los años noventa.

La privatización de Corredores Viales SA tendrá impacto directo en transportistas, usuarios de rutas nacionales y provincias donde operan los corredores. El traspaso a concesionarias privadas conllevará la redefinición del esquema tarifario de peajes, que será uno de los ejes de debate público en los próximos meses.

En el plano político, la decisión es consistente con la estrategia del Gobierno de reducir la participación del Estado en empresas públicas, como ya sucedió con Aerolíneas Argentinas y AySA, incluidas en la misma normativa de privatización.

Los sindicatos vinculados al sector vial, en particular el Sindicato de Trabajadores de Peajes (SUTPA) y gremios de Vialidad Nacional, anticipan un escenario de tensión por el impacto en los puestos de trabajo, ya que la resolución prevé la disolución de la empresa sin mecanismos de participación accionaria de empleados.

Licitación en 2026 y un nuevo esquema vial

El calendario oficial prevé que las licitaciones se realicen durante 2026, con adjudicación de contratos antes del segundo semestre. A partir de entonces, las empresas privadas concesionarias quedarán a cargo del mantenimiento, explotación y cobro de peajes en la red vial nacional.

La disolución definitiva de Corredores Viales SA dependerá de la adjudicación y perfeccionamiento de los contratos, lo que implica que la transición operativa deberá coordinarse con los nuevos operadores para evitar interrupciones en la gestión vial.

La medida constituye uno de los procesos de privatización más relevantes en materia de infraestructura de transporte desde la década del noventa, y será un banco de prueba para el modelo de concesión que el Gobierno busca replicar en otros servicios públicos estratégicos.

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