Concesiones Viales

Vialidad redefine su estructura: crea áreas clave para concesiones, obras y mantenimiento

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La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) aprobó una nueva estructura organizativa de primer nivel operativo que reorganiza funciones estratégicas vinculadas con planificación, concesiones, licitaciones, mantenimiento y ejecución de obras. Aunque el decreto no implica nuevas inversiones ni obras concretas, sí redefine el esquema de gestión del principal organismo vial del país, un movimiento que anticipa cómo el Gobierno busca administrar la red nacional en una etapa marcada por una mayor participación de concesionarios privados y una fuerte racionalización del gasto público.

El Decreto 533/2026 establece una nueva arquitectura institucional para la DNV, reemplazando la estructura vigente desde 2017 y habilitando un rediseño interno que alcanzará hasta 24 jefaturas de distrito, 18 subgerencias, 114 divisiones y áreas específicas de auditoría.

Más allá del aspecto administrativo, la reforma revela cuáles serán las prioridades operativas del organismo en los próximos años: control de concesiones, planificación estratégica, mantenimiento de rutas y gestión de contratos.

La nueva estructura incorpora cinco gerencias ejecutivas directamente vinculadas al negocio vial: Planeamiento, Control de Concesiones, Proyectos y Obras, Mantenimiento y Calidad, y Licitaciones y Contrataciones.

La señal más relevante para el mercado de infraestructura aparece en la creación de una Gerencia Ejecutiva de Control de Concesiones, con facultades para supervisar contratos, evaluar rentabilidad de concesionarios, analizar actualizaciones tarifarias y controlar planes de inversión.

La decisión coincide con la estrategia oficial de ampliar los esquemas concesionados para la operación y mantenimiento de corredores nacionales, reduciendo el peso de la obra pública financiada íntegramente por el Estado.

Para constructoras, operadores viales y proveedores de servicios, la creación de un área específica de control implica reglas más centralizadas para el seguimiento contractual y la fiscalización de inversiones comprometidas.

Anexo 1 Decreto 533/2026 by CristianMilciades

Qué cambia para el sector productivo

La infraestructura vial es uno de los costos invisibles que más impactan sobre la competitividad de las economías regionales. En provincias exportadoras y productoras del NEA, la calidad de la red vial determina tiempos logísticos, costos de transporte y acceso a mercados.

La nueva Gerencia de Planeamiento tendrá entre sus responsabilidades elaborar estudios técnicos y económicos sobre la Red Vial Nacional, diseñar modelos de gestión, evaluar nuevas concesiones y planificar la incorporación de tecnologías inteligentes para la operación de rutas.

Para sectores como la forestoindustria, la yerba mate, el té, la producción citrícola o la industria alimentaria, una mayor profesionalización en la planificación vial podría traducirse en una mejor identificación de corredores estratégicos para el transporte de cargas.

Otro de los cambios relevantes es la creación de una Gerencia Ejecutiva de Licitaciones y Contrataciones con responsabilidad sobre todos los procesos de compras, obras y servicios del organismo.

La nueva dependencia concentrará la planificación de licitaciones y contrataciones. La elaboración del Plan Anual de Compras. La supervisión de ofertas técnicas y económicas. El seguimiento de concesiones y renegociaciones contractuales. La implementación de mecanismos de control y transparencia.

Para empresas constructoras y proveedoras del Estado, la medida apunta a homogeneizar criterios y reducir dispersión administrativa en los procesos de contratación.

Mantenimiento: la prioridad operativa

La estructura también fortalece el área de Mantenimiento y Calidad, que tendrá a su cargo la conservación integral de la Red Vial Nacional, la coordinación ante emergencias, el control de señalización y la supervisión técnica de contratos de mantenimiento.

La decisión resulta significativa porque, en un escenario de restricciones presupuestarias, la conservación de rutas existentes suele adquirir mayor relevancia que la construcción de nuevas trazas.

El nuevo esquema contempla además monitoreo permanente del estado de la red, asistencia técnica a distritos y desarrollo de tecnologías viales sustentables.

Para las provincias del nordeste argentino, donde la logística terrestre continúa siendo el principal medio de salida de producción hacia puertos y centros de consumo, la reorganización de Vialidad tiene una lectura práctica.

La permanencia de las 24 jefaturas distritales garantiza continuidad territorial en la gestión operativa. Al mismo tiempo, la centralización de planificación, concesiones y contrataciones busca acelerar decisiones y mejorar la coordinación entre las áreas técnicas y los distritos.

La clave para las economías regionales no estará en el nuevo organigrama en sí mismo, sino en su capacidad para traducirse en mayor mantenimiento de corredores productivos, ejecución más eficiente de obras estratégicas y mecanismos ágiles de contratación.

La nueva estructura de Vialidad muestra una orientación clara hacia la gestión por resultados, el control de concesiones y la planificación estratégica de la red nacional. El desafío comienza ahora: convertir una reorganización administrativa en mejoras concretas sobre la infraestructura.

Para el sector privado, el indicador relevante no será la cantidad de gerencias creadas, sino la velocidad con que el organismo pueda licitar obras, fiscalizar concesiones y sostener niveles adecuados de mantenimiento en los corredores que conectan la producción regional con los mercados nacionales e internacionales.

Anexo 2 Decreto 533/2026 by CristianMilciades

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Vialidad habilita suba de peajes en Zárate tras validar obras privadas sobre las rutas 12 y 14

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La Dirección Nacional de Vialidad autorizó la aplicación de nuevas tarifas en la estación de peaje Zárate, sobre la Ruta Nacional 12, luego de aprobar la finalización de las obras iniciales de rehabilitación ejecutadas por la concesionaria Autovía del Mercosur S.A.U. en el denominado Tramo Oriental de la Red Federal de Concesiones. La medida formaliza uno de los primeros casos concretos del nuevo esquema impulsado por el Gobierno nacional para trasladar al sector privado la operación, mantenimiento y recuperación de corredores estratégicos de la red vial federal.

La decisión quedó plasmada en la Resolución 717/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, donde Vialidad certificó que las obras comprometidas en la sección Zárate fueron ejecutadas sin atrasos respecto del cronograma previsto y habilitó así la entrada en vigencia de la “tarifa de oferta”, contemplada en el contrato de concesión.

La actualización tarifaria comenzará a regir una vez que los nuevos cuadros sean difundidos durante dos días consecutivos en medios periodísticos de la zona de influencia y publicados en el sitio oficial del organismo nacional.

Un corredor clave para el comercio regional

Las obras alcanzaron 203 kilómetros sobre las rutas nacionales 12 y 14, en el tramo comprendido entre Zárate y Gualeguaychú, uno de los corredores logísticos más sensibles del Mercosur por donde circula gran parte del transporte de cargas entre Argentina, Brasil y Uruguay.

El corredor tiene además un impacto indirecto sobre las economías regionales del NEA, especialmente Misiones, cuya matriz exportadora depende de la conectividad terrestre para el traslado de madera, pasta celulosa, té, yerba mate y productos industriales hacia los puertos y centros de consumo del país.

En términos políticos y económicos, el Gobierno busca mostrar este avance como una validación temprana del modelo de concesión privada aplicado a la infraestructura vial. De hecho, desde Vialidad remarcaron que las obras previstas originalmente para ejecutarse durante el primer año de contrato fueron completadas “en pocos meses” mediante financiamiento privado.

La estrategia oficial apunta a acelerar la modernización de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales sin recurrir a financiamiento directo del Tesoro, en línea con la política de ajuste fiscal y reducción del gasto público impulsada por la administración nacional.

Según el detalle técnico presentado por la concesionaria y auditado por Vialidad Nacional, las tareas incluyeron: Bacheo profundo y superficial, Recambio de losas de hormigón, Recalce de banquinas, Señalización horizontal y vertical, Reparación de luminarias, e Intervenciones de seguridad vial.

El esquema contractual contempla tres grandes tipos de intervenciones: obras iniciales de puesta en valor, obras obligatorias previstas en los contratos y futuras obras de rehabilitación integral mediante repavimentación.

La lógica oficial es clara: primero recuperar condiciones mínimas de transitabilidad y luego habilitar el esquema tarifario pleno para garantizar el recupero privado de la inversión.

Nuevas tarifas en Zárate

Con la aprobación oficial, la estación de peaje Zárate aplicará nuevos valores tarifarios. Para los vehículos de categoría 0, la tarifa con modalidad automática quedó fijada en $2.353,67, mientras que el pago manual electrónico ascenderá a $4.707,32.

En tanto, para la categoría 1, los valores pasarán a $4.707,32 y $9.414,65, respectivamente.

La actualización anticipa el sendero de aumentos que probablemente comenzará a replicarse en otros corredores concesionados a medida que las empresas completen las obras iniciales exigidas en los contratos.

La experiencia sobre las rutas 12 y 14 funciona como caso testigo de la nueva Red Federal de Concesiones. El Gobierno apuesta a exhibir velocidad de ejecución y mejora visible en corredores estratégicos para consolidar un esquema donde el usuario financia directamente la infraestructura mediante peajes crecientes.

Sin embargo, el avance del modelo también abre interrogantes sobre el impacto logístico y económico en regiones periféricas como Misiones, donde el costo del transporte ya representa uno de los principales factores de pérdida de competitividad.

Para sectores exportadores del NEA, una mejora en la transitabilidad puede traducirse en menores tiempos logísticos, reducción de siniestros y menor desgaste operativo. Pero al mismo tiempo, el incremento sostenido de peajes agrega presión sobre una estructura de costos ya afectada por combustibles, tipo de cambio y caída del consumo interno.

La discusión de fondo empieza a correrse así desde la obra pública tradicional hacia un nuevo equilibrio entre inversión privada, tarifas y competitividad regional, en una red vial donde el Mercosur sigue siendo el corazón del flujo comercial argentino.

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El Gobierno delega en provincias la concesión de rutas nacionales y redefine el esquema de poder vial

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El Gobierno avanzó con una reconfiguración concreta del mapa de poder sobre la infraestructura vial: a través del Decreto 253/2026, delegó en las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz la facultad de otorgar concesiones de obra pública por peaje sobre tramos de rutas nacionales.

La decisión, formalizada el 16 de abril, introduce un cambio operativo relevante. Las provincias podrán licitar, adjudicar y firmar contratos con privados o entes públicos para la administración, reparación, ampliación y mantenimiento de rutas, aunque sin perder de vista un límite clave: el dominio y la jurisdicción siguen en manos del Estado nacional.

El movimiento se inscribe en una lógica más amplia de reorganización estatal y plantea una tensión de fondo: ¿se trata de un avance hacia un federalismo más dinámico o de una transferencia de responsabilidades sin cesión real de poder estructural?

Delegación sin pérdida de control

El decreto se apoya en la Ley 17.520 de concesiones de obra pública, el Decreto-Ley 505/58 sobre el sistema troncal y la Ley 27.742, que promueve la reorganización del Estado. Sobre ese entramado, el Ejecutivo construye una figura específica: delegación funcional, limitada, temporal y revocable.

No hay transferencia de activos ni de jurisdicción. Sí hay traslado de facultades clave: las provincias podrán diseñar pliegos, convocar licitaciones, seleccionar concesionarios y firmar contratos. En términos prácticos, pasan a ser concedentes.

Pero ese poder está condicionado. Cada proceso deberá pasar por convenios con la Dirección Nacional de Vialidad, que evaluará la viabilidad técnica y económica, y por la aprobación de la Secretaría de Transporte. Además, el sistema mantiene auditoría y supervisión nacional.

El esquema fija plazos concretos. Las provincias tendrán un año para convocar licitaciones desde la aprobación del convenio y hasta 90 días hábiles para adjudicar y firmar contratos. Si no lo hacen, la delegación cae. Y aun cuando se concreten, los contratos no podrán superar los 30 años.

En paralelo, el decreto establece restricciones operativas: los ingresos por peaje no podrán financiar otras obras y los tramos no podrán integrarse en corredores que involucren distintas jurisdicciones. La lógica es segmentada, no sistémica.

Provincias empoderadas, Nación supervisora

La medida fortalece a los gobiernos provinciales en un terreno sensible: la infraestructura vial, clave para el desarrollo económico y la logística regional. Les otorga herramientas concretas para gestionar financiamiento, especialmente a través del sistema de peaje.

Al mismo tiempo, preserva el rol estratégico del Estado nacional. Retiene la titularidad, el control técnico y la capacidad de reasumir la gestión por razones de interés público. Es un equilibrio deliberado: descentralización operativa con centralización normativa.

En términos políticos, el decreto puede reordenar relaciones entre Nación y provincias. Aquellas que ya manifestaron interés —las nueve incluidas— pasan a tener un canal directo para intervenir en rutas nacionales. Otras jurisdicciones podrán sumarse, pero deberán solicitarlo formalmente.

También hay implicancias económicas. El esquema habilita nuevas concesiones y, con ellas, posibles inversiones privadas en infraestructura. Pero introduce una variable: cada provincia definirá condiciones económicas —como tarifas y plazos— dentro de parámetros generales. La homogeneidad del sistema podría tensionarse.

Ejecución, contratos y coordinación

El decreto abre un proceso más que cerrarlo. El primer paso será la firma de convenios con Vialidad Nacional, donde se definirán tramos específicos, condiciones y responsabilidades. Luego vendrán las licitaciones, con un plazo exigente de un año.

El foco estará en la capacidad de las provincias para estructurar proyectos viables, con financiamiento claro y equilibrio económico-financiero. También en la coordinación con el Estado nacional, que mantiene la supervisión y podrá intervenir si detecta desvíos o riesgos para el sistema vial.

En paralelo, queda latente una cuestión estructural: cómo impactará este esquema en la integración del sistema troncal nacional. La fragmentación en tramos gestionados por distintas jurisdicciones puede mejorar la respuesta local, pero exige coordinación para evitar asimetrías.

El decreto no modifica la titularidad de las rutas, pero sí altera quién toma decisiones cotidianas sobre ellas. Ese desplazamiento, aunque condicionado, reconfigura el mapa de poder en la obra pública.

Habrá que observar si la implementación consolida un modelo de gestión más ágil o si emergen tensiones entre niveles de gobierno, especialmente cuando entren en juego intereses económicos, tarifas y contratos de largo plazo.

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Vialidad abre una consulta pública para actualizar las tarifas de peaje en los corredores viales

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La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) dispuso la apertura del Procedimiento de Elaboración Participativa de Normas para avanzar con la aprobación de un nuevo esquema tarifario en los peajes concesionados a Corredores Viales S.A. La medida, formalizada mediante la Resolución 42/2026, habilita un período de consulta ciudadana de 15 días hábiles administrativos y constituye un paso previo obligatorio antes de la eventual actualización de tarifas, en línea con los criterios constitucionales de razonabilidad, gradualidad y transparencia en servicios públicos esenciales.

La decisión fue adoptada en la Ciudad de Buenos Aires el 13 de enero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial los días 14 y 15 de enero de 2026, bajo el número 1808/26, en el marco del expediente EX-2025-138657392-APN-DNV#MEC.

Consulta ciudadana y actualización tarifaria: el procedimiento que activa Vialidad Nacional

La Resolución RESOL-2026-42-APN-DNV#MEC declara formalmente la apertura del procedimiento previsto en el Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas, aprobado por el Artículo 3° del Decreto N.° 1.172/2003, para el Proyecto de Aprobación de los Cuadros Tarifarios aplicables a los Contratos de Concesión de los Corredores Viales Tramos I al X.

El proceso se inicia a partir de una solicitud presentada por Corredores Viales S.A., que requirió la aplicación del apartado 8.2 de la Cláusula Octava de los Contratos de Concesión, junto con el Artículo 49° para los Tramos I a V y el Artículo 50° para los Tramos VI a X de los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales. En ese marco, la concesionaria sometió a consideración un cuadro tarifario para su análisis y eventual aprobación.

La Dirección Nacional de Vialidad, organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Economía conforme al Decreto N.° 644/2024, y bajo el control tutelar de la Secretaría de Obras Públicas según el Decreto N.° 866/2025, elaboró los informes técnicos correspondientes, los cuales fueron remitidos a dicha Secretaría. A partir de ese análisis, se consideró “apropiada la implementación de la tarifa propuesta por la empresa concesionaria”.

Posteriormente, la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones confeccionó los nuevos cuadros tarifarios, respetando la escala entre categorías de vehículos prevista en los contratos de concesión vigentes, y promovió la actualización para los Tramos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X.

Fundamentos constitucionales, participación y resguardo de los usuarios

La resolución pone el acento en el Artículo 42 de la Constitución Nacional, que garantiza los derechos de los usuarios a la protección de sus intereses económicos, a una información adecuada y veraz, y a condiciones de trato equitativo y digno, así como el deber del Estado de controlar la calidad y eficiencia de los servicios públicos.

En ese sentido, la Subgerencia de Atención al Usuario destacó que la implementación de un procedimiento participativo previo al dictado de actos de alcance general “es altamente beneficiosa”, ya que permite una mayor eficacia administrativa y un mayor grado de acierto en decisiones que impactan directamente sobre los usuarios del sistema vial.

La medida también se apoya en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, citando el fallo CSJN 339:1077, donde el máximo tribunal fijó criterios rectores sobre la razonabilidad de la política tarifaria en servicios públicos esenciales. Según ese precedente, el Estado debe actuar con “especial prudencia y rigor” al fijar tarifas, asegurando certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad, y evitando restricciones arbitrarias o desproporcionadas a los derechos de los usuarios.

Bajo ese marco, Vialidad Nacional resolvió aplicar el mecanismo previsto en el Anexo V del Decreto N.° 1.172/03, que regula la participación ciudadana en la elaboración de normas, designando como autoridades responsables del procedimiento a la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones y a la Subgerencia de Atención al Usuario.

Plazos, acceso a la información y canales habilitados

A partir del día siguiente a la última publicación en el Boletín Oficial, los interesados cuentan con un plazo de QUINCE (15) días hábiles administrativos para acceder a los proyectos de norma y a los cuadros tarifarios propuestos.

La documentación estará disponible en el sitio web oficial de la Dirección Nacional de Vialidad, dentro de la sección “Espacios Participativos”, y también podrá ser consultada a través del sistema Trámite a Distancia (TAD), seleccionando la opción “Presentación ciudadana ante el poder ejecutivo”, en el marco del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

Asimismo, se aprobó el “Formulario para la Presentación de Opiniones y Propuestas” (Anexo II – IF-2026-02978183-APN-RRIICP#DNV), conforme a lo dispuesto en el Artículo 15 del Reglamento y el Anexo VI del Decreto N.° 1.172/03. Dicho formulario podrá descargarse, completarse y enviarse en formato PDF a la dirección atencionalusuario@vialidad.gob.ar dentro del plazo establecido.

Las opiniones y propuestas recibidas serán incorporadas en un Registro que funcionará en la Subgerencia de Atención al Usuario, consolidando así el proceso de consulta pública previo a la definición final del nuevo esquema tarifario.

Impacto institucional y proyección del proceso

La apertura de este procedimiento constituye un paso institucional clave en la redefinición de las tarifas de peaje de los corredores viales concesionados, al articular los derechos de los usuarios, las obligaciones contractuales de la concesionaria y las facultades regulatorias del Estado.

El proceso participativo no implica aún la aprobación definitiva de los nuevos valores, pero habilita el marco formal para que la ciudadanía y los actores interesados expresen sus opiniones antes del dictado del acto administrativo final, que quedará en cabeza de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme al Artículo 20° del Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas.

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Frigerio celebró el inicio de obras de las Rutas 12 y 14

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El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, destacó públicamente al presidente Javier Milei por la puesta en marcha de obras en las rutas nacionales 12 y 14, dos corredores estratégicos del litoral argentino y del Mercosur. Con máquinas ya operando en los tramos más críticos, la intervención marca un punto de inflexión tras años de deterioro, con impacto directo en la seguridad vial, la logística productiva, el turismo y la integración regional.

Rutas 12 y 14: inicio de obras tras años de reclamos y deterioro

Mientras persisten déficits de mantenimiento en otras rutas nacionales, como la 5 y la 151, en la región litoral se celebra el comienzo de obras trascendentes sobre las rutas 12 y 14, corredores clave para la conectividad de Entre Ríos y del país. Los trabajos apuntan a mejorar la transitabilidad, preservar la salud de las personas, cuidar el parque automotor y optimizar la fluidez del tránsito en pasos esenciales para la producción y el turismo.

Frigerio confirmó que las máquinas ya trabajan en los sectores más comprometidos y subrayó el carácter inédito del proceso: se trata de la primera concesión de rutas nacionales activada en el país. En su cuenta de X, el mandatario provincial afirmó: “Las rutas 12 y 14 vuelven a ponerse en marcha en Entre Ríos”, y atribuyó el avance a una gestión provincial firme y a un Gobierno nacional que escuchó, comprendió la urgencia y dio prioridad al pedido.

La Ruta del Mercosur y su impacto en la economía real

Las rutas 12 y 14 conforman la denominada Ruta del Mercosur, un eje neurálgico para el transporte de cargas, la logística internacional, las economías regionales y el turismo. Por estos corredores circula gran parte de la producción entrerriana y del litoral con destino a puertos, pasos fronterizos y mercados del Mercosur, especialmente Brasil, Uruguay y Paraguay.

En ese marco, Frigerio remarcó: “La Ruta del Mercosur es un eje clave para la producción, la logística y el turismo. Avanzar con esta intervención es empezar a saldar una deuda histórica y mejorar la circulación y la seguridad vial después de tantos años de abandono”. La mejora de la infraestructura reducirá tiempos de traslado y costos logísticos, fortaleciendo la competitividad del sector agroindustrial y exportador.

Concesiones, inversión privada y respaldo económico

El impulso a las obras se inscribe en la Red Federal de Concesiones – Etapa I, cuyos contratos fueron firmados el martes 6 de enero para la concesión de más de 700 kilómetros de rutas en todo el país, con financiamiento privado. En este esquema, la empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. tomó posesión de la Autovía del Mercosur (ex tramo oriental), gestionando no solo las rutas 12 y 14, sino también las rutas 135, A015 y 117, que atraviesan Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, respaldó la medida y subrayó que estos kilómetros “son parte del corredor del Mercosur, que facilita el comercio con Brasil y Uruguay, y conecta pasos fronterizos estratégicos”. Al repostear el mensaje de Frigerio, anticipó además que “próximamente, las etapas 2 y 3” del plan se harán realidad.

Caputo había señalado previamente que este proceso constituye “el primer paso hacia una red vial moderna de más de 9.000 km concesionados”, destinada a reducir costos para el sector productivo y a reemplazar un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro.

Seguridad vial, turismo y desarrollo regional

Entre los objetivos centrales de la intervención se destaca la mejora de la seguridad vial, con reducción de accidentes en tramos afectados por baches, deformaciones y falta de mantenimiento. La obra beneficiará tanto al transporte pesado como a los vehículos particulares, con un impacto positivo en el turismo entrerriano, especialmente en temporadas de alta circulación hacia destinos termales y recreativos.

En términos institucionales y económicos, la reactivación de estas obras refuerza el rol de Entre Ríos como nodo estratégico del comercio regional, impulsa la integración con el Mercosur y recupera infraestructura esencial para un desarrollo sostenible, con efectos concretos en la vida cotidiana de miles de usuarios.

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