Conflicto municipal

La Municipalidad de Fachinal negó haber clausurado la Rural, pero revisará la tasa sobre remates

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La Sociedad Rural de Misiones anunció que suspendió las actividades en su predio tras el intento del municipio de Fachinal de aplicar una tasa del 1% a las operaciones de remate. El Ejecutivo local negó haber clausurado el predio y afirmó que sólo dio de baja una habilitación irregular. La disputa será tratada en audiencia ante el Ministerio del Agro.

El presidente de la Sociedad Rural de Misiones (SRM), Matías Pamberger, anunció la suspensión de los remates ganaderos y eventos en el predio ubicado en Fachinal, tras una decisión del Concejo Deliberante y el intendente Miguel Ángel Benítez, que dispusieron el cobro de una tasa del 1% al vendedor y 1% al comprador en cada remate.

Nosotros dijimos que eso no está bien y que no lo íbamos a implementar. Nos acaban de clausurar el predio”, expresó Pamberger en un comunicado dirigido a los productores. Según el dirigente, la medida no solo afecta a la Sociedad Rural, sino a “todas las fiestas patronales y eventos que se realicen en el municipio”, como la Fiesta del Cordero o las jineteadas, que deberían pagar el nuevo gravamen.

La entidad rural consideró que el impuesto es “inviable” para los productores, que ya enfrentan altos costos logísticos y financieros para participar en los remates. “El productor tiene mucho costo como para que le cobren un uno por ciento más”, señaló Pamberger.

La SRM decidió entonces inhabilitar temporalmente el predio y suspender los eventos previstos hasta que el municipio revise la normativa. Sin embargo, tras gestiones ante autoridades provinciales, el dirigente confirmó a Economis que el conflicto “entró en vías de solución” y que el próximo lunes habrá una audiencia en el Ministerio del Agro para resolver las diferencias con el intendente.

La versión oficial del municipio: “No hubo clausura, sino una baja administrativa”

En respuesta al reclamo, la Municipalidad de Fachinal difundió un comunicado oficial en el que desmintió categóricamente haber clausurado el predio de la Sociedad Rural. Según el texto firmado por el intendente Miguel Ángel Benítez, lo que se dispuso fue la baja de una habilitación comercial preexistente, debido a incumplimientos formales y errores en el expediente.

“El permiso se tramitó bajo el rubro de ‘comercio’, que no contempla la organización de eventos masivos”, explicó el Ejecutivo, que además detectó errores en la dirección y datos catastrales de la solicitud original. La administración local argumentó que la medida busca regularizar la situación de las ferias y exposiciones bajo un nuevo esquema de habilitaciones eventuales, con el fin de garantizar la seguridad pública y la correcta tributación.

En paralelo, el municipio reconoció la necesidad de revisar la ordenanza fiscal y tarifaria vigente, por lo que envió al Honorable Concejo Deliberante (HCD) un pedido de anulación de la Ordenanza N° 11/25, con el objetivo de corregir los puntos “ambiguos” del texto que habilitaba el cobro de la tasa del 1%.

Esta medida no es una traba burocrática, sino una respuesta a las necesidades del contribuyente”, señaló el comunicado, subrayando que la regularización permitirá a la SRM “tramitar sus permisos provinciales y nacionales con la documentación municipal correcta”.

Miguel Ángel Benítez, intendente de Fachinal

Instancia de diálogo y revisión de la ordenanza

El enfrentamiento se encamina ahora a una resolución institucional. Según explicó Pamberger, tras una “audiencia acalorada” con el Ejecutivo, el gobierno provincial intervino para destrabar la situación. “Nos llamaron desde el Gobierno y nos dijeron que se solucionó todo, que sigamos adelante con el remate del 5 de noviembre para la comisión de los bufaleros”, confirmó.

Además, el dirigente anticipó que el jueves próximo el Concejo Deliberante de Fachinal tratará una marcha atrás en la tasa del 1%, que podría dejar sin efecto el tributo y permitir la reanudación de las actividades rurales.

Mientras tanto, la Sociedad Rural mantiene suspendidas las actividades en su predio hasta que se concrete la modificación normativa. “Si no se elimina el impuesto, el predio seguirá deshabilitado y no se harán más remates ni exposiciones”, advirtió Pamberger.

La controversia puso en evidencia la falta de un marco regulatorio actualizado para los eventos rurales, así como la tensión entre la necesidad de los municipios de recaudar y la de las entidades agropecuarias de mantener condiciones competitivas.

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Siguen las negociaciones de la municipalidad de Posadas con el gremio para evitar más conflictos

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Mantuvieron una reunión en el Ministerio de Trabajo por tres horas en el que acordaron algunos puntos y dejaron abierta la mesa de negociaciones.
La municipalidad de Posadas y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, Soemp, acordaron soluciones en algunos de los puntos del conflicto que habían generado las medidas de fuerza la semana pasada y la no recolección de residuos,  y se comprometieron a “continuar el diálogo para encontrar respuestas” a los reclamos.
Se resolvió retrotraer la medida administrativa dispuesta por el Ejecutivo tras el sumario realizado a Romina Araujo que decretaba su cesantía, y “aplicarle una sanción, que no irrumpirá su relación laboral con la comuna”. La empleada era una de las tres que había decidido encadenarse en el edificio.
El secretario de Hacienda de la comuna,  Diego Pomar remarcó  sobre las recategorizaciones, uno de los motivos del reclamo, que se están llevando adelante los “actos administrativos, por lo que pronto habrá  novedades al respecto”.
El Ejecutivo estuvo representado por el secretario de Gobierno, Fabián Florentín; el secretario de Hacienda, Diego Pomar; el coordinador de la Unidad de Gestión, Santiago Enríquez y el director general de Asuntos Jurídicos, José Díaz, en tanto que por el SOEMP, participaron el secretario general, Daniel Porto; el secretario adjunto, Arturo Rivero; la secretaria de Acción Social, Mirta Rolón; el tesorero, Leopoldo Castillo, en tanto que por la cartera laboral asistió el ministro, Juan Carlos Agulla,  el subsecretario de Trabajo, Jorge Valenzuela y el director de Asuntos Jurídicos,  Osvaldo Contavalle.
En la apertura, el ministro de Trabajo, Agülla,  destacó la postura del gobierno provincial de “buscar todas las herramientas para mantener la fuente laboral, habida cuenta de la crisis que afecta a nuestro país y la necesidad de que todos los sectores trabajen con responsabilidad y en conjunto para que esta situación nos afecte lo menos posible”.
Tras ello,  Daniel Porto puntualizó los reclamos de los trabajadores, que “más allá de los despidos que provocaron la medida de fuerza, están relacionadas con algunos incumplimientos de puntos acordados con anterioridad, como las recategorizaciones, y esa falta de respuestas generó la reacción de los municipales”.
A su turno, Florentín indicó, “nosotros estamos dispuestos, a dialogar en la búsqueda de soluciones que satisfagan a ambas partes, reconociendo las dificultades presupuestarias que existen para cumplir con todos los reclamos como nos gustaría”.

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Contratados: sin acuerdo entre la municipalidad de Posadas y el gremio

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La reunión entre los funcionarios de la intendencia posadeña y el sindicato de obreros y empleados municipales terminó sin acuerdo y en medio de un clima de alta tensión: el secretario de Gobierno, Fabián Florentín, denunció que fue agredido por los sindicalistas que desde la semana pasada están en conflicto en rechazo a la decisión del intendente Joaquín Losada de ajustar el número de contratos de la Ciudad.
La reunión se realizó en el espacio multicultural de la Costanera que estuvo rodeada por sindicalistas que están prestando un servicio a “reglamento” como forma de protesta, lo que deriva en que la ciudad esté virtualmente colmada de basura y con servicios mínismo. .

La discusión no es por reducción de personal, sino por la duración del tiempo. La Municipalidad hizo una propuesta de renovacion cada cuatro meses y el sindicato insiste en sostener los acuerdos anuales. “No hay certeza en la economía y no podemos firmar por 12 meses”, señalan en el municipio.
El problema es que el gasto en personal es más del 85% de los recursos municipales.

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