Congreso Argentino

El Senado le dio media sanción a la Reforma Laboral

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Tras una maratónica sesión de más de 14 horas y con más de 40 oradores en el recinto, el Senado de la Nación aprobó este jueves a la 1.22 de la madrugada el proyecto de Modernización Laboral, conocido como Reforma Laboral. La iniciativa obtuvo 42 votos a favor y 30 en contra en general, tras lo cual se inició el tratamiento en particular de los 26 títulos que componen el texto.

Tal como estaba previsto, La Libertad Avanza consiguió el respaldo del grueso de la oposición dialoguista, mientras que el interbloque peronista votó en contra en bloque, sin fracturas pese a las tensiones internas.

A los 21 votos del oficialismo se sumaron los 10 senadores de la Unión Cívica Radical, tres del Pro, dos de Provincias Unidas y seis representantes de bloques provinciales alineados con sus gobernadores, entre ellos los misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. También acompañaron Edith Terenzi (Chubut), Beatriz Ávila (Tucumán), Flavia Royón (Salta) y Julieta Corroza (Neuquén).

Los 30 votos negativos correspondieron a 28 integrantes del interbloque peronista y a los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

La votación artículo por artículo

En la votación en particular, el Título I fue aprobado por 41 votos a favor, 30 en contra y una abstención, la de Julieta Corroza. Antes de votar, las senadoras del Pro Andrea Cristina y Victoria Huala dejaron constancia en versión taquigráfica de su rechazo al artículo 44 —que finalmente acompañaron por decisión de bloque— referido a los casos de accidente o enfermedad no laboral, donde el trabajador percibirá el 50% de su remuneración básica.

El Título II, que incluye la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), fue aprobado por 41 votos a 31. En esta instancia, Flavia Royón votó en contra, tal como había anticipado. En el Título III el oficialismo amplió la ventaja a 44 votos contra 28, con el acompañamiento de Carambia y Gadano.

El resultado 42 a 30 se repitió en buena parte del articulado (títulos IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII). El Título VII fue aprobado por 41 a 30, con abstención de Alejandra Vigo, quien luego votó en contra del Título XIII (41 a 31).

En el Título XIV el resultado fue 40 a 32. Allí, el jefe del bloque Pro, Martín Göerling, había solicitado retrotraer modificaciones al texto original, propuesta que fue rechazada, aunque igualmente votó afirmativamente. En esa instancia votaron en contra Carambia y Gadano, quienes luego acompañaron el Título XVII (44 a 28).

El resultado 41 a 31 también se registró en los títulos XV y XXIV, con el voto negativo de Royón. En uno de los títulos intermedios el resultado fue 40 a 29, con ausencias de Maximiliano Abad, Carambia y Gadano. Finalmente, el título que incluyó derogaciones —entre ellas la del Estatuto del Periodista— fue aprobado por 38 votos a favor y 31 en contra.

Negociaciones hasta último momento

La sesión estuvo atravesada por negociaciones permanentes. Aunque la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, había anunciado 28 modificaciones consensuadas, los cambios continuaron ajustándose durante toda la jornada.

Uno de los puntos centrales fue la eliminación de la rebaja del impuesto a las Ganancias para sociedades (tramos 2 y 3), a pedido de los gobernadores, ya que implicaba una merma en la coparticipación. El Gobierno cedió y dejó ese debate para una futura reforma tributaria.

También se mantuvo el cobro compulsivo de los aportes solidarios sindicales, con un tope del 2% para los gremios, mientras que los aportes a cámaras empresarias continuarán en 0,5%. Se eliminó además la reducción del aporte patronal a las obras sociales —que iba a bajar del 6% al 5%— y se sostuvo el rol del empleador como agente de retención.

En materia de indemnizaciones, se definió que solo se considerarán conceptos “mensuales, normales y habituales”, excluyendo adicionales no mensuales como aguinaldo y vacaciones. La indemnización será la única reparación frente al despido sin causa.

El proyecto crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización para cubrir indemnizaciones. A propuesta de la Unión Cívica Radical, las grandes empresas aportarán 1% mensual y las micro, pequeñas y medianas 2,5%, en lugar del 3% uniforme previsto originalmente.

Cambios estructurales

Entre otros puntos relevantes, la reforma:

  • Introduce nuevas reglas para la licencia por enfermedad, habilitando mayor control médico por parte del empleador y estableciendo que, si la dolencia no deriva de la actividad laboral, el trabajador percibirá el 50% del salario.
  • Crea el mecanismo de “banco de horas”, que permitirá compensar jornadas sin computarlas como horas extra.
  • Amplía el período para tomar vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de fraccionamiento.
  • Establece el Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) y el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI).
  • Fija un plazo de un año para la derogación de distintos estatutos profesionales y posterga hasta 2028 la eliminación de un fondo que financia al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.

Otro foco de tensión fue la decisión de eliminar la posibilidad de pagar salarios mediante billeteras virtuales, manteniendo exclusivamente la vía bancaria. El Pro se pronunció públicamente a favor de las fintech y cuestionó la restricción.

Un debate con fuerte clima político

El oficialismo defendió la reforma bajo la premisa de que busca “generar trabajo” y “modernizar el sistema sin quitar derechos”, mientras que el peronismo la calificó como una ley “para despedir” y “en contra de los trabajadores”.

En las afueras del Congreso, la jornada estuvo marcada por movilizaciones sindicales y de la izquierda. Se registraron incidentes y enfrentamientos con fuerzas de seguridad, con varios detenidos.

Con la media sanción del Senado, el proyecto clave de la gestión libertaria -que introduce cambios estructurales a la Ley de Contrato de Trabajo- avanza en el tramo decisivo de su tratamiento legislativo.

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El Gobierno mantiene su plan para aprobar el acuerdo Mercosur–UE en sesiones extraordinarias

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Aunque el Parlamento Europeo resolvió remitir el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea al Tribunal de Justicia de la UE, una decisión que congela de hecho el proceso de ratificación en el bloque europeo, el Gobierno argentino confirmó que mantendrá el cronograma legislativo y buscará aprobar el tratado en el Congreso durante febrero, en el marco de las sesiones extraordinarias. La estrategia apunta a que la Argentina se convierta en el primer país del Mercosur en ratificar el acuerdo y dejar operativa su parte comercial, con impacto directo en exportaciones clave y en la inserción internacional.

Un freno en Europa, sin cambios en la hoja de ruta local

Con una votación ajustada —334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones—, el Parlamento Europeo decidió enviar el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que evalúe su compatibilidad con los tratados comunitarios. La medida expuso las tensiones internas en el bloque y, en los hechos, paraliza la ratificación hasta que exista un pronunciamiento judicial. Expertos admiten que la demora podría extenderse hasta dos años.

Pese a la sorpresa inicial, el oficialismo argentino descartó modificar su agenda. “Sigue todo igual acá”, señalaron desde la Presidencia de la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado ratificaron que el proyecto se tratará en febrero. “Hasta nuevo aviso, se sigue para adelante”, sintetizaron fuentes legislativas.

El apuro no es casual: la entrada en vigencia permitiría aprovechar cuotas de exportación —como las de carne— antes que otros socios regionales, un incentivo económico concreto en un contexto global competitivo.

Trámite legislativo y apoyos políticos: el oficialismo suma respaldos

Desde el punto de vista institucional, el tratamiento parlamentario presenta una ventaja para el Gobierno: los tratados internacionales deben aprobarse o rechazarse en su totalidad por ambas Cámaras, lo que acota el margen de negociación artículo por artículo y simplifica el debate. Además, el oficialismo subraya que las negociaciones se extendieron por 26 años y atravesaron gobiernos de distinto signo político, un argumento utilizado para justificar una aprobación expeditiva.

Varios bloques ya expresaron su respaldo. El PRO celebró que se concrete “el camino iniciado en 2019” y sostuvo que el acuerdo “abrirá nuevos mercados para nuestras PyMEs, economías regionales y exportadores”. La UCR remarcó que, en un escenario global desafiante, “la competitividad y la escala son claves” y que la cooperación entre regiones resulta indispensable.

También acompañaron bloques de centro como Provincias Unidas y la Coalición Cívica. Su presidente, Maximiliano Ferraro, definió la iniciativa como una “jugada estratégica” que reafirma la integración, el Estado de derecho y la democracia constitucional, además de la apertura a un mercado de más de 700 millones de personas, bajo reglas claras y previsibilidad.

En contraste, el peronismo aún no fijó posición y reclama que la Cancillería remita el texto definitivo para analizarlo con los sectores productivos y del trabajo, antes de definir su voto.

Las objeciones europeas y el impacto político-comercial

Entre los argumentos que motivaron el freno en el Parlamento Europeo se destaca el “mecanismo de reequilibrio”, que habilita a los países del Mercosur a impugnar normativa europea considerada perjudicial para sus exportaciones. Para varios eurodiputados, este punto podría colisionar con la autonomía regulatoria de la UE y sus tratados fundacionales.

También se cuestionaron los poderes de la Comisión Europea para dividir el acuerdo en dos partes —una política y de cooperación, y otra estrictamente comercial—, una estrategia que facilitó la firma al permitir que la parte comercial entre en vigencia de forma provisional con la sola ratificación europea.

Desde la óptica argentina, estas objeciones no alteran la conveniencia de avanzar localmente. Ratificar el acuerdo en febrero permitiría enviar una señal política y económica de apertura y previsibilidad, aun cuando la implementación plena dependa de los tiempos judiciales y políticos en Europa.

Lectura económica e institucional

La decisión del Congreso de avanzar pese al freno europeo revela una estrategia de posicionamiento: asegurar ventajas comerciales tempranas, consolidar apoyos internos y mostrar compromiso con la integración internacional. Sin embargo, el envío del tratado al Tribunal de Justicia de la UE introduce un factor de incertidumbre que podría demorar su aplicación efectiva y condicionar expectativas en sectores exportadores.

En el corto plazo, el foco estará puesto en el debate legislativo de febrero y en la capacidad del oficialismo de reunir mayorías en ambas Cámaras. En paralelo, el proceso judicial en Europa marcará el ritmo real de un acuerdo que, aun aprobado localmente, seguirá atado a definiciones externas.

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Ley de Inocencia Fiscal: el Gobierno eleva hasta $100 millones el piso para delitos tributarios

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A través de un decreto publicado en el primer Boletín Oficial del año, el Gobierno nacional promulgó la Ley de Inocencia Fiscal (Ley 27.799), una reforma integral del Régimen Penal Tributario y del procedimiento fiscal que apunta a incentivar la exteriorización y el uso de los denominados “dólares del colchón”. La norma eleva de manera sustancial los montos mínimos para la configuración de delitos tributarios, redefine los criterios de denuncia penal, acota los plazos de prescripción y crea un régimen de declaración jurada simplificada con efecto liberatorio, modificando de forma estructural la relación entre contribuyentes y el Estado.

La ley fue sancionada por el Congreso el 26 de diciembre de 2025 y entró en vigencia con su publicación oficial el 2 de enero de 2026. El texto introduce cambios profundos tanto en el Régimen Penal Tributario, establecido por la ley 27.430, como en la ley de procedimiento fiscal 11.683, el Código Civil y Comercial de la Nación y normas vinculadas a la seguridad social.

Reforma del Régimen Penal Tributario: suben los pisos y se redefine la acción penal

El núcleo de la Ley 27.799 está en la actualización de los montos a partir de los cuales se configuran delitos tributarios. En el artículo 1°, la norma sustituye el piso de punibilidad por evasión simple, que pasa de $1,5 millones a $100 millones. En el caso de evasión agravada, el umbral se eleva de $15 millones a $1.000 millones, mientras que otros supuestos relevantes aumentan de $2 millones a $200 millones y de $1,5 millones a $100 millones, según el tipo penal involucrado.

También se incrementan de forma significativa los montos mínimos vinculados a retenciones y percepciones indebidas, con nuevos valores que oscilan entre $7 millones y $35 millones, y se ajustan los importes aplicables a infracciones formales y sanciones accesorias.

Uno de los cambios más relevantes es la sustitución del artículo 16 del Régimen Penal Tributario. A partir de ahora, la administración tributaria no formulará denuncia penal cuando el contribuyente cancele de manera incondicional y total las obligaciones evadidas, junto con sus intereses, antes de la denuncia, beneficio que podrá otorgarse por única vez por persona humana o jurídica. Además, si la acción penal ya estuviera iniciada, esta se extinguirá si el contribuyente regulariza la deuda más un importe adicional del 50%, dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación de la imputación penal.

La ley también aclara que esta modalidad específica de extinción penal no se rige por el artículo 59, inciso 6, del Código Penal, y establece que la acción penal tributaria no proseguirá cuando se encuentren prescriptas las facultades del organismo recaudador para determinar los tributos.

Procedimiento fiscal, prescripción y seguridad jurídica para los contribuyentes

En paralelo, la norma introduce una reforma de amplio alcance en la ley 11.683, con una actualización masiva de multas formales, que pasan de valores simbólicos a montos que van desde $220.000 hasta $10.000 millones, según el tipo de infracción.

Uno de los ejes centrales es la redefinición de los plazos de prescripción. En general, las acciones del Fisco para determinar y exigir impuestos prescriben a los cinco años, pero se reducen a tres años cuando el contribuyente inscripto presentó la declaración jurada en término y regularizó el saldo, siempre que no exista una discrepancia significativa. Esta se define con precisión: diferencias superiores al 15%, montos que superen el nuevo umbral penal o el uso de documentación apócrifa.

La ley unifica criterios y extiende este esquema a tributos provinciales, municipales y a los aportes y contribuciones a la seguridad social, introduciendo modificaciones en las leyes 23.660, 23.661 y 14.236, y en el Código Civil y Comercial, que fija un plazo general de prescripción de cinco años, salvo excepciones expresas.

Declaración jurada simplificada y efecto liberatorio: incentivo a la formalización

Otro pilar de la Ley de Inocencia Fiscal es la creación de un Régimen de Declaración Jurada Simplificada del impuesto a las ganancias. Podrán adherir personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos de hasta $1.000 millones anuales y un patrimonio total de hasta $10.000 millones, siempre que no sean considerados grandes contribuyentes.

Una vez aceptada la declaración propuesta por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y efectuado el pago correspondiente, el contribuyente obtiene efecto liberatorio total, tanto formal como material, respecto del impuesto a las ganancias del período fiscal. Además, se establece una presunción de exactitud, sin admitir prueba en contrario, para ganancias e IVA de los períodos no prescriptos, salvo que el organismo detecte discrepancias significativas.

La norma dispone que, mientras rija esta presunción, los contribuyentes quedan liberados de toda acción civil y penal tributaria, aduanera e infraccional, reforzando el objetivo de previsibilidad y reducción del riesgo penal.

Uso de dólares no declarados y nuevo vínculo fiscal

Desde el punto de vista económico, la Ley 27.799 busca reducir el incentivo a la informalidad y facilitar el ingreso al circuito formal de capitales no declarados, al elevar los riesgos penales solo para casos de magnitud significativa y ofrecer mecanismos claros de regularización. El fuerte aumento de los umbrales penales y la posibilidad de extinguir la acción penal mediante el pago refuerzan la señal de inocencia fiscal para contribuyentes de menor y mediana escala.

En el plano institucional, la norma redefine el rol del Estado en materia de persecución penal tributaria, priorizando la recaudación efectiva por sobre la judicialización, y establece reglas más claras sobre prescripción, fiscalización y sanciones. Además, invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar regímenes simplificados similares, alineando criterios en todo el sistema tributario.

La ley prevé que todos los montos serán actualizados anualmente por la variación de la UVA a partir del 1° de enero de 2027, mecanismo que busca evitar la licuación inflacionaria de los umbrales y sanciones.

Ley de Inocencia Fiscal by CristianMilciades

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El Gobierno libertario busca aprobar su primer Presupuesto con superávit del 1,5% del PBI

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Presupuesto 2026, el Gobierno libertario enfrenta su primera gran prueba de gobernabilidad tras las elecciones

El proyecto será el primer test político y fiscal de Javier Milei ante el nuevo Congreso. La discusión sobre el equilibrio presupuestario, la presión tributaria y la recaudación marcará el pulso del debate económico de fin de año.

Un examen clave para la estabilidad política y fiscal

Con el impulso político que dejaron las elecciones legislativas, el Gobierno libertario se enfrenta esta semana a su primer gran desafío de gobernabilidad: la discusión del Presupuesto 2026. El proyecto, presentado por el presidente Javier Milei el pasado 15 de diciembre, será la primera señal concreta de cómo planea ejercer el poder con una nueva correlación de fuerzas en el Congreso.

El Presupuesto constituye una prueba crucial de conducción política, luego de dos ejercicios consecutivos (2024 y 2025) con prórrogas del presupuesto 2023. En esta oportunidad, la administración busca ratificar su compromiso con el equilibrio fiscal, con una meta de superávit del 1,5% del PBI, frente al 0,9% que proponen sectores opositores como el espacio liderado por Miguel Ángel Pichetto, que anticipó la presentación de un dictamen de minoría.

La Cámara de Diputados será el escenario central del debate, donde cada bloque expondrá sus propuestas. A diferencia de ocasiones anteriores, los legisladores libertarios llegan con una base política fortalecida y el objetivo de aprobar su primer presupuesto propio, en línea con el plan de consolidación fiscal y reformas estructurales delineado por el Ejecutivo.

Las proyecciones económicas: ingresos, inflación y el rol del Estado

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, expondrá esta semana ante las comisiones parlamentarias para defender las proyecciones oficiales. Según el texto presentado, el Gobierno prevé una recaudación total de $225 billones, equivalente al 21,77% del PBI, manteniendo la estructura impositiva vigente.

El desafío será explicar cómo se alcanzará ese volumen de ingresos con una inflación estimada del 10% y un crecimiento del 5% del PBI, proyecciones consideradas optimistas por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). El organismo advierte que los principales tributos —IVA, Ganancias y Aportes a la Seguridad Social— representarán el 16,9% del PBI, es decir, más de las tres cuartas partes de los recursos nacionales.

Entre las claves del esquema fiscal se destacan:

  • Aumento de la presión tributaria del Impuesto a las Ganancias en 0,21 puntos porcentuales, producto de la desaceleración nominal.
  • Actualización gradual de los montos fijos del Impuesto a los Combustibles.
  • Reducción de la carga de Bienes Personales, conforme a las alícuotas menores establecidas por la Ley 27.743.

Un capítulo especial dentro del Presupuesto 2026 es la continuidad del régimen de Ganancias Simplificado, vigente actualmente por decreto. Este sistema —similar al monotributo— permite a la Administración de Recursos y Control (ARCA) generar una declaración automática de gastos que el contribuyente puede validar o ajustar. Aunque no se lo menciona explícitamente, la iniciativa funciona como un blanqueo permanente para fondos no declarados, incluidos los “dólares del colchón”, que se busca reinsertar en el sistema formal.

Primer mojón del plan libertario y reacción política

Para el oficialismo, el Presupuesto 2026 es el primer paso de una agenda más amplia que incluirá, en los próximos meses, una reforma laboral y una reforma tributaria. Milei busca demostrar a los mercados y a los gobernadores que puede mantener disciplina fiscal y gobernabilidad política en un contexto de expectativas crecientes.

El presidente ya había anticipado su disposición a dialogar con los mandatarios provinciales para garantizar la aprobación del texto. La señal de orden institucional resulta clave luego de la prórroga del Presupuesto 2023, que limitó la planificación financiera del Estado y afectó el flujo de fondos hacia las provincias.

Por otra parte, el Congreso continuará esta semana con la exposición de funcionarios. Está prevista la participación de la ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, quien defenderá los gastos de su cartera; así como la de María Luciana Carrasco, jefa de Gabinete del Ministerio de Defensa, y el subsecretario de Gestión Administrativa, Mauro Ceratto. También asistirán Carlos Torrendell, secretario de Educación, y Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, para detallar la asignación de recursos en sus áreas.

El debate presupuestario se perfila, así, como el primer test político de la nueva etapa libertaria. Su desenlace marcará el ritmo del Gobierno hacia 2026 y será interpretado por los mercados como una señal de fortaleza o fragilidad institucional.

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