Francos confirmó que el Gobierno promulgará la ley de discapacidad, pero demorará su aplicación
Tras el rechazo del Congreso al veto presidencial, el Ejecutivo confirmó que promulgará la ley de emergencia en discapacidad. Sin embargo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió que su reglamentación quedará supeditada a la definición de los recursos fiscales necesarios, en un contexto de fuerte impacto presupuestario.
El Congreso Nacional aprobó con amplio respaldo opositor y de sectores aliados la ley de emergencia en discapacidad, pese al veto del presidente Javier Milei. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado lograron superar los dos tercios requeridos para insistir con la sanción original, dejando al Ejecutivo sin margen político para bloquear la norma.
En este escenario, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció el 15 de septiembre que el Gobierno promulgará la ley, aunque no la aplicará hasta resolver cómo financiarla. “El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos”, afirmó.
Francos también lanzó una advertencia: “El Congreso, cuando sanciona una ley, debe establecer de dónde salen los recursos. No me pueden endilgar que vea las partidas cómo se reacomodan; eso es una mentira. Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?”.
Nuevas pensiones, aranceles actualizados y fortalecimiento de la ANDIS
La ley establece un régimen de Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social, con cobertura para quienes posean Certificado Único de Discapacidad (CUD), ingresos inferiores a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles, y sin acceso a otros planes similares. El beneficio será equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y compatible con empleo registrado dentro de los topes definidos.
Además:
- Se prevé la transformación automática de pensiones previas sin necesidad de trámites adicionales.
- Se refuerza el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad (Ley 24.901), con actualización automática mensual de aranceles ajustada al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
- Se crea un régimen de regularización de deudas fiscales y de seguridad social para entidades del sector, con condonación de intereses y facilidades de pago.
- Se fortalecen las competencias y el financiamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la implementación podría implicar un gasto adicional de entre $1,89 billones y $3,62 billones (0,22% a 0,42% del PBI), por nuevas altas de entre 493 mil y 946 mil beneficiarios. A esto se sumarían $278.323 millones por compensación de emergencia a prestadores y $7.160 millones para talleres de producción.
La sanción de la ley respondió a una crisis estructural del sistema de atención a la discapacidad, generada por el congelamiento de recursos y la reducción de beneficiarios tras una auditoría cuestionada en la ANDIS. El caso cobró mayor relevancia tras la destitución de Diego Spagnuolo, ex titular del organismo, involucrado en un escándalo por supuestas coimas con droguerías.
La oposición aprovechó este escenario para impulsar la iniciativa, que terminó obteniendo apoyo transversal en ambas cámaras. El oficialismo, en cambio, advirtió sobre la inconsistencia fiscal de la norma.
Presión fiscal y expectativas del sector
El anuncio de Francos implica que, si bien la ley entrará en vigencia formalmente, su aplicación efectiva dependerá de un acuerdo político sobre la reasignación de partidas o nuevas fuentes de financiamiento.
Para los prestadores de servicios y familias de personas con discapacidad, la demora genera incertidumbre. El sector esperaba una respuesta inmediata tras las movilizaciones masivas que impulsaron la sanción.
Desde el plano macroeconómico, el nuevo gasto plantea un dilema: absorber recursos que hoy se destinan a jubilaciones u otros programas, o ampliar el déficit en un momento en que el Gobierno busca mantener disciplina fiscal.
Negociación con el Congreso y escenario judicial latente
El Poder Ejecutivo podría convocar a las comisiones parlamentarias para discutir alternativas de financiamiento. Una opción sería reasignar partidas presupuestarias, mientras que otra, más polémica, podría implicar un esquema de financiamiento compartido con provincias.
Si no se logra un consenso, no se descarta que resurjan los planteos judiciales sobre la aplicación inmediata de la ley, dado que el derecho a la asistencia de las personas con discapacidad tiene reconocimiento constitucional y convencional.
En cualquier escenario, la reglamentación será clave: determinará tanto la velocidad de incorporación de beneficiarios como el impacto fiscal real de la medida.
