Congreso Nacional

Adrián Ravier asumirá como vocero presidencial y promete poner el foco en los logros de gestión: “Se agrandó el aula”

Compartí esta noticia !

La Casa Rosada inició una nueva etapa en su estrategia de comunicación con la presentación de Adrián Ravier como futuro vocero presidencial, cargo que asumirá formalmente tras el regreso del presidente Javier Milei de su viaje a España. En una exposición sin preguntas de la prensa, el economista, académico y diputado nacional por La Libertad Avanza delineó el perfil que buscará imprimir a la vocería: una comunicación orientada a explicar el programa económico y las reformas estructurales del Gobierno, con menor énfasis en la agenda política cotidiana.

Ravier abrió su intervención con un mensaje de solidaridad hacia el pueblo venezolano por los terremotos que afectaron al país y confirmó que la Argentina puso a disposición recursos para asistencia humanitaria, en línea con el anuncio realizado por Milei.

Luego, dedicó gran parte de su presentación a reconstruir su trayectoria académica y política, vinculándola con el recorrido intelectual del Presidente. Licenciado por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, destacó la influencia de referentes de la Escuela Austríaca como Jesús Huerta de Soto, Alberto Benegas Lynch (h) y Martín Krause, además de recordar su primer vínculo con Milei, surgido a partir de intereses comunes en la teoría económica liberal.

Ravier sostuvo que el crecimiento político del actual mandatario respondió a la fuerza de las ideas más que a una estrategia comunicacional. “Muchos conocíamos estas ideas, pero jamás nos escucharon. Se subestimó el poder de las ideas”, afirmó al recordar los primeros años de Milei como divulgador del pensamiento libertario.

Defensa del programa económico

El futuro vocero realizó un extenso balance de la gestión económica y aseguró que el Gobierno logró revertir el escenario crítico heredado en diciembre de 2023. Según expresó, la Argentina pasó de una economía “rota” y con severos desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios a un esquema de mayor estabilidad macroeconómica.

En ese marco destacó que la inflación mensual descendió desde niveles cercanos al 25% hasta el 2,1%, mientras que la pobreza bajó desde más del 50% al 28% y la indigencia desde más del 18% al 6%, indicadores que atribuyó al equilibrio fiscal, el saneamiento del Banco Central y la eliminación de restricciones económicas.

Aunque reconoció que “todavía hay problemas” y que el proceso se encuentra “a mitad de camino”, sostuvo que el rumbo económico ya modificó estructuralmente la realidad argentina. “No hay que esperar para ver otra Argentina. Ya estamos en otra Argentina”, resumió.

Una comunicación centrada en las reformas

Uno de los principales ejes de su discurso fue la necesidad de modificar la agenda pública. Ravier consideró que durante los últimos meses existió “una discrepancia muy grande entre los logros del Gobierno y la conversación pública”, por lo que adelantó que la nueva vocería buscará explicar de manera sistemática el impacto de las reformas sobre la vida cotidiana de los ciudadanos.

“Se agrandó el aula”, expresó al describir el desafío de trasladar a la comunicación gubernamental la experiencia docente y académica que desarrolló durante más de dos décadas.

En esa línea remarcó que el Ejecutivo continuará defendiendo el equilibrio fiscal como principio rector de la política económica. Sostuvo que el Gobierno no recurrirá ni a la emisión monetaria ni al endeudamiento para financiar gasto público y que toda reasignación presupuestaria deberá respetar ese criterio.

Ravier vinculó además esta estrategia con el concepto desarrollado recientemente por Milei bajo la idea de “la moral como política de Estado”, una doctrina que coloca el equilibrio fiscal y el respeto por la propiedad privada como principios éticos antes que meramente económicos.

El respaldo al paquete reformista

Durante su exposición también repasó las principales iniciativas legislativas impulsadas por el oficialismo desde su llegada al Congreso, entre ellas el presupuesto equilibrado para 2026, la reforma laboral, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la reforma del régimen de zonas frías, la denominada Ley Hojarasca, la modificación de la legislación minera y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

Asimismo, anticipó que la segunda etapa del proyecto presidencial incluirá iniciativas como el denominado “Súper RIGI”, orientado a atraer inversiones en sectores tecnológicos estratégicos, y una futura ley de sociedades que habilitaría nuevas figuras jurídicas para empresas basadas en inteligencia artificial.

Según explicó, el objetivo final es consolidar un modelo económico con mayor apertura, menores regulaciones y un fuerte incentivo a la inversión privada.

Una nueva relación con la prensa

Sobre el vínculo con los medios, Ravier intentó marcar un tono institucional distinto. Reivindicó el periodismo independiente, afirmó que la sala de prensa volverá a ser un espacio de intercambio de ideas y anunció conferencias semanales todos los martes a las 11.

También aclaró que limitará sus intervenciones a cuestiones vinculadas con la administración nacional, evitando pronunciarse sobre disputas partidarias, decisiones judiciales o asuntos internos de otros países.

El desembarco de Ravier ocurre en un momento en que el Gobierno busca consolidar la comunicación de una segunda etapa de gestión, menos enfocada en la estabilización de emergencia y más orientada a mostrar resultados económicos y defender un programa de reformas de largo plazo. Su perfil académico, su identificación con la Escuela Austríaca y su cercanía intelectual con Milei anticipan una vocería que buscará profundizar la batalla cultural que el Presidente considera uno de los pilares centrales de su proyecto político.

Compartí esta noticia !

Adorni gana tiempo en el Senado: el oficialismo teje una mayoría para bloquear la interpelación y expone el rol clave de los aliados

Compartí esta noticia !

La disputa por la posible interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se convirtió en una nueva prueba de fuerza para el Gobierno nacional en el Senado. A pocos días de una sesión que podría derivar en uno de los debates políticos más incómodos para la Casa Rosada desde el inicio de la gestión libertaria, La Libertad Avanza logró construir una estrategia parlamentaria que, al menos por ahora, le permitiría frenar el avance opositor y ganar tiempo frente a una investigación judicial sobre la evolución patrimonial del funcionario.

La negociación se cerró durante las últimas horas entre el oficialismo y los bloques dialoguistas. El acuerdo contempla modificar las condiciones de tratamiento de la interpelación para exigir una mayoría agravada de dos tercios de los presentes, un requisito que eleva considerablemente la vara para la oposición. A cambio, el Gobierno aceptó abrir el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales, una instancia que permitiría discutir los pedidos de citación a Adorni, aunque sin garantizar una resolución inmediata.

La maniobra fue impulsada por la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, quien solicitó formalmente una reunión de Labor Parlamentaria para modificar el acta acordada durante la sesión preparatoria de la semana pasada. El cambio no es menor: mientras el peronismo sostiene que una moción para convocar a Adorni requiere mayoría absoluta de 37 votos, el oficialismo y sus aliados buscan imponer el criterio de los dos tercios, es decir, 48 voluntades.

Detrás de la discusión reglamentaria se libra una disputa mucho más profunda. El Gobierno pretende evitar que Adorni enfrente una interpelación específica sobre su patrimonio en un momento políticamente sensible. La alternativa que promueve la Casa Rosada es que el funcionario concurra el próximo 2 de julio a brindar un informe de gestión general, reservándose la posibilidad de responder o no a las preguntas de los senadores.

Por eso la actividad política de este martes no estará concentrada únicamente en el Congreso. El propio Adorni convocó a los senadores oficialistas a reuniones escalonadas en la Casa Rosada para explicar personalmente su situación patrimonial y coordinar la estrategia parlamentaria de cara a la sesión del jueves.

La clave del operativo oficialista pasa por los números. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y ya tendría garantizado el acompañamiento de los representantes del Frente Renovador de la Concordia de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, además de la radical chaqueña Silvana Schneider. Con ese respaldo alcanzaría 24 votos y quedaría a apenas una adhesión de bloquear cualquier intento opositor de reunir los dos tercios necesarios.

En ese escenario, vuelven a adquirir centralidad los bloques provinciales y los legisladores que habitualmente actúan como árbitros de las votaciones más sensibles. Entre los nombres que aparecen cerca de la posición oficialista figuran el mendocino Rodolfo Suárez, la neuquina Julieta Corroza, la chubutense Edith Terenzi, el correntino Carlos “Camau” Espínola y la tucumana Beatriz Ávila.

Del otro lado, el interbloque peronista conducido por José Mayans busca consolidar una mayoría amplia que incluya a sectores provinciales, senadores santacruceños, representantes de Salta y Catamarca, además de legisladores de la UCR y el PRO que vienen mostrando distancia con algunas decisiones del Gobierno nacional.

La discusión expone, una vez más, una característica central del actual esquema político argentino: la capacidad del oficialismo para sostener gobernabilidad sin mayoría propia depende cada vez más de acuerdos circunstanciales con gobernadores y fuerzas provinciales. En ese tablero, los votos de Misiones vuelven a ocupar un lugar estratégico.

Si el oficialismo logra imponer el criterio de los dos tercios, la interpelación quedará virtualmente bloqueada y podría postergarse hasta agosto, una vez concluido el receso parlamentario de invierno. Si la oposición consigue quebrar ese cerco, el Senado avanzará hacia una instancia de alto impacto político para el Gobierno.

Más allá del resultado, la pulseada revela que la principal batalla ya no se libra únicamente en el terreno económico. Con la estabilización de algunas variables macroeconómicas, la Casa Rosada enfrenta ahora un desafío diferente: administrar los costos políticos derivados de una agenda institucional que comienza a ganar protagonismo en el Congreso.

Compartí esta noticia !

Arrúa: “Encuentro Misionero nació para representar a una provincia que no puede pensarse desde Buenos Aires”

Compartí esta noticia !

Mientras el escenario político comienza a reconfigurarse de cara al próximo calendario electoral, el diputado nacional por Misiones, Alberto Arrúa, sostuvo que Encuentro Misionero representa una evolución del modelo político provincial para responder a una realidad distinta a la que dio origen al Frente Renovador hace más de dos décadas. En diálogo con Economis, el legislador afirmó que el nuevo espacio busca integrar la diversidad de movimientos sociales y políticos surgidos en los últimos años y consolidar una representación enfocada exclusivamente en los intereses de la provincia.

Para Arrúa, el reconocimiento nacional del espacio constituye un paso institucional que acompaña una transformación política iniciada en Misiones. Según explicó, el escenario actual ya no está dominado por los partidos tradicionales, sino por una multiplicidad de expresiones sociales que requieren nuevos ámbitos de participación.

“Encuentro Misionero es un espacio amplio que interpreta el momento político que vive la provincia. Así como en 2003 el Frente Renovador surgió como respuesta al agotamiento de los partidos tradicionales, hoy la realidad es diferente: existen numerosos movimientos políticos y sociales que necesitan un ámbito donde puedan ser protagonistas sin quedar encerrados en las estructuras partidarias”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que el nuevo espacio pretende reunir distintas miradas bajo un objetivo común: construir políticas públicas desde la realidad misionera y no desde las agendas nacionales.

Arrúa consideró que gran parte del distanciamiento ciudadano con la política no implica un rechazo a la participación pública sino a las estructuras tradicionales.

“La gente joven participa, tiene interés por la política, pero no necesariamente quiere hacerlo dentro de los partidos históricos. Hay una demanda de nuevos espacios donde puedan aportar ideas sin quedar condicionados por disputas internas o por lógicas de conducción nacionales“, afirmó.

Misiones frente al centralismo nacional

Uno de los principales ejes del posicionamiento es la condición fronteriza de Misiones y las dificultades que, según Arrúa, genera la aplicación de políticas económicas diseñadas desde una lógica centralista.

El diputado sostuvo que Misiones presenta características únicas dentro del país que exigen herramientas diferenciadas.

“Misiones tiene el 92% de su territorio lindando con Paraguay y Brasil. Nuestra economía cotidiana no compite con Córdoba o Buenos Aires; compite con Paraguay, donde el IVA es del 8%, y con Brasil, una de las economías más grandes del mundo. Esa realidad rara vez es comprendida por quienes diseñan las políticas nacionales”, sostuvo.

En esa línea cuestionó a los representantes provinciales que integran bloques nacionales y consideró que muchas veces terminan priorizando las estrategias políticas de sus espacios antes que las necesidades específicas de Misiones.

Hay diputados que dicen representar a Misiones pero en realidad representan proyectos nacionales. Cuando llegan al Congreso terminan acompañando iniciativas pensadas para el centro del país, donde la frontera prácticamente no existe”, afirmó.

La agenda productiva como eje de gestión

Sobre la relación con el sector productivo, Arrúa sostuvo que el respaldo de empresarios y productores no puede construirse sobre promesas electorales sino sobre resultados concretos de gestión.

En ese marco mencionó distintas iniciativas impulsadas por el bloque de diputados misioneros que buscan reducir costos estructurales y mejorar la competitividad provincial.

Entre ellas destacó la continuidad del debate por la Zona Aduanera Especial para Misiones, la búsqueda de mecanismos regulatorios para recuperar rentabilidad en la cadena yerbatera mediante sistemas de trazabilidad y las gestiones ante el Gobierno nacional para extender los beneficios vinculados a la tarifa diferencial por zona cálida.

También mencionó proyectos destinados a eliminar el IVA sobre productos estratégicos para la economía provincial, como la fécula de mandioca y el agua potable, además de iniciativas orientadas a abaratar alimentos para personas celíacas mediante beneficios impositivos.

“Al sector productivo no se lo convence con promesas. Se lo convence mostrando gestión, resolviendo problemas concretos y llevando propuestas que mejoren las condiciones para producir en Misiones”, afirmó.

Salud y políticas sociales

El legislador también repasó algunas de las iniciativas parlamentarias que el bloque impulsa en materia sanitaria.

Entre ellas destacó un proyecto destinado a mejorar el acceso a trasplantes pediátricos, buscando facilitar los procesos de donación en casos infantiles para ampliar las posibilidades de quienes esperan órganos compatibles.

Asimismo señaló que trabajan en proyectos vinculados a enfermedades de alta complejidad y al reconocimiento de determinadas patologías como discapacidad, además de iniciativas destinadas a reducir el costo de los alimentos específicos para personas con enfermedad celíaca.

Según explicó, el criterio de trabajo legislativo del bloque prioriza las propuestas colectivas por encima de las iniciativas individuales.

“Nosotros no hablamos de proyectos personales. Son proyectos del bloque, construidos entre todos los diputados misioneros, con una agenda que surge de los problemas concretos de la provincia”, sostuvo.

Zona Aduanera Especial y asimetrías fronterizas

Uno de los puntos sobre los que Arrúa hizo mayor énfasis fue la necesidad de retomar el debate sobre la Zona Aduanera Especial para Misiones.

El diputado aseguró que el reciente esquema nacional de beneficios para tiendas duty free no resuelve los problemas estructurales del comercio provincial porque se limita a áreas puntuales y no contempla la condición fronteriza de todo el territorio.

Misiones no tiene un problema de una ciudad fronteriza; toda la provincia vive en un contexto de frontera. Una solución parcial puede incluso profundizar las desigualdades internas“, afirmó.

En ese sentido recordó que la provincia cuenta con 24 pasos internacionales habilitados y más de 1.400 kilómetros de frontera, características que, a su juicio, justifican un tratamiento económico diferencial permanente.

Para Arrúa, el desafío político consiste en instalar definitivamente una agenda federal que contemple las particularidades de las provincias periféricas y no reproduzca políticas diseñadas exclusivamente desde el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Compartí esta noticia !

Diputados aprobó la reforma laboral y ahora vuelve al Senado con cambios

Compartí esta noticia !

En una sesión atravesada por el paro general convocado por la CGT y una fuerte movilización sindical en las inmediaciones del Congreso, la Cámara de Diputados aprobó en general la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La votación arrojó 135 votos positivos y 115 negativos, sin abstenciones, y fue celebrada con una ovación del oficialismo y sus aliados.

El texto, sin embargo, deberá retornar al Senado –cámara de origen– para que ratifique la eliminación del polémico artículo 44, que proponía reducir el salario durante las licencias médicas por enfermedad o accidente no laboral. Ese cambio obliga a una nueva revisión en la Cámara alta, donde el oficialismo ya activó el calendario para convertir la iniciativa en ley antes del 1° de marzo, cuando el Presidente inaugure el período de sesiones ordinarias.

Una mayoría construida con aliados provinciales

El resultado fue posible gracias al respaldo de Pro, UCR, MID, Innovación Federal y bloques provinciales alineados con los gobernadores de Salta, Misiones, Catamarca, San Juan, Tucumán y Santa Cruz. También acompañaron diputados peronistas referenciados en Catamarca y Tucumán, lo que generó fuertes reproches desde Unión por la Patria, que los tildó de “traidores”.

Minutos antes de la votación se asomaron a los palcos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli, en un gesto político que subrayó la relevancia estratégica del proyecto para la Casa Rosada.

El kirchnerismo intentó, sobre el cierre del debate, hacer caer la sesión aprovechando la momentánea ausencia de legisladores oficialistas, pero la maniobra no prosperó. Superado el escollo de la votación en general, el oficialismo avanzó luego en la aprobación en particular de uno de los capítulos más sensibles: la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que obtuvo 130 votos afirmativos, 117 negativos y tres abstenciones.

Qué cambia: indemnizaciones, jornada y negociación colectiva

El proyecto –de más de 200 artículos– introduce modificaciones estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo y en el esquema de relaciones laborales. Entre los puntos centrales se destacan:

  • Indemnizaciones: se reduce la base de cálculo al excluir adicionales como aguinaldo y premios.
  • Fondo de Asistencia Laboral (FAL): mecanismo de capitalización con aportes patronales –que hoy van a la Anses– para financiar indemnizaciones. Sus críticos advierten que podría desfinanciar el sistema previsional y convertirse en una herramienta de fondeo estatal.
  • Banco de horas: permite compensar horas trabajadas con días de descanso en lugar de pagar horas extra.
  • Jornada laboral: habilita ampliar la jornada diaria hasta 12 horas, siempre que se respete un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas.
  • Vacaciones: podrán fraccionarse y tomarse dentro de una ventana ampliada.
  • Negociación colectiva: prioriza acuerdos por empresa o región sobre convenios sectoriales nacionales.
  • Derecho de huelga: establece limitaciones y redefine servicios esenciales.
  • Justicia laboral: dispone la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo y el traspaso de sus competencias a la justicia porteña.
  • Derogación de estatutos profesionales: capítulo que también genera resistencias y podría sufrir modificaciones.

Un debate áspero y advertencias de judicialización

La oposición más dura –Unión por la Patria, la izquierda y parte de Provincias Unidas– calificó la reforma de “regresiva” e “inconstitucional” y anticipó que, de convertirse en ley, será judicializada.

Máximo Kirchner sostuvo que la norma “va a fracasar” y advirtió que el Gobierno no podrá alegar falta de herramientas legislativas. Sergio Palazzo la definió como “la regresión más brutal en la historia de los derechos laborales”, mientras que Vanesa Siley habló de una “transferencia fenomenal de riqueza” hacia los empleadores.

Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro recordó que desde el inicio de la gestión se perdieron 120.000 puestos de trabajo y más de 22.000 empresas cerraron, y cuestionó que la ley “facilita la salida de trabajadores más que su ingreso al sistema formal”.

En defensa del proyecto, el miembro informante Lisandro Almirón (LLA) sostuvo que “primero tiene que haber trabajo para que la legislación laboral tenga sentido” y que el actual marco normativo “expulsa a las personas de la formalidad”. Desde la UCR, Lisandro Nieri replicó que quienes hoy critican la reforma no impulsaron cambios cuando tuvieron mayoría parlamentaria.

Carrera contra el reloj

El oficialismo activó una estrategia acelerada en el Senado. La jefa del bloque libertario convocó a un plenario de comisiones para dictaminar el texto modificado y llevarlo al recinto el próximo viernes 27. Solo entonces la reforma quedará definitivamente sancionada.

Para el Gobierno, se trata de una pieza clave de su programa de desregulación económica y modernización del mercado laboral, junto con el régimen penal juvenil y el acuerdo Mercosur–Unión Europea.

Para la oposición sindical y política, en cambio, la norma implica una flexibilización estructural que tensionará el sistema judicial y el equilibrio institucional.

La pulseada ahora se traslada a la Cámara alta. Y, eventualmente, a los tribunales.

Compartí esta noticia !

El Gobierno incorporó la baja de la edad de imputabilidad al temario de las sesiones extraordinarias

Compartí esta noticia !

El Poder Ejecutivo amplió formalmente el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso para habilitar el tratamiento del Régimen Penal Juvenil. La decisión quedó plasmada en el Decreto 53/2026, publicado en el Boletín Oficial el 27 de enero de 2026, y establece que, a partir del 2 de febrero, el Parlamento podrá debatir los proyectos vinculados a la baja de la edad de imputabilidad, hoy fijada en 16 años. La medida ordena el marco institucional para un debate que el Presidente había anticipado horas antes en Mar del Plata, con fuerte impacto político y social.

El decreto, firmado por el Presidente y por Manuel Adorni, amplía el alcance de las sesiones extraordinarias convocadas bajo las facultades de los artículos 63 y 99, inciso 9, de la Constitución Nacional, y formaliza un eje central de la agenda de seguridad y justicia del Gobierno.

Marco legal y alcance del Decreto 53/2026

El texto normativo es breve y preciso. En su Artículo 1°, dispone: “Inclúyese en el temario a tratar por el H. Congreso de la Nación, durante el período de Sesiones Extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026, la consideración de los Proyectos de Ley vinculados al Régimen Penal Juvenil”. El Artículo 2° ordena su publicación y archivo.

La ampliación del temario resulta clave desde el punto de vista institucional: sin esta inclusión expresa, el Congreso no podía abordar el tema durante el período extraordinario. Con el decreto, el Ejecutivo habilita el debate legislativo y traslada la discusión al ámbito parlamentario, donde deberán definirse los alcances, consensos y eventuales modificaciones al régimen vigente.

Antecedentes, fundamentos y señal política

La iniciativa apunta a modificar el régimen actual, vigente desde la última dictadura militar, que establece en 16 años el piso de punibilidad. El proyecto que el Ejecutivo prevé enviar —impulsado por las áreas de Seguridad y Justicia— propone reducir esa edad para permitir que menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y condenados bajo un nuevo esquema penal juvenil.

El decreto llega pocas horas después de un anuncio político realizado en Mar del Plata, donde el Presidente sintetizó el enfoque del Gobierno con una consigna que busca marcar rumbo: “En Argentina el que las hace las paga; delito de adulto, pena de adulto”. Esa definición discursiva encuentra ahora respaldo jurídico-administrativo, al abrir formalmente el debate legislativo.

Repercusiones y escenarios de debate

La inclusión del tema en extraordinarias anticipa un debate de alto voltaje político e institucional. Por un lado, coloca a la seguridad y al sistema penal juvenil en el centro de la agenda parlamentaria del inicio de 2026. Por otro, reabre una discusión histórica sobre responsabilidad penal, derechos de los menores y eficacia del sistema de justicia.

El tratamiento en el Congreso permitirá medir alineamientos, resistencias y posibles consensos, además de definir si la reforma avanza durante el período extraordinario o si queda sujeta a un debate más prolongado. En términos prácticos, el decreto no modifica por sí mismo el régimen vigente, pero habilita el escenario para una discusión que puede derivar en un cambio estructural del marco penal juvenil en la Argentina.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin