Congreso Nacional

Triunfo nacional de Milei: La Libertad Avanza consolida su presencia en el Congreso

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Triunfo categórico de La Libertad Avanza, el oficialismo gana en 16 provincias y supera el 40% de los votos a nivel nacional

Con el 90% de las mesas escrutadas, el oficialismo logró una victoria contundente en las elecciones legislativas nacionales 2025. Según datos oficiales difundidos por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, La Libertad Avanza (LLA) obtuvo el 40,84% de los votos en todo el país, ampliando su representación en el Congreso y consolidando al presidente Javier Milei en el centro del poder político nacional.

La sorpresa mayor se dio en la provincia de Buenos Aires, donde la lista encabezada por Diego Santilli revirtió la derrota de hace apenas seis semanas y se impuso sobre el peronismo, que en las elecciones locales había ganado por más de 14 puntos.

Avance político y territorial: La Libertad Avanza domina el mapa electoral

El oficialismo logró imponerse en 16 provincias, incluyendo Buenos Aires, CABA, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Mendoza, Salta, Santa Fe, Jujuy, La Rioja, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego. El resultado configura un nuevo mapa político nacional con fuerte predominio libertario, desplazando al peronismo a su nivel más bajo de representación desde 2015.

La magnitud del triunfo cobra especial relevancia tras los meses de turbulencia institucional y económica que enfrentó el Gobierno, atravesado por denuncias de corrupción y tensiones internas. El propio presidente Milei había marcado como objetivo obtener “un tercio de legisladores propios para blindar las decisiones del Ejecutivo”. Con los resultados actuales, la meta fue superada ampliamente.

El 40,84% de los votos obtenidos a nivel nacional se traduce en una recomposición de fuerzas en la Cámara de Diputados y el Senado, donde LLA podrá avanzar en la segunda etapa de su programa de reformas estructurales con mayor margen político.

Impacto institucional y reconfiguración del Gabinete

El resultado electoral le otorga al presidente Milei un fuerte respaldo político para encarar cambios en el Gabinete nacional y profundizar su agenda económica. Según trascendió desde el entorno presidencial, el mandatario tiene previsto reordenar su equipo de gobierno, y la continuidad del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, estaría en revisión.

Una primera imagen del festejo en el Hotel Libertador, búnker de campaña del oficialismo, mostró a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y a Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, en un rol protagónico. Ambos fueron señalados como piezas clave en la estrategia electoral diseñada por Santiago Caputo, asesor principal del Presidente.

También se destacó la presencia del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien llegó a la sede de campaña sonriente, luego de semanas de negociaciones con los Estados Unidos que contribuyeron a estabilizar el tipo de cambio. Su desempeño económico fue considerado determinante para recuperar la confianza del electorado.

Fuentes oficiales aseguraron que el nuevo escenario permitirá al Ejecutivo “profundizar las reformas estructurales con legitimidad democrática”, en alusión a la segunda fase del plan de gobierno.

Factores de la victoria y proyección política

La estrategia electoral de La Libertad Avanza se centró en tres ejes principales: recuperar la narrativa del triunfo presidencial de 2023, reforzar la presencia territorial del Presidente en las provincias y reformular el discurso hacia un tono más empático con los sectores sociales que soportaron el ajuste.

Según el asesor Santiago Caputo, el “click de campaña” fue la decisión de reemplazar a José Luis Espert por Diego Santilli en Buenos Aires, apenas 18 días antes de la elección. La maniobra, impulsada por Karina Milei y el propio Caputo, permitió captar el voto independiente y consolidar el liderazgo en el distrito más populoso del país.

Es más fácil corregir errores desde la victoria que desde la derrota”, sintetizó un funcionario libertario durante la noche del domingo, en alusión al nuevo equilibrio político que se abre para el oficialismo tras un año de desgaste y conflictos internos.

El peronismo, ante una derrota que reabre su crisis interna

En el espacio opositor, el peronismo enfrenta una derrota de gran magnitud. Con alrededor del 25% de los votos, las listas impulsadas por el kirchnerismo perdieron en casi todo el país, incluida la provincia de Buenos Aires, su bastión histórico.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien tuvo incidencia directa en el armado de las listas, deberá afrontar una nueva etapa de tensiones dentro del movimiento, en un contexto en el que los gobernadores e intendentes comienzan a reclamar autonomía política.

El espacio “Provincias Unidas”, que buscaba posicionarse como alternativa de centro entre libertarios y peronistas, también sufrió un revés en distritos clave como Córdoba, Santa Fe y Chubut, dejando en evidencia la persistencia de la polarización como eje dominante del sistema político argentino.

Un nuevo escenario político y económico

El resultado de las elecciones legislativas 2025 redefine el equilibrio institucional y anticipa un nuevo ciclo político en la Argentina. La mayoría obtenida por La Libertad Avanza en el Congreso permitirá avanzar con mayor respaldo en iniciativas pendientes como la Ley Ómnibus II, la reforma laboral y previsional y la desregulación de sectores económicos clave.

El fortalecimiento del oficialismo también tendrá impacto en los mercados, que esperan definiciones sobre el rumbo económico, la política cambiaria y los próximos pasos en materia de negociación con organismos internacionales.

La Libertad Avanza emerge, así, con un mandato renovado para encarar el segundo tramo del gobierno de Javier Milei, con mayor capital político, respaldo parlamentario y un nuevo mapa de poder que consolida el eje libertario en el centro de la escena nacional.

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Día de la Lealtad: el peronismo misionero llama a “frenar a Milei” y refundar el movimiento desde la militancia

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En el marco del Día de la Lealtad Peronista, dirigentes del justicialismo misionero reivindicaron la vigencia del movimiento y llamaron a fortalecer la militancia frente al contexto político y económico nacional. En medio de tensiones internas y cuestionamientos hacia el oficialismo provincial, figuras como Martín Ayala y Cristina Brítez coincidieron en la necesidad de “ponerle un freno a Milei” desde el Congreso y reconstruir el peronismo desde las bases.

“Al peso del aparato le oponemos la fuerza de la militancia”, sostuvo Ayala, referente del Partido Justicialista de Misiones e integrante de la CTA de los Trabajadores, en declaraciones públicas durante la conmemoración del 17 de octubre.

Militancia y refundación del peronismo

El dirigente afirmó que el peronismo “está vivo en cada trabajador y en cada familia misionera que mantiene en alto las banderas de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política”. A su juicio, el Día de la Lealtad debía transformarse “en un día de militancia para todo el pueblo argentino” ante lo que calificó como un “gobierno inhumano” encabezado por Javier Milei.

Consultado sobre la situación interna del PJ, Ayala aseguró que “el peronismo está más allá de una sede o de un sello partidario”, al tiempo que ratificó su pertenencia al espacio Fuerza Patria, donde confluyen diversos sectores del campo popular.

“El 26 de octubre va a comenzar con Fuerza Patria la refundación del peronismo y de la nueva Argentina que se viene”, anticipó.

En cuanto a las divisiones históricas dentro del movimiento, recordó con ironía una frase clásica: “Cuando uno veía a los peronistas peleando, parecía una bolsa de gatos; en realidad, se estaban rearmando”.

El dirigente también cuestionó la concentración del poder político y económico en la provincia: “Hoy hay un frente predominante que maneja los medios, la política y los grupos económicos. Pero al peso del aparato le oponemos la fuerza de la militancia, esa que se construye casa por casa”.

“Frenar a Milei desde el Congreso”: la postura de Cristina Brítez

Por su parte, Cristina Brítez, candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, reforzó la idea de que el próximo 26 de octubre se definirá “si el Congreso logra ponerle un freno a Javier Milei”. En una entrevista reciente, sostuvo que la elección legislativa será clave para evitar “la entrega de soberanía económica y política” del país.

“Si dicen que nuestra prioridad es frenar a Milei, es verdad. Porque para mejorar el país primero hay que frenarlo. No se puede construir nada mientras un gobierno neoliberal destruye derechos y castiga a los trabajadores”, afirmó.

Brítez recordó que el peronismo impulsó leyes como la emergencia en discapacidad y el refuerzo presupuestario universitario, “medidas concretas para los sectores más vulnerables”, y cuestionó a los legisladores de la Renovación por acompañar proyectos del oficialismo nacional.

“Cuando se necesitaban dos senadores para frenar el DNU 70 que desreguló la yerba mate, los senadores de la Renovación acompañaron a Milei, y hoy los tareferos y pequeños productores están pagando las consecuencias”, denunció.

La diputada también se refirió a la política exterior y la relación del gobierno con Estados Unidos: “Milei está entregando soberanía económica y nuestros recursos naturales. Los senadores de la Renovación tampoco frenaron la privatización de Nucleoeléctrica, que implica ceder soberanía energética”.

“Recuperar la política para la gente”

En el cierre de su intervención, Brítez llamó a “recuperar la política para la gente común” y reivindicó el rol del peronismo como herramienta de transformación social. “El peronista tiene que decir lo que piensa y hacer lo que dice. No se acaba el mundo cuando uno hace las cosas bien. Necesitamos dirigentes con coraje, no cómplices del poder”, sostuvo.

Tanto Ayala como Brítez coincidieron en que el 17 de octubre debe ser recordado no solo como una fecha histórica, sino como una oportunidad para reactivar la participación popular frente al ajuste. “La mística del peronismo sigue viva en los barrios, en los sindicatos y en las familias trabajadoras. Ese es el verdadero legado de la lealtad”, concluyó Ayala.

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Herrera Ahuad con Tomás Rebord: “No hay economía regional que se haya salvado de la motosierra”

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“Las provincias están muy afectadas: no hay economía regional que se haya salvado”, remarcó Oscar Herrera Ahuad en una entrevista con el periodista Tomás Rebord en “Hay Algo Ahí” que se transmite por el streaming Blender.

El exgobernador y candidato a Diputado nacional por el Frente Renovador de la ConcordiaOscar Herrera Ahuad pasó por uno de los streaming más vistos de la Argentina y analizó la crisis productiva, el rol del Congreso y la necesidad de un verdadero federalismo en Argentina en una entrevista con Tomás Rebord en Blender.

El exgobernador y candidato a diputado nacional por el Frente Renovador de la Concordia analizó la crisis productiva, el rol del Congreso y la necesidad de un verdadero federalismo en Argentina.

“Las provincias están muy afectadas: no hay economía regional que se haya salvado”

En una entrevista con el periodista Tomás Rebord en su programa Blender, el exgobernador de Misiones y actual candidato a diputado nacional por el Frente Renovador de la Concordia, Oscar Herrera Ahuad, trazó un duro diagnóstico sobre la situación económica del país y su impacto en las provincias.

“El escenario está muy complejo. No hay una sola economía regional que se haya salvado de la motosierra”, afirmó el dirigente misionero, al referirse a las consecuencias del ajuste y la desregulación económica impulsados por el Gobierno nacional.

Herrera Ahuad remarcó que la eliminación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) generó un “vacío regulatorio que dejó a los productores expuestos al libre mercado”, y que la falta de intervención del Estado “está afectando severamente a la cadena yerbatera y a todo el sector forestal e industrial de Misiones”.

“El yerbatero está en una emergencia muy compleja. La desregulación fue muy dura para la provincia. Lo mismo pasa con la madera: sin obra pública, sin mercado exportador competitivo y con un dólar que no cierra, se hace imposible sostener la producción”, sostuvo.

Federalismo, Congreso y reciprocidad: “Vamos a exigir políticas públicas para las provincias”

Consultado sobre la relación entre el Gobierno nacional y los mandatarios provinciales, Herrera Ahuad fue contundente: “Las decisiones se siguen tomando a nivel central. El federalismo es todavía una deuda. Las provincias seguimos reclamando atención y presencia del Estado nacional”.

El exmandatario advirtió que, en su futura labor legislativa, buscará impulsar una agenda orientada a los intereses de Misiones. “Voy a discutir las leyes que le sirvan a mi provincia. Ya no se trata de votar por gobernabilidad: si damos un voto, tiene que haber reciprocidad. Si apoyamos una ley, que devuelvan con políticas públicas”, señaló.

En ese sentido, planteó la necesidad de revisar el esquema de retenciones y beneficios fiscales, que considera concentrado en el centro del país. “¿Por qué el productor de soja o de trigo puede tener una alícuota cero, y el yerbatero o maderero misionero no? También son argentinos y trabajan la tierra”, cuestionó.

Herrera Ahuad insistió en que el Congreso debe recuperar su rol como ámbito de debate político con mirada federal: “Vamos a exigir que las leyes se piensen desde el interior hacia el centro, no al revés”.

“Misiones es un ejemplo de gestión: economía abierta y Estado presente”

Durante la charla, Rebord destacó el desempeño del exgobernador durante la pandemia, a lo que Herrera Ahuad respondió: “Nunca cerramos la economía. Misiones mantuvo en funcionamiento su sistema productivo y sanitario gracias a un pueblo educado sanitariamente y a un sistema de salud público robusto”.

El dirigente recordó que su gestión se basó en la coherencia política y la defensa del interés provincial, manteniendo colaboración institucional con todos los gobiernos nacionales, sin alineamientos partidarios automáticos. “Nunca fuimos en la boleta de Macri, ni de Alberto Fernández, ni de Milei, pero siempre dimos gobernabilidad. Esa es la coherencia de nuestro espacio: un partido provincial que responde al mandato del pueblo misionero”, afirmó.

Finalmente, al referirse al presente económico, fue categórico: “Esta es una pandemia económica. La gente está triste, está sufriendo. El ajuste se transformó en sufrimiento. No necesitamos shows, necesitamos decisiones políticas que devuelvan alegría al pueblo con más trabajo y más dinero en el bolsillo”.

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Francos confirmó que el Gobierno promulgará la ley de discapacidad, pero demorará su aplicación

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Tras el rechazo del Congreso al veto presidencial, el Ejecutivo confirmó que promulgará la ley de emergencia en discapacidad. Sin embargo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió que su reglamentación quedará supeditada a la definición de los recursos fiscales necesarios, en un contexto de fuerte impacto presupuestario.

El Congreso Nacional aprobó con amplio respaldo opositor y de sectores aliados la ley de emergencia en discapacidad, pese al veto del presidente Javier Milei. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado lograron superar los dos tercios requeridos para insistir con la sanción original, dejando al Ejecutivo sin margen político para bloquear la norma.

En este escenario, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció el 15 de septiembre que el Gobierno promulgará la ley, aunque no la aplicará hasta resolver cómo financiarla. “El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos”, afirmó.

Francos también lanzó una advertencia: “El Congreso, cuando sanciona una ley, debe establecer de dónde salen los recursos. No me pueden endilgar que vea las partidas cómo se reacomodan; eso es una mentira. Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?”.

Nuevas pensiones, aranceles actualizados y fortalecimiento de la ANDIS

La ley establece un régimen de Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social, con cobertura para quienes posean Certificado Único de Discapacidad (CUD), ingresos inferiores a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles, y sin acceso a otros planes similares. El beneficio será equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y compatible con empleo registrado dentro de los topes definidos.

Además:

  • Se prevé la transformación automática de pensiones previas sin necesidad de trámites adicionales.
  • Se refuerza el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad (Ley 24.901), con actualización automática mensual de aranceles ajustada al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
  • Se crea un régimen de regularización de deudas fiscales y de seguridad social para entidades del sector, con condonación de intereses y facilidades de pago.
  • Se fortalecen las competencias y el financiamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la implementación podría implicar un gasto adicional de entre $1,89 billones y $3,62 billones (0,22% a 0,42% del PBI), por nuevas altas de entre 493 mil y 946 mil beneficiarios. A esto se sumarían $278.323 millones por compensación de emergencia a prestadores y $7.160 millones para talleres de producción.

La sanción de la ley respondió a una crisis estructural del sistema de atención a la discapacidad, generada por el congelamiento de recursos y la reducción de beneficiarios tras una auditoría cuestionada en la ANDIS. El caso cobró mayor relevancia tras la destitución de Diego Spagnuolo, ex titular del organismo, involucrado en un escándalo por supuestas coimas con droguerías.

La oposición aprovechó este escenario para impulsar la iniciativa, que terminó obteniendo apoyo transversal en ambas cámaras. El oficialismo, en cambio, advirtió sobre la inconsistencia fiscal de la norma.

Presión fiscal y expectativas del sector

El anuncio de Francos implica que, si bien la ley entrará en vigencia formalmente, su aplicación efectiva dependerá de un acuerdo político sobre la reasignación de partidas o nuevas fuentes de financiamiento.

Para los prestadores de servicios y familias de personas con discapacidad, la demora genera incertidumbre. El sector esperaba una respuesta inmediata tras las movilizaciones masivas que impulsaron la sanción.

Desde el plano macroeconómico, el nuevo gasto plantea un dilema: absorber recursos que hoy se destinan a jubilaciones u otros programas, o ampliar el déficit en un momento en que el Gobierno busca mantener disciplina fiscal.

Negociación con el Congreso y escenario judicial latente

El Poder Ejecutivo podría convocar a las comisiones parlamentarias para discutir alternativas de financiamiento. Una opción sería reasignar partidas presupuestarias, mientras que otra, más polémica, podría implicar un esquema de financiamiento compartido con provincias.

Si no se logra un consenso, no se descarta que resurjan los planteos judiciales sobre la aplicación inmediata de la ley, dado que el derecho a la asistencia de las personas con discapacidad tiene reconocimiento constitucional y convencional.

En cualquier escenario, la reglamentación será clave: determinará tanto la velocidad de incorporación de beneficiarios como el impacto fiscal real de la medida.

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Tras rechazar el financiamiento universitario, el Gobierno también vetó la emergencia en pediatría

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La iniciativa proponía una recomposición salarial y una actualización en la partida presupuestaria para garantizar la atención de los pacientes.

El presidente Javier Milei vetó en su totalidad el Proyecto de Ley N° 27.796, sancionado por el Congreso el 22 de agosto, que declaraba la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias médicas nacionales por un año. El Decreto 651/2025, publicado este 11 de septiembre en el Boletín Oficial, fundamenta la decisión en el impacto presupuestario, la falta de definiciones claras y el riesgo de desfinanciar programas sanitarios esenciales.

El proyecto de emergencia sanitaria, impulsado con amplio respaldo parlamentario, buscaba garantizar acceso equitativo y de calidad a la atención pediátrica, recomponer salarios de médicos residentes y personal asistencial, y declarar al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional.

El texto establecía además exenciones de impuesto a las Ganancias para trabajadores de salud en actividades críticas y facultaba al Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias del Ministerio de Salud.

El Gobierno, sin embargo, consideró que la norma era “inviable, ambigua y fiscalmente irresponsable”, subrayando que la recomposición salarial prevista equivalía a un gasto adicional de $115.030 millones, monto comparable a un tercio del calendario nacional de vacunas o tres veces el presupuesto destinado a políticas de cobertura en VIH, tuberculosis y hepatitis.

Contenido técnico: los puntos más controversiales del veto

El decreto, firmado por Milei junto a Guillermo Francos, Luis Caputo, Sandra Pettovello, Patricia Bullrich, Luis Petri y otros ministros, detalla las razones del rechazo:

  • Mandatos abiertos e imprecisos: los artículos 2° y 3° no delimitaban con claridad las “funciones críticas” ni los beneficiarios de la recomposición, lo que generaba riesgo de litigiosidad y arbitrariedad en la implementación.
  • Impacto fiscal: la recomposición salarial y la exención de Ganancias suponían un gasto directo millonario y una merma en la coparticipación federal, al comprometer recursos compartidos entre Nación y provincias.
  • Desfinanciamiento de programas vigentes: reasignar recursos del Ministerio de Salud implicaba recortes en vacunas, tratamientos de alto costo, medicamentos esenciales y programas contra enfermedades infecciosas.
  • Distorsiones salariales: se advertía que el beneficio exclusivo a pediatría podía generar inequidades respecto de otros profesionales de la salud.
  • Exceso del Congreso: el Ejecutivo objetó que la ley derogaba la Resolución 2109/25 sobre residencias médicas, algo que —según el decreto— constituye una intromisión en facultades administrativas propias del Poder Ejecutivo.

Fundamentos oficiales: estabilidad macroeconómica versus gasto social

El Gobierno defendió el veto en nombre del equilibrio fiscal y de su meta de emisión monetaria cero, planteando que el Congreso impulsó una medida “bajo la apariencia de defender una causa noble” pero que “aumenta de forma desmedida el gasto público y pone en riesgo la estabilidad económica”.

En un pasaje del decreto, Milei advierte: “Cuando no existen recursos suficientes para solventar los compromisos asumidos, la consecuencia inevitable es la aceleración inflacionaria y el empobrecimiento de los sectores que se proclama amparar”.

El texto también destaca la gestión del Ejecutivo en el Hospital Garrahan, donde se afirma que en un año y medio se logró alcanzar “déficit cero” con ahorros de $40.000 millones y un presupuesto garantizado de $220.000 millones (incluido el aporte de CABA). Por ello, el artículo que lo declaraba hospital de referencia se consideró innecesario.

Choque institucional y debate sanitario

El veto presidencial abre un nuevo frente con el Congreso, que podría intentar insistir con la ley por mayoría especial. El oficialismo buscará que el tema se discuta dentro del Proyecto de Presupuesto 2026, que será remitido al Parlamento el 15 de septiembre, como el ámbito legítimo para definir asignaciones de gasto.

En el plano sanitario, la decisión generará críticas de asociaciones médicas y gremios de residentes, que vienen reclamando mejoras salariales y condiciones laborales. La Sociedad Argentina de Pediatría, mencionada en el proyecto, podría emitir un pronunciamiento.

En el plano político, el Gobierno busca reforzar su mensaje de austeridad y disciplina fiscal, aún a costa de enfrentar el costo social y simbólico de vetar una ley vinculada a la infancia.

Hacia un Presupuesto 2026 con foco en salud y recorte del gasto

La Casa Rosada anticipa que la discusión sobre financiamiento del sistema pediátrico se trasladará al debate del Presupuesto 2026, donde Milei intentará blindar su política de equilibrio fiscal y limitar los márgenes de gasto discrecional del Congreso.

El oficialismo apuesta a que la aprobación del Pacto de Mayo y el nuevo marco de reglas fiscales le den sustento político para sostener vetos como este, frente a una oposición que buscará capitalizar el costo político de la medida en un año de crisis económica.

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