Congreso

Caputo ratifica el esquema cambiario: apuesta a sostener el dólar sin sobresaltos y a bajar la inflación

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El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este lunes que el Gobierno continuará comprando dólares mientras no comprometa la estabilidad del tipo de cambio, sostuvo que la inflación de febrero perforará el 2,9% registrado en enero y descartó el envío de una ley integral de reforma tributaria al Congreso. En cambio, anticipó ajustes impositivos graduales, atados a la consolidación del superávit fiscal. El mensaje no fue técnico: buscó fijar expectativas en un momento donde el mercado mira reservas, el Congreso discute reformas estructurales y el frente externo suma incertidumbre. La pregunta es si la estrategia alcanza para sostener la calma cambiaria sin abrir nuevos frentes políticos.

Dólar bajo control y reservas en acumulación “inteligente”

Caputo defendió el esquema de bandas cambiarias y rechazó la idea de fijar un piso al dólar. “Nadie quiere ver un dólar a $1.100, pero no le podemos poner piso”, sostuvo. La señal apunta a evitar arbitrajes especulativos: si el mercado percibe un umbral garantizado, los exportadores retienen y la dinámica se tensa.

El ministro afirmó que hoy el equipo económico compra reservas entre cinco y seis veces lo comprometido con el FMI y que el objetivo es acumular “de manera inteligente”, considerando la demanda de dinero y la profundidad del mercado. En paralelo, remarcó que el cepo está levantado en un “90%” y que el Banco Central mantiene cautela para no desarmar de golpe los controles luego del “demasiado esfuerzo” realizado.

La arquitectura es clara: flotación administrada dentro de bandas, intervención prudente y acumulación sin fijar precios. Es una estrategia de equilibrio fino. Demasiada intervención puede erosionar credibilidad; demasiada libertad, disparar volatilidad.

Inflación y ancla fiscal: la promesa del “cero”

En materia de precios, Caputo anticipó que febrero cerrará por debajo del 2,9% de enero. No dio una cifra concreta, pero reforzó la idea de continuidad en el equilibrio fiscal y la estabilización de la tasa de interés como anclas del proceso.

El horizonte político lo fijó el presidente Javier Milei, quien prometió que la inflación podría empezar con cero en agosto. Caputo relativizó el plazo —podría demorarse “algún mes”—, aunque sostuvo que el equipo trabaja para que ocurra. Más que un dato estadístico, la referencia a un dígito mensual inicial en cero funciona como meta simbólica: consolidar el giro macro y blindar capital político.

Sin ley de reforma tributaria: gradualismo por superávit

El ministro descartó el envío de una reforma tributaria integral al Congreso. La decisión no es menor. Implica evitar una negociación legislativa amplia y potencialmente conflictiva con la oposición. En su lugar, el Ejecutivo avanzará con reducciones impositivas selectivas, condicionadas a la consolidación del superávit fiscal.

La lectura es táctica: mantener la iniciativa sin abrir un frente parlamentario que pueda trabar la agenda. Al mismo tiempo, se preserva el discurso pro-empresa y se incentiva la inversión. Caputo estimó que existen cerca de US$170.000 millones “en los colchones” que podrían canalizarse hacia crédito productivo. Vinculó esa posibilidad con la aprobación de la reforma laboral y la Ley de Inocuidad Fiscal, orientadas —según dijo— a formalizar empleo y fortalecer el financiamiento interno.

Deuda, mercado y shock externo

Caputo también descartó un canje de los bonos con vencimientos en 2029 y 2030 emitidos en la reestructuración liderada por Martín Guzmán. Argumentó que, con una participación del 60%, el ahorro de flujos sería de apenas US$1.000 millones, insuficiente para justificar la operación. La decisión busca evitar ruido en el mercado de deuda y preservar previsibilidad.

En el frente externo, el ministro admitió que la situación en Medio Oriente constituye un “shock externo fuerte” que afecta la apertura de los mercados y tendrá consecuencias. Allí introdujo una clave conceptual: el “mejor escudo” frente a esos shocks es tener los fundamentos ordenados. El alineamiento internacional definido por Milei también fue respaldado explícitamente.

Correlación de fuerzas y agenda

La estrategia económica fortalece al Ejecutivo en tanto logre sostener la desaceleración inflacionaria y evitar sobresaltos cambiarios. Pero condiciona su margen político: sin reforma tributaria integral, el Gobierno dependerá de avances fragmentados y de la aprobación de reformas estructurales en el Congreso para consolidar el relato de normalización.

La oposición, por su parte, pierde terreno si la inflación continúa bajando, aunque conserva capacidad de presión en el plano legislativo. El mercado, mientras tanto, seguirá testeando la consistencia entre acumulación de reservas, flexibilización del cepo y estabilidad del tipo de cambio.

El Gobierno apuesta a que la disciplina fiscal y la prudencia cambiaria alcancen para atravesar la volatilidad global sin resignar la hoja de ruta. El desafío no es técnico sino político: sostener expectativas en un año donde cada dato macro impacta directamente en la arquitectura de poder.

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Encuesta revela respaldo social a la reforma laboral y presiona al Gobierno para ir más rápido

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Un estudio nacional detectó que el 62% consideraba “urgente” la reforma laboral y que seis de cada diez avalan cambios estructurales.

La reforma laboral impulsada por Javier Milei cayó de manera mayoritariamente positiva entre los argentinos y es percibida como una transformación de carácter urgente. Así lo confirma un relevamiento de DC Consultora dirigida por Aníbal Urios, que detectó un cambio cultural profundo: seis de cada diez encuestados consideran imprescindible avanzar con modificaciones estructurales, incluso cuando implican revisar condiciones históricas del mercado de trabajo.

La calle valida la reforma y exige más profundidad

En plena negociación legislativa y con la reforma laboral ya convertida en ley, un estudio privado expuso un dato político que reordena el tablero: el 62% de los encuestados respondió “sí, claro” cuando se le preguntó si la reforma es urgente, y seis de cada diez reclaman avanzar en transformaciones estructurales, incluso si implican revisar condiciones históricas del mercado de trabajo.

El relevamiento fue realizado por DC Consultora, dirigida por Aníbal Urios, y se apartó de las tradicionales mediciones de imagen o intención de voto para indagar sobre el rumbo que la sociedad pretende para el país. El resultado no solo muestra respaldo al cambio impulsado por el Gobierno de Javier Milei, sino que agrega un elemento incómodo para la política: una parte significativa del electorado considera que las modificaciones podrían haber sido más profundas.

Ante la consulta sobre el contenido concreto de la reforma, un 30% la consideró adecuada en su forma actual, mientras que otro 30% la calificó como “muy light” y pidió mayor intensidad en los cambios. El dato introduce una tensión implícita: mientras el oficialismo negocia en el Congreso para garantizar gobernabilidad, una franja de su base social parece demandar menos concesiones y más velocidad.

Reforma laboral y giro cultural

Según el estudio, el punto de inflexión se produjo en 2023, cuando el electorado optó por un cambio que, de acuerdo con el consultor, difiere de experiencias previas. La lectura es que existe una demanda por una “Argentina totalmente distinta” a la de las últimas décadas, aunque no bajo una lógica de ruptura desordenada, sino en una proporción que el sondeo describe como “60-40”.

En ese marco, la reforma laboral se inscribe en un proceso más amplio de revisión de reglas económicas. Entre los puntos debatidos figuran el fraccionamiento de vacaciones, la modificación del cálculo indemnizatorio —que excluye algunos ítems— y la revisión de licencias. Sobre este último punto, el 62% se manifestó a favor de analizar el régimen por enfermedad, bajo la percepción de que existen abusos.

La ciudadanía, según el estudio, distingue entre lo que debe modificarse y lo que funciona. No aparece una demanda de desregulación total, sino un mandato selectivo: mantener lo que opera y reformar lo que genera distorsiones.

Apertura económica, impuestos y mapa de responsabilidades

El trabajo también midió percepciones sobre apertura comercial y presión impositiva. En un contexto donde sectores productivos advierten dificultades para competir con importaciones —con casos de empresas que anunciaron cierres o alertas por competencia externa—, el respaldo social a la apertura convive con un reclamo de equidad fiscal.

Casi el 49% señaló a los impuestos provinciales como los que más afectan su vida cotidiana, frente a un 36% que apuntó a los nacionales. El dato reconfigura el discurso federal: mientras algunos gobernadores denuncian desfinanciamiento por la caída de transferencias y coparticipación, parte de la sociedad identifica en tributos locales como ingresos brutos, patentes o inmobiliario el principal “dolor tributario”.

El mensaje es doble. Por un lado, el ajuste nacional es internalizado como necesario por una franja amplia. Por otro, crece la presión hacia provincias y municipios para revisar su estructura impositiva si quieren sostener legitimidad política.

Seguridad y prioridades: un desacople en agenda

Otro hallazgo relevante es el contraste en materia de seguridad. Aunque el Gobierno impulsa con fuerza el debate sobre la baja en la edad de imputabilidad, apenas el 7,8% lo identifica como el principal problema en esa área. En cambio, el 51,56% señala al accionar del Poder Judicial como la raíz de la inseguridad.

Este desacople no necesariamente debilita la estrategia oficial, pero sí reorienta el foco. Si la opinión pública percibe que el problema radica en la respuesta judicial, el Ejecutivo podría encontrar allí un nuevo eje de confrontación política, en línea con su narrativa de disputa contra estructuras que frenan el cambio.

Gobernar con datos en un clima de alta expectativa

El estudio describe 2026 como “el año de las expectativas”, en el que la sociedad esperará que las reformas se traduzcan en mejoras tangibles en la economía diaria. La aprobación legislativa ya no será suficiente: el respaldo está condicionado a resultados.

En un escenario de tolerancia transaccional, donde el apoyo social se sostiene mientras haya señales de progreso, el margen de error se reduce. El Gobierno avanza en su agenda estructural y consigue mayorías en el Congreso, pero enfrenta una presión distinta: la de una ciudadanía que no pide moderación, sino eficacia.

La reforma laboral ya superó la instancia parlamentaria. Ahora comienza una etapa más exigente, donde la política deberá demostrar que el cambio normativo puede convertirse en transformación concreta. La distancia entre discurso y realidad será el verdadero termómetro en los próximos meses.

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Qué cambia tras la aprobación de la reforma laboral

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Tras un intenso debate en el Senado, el Congreso aprobó la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo. La norma modifica indemnizaciones, amplía el período de prueba y crea un fondo para cubrir despidos. El oficialismo avanza en su agenda estructural, pero abre un nuevo escenario de tensiones laborales.

Un cambio estructural en el régimen laboral

El Congreso aprobó la reforma laboral promovida por el Poder Ejecutivo y la convirtió en ley luego de un debate decisivo en el Senado de la Nación. La sanción marca uno de los movimientos institucionales más relevantes en materia de relaciones laborales de los últimos años: redefine la registración, modifica el esquema indemnizatorio, altera aportes sindicales y crea nuevos instrumentos para afrontar costos de desvinculación.

El dato político es claro. El Gobierno logra avanzar en una reforma estructural en un terreno históricamente sensible y con fuerte capacidad de movilización sindical. La pregunta que se abre no es solo jurídica, sino política: ¿consolida el liderazgo oficial en el Congreso o inaugura una etapa de mayor conflictividad en el frente laboral?

La norma impacta de lleno en el sector privado. Introduce herramientas de flexibilidad organizativa, reduce cargas sociales y rediseña incentivos para la formalización, en paralelo con un nuevo esquema para afrontar despidos.

Registro digital, banco de horas y vacaciones flexibles

Uno de los ejes operativos es la simplificación de la registración laboral. A partir de ahora, el registro ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será suficiente para acreditar la relación laboral. La ley habilita además la digitalización de los libros laborales, que tendrán validez plena y deberán conservarse durante diez años.

En materia salarial, el pago deberá realizarse exclusivamente a través de entidades bancarias o instituciones oficiales de ahorro. La norma excluye de manera expresa las billeteras virtuales como canal para el pago de haberes.

La reforma también introduce el banco de horas, que podrá implementarse mediante acuerdos escritos entre empleadores y trabajadores. Este mecanismo permite compensar horas extraordinarias con descansos, dentro de los límites legales de jornada y pausas. No elimina topes, pero sí otorga mayor margen de organización interna.

En cuanto a vacaciones, se mantiene el período general entre octubre y abril, aunque se habilita el pacto para otorgarlas fuera de ese intervalo. También se permite fraccionarlas en tramos de al menos siete días consecutivos. El esquema conserva la estructura básica, pero flexibiliza su aplicación.

Indemnizaciones, período de prueba y eliminación de multas

El núcleo más sensible de la reforma aparece en el régimen de despido. La indemnización por antigüedad se calculará exclusivamente sobre la remuneración mensual, normal y habitual. Quedan fuera conceptos de pago no mensual, como el sueldo anual complementario y las vacaciones. Además, la ley establece que la indemnización será la única reparación derivada del despido.

Los créditos laborales se actualizarán por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual. El cambio apunta a uniformar criterios y reducir litigiosidad.

La norma amplía el período de prueba a seis meses. Para empresas de hasta cinco empleados, podrá extenderse a ocho meses. Durante ese lapso, el vínculo podrá extinguirse sin indemnización por antigüedad, aunque el empleador deberá registrar al trabajador desde el inicio y cumplir obligaciones previsionales.

En paralelo, la ley elimina las multas previstas en la Ley 24.013 por trabajo no registrado o registración deficiente. En su lugar, establece un régimen de incentivos a la regularización. Los empleadores que blanqueen personal no pagarán sanciones, pero sí deberán abonar diferencias salariales y previsionales adeudadas.

El mensaje político es claro: se reemplaza el esquema punitivo por uno de incentivo a la formalización.

Fondo de Asistencia Laboral y fondos de cese

Como complemento al sistema tradicional, la ley crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Las grandes empresas aportarán el 1% de las remuneraciones mensuales y las micro, pequeñas y medianas empresas el 2,5%. El Poder Ejecutivo podrá elevar esos porcentajes hasta el 1,5% y el 3%, respectivamente, con aval de la Comisión Bicameral.

Además, habilita a los convenios colectivos a establecer fondos de cese laboral bajo un sistema de capitalización individual. En este caso, el trabajador percibirá el monto acumulado al finalizar la relación laboral en reemplazo de la indemnización tradicional. La modalidad deberá acordarse en paritarias y no podrá implicar una quita de derechos adquiridos.

Este punto introduce una lógica distinta en la previsión de costos de desvinculación, con impacto directo en la estructura financiera de las empresas.

Cargas sociales, aportes sindicales y pago de sentencias

La reforma reduce contribuciones patronales a la Seguridad Social: un punto porcentual para grandes empresas y 2,5 puntos para MiPyMEs, con posibilidad de ampliación legislativa hasta 1,5% y 3%, respectivamente. En ese marco se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), orientado a promover incorporación tecnológica y expansión empresarial.

En materia sindical, los aportes patronales a cámaras o asociaciones empresarias no podrán superar el 0,5% de las remuneraciones y serán voluntarios desde enero de 2028. Los aportes a asociaciones de trabajadores no podrán exceder el 2%, manteniéndose el 6% destinado a obras sociales. Se elimina además la posibilidad de que el empleador actúe como agente de retención de cuotas de afiliación sin conformidad expresa del trabajador.

Por último, las empresas podrán pagar sentencias laborales firmes en cuotas: hasta seis mensuales para grandes compañías y hasta doce para MiPyMEs y empleadores individuales.

Reconfiguración política y escenario abierto

Con esta ley, el Gobierno consolida su capacidad de impulsar reformas estructurales en el Congreso, avanzando sobre un área tradicionalmente sensible para la oposición y los sindicatos. El oficialismo fortalece su agenda de reducción de costos laborales y flexibilización regulatoria, mientras reordena el sistema de incentivos para la formalización y la inversión.

Sin embargo, la implementación será determinante. La reglamentación definirá alcances operativos y tiempos de aplicación. También habrá que observar la respuesta sindical y la evolución de la litigiosidad laboral bajo el nuevo esquema.

La reforma ya es ley. Lo que resta definir es cómo se traducirá en el mercado de trabajo real y qué impacto tendrá en la dinámica política entre Gobierno, Congreso y actores sociales en los próximos meses.

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El oficialismo logró aprobar la reforma a la ley de Glaciares en el Senado y el Gobierno estalló en euforia

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La iniciativa se aprobó con 40 votos afirmativos, recibió 31 rechazos y una abstención, y ahora la escena se trasladará a la Cámara de Diputados una vez que comience el periodo de sesiones ordinarias.

En una de las galerías del recinto celebraron con fervor la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el minsitro de Interior, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

La aprobación del proyecto era un compromiso asumido por el Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscaban una legislación más dinámica y menos rígida para destrabar y multiplicar las inversiones en minería e hidrocarburos.

Incidentes en la previa

Horas antes de que comenzara el debate en el recinto de la Cámara baja se produjeron incidentes en las afueras del Congreso, que terminó con una docena de activistas de Greenpeace detenidos tras saltar las rejas del Palacio con la intención de alterar el desarrollo de la sesión.

Pero el episodio más lamentable ocurrió cuando un camarógrafo de A24 fue reprimido por las fuerzas de seguridad cuando intentaba registrar los ataques con gas pimienta de la policía.

El proyecto

El proyecto de reforma a la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir la explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.

La iniciativa oficial introduce una precisión al hablar de las “formas periglaciares”, y alienta a distinguir entre aquellas que cumplen funciones de “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” de aquellas que no necesariamente cumplen dicha finalidad y son aptas para la utilización económica.

Esto significa que con la nueva ley no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable.

La normativa actual, que data del 2010, protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares que están constituidas por una mezcla suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos.

Son ecosistemas muy fríos de alta montaña, reservorios de agua dulce habitualmente cercanos a glaciares, que se caracterizan por tener suelos congelados o saturados de agua y juegan un rol importante en la regulación del equilibrio hídrico y geomorfológico.

Con la modificación propuesta, se mantiene la prohibición para el desarrollo de actividades económicas en glaciares pero se abre una puerta para desarrollar proyectos de inversión en áreas que no tengan una función hídrica fehaciente.

El proyecto crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya confección y funcionamiento estará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación de la Secretaría de Energía, que es la autoridad de aplicación.

A través del inventario, el organismo técnico tendrá la función de individualizar glaciares y formas periglaciares en el territorio nacional, y sobre éstas últimas deberá diferenciar entre aquellas que cumplen con la función hídrica de las que no.

Entre las actividades prohibidas, es decir, aquellas que “alteran de modo relevante la condición natural” o el valor hídrico de los glaciares se encuentran aquellas que liberen sustancias contaminantes, residuos o productos químicos; obras de arquitectura o infraestructura; exploración o explotación minera e hidrocarburífera; y actividades industriales.

En cambio, las actividades permitidas son las investigaciones científicas, las tareas de rescate de emergencia, y la práctica de deportes no motorizados como andinismo y escalada.

El debate

El senador nacional de la Libertad Avanza Agustín Coto sostuvo que la reforma a la Ley de Glaciares “responde a la necesidad de armonizar la normativa”.

“Además, se mantienen todas las actividades prohibidas en los glaciares y el ambiente periglaciar. Se está resolviendo un asunto que este mismo Senado planteó desde diferentes espacios políticos”, aseguró el oficialista fueguino.

Por su parte, el senador por La Pampa Daniel Pablo Bensusán (Justicialista) reclamó “discutir de cara a la gente” ya que “esto no es una mera norma técnica”.

“Estamos discutiendo si intereses económicos en unas pocas provincias van a ser superiores al interés que tenemos todos los argentinos en el medio ambiente y en el agua”, advirtió.

Su par del bloque Justicialista Carlos Linares también se expresó en contra de la iniciativa propuesta por el oficialismo, y consideró que “sin consenso social no se puede cambiar una ley”.

“La minera trae riqueza para pocos, no para el pueblo argentino. Es necesario que los gobiernos provinciales le hagan sentir el rigor a las empresas porque cuando terminan estos pueblos quedan abandonados”, expresó el chubutense.

El senador de La Libertad Avanza Bruno Olivera remarcó que “es enemigo de una buena práctica ambiental tener una ambigüedad jurídica como la que tenemos con la actual Ley de Glaciares”.

“Esta ley viene a terminar con esa ambigüedad, vamos a proteger mejor el agua y así habilitar el desarrollo de las provincias”, explicó el libertario sanjuanino.

A su turno, Alicia Kirchner (Justicialista) sostuvo que “con este proyecto hay retroceso institucional”.

“El agua es un recurso estratégico, si quieren hacer las cosas bien, el proyecto tiene que volver a comisión porque no tiene seguridad jurídica”, apuntó la ex ministra de Desarrollo Social de Néstor y Cristina Kirchner.

El senador rionegrino Enzo Fullone (La Libertad Avanza) señaló que “esta ley transmite el federalismo que necesitamos para que las provincias se desarrollen y tengan mayores ingresos”.

“El agua está protegida y esta ley no cambia eso, al contrario, se integra un principio precautorio para que no se toque el inventario”, dijo.

En tanto, su coprovinciano Martín Soria (Justicialista) afirmó que este no es un proyecto técnico, que tenga fines ambientales” sino “una reforma ideológica, totalmente servil”.

“Por eso ya venía escondida en la Ley Bases. También fue parte de la discusión del Pacto de Mayo con algunos gobernadores. Hay desesperación de atrás de todo esto”, apuntó el ex ministro de Justicia del Frente de Todos.

“Lo que el oficialismo pretende a través de esta reforma totalmente ideológica es una Argentina reducida a la exportación de recursos naturales en bruto. Lo que pretende Milei es un modelo de país primarizado donde se exportan recursos naturales de todos los argentinos y de las futuras generaciones totalmente subordinados a los intereses del mercado global”, advirtió.

Para Soria, “estamos ante una avanzada del oficialismo bajo el disfraz de que quieren aggiornar la ley porque supuestamente le falta claridad”.

“Más clara que la ley de Glaciares no hay. No hay nada que aclarar salvo negocios turbios que seguramente los habrá para desguazar glaciares que son recursos naturales y abrirle la puerta a la producción minera en zonas donde hoy por suerte no pueden poner un pie”, continuó.

Según alertó, las zonas periglaciares que quedarían sin protección si avanza la iniciativa representan “entre el 25 y el 50% del recurso hídrico cuencas abajo de estos glaciares en provincias patagónicas que vienen de 15 años de incendiarse”.

La también rionegrina Ana Marks (Justicialista) denunció que con la reforma planteada por el oficialismo “quieren seguir profundizando este país que entrega y permite que se saqueen sus recursos en función de los intereses de las corporaciones”.

“Sin agua no hay vida, no hay economías regionales, no hay posibilidad de producción y tampoco hay seguridad sanitaria”, expresó la senadora kirchnerista.

“Tenemos un gobierno flexibilizador, entreguista, que busca el saqueo, que le interesan más los bolsillos de las corporaciones que nuestros pibes tomen agua sin contaminar cuando abran la canilla”, disparó.

En insistió en que el objetivo es “flexibilizar para responder a los intereses del saqueo de empresas foráneas”.

Maximiliano Abad (UCR) reconoció que alrededor del tema existe una natural “tensión entre la preservación de ecosistemas y el progreso económico”,

“Los países con alto nivel de desarrollo la solucionaron con instituciones sólidas, controles eficaces y reglas que cumplen, puntualizó.

Y concluyó que “el proyecto no ofrece una mirada de equilibrio”, por lo que anticipó su voto “no positivo”.

El entrerriano Adán Bahl (Justicialista) también se manifestó en contra y sostuvo que “la Argentina necesita generar trabajo y un desarrollo productivo real y para eso tiene que crecer de manera sustentable, cuidando los recursos para no eliminar esos activos”.

“Si queremos seguridad jurídica necesitamos una norma técnicamente robusta”, agregó el senador opositor.

En la misma sintonía, la cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas) aseguró que este proyecto de ley que modifica la Ley de Glaciares ”está signado por la improvisación” y “carece de un enfoque centrado en el paradigma de la protección ambiental y en el cambio climático que hoy ya ningún país es capaz de negar, y omite el rol adaptativo que tienen nuestros glaciares”.

El senador nacional de La Libertad Avanza Luis Juez explicó hoy la razón por la cual votará este jueves la reforma a la Ley de Glaciares de modo diametralmente opuesto a cómo lo había hecho en 2010 cuando se sancionó la iniciativa, y aclaró que no se considera a sí mismo “un falso, un cínico ni un hipócrita”.

“Esta ley no vulnera ninguna de las garantías que en aquel momento se consagraron. Digo esto para los que hacen terrorismo ecológico”, lanzó el cordobés, recientemente incorporado a las filas libertarias.

“No soy un falso, un cínico ni un hipócrita. Hace 16 años yo levantaba la mano y lográbamos tener un estándar básico y mínimo. 16 años después, sin borrar el codo lo que escribía con la mano, apoyo esta ley que le devuelve a las provincias la autonomía que le corresponde respecto a sus recursos naturales y hacerlo con arreglo a lo que votamos en el 2010”, argumentó.

Juez recordó que aquella votación se ganó 35 a 33 y que apuntó que la mayoría de los senadores del peronismo habían “votado decididamente en contra”.

“Hoy pareciera que vivieran en un iglú en medio de un glaciar, rodeados de pingüinos. Todos defensores de los glaciares y de los periglaciares pero en aquel momento votaron decididamente en contra. Esto parece un campeonato de hipocresía y de cinismo”, comentó durante la sesión en la Cámara alta.

Edith Terenzi (Despierta Chubut) sostuvo que “impulsar una reforma regresiva con estos visos de inconstitucionalidad no va a generar seguridad juridica que es lo que el gobierno está persiguiendo sino todo lo contrario: va a generar más incertidumbre”.

“El proyecto presenta vicios inconstitucionales muy importantes. Desconoce la doctrina de la Corte Suprema, compromisos internacionales de Escazú y ahora Mercosur-Unión Europea, y resulta incluso incompatible con la legislación ambiental vigente”, completó.

El catamarqueño de la UCR Flavio Fama apoyó la reforma y señaló que el objetivo es “compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo y las competencias provinciales”.

“Es una irresponsabilidad declamar bandera sin conocer la norma, ni las realidades en donde convive la actividad minera”, enfatizó el senador radical.

Anabel Fernández Sagasti (Justicialista) advirtió que “la decisión que se tome respecto de esta ley es irreversible para el futuro de los argentinos”.

“Esto no es una modificación técnica a la Ley de Glaciares. Esta es una ley que flexibiliza estándares ambientales, es un retroceso y un cambio de paradigma. Pasamos de un paradigma científico, técnico y rígido a un criterio discrecional y político”, recalcó.

La camporista aseveró que la iniciativa “pone a competir a las provincias en un dumping flexibilizador para ver cuál trae más inversiones”.

“En lugar de cooperar las provincias, empiezan a competir”, alertó la legisladora mendocina.

“Hay muchísimos minerales por fuera de los ambientes glaciales y periglaciales que no están explotados. Entonces esto no es minería sí o minería no”, apuntó.

Para Fernández Sagasti, “la necesidad de dólares urgentes no nos puede llevar a rifar riquezas naturales que no vamos a poder recuperar ni con todo el oro del mundo”.

El último discurso estuvo a cargo de la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien pidió terminar con la “falsa dicotomía” entre protección del medio ambiente y creación de trabajo y producción.

“Terminemos con la falsa elección. No es agua o trabajo”, enfatizó, y señaló que “no se toca la columna vertebral de la ley” ya que los glaciares siguen siendo considerados bienes de interés público y reservas estratégicas de recursos hídricos con total protección.

“Esa confusión ha paralizado una cantidad importantísima de inversiones”, lamentó la ex ministra de Seguridad, que dijo que a partir de una mejor delimitación de las zonas que no contienen reservas hídricas se van a poder atraer proyectos de inversión que generarán trabajo y producción local.

“La historia no está golepando la puerta. No dejemos pasar esta oportunidad”, exhortó antes de que se procediera a la votación.

“El verdadero ambientalismo del siglo XXi no es un ambientalismo que prohíba. E suin ambientalismo que tenga tecnologia, controles, transparencia y previsibilidad. Es un ambientalismo responsable, no el ambientalismo extremo que lo único que hace es impedir todo”, diferenció Bullrich.

La ex ministra de Seguridad aclaró que “el capitalismo no le teme al control” sino a “la arbitrariedad, al clientelismo, a la discrecionalidad, al feudalismo”

“El control es intrínseco del capitalismo porque necesita seguriad jurídica”, esgrimió.

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Diputados activan una ley de emergencia salarial docente y desafían el ajuste educativo del Ejecutivo

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Un grupo de diputados de distintos bloques opositores presentó un proyecto para declarar la emergencia salarial educativa por cinco años y crear un refuerzo mensual de hasta $119.473 por cargo entre marzo y diciembre. La iniciativa propone financiarlo con el 1% del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y reasignar $740.500 millones no ejecutados en 2025 para infraestructura escolar. El movimiento no es solo presupuestario: busca reabrir la disputa política por el financiamiento educativo frente al recorte aplicado por el gobierno nacional.

El dato que estructura el debate es contundente: entre 2023 y 2025 el salario docente perdió en promedio un 19% de poder adquisitivo, con retrocesos en 19 de las 24 jurisdicciones. En paralelo, la inversión educativa real cayó 47,7% durante la actual gestión y descendió del 1,4% del PBI en 2023 al 0,82% en 2025, el nivel más bajo desde 2005.

En ese marco, la oposición intenta convertir el Congreso en el escenario donde se discuta el rumbo del financiamiento del sistema educativo. La señal política es clara: si el Ejecutivo retira recursos, el Parlamento busca forzar su reasignación.

Emergencia por cinco años y financiamiento automático: el diseño institucional

El proyecto declara la emergencia salarial educativa por cinco años y crea un Fortalecimiento Salarial Educativo financiado con el 1% del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional. La clave institucional está en el mecanismo: asignación específica, distribución automática y acreditación directa al recibo de sueldo docente. Sin intermediaciones ni discrecionalidad.

El esquema contempla dos componentes:

  • Complemento Federal de $52.269 mensuales para docentes, directivos y no docentes de la educación obligatoria estatal.
  • Compensación Federal adicional de $67.204 para quienes trabajan en escuelas de alta vulnerabilidad.

Entre marzo y diciembre, el refuerzo alcanzaría un total cercano a $119.473 adicionales por cargo, con prioridad para contextos más críticos.

El proyecto no crea nuevos impuestos ni modifica la coparticipación. Reasigna recursos existentes y elimina la discrecionalidad en el uso de los ATN, un punto sensible en la relación fiscal Nación-provincias. En términos políticos, el diseño apunta a reforzar el federalismo financiero y quitarle margen de maniobra al Ejecutivo en la administración de esos fondos.

El trasfondo institucional es más amplio. La iniciativa se presenta luego de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la ausencia de paritaria nacional y el veto a leyes de financiamiento educativo. Además, contrasta con la declaración de la educación como “servicio esencial” mediante DNU. La tensión es evidente: esencialidad normativa frente a contracción presupuestaria.

“La situación actual no responde a un hecho fortuito, sino a una determinación política del gobierno. El poder ejecutivo nacional ha optado por desestimar su responsabilidad en la materia, transfiriendo el costo de la crisis a las provincias”, señalaron los autores del proyecto.

Ingresos, infraestructura y equilibrio fiscal

En términos concretos, el proyecto busca recomponer ingresos en un sector que emplea a 916.674 trabajadores, sostiene 44.460 escuelas y atiende a 7.458.411 estudiantes.

El impacto directo sería una mejora en el ingreso disponible de los hogares docentes, con efecto inmediato en consumo local, especialmente en provincias donde el salario estatal es un componente central de la economía regional.

Pero el alcance no se limita al salario. La propuesta destina los $740.500 millones correspondientes a ATN 2025 no ejecutados a infraestructura educativa. El 75% se dirigiría a establecimientos estatales de nivel inicial, primario y secundario; el 25% restante a escuelas técnicas secundarias.

En un contexto de caída real del gasto educativo del 47,7%, esa reasignación funciona como un intento de compensar el freno inversor. Infraestructura y educación técnica impactan de manera directa en calidad educativa y, en el mediano plazo, en capital humano y competitividad productiva.

Sin embargo, el proyecto también abre interrogantes fiscales. Si bien no crea impuestos nuevos, redirige recursos del ATN, un fondo históricamente utilizado con discrecionalidad política. La reasignación automática reduce el margen del Ejecutivo para administrar esos recursos frente a emergencias o negociaciones interjurisdiccionales.

La disputa por el financiamiento educativo

La iniciativa reúne a diputados de distintas provincias y bloques, entre ellos Nicolás Trotta, Natalia De la Sota, Miguel Ángel Pichetto, Guillermo Snopek, Marcela Pagano, Sebastián Galmarini, Esteban Paulón, José Glinski, Mónica Frade, Maximiliano Ferraro, Moira Lanesan Sancho, Agustina Propato, Gustavo Bordet, Martín Aveiro, Jorge Chica, Cristian Andino, Pablo Yedlin, Ernesto Alí, Luis Basterra, Raúl Hadad, Santiago Roberto, Marcelo Mango y Pablo Todero. El armado refleja una construcción transversal con anclaje federal.

“Ante la retracción del Estado nacional, el Congreso debe ejercer su rol de garante del derecho a la educación. La sostenibilidad del sistema es inseparable de salarios dignos para los docentes y los trabajadores de la educación”, sostuvo Trotta.

El movimiento también interpela el discurso oficial. Declarar la educación como esencial mientras se elimina el FONID y se retrae el financiamiento configura una contradicción política que la oposición busca capitalizar.

La discusión, sin embargo, recién comienza. El proyecto deberá atravesar el debate parlamentario en un contexto de tensión fiscal y confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso. Si avanza, redefinirá el esquema de financiamiento educativo y el uso de los ATN. Si se bloquea, consolidará el rumbo actual de ajuste.

En cualquier caso, la disputa excede lo salarial. Está en juego quién define el equilibrio entre disciplina fiscal, federalismo y sostenibilidad del sistema educativo en un escenario económico todavía inestable.

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