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Diputados misioneros llevaron al Congreso el rechazo a una tercera casilla de peaje sobre la Ruta 12

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Los diputados nacionales por Misiones que integran el bloque Argentina Federal formalizaron en la Cámara de Diputados de la Nación su rechazo a la instalación de una tercera estación de peaje sobre la Ruta Nacional 12, prevista a la altura del municipio de Puerto Rico, en el departamento Libertador General San Martín.

El proyecto de declaración, cuya autora es la diputada Yamila Ruiz, lleva además las firmas del presidente de Argentina Federal y exgobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, y de los legisladores misioneros Alberto Arrúa y Daniel Vancsik.

La presentación busca que la Cámara de Diputados exprese formalmente su preocupación ante una medida que, según advierten los legisladores, significaría una carga financiera adicional para trabajadores, estudiantes, comerciantes y productores que utilizan cotidianamente la Ruta Nacional 12.

De esta manera, el planteo que ya había tomado fuerza en los municipios de la zona afectada alcanzó el Congreso de la Nación, con un posicionamiento conjunto de los cuatro diputados misioneros de Argentina Federal.

Un reclamo que comenzó en el territorio y llegó al Congreso

La iniciativa parlamentaria acompaña el planteo que vienen realizando los intendentes de Puerto Rico, Carlos Koth; Garuhapé, Gerardo Schmied; y Capioví, Ramón Arrúa, quienes recientemente se reunieron con representantes de la Cámara de Comercio regional y otras organizaciones de la zona para manifestar su oposición a la instalación de una nueva cabina de peaje.

El reclamo apunta especialmente a las consecuencias que tendría sumar otro costo sobre una ruta utilizada diariamente para trabajar, estudiar, producir, comercializar mercaderías, acceder a establecimientos sanitarios y realizar trámites y actividades esenciales.

Los fundamentos presentados en Diputados señalan que la Ruta Nacional 12 constituye una de las principales vías de conectividad, producción y desarrollo del Nordeste argentino, con particular importancia para Puerto Rico, Capioví, Ruiz de Montoya, colonias y parajes del departamento Libertador General San Martín.

En ese sentido, remarcan que buena parte de los desplazamientos por ese corredor no corresponde a viajes ocasionales ni turísticos, sino a traslados cotidianos vinculados con el trabajo, la educación, la producción, el comercio, la salud y el acceso a servicios esenciales.

El impacto sobre productores, familias y PyMEs

Uno de los argumentos centrales del proyecto está relacionado con el impacto económico que una nueva tarifa tendría sobre las economías familiares y las pequeñas y medianas empresas.

Los diputados advierten que el nuevo peaje podría afectar la competitividad de las actividades productivas y comerciales de la región y transformarse en un nuevo costo para quienes necesitan utilizar diariamente la Ruta 12.

También señalan un aspecto específico de la estructura económica del centro de Misiones: la nueva estación podría incrementar los costos de los fletes vinculados con producciones características de la provincia, entre ellas la madera, la yerba mate, el té y la citricultura.

La presentación sostiene que la ubicación prevista generaría una fragmentación del tejido socioproductivo del departamento, al encarecer los movimientos entre localidades estrechamente vinculadas desde el punto de vista laboral, comercial y productivo.

Advierten que no existen vías alternativas adecuadas

Otro punto destacado es la ausencia de caminos alternativos o colectores en condiciones óptimas de transitabilidad que permitan trasladarse entre municipios sin atravesar obligatoriamente la estación y pagar la tarifa.

Para los legisladores, esta situación adquiere especial relevancia porque habitantes de municipios vecinos utilizan la Ruta 12 para desplazamientos de corta distancia y de carácter cotidiano.

La preocupación parlamentaria se produce en el marco de la Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía de la Nación, vinculada con la adjudicación de la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 5040001 LPU 26, correspondiente a la Etapa III de la Red Federal de Concesiones.

Según los fundamentos del proyecto, el renglón correspondiente al tramo Noreste fue adjudicado a una UTE integrada por Carlos E. Enriquez S.A. y HORMI S.A. por un plazo de 20 años, dentro de un esquema de concesión de obra pública por peaje que contempla nuevas cabinas en la red vial nacional de Misiones.

Piden revisar la medida y contemplar exenciones

El proyecto no se limita a expresar preocupación. Los diputados misioneros plantean que, en caso de avanzar con la concesión y la instalación del peaje, el Ministerio de Economía y la Dirección Nacional de Vialidad deberían establecer medidas concretas de mitigación.

Entre las alternativas mencionadas figuran exenciones y tarifas diferenciales para los residentes del departamento Libertador General San Martín y de las zonas aledañas.

Con la presentación, Herrera Ahuad, Ruiz, Arrúa y Vancsik trasladaron así al ámbito legislativo nacional un reclamo que viene creciendo en los municipios directamente involucrados y que reúne a autoridades locales, comerciantes, productores y organizaciones regionales.

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Caputo dará este miércoles una conferencia con anuncios económicos

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El ministro de Economía, Luis Caputo, dará este miércoles por la mañana una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda en la que anunciará nuevas medidas económicas, en una presentación rodeada de hermetismo. El Gobierno confirmó la actividad después de la reunión de la Mesa Política realizada el martes en la Casa Rosada, pero evitó precisar tanto el contenido como el horario exacto de la exposición.

La aparición pública del titular del Palacio de Hacienda tendrá lugar en un momento sensible para el programa económico. El dólar mayorista volvió a superar los $1.500 después de varias semanas de tensión en el mercado de pesos y movimientos en las tasas de interés, mientras la recuperación de la actividad continúa mostrando un comportamiento heterogéneo entre sectores.

Ese contexto coloca a los anuncios bajo una doble lupa: la respuesta inmediata de los mercados y su capacidad para incidir sobre una economía que todavía enfrenta restricciones sobre el consumo, el crédito y la inversión. Hasta el momento, el Ejecutivo no confirmó si las medidas estarán orientadas específicamente a acelerar la recuperación económica.

La conferencia tendrá además una sincronización política relevante. Caputo hablará antes de que la Cámara de Diputados avance este miércoles con dos iniciativas centrales para el oficialismo: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y una nueva versión del proyecto de Inocencia Fiscal, conocido como Inocencia Fiscal II.

Ambos proyectos forman parte de la agenda con la que la administración de Javier Milei busca consolidar las bases institucionales de su programa económico y proyectar su estrategia hacia las elecciones de 2027. La reforma del BCRA, en particular, toca uno de los núcleos de la arquitectura monetaria del Gobierno, mientras que el proyecto fiscal apunta a modificar las condiciones bajo las cuales se relacionan los contribuyentes con el Estado.

La confirmación de la conferencia surgió luego de una nueva reunión de la Mesa Política, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Allí se repasó la agenda legislativa y distintos aspectos de la gestión, en una semana que también tendrá una sesión del Senado prevista para este jueves, con tratamiento de pliegos de jueces y distintos tratados internacionales.

El escenario económico agrega presión a la definición de las próximas medidas. La suba del dólar mayorista y la volatilidad de las tasas colocaron nuevamente el frente cambiario y financiero entre las variables observadas por empresas e inversores. Al mismo tiempo, la mejora de algunos indicadores de actividad convive con dificultades en sectores que todavía no recuperaron niveles previos.

La expectativa también se alimenta de la reciente instrucción de Milei a sus funcionarios para que salgan a “militar y defender el modelo”, en medio de cuestionamientos sobre el impacto de las políticas oficiales en el consumo, el empleo y la situación de las empresas. En ese marco, cualquier anuncio de Caputo será leído no solo por su contenido técnico, sino también como una señal sobre la siguiente etapa del programa económico.

El antecedente inmediato fue la conferencia del 13 de agosto, cuando Economía anunció una flexibilización de los créditos en dólares para ampliar el acceso al financiamiento en moneda extranjera. La modificación permitió que empresas sin ingresos vinculados con exportaciones pudieran acceder a ese tipo de préstamos.

La normativa estableció que los bancos podrían destinar a esas financiaciones hasta el equivalente al 15% de sus depósitos en dólares. Al mismo tiempo, incorporó exigencias prudenciales superiores para esas operaciones, con un requisito de capital mínimo equivalente al 125% del aplicable a financiaciones comparables y una exposición crediticia computada por 1,25 veces.

En aquella oportunidad, Caputo explicó que el objetivo era ampliar la capacidad prestable del sistema financiero y generar incentivos para que los dólares de los argentinos ingresen y permanezcan dentro de los bancos. La medida buscó así conectar la disponibilidad de liquidez en moneda extranjera con una mayor oferta de crédito para el sector privado.

El ministro también había anticipado que el Gobierno analizaba mecanismos para ampliar el crédito hipotecario. Entre las alternativas mencionó la posibilidad de que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) licite depósitos de largo plazo, de modo que las entidades bancarias puedan disponer de mayor fondeo para financiar hipotecas.

La nueva conferencia abre ahora otra incógnita sobre la dirección de la política económica. Con el mercado cambiario bajo observación, el Congreso discutiendo cambios estructurales para el BCRA y una actividad que todavía presenta velocidades diferentes según el sector, el contenido de los anuncios determinará si se trata de una medida de corto plazo para administrar tensiones o de una señal más amplia sobre la próxima fase del programa económico.

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Ley de Propiedad Privada: Sturzenegger defendió la reforma mientras organizaciones protestan frente al Congreso

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El Senado comenzó a debatir este jueves una versión acotada del proyecto de Ley de Propiedad Privada, luego de que el Gobierno nacional resignara uno de sus capítulos más controvertidos: la flexibilización de los límites para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La decisión respondió a la falta de respaldo legislativo entre gobernadores y bloques aliados, pero no evitó la tensión política ni las protestas convocadas frente al Congreso.

En la previa de la sesión, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió públicamente el espíritu de la iniciativa y lamentó que el capítulo referido a la Ley de Tierras quedara fuera del dictamen. A través de sus redes sociales, sostuvo que la discusión planteaba “elegir entre el miedo y la prosperidad”, al insistir en que la reforma buscaba facilitar inversiones productivas en distintas regiones del país.

Para reforzar su argumento, el funcionario vinculó la reciente inversión anunciada en San Juan por la empresa minera Vicuña con las reformas impulsadas por el Gobierno en materia regulatoria. Según expresó, la flexibilización de normas como la Ley de Glaciares permitió destrabar proyectos de infraestructura y desarrollo, y consideró que una modificación de la Ley de Tierras habría generado oportunidades similares en todo el territorio nacional.

La eliminación de ese capítulo representó una concesión política del oficialismo para preservar el tratamiento del proyecto. La Libertad Avanza aceptó retirar la propuesta luego de que senadores vinculados a los gobernadores de Salta, Tucumán y Neuquén anticiparan que no acompañarían la flexibilización del régimen que limita la tenencia de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.

Pese a ese cambio, el proyecto mantiene reformas de alcance significativo. Entre ellas sobresalen la creación de un procedimiento de desalojo más ágil para inmuebles usurpados, modificaciones al régimen de expropiaciones, cambios en la Ley de Manejo del Fuego y nuevas herramientas para la regularización dominial y la digitalización de los registros de propiedad.

Mientras el debate se desarrolla en el recinto, organizaciones sociales, gremiales y políticas se concentran frente al Congreso para manifestar su rechazo al conjunto de la iniciativa. Bajo una intensa lluvia, columnas del Movimiento Evita, Libres del Sur, Izquierda Socialista, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (UATRE) y otras organizaciones se movilizaron hacia el Palacio Legislativo.

El operativo de seguridad incluyó vallados y una fuerte presencia policial en los accesos al Congreso, especialmente sobre las avenidas Entre Ríos, Callao y Rivadavia, además de la calle Hipólito Yrigoyen. Diversas columnas avanzaron desde la Avenida 9 de Julio por Avenida de Mayo para confluir frente al Parlamento.

Las organizaciones sostienen que, aunque el Gobierno retiró el capítulo referido a la extranjerización de tierras, el resto del proyecto continúa afectando derechos vinculados al acceso a la vivienda, la regulación del uso del suelo y la protección de determinados bienes públicos. Por esa razón decidieron mantener la convocatoria y expresar su rechazo integral a la propuesta oficial.

La discusión vuelve a poner en evidencia las dificultades del Gobierno para construir mayorías legislativas en proyectos estructurales. Si bien el oficialismo logró preservar el tratamiento de la iniciativa mediante modificaciones, el retiro de uno de sus ejes centrales refleja el peso de las provincias en el debate sobre los recursos estratégicos y la propiedad de la tierra, un tema que continúa generando tensiones entre la búsqueda de inversiones y la defensa de la soberanía territorial.

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Los gremios sostienen la marcha pese a los cambios en la Ley de Tierras

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Si bien el Gobierno dio de baja la cláusula de venta de tierras a extranjeros para salvar la sesión en el Senado, eso no cambió la movilización estipulada al Congreso por parte de gremios y organizaciones sociales, que rechazan la totalidad de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

“Se sostiene la movilización”, le expresaron a Agencia Noticias Argentinas desde el entorno de uno de los dirigentes de la CGT, una de las centrales obreras que confirmó presencia en Parlamento para este jueves a las 14. 

En el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), grupo de gremios distanciados de la conducción cegetista, el diagnóstico es similar al de la calle Azopardo: van a protestar frente el Parlamento a partir del mediodía ya que continúan en el texto aquellos artículos que consideran “nocivos”.

Este grupo de “duros” del gremialismo mencionó las partes del texto que determinan desalojos exprés para inquilinos, comunidades indígenas y campesinos, la limitación de la capacidad del Estado de realizar expropiaciones y las modificaciones en la ley de fuego para habilitar la venta de tierras quemadas, entre otros puntos. Con esas normativas en pie, el Fresu considera imprescindible mantener la movilización.

En la CTA Autónoma también apuestan a sostener lo planificado para este jueves y en las organizaciones sociales la idea es la misma: construir una gran marcha que refleje el malestar social contra el gobierno de Javier Milei. “Se mantiene la convocatoria hasta nuevo aviso”, expresaron, a su vez, en la UTEP.

Este miércoles a la mañana en la calle Azopardo, las tres centrales obreras armaron una conferencia de prensa para rechazar la normativa. Allí estuvieron el triunvirato cegetista compuesto por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, además de Hugo Godoy (CTA-A) y Hugo Yasky (CTA-T), quienes denunciaron que la iniciativa oficialista de flexibilizar los topes de venta de tierras a extranjeros es un intento de “ponerle un cartel de venta al país” para beneficiar a “unos pocos millonarios”.

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Passalacqua ratificó su rechazo a la reforma de la Ley de Tierras: “No acompañaremos ninguna iniciativa que facilite la extranjerización”

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El gobernador Hugo Passalacqua, volvió a fijar una posición contundente contra el proyecto de reforma de la Ley Nacional de Tierras Rurales N.º 26.737, al advertir que Misiones no acompañará ninguna iniciativa que facilite la extranjerización de las tierras misioneras.

A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía, el mandatario provincial reafirmó que la defensa del territorio constituye una política de Estado para Misiones y marcó distancia de la iniciativa que se debate en el Congreso nacional.

“Queridos misioneros, como gobernador y como ciudadano a pie, quiero dejar clarísima mi posición contraria al proyecto de ley de extranjerización del suelo misionero”, expresó Passalacqua.

El gobernador sostuvo que la provincia mantendrá una postura firme en defensa de su patrimonio territorial y de sus recursos naturales.

“Misiones siempre va a defender su territorio y el derecho de las provincias a proteger sus recursos estratégicos”, afirmó.

En ese marco, dejó en claro que el Ejecutivo provincial rechaza cualquier modificación normativa que implique flexibilizar los límites vigentes para la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros.

“Nuestra posición es clara: no acompañaremos ninguna iniciativa que facilite la extranjerización de nuestras tierras. Defender la tierra es defender a los misioneros y a las generaciones que vienen”, enfatizó.

La posición institucional de Misiones

La declaración del gobernador se suma a una serie de pronunciamientos realizados por distintos actores políticos e institucionales de la provincia en rechazo al capítulo del proyecto denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que modifica la Ley de Tierras Rurales.

En las últimas horas, el senador nacional Carlos Arce también anunció que votará en contra de la totalidad del Capítulo III de la iniciativa, al considerar que las inversiones deben promoverse con seguridad jurídica, pero preservando el interés público, el ambiente y la soberanía sobre los recursos estratégicos.

La postura de Passalacqua consolida la estrategia institucional de Misiones de defender un régimen que preserve el control sobre el territorio provincial, especialmente por su condición de provincia fronteriza y por el valor ambiental, productivo y estratégico de sus tierras.

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