Congreso

Milei acelera la reforma del Banco Central: busca blindar por ley la prohibición de financiar al Tesoro

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El presidente Javier Milei reunió este miércoles en Casa Rosada a los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza para definir la hoja de ruta legislativa del segundo semestre y anunció uno de los proyectos económicos más ambiciosos de su gestión: una reforma integral de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el objetivo de impedir que la autoridad monetaria vuelva a financiar al Tesoro mediante emisión de dinero.

La iniciativa, que el mandatario elabora junto a equipos del Ministerio de Economía y del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, apunta a consolidar institucionalmente uno de los pilares del programa económico libertario: eliminar la asistencia monetaria al déficit fiscal y restringir las funciones del Banco Central a la preservación del valor de la moneda.

La propuesta retoma conceptos que Milei expuso recientemente en la Fundación Faro, donde cuestionó el rol que adquirió el BCRA tras la reforma impulsada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Según la visión del Presidente, aquella modificación transformó a la entidad en un instrumento de política económica al ampliar sus objetivos y flexibilizar los mecanismos para asistir financieramente al Estado.

El cambio más relevante de aquella reforma fue la modificación del artículo 3 de la Carta Orgánica. Hasta entonces, la misión primaria del Banco Central era “preservar el valor de la moneda”. Desde 2012, ese mandato fue reemplazado por un esquema de objetivos múltiples que incorporó la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social, ampliando el margen de intervención de la autoridad monetaria.

Para el oficialismo, esa redefinición institucional terminó habilitando un uso recurrente de la emisión monetaria como mecanismo de financiamiento del gasto público. En particular, cuestiona la flexibilización de los Adelantos Transitorios previstos en el artículo 20, herramienta mediante la cual el Banco Central pudo transferir recursos al Tesoro cuando éste enfrentaba restricciones de financiamiento.

Desde la óptica del Gobierno, esa dinámica fue uno de los factores estructurales que alimentaron décadas de inflación crónica, pérdida del poder adquisitivo y deterioro de la moneda nacional. “Por cualquier motivo podía emitirse dinero”, sostuvo Milei en su exposición, donde además insistió en que el Banco Central debe recuperar exclusivamente la función de defender el valor del peso.

La reforma buscará, en consecuencia, restringir severamente la capacidad del BCRA para financiar al sector público y reforzar su misión como autoridad monetaria independiente. Aunque el Gobierno aún no difundió el texto definitivo del proyecto, en la Casa Rosada admiten que la intención es revertir buena parte de las modificaciones introducidas hace catorce años y otorgar un marco legal permanente al esquema de disciplina monetaria que actualmente aplica el Ministerio de Economía.

Una agenda legislativa que combina reformas económicas y políticas

El encuentro fue convocado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien además presentó las prioridades parlamentarias para los próximos meses y agradeció a los legisladores oficialistas por el respaldo a las iniciativas impulsadas desde el Ejecutivo.

Además de la reforma del Banco Central, el Gobierno buscará avanzar con una amplia reforma política, modificaciones al régimen de Zona Fría y cambios al proyecto de Inocencia Fiscal elaborado por el Ministerio de Economía.

En materia electoral, el oficialismo pretende eliminar las PASO obligatorias, incorporar definitivamente el criterio de Ficha Limpia, flexibilizar el financiamiento privado de campañas, modificar aspectos de la boleta única y eliminar la obligatoriedad del debate presidencial.

Respecto del régimen de Zona Fría, la intención oficial es focalizar los subsidios al gas natural únicamente en los hogares vulnerables de las provincias incorporadas en 2021, mientras que la Patagonia, la Puna y Malargüe conservarían el beneficio pleno.

En paralelo, Economía impulsa modificaciones al régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias para ampliar el universo de contribuyentes alcanzados y facilitar la formalización patrimonial.

Consolidar el programa económico por vía legislativa

La decisión de avanzar sobre la Carta Orgánica del Banco Central refleja la intención del Gobierno de transformar en legislación permanente los principales ejes de su programa económico. Si durante el primer año y medio de gestión el ajuste fiscal, la eliminación del financiamiento monetario y la desaceleración inflacionaria se apoyaron principalmente en decisiones administrativas y de política económica, ahora la estrategia apunta a blindar esos cambios mediante reformas legales que dificulten una eventual reversión por futuras administraciones.

En ese marco, la modificación del funcionamiento del BCRA aparece como una de las reformas institucionales más profundas que buscará impulsar el oficialismo en el Congreso, junto con los cambios políticos y tributarios que integran la agenda legislativa para el segundo semestre. La apuesta de Milei es convertir el equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria en principios permanentes del sistema económico argentino, limitando por ley la utilización de la emisión como herramienta de financiamiento del Estado.

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Argentina promulga la ley que habilita acuerdos con holdouts

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El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.818, que aprueba los acuerdos de conciliación alcanzados con Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores liderado por Attestor Value Master Fund LP, poniendo fin a dos litigios internacionales vinculados al proceso de reestructuración de la deuda argentina. La norma, oficializada mediante el Decreto 564/2026, habilita al Ministerio de Economía a ejecutar los pagos previstos con cargo al presupuesto destinado al servicio de la deuda pública.

La decisión no implica la emisión de nueva deuda ni modifica el perfil de vencimientos vigente. Su relevancia radica en la reducción de riesgos legales que podían derivar en nuevas medidas cautelares o acciones de embargo sobre activos argentinos en el exterior, un factor seguido de cerca por inversores, organismos multilaterales y empresas con exposición al financiamiento internacional.

Los acuerdos fueron aprobados por el Congreso el pasado 24 de junio y establecen que las obligaciones asumidas serán afrontadas a través de la Jurisdicción 90 – Servicio de la Deuda Pública, preservando el tratamiento presupuestario específico para este tipo de compromisos.

Para el sector privado, la normalización de litigios internacionales constituye una variable relevante porque reduce uno de los componentes del denominado riesgo jurídico soberano, es decir, la incertidumbre asociada a demandas contra el Estado que pueden afectar el acceso al crédito o encarecer el costo de financiamiento del país.

En términos financieros, el cierre de estos expedientes complementa la estrategia oficial orientada a mejorar la percepción de solvencia institucional de Argentina. Aunque el impacto inmediato sobre el riesgo país dependerá de múltiples variables macroeconómicas, la eliminación de pasivos judiciales pendientes suele ser considerada positivamente por los mercados al disminuir potenciales contingencias futuras.

El texto legal no incorpora modificaciones respecto de las condiciones negociadas entre las partes. Se limita a otorgar la aprobación legislativa requerida para la entrada en vigencia de los acuerdos, requisito indispensable para que el Estado pueda cumplir con las obligaciones asumidas durante la negociación.

Qué implica para el sector productivo

Para empresas exportadoras, industrias con proyectos de inversión y compañías que recurren al financiamiento externo, la resolución de controversias internacionales representa una mejora institucional, aunque de efecto indirecto.

Aspectos relevantes de la medida Se aprueban los acuerdos de conciliación con Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund. Los pagos serán financiados mediante partidas del Servicio de la Deuda Pública. Se reducen contingencias judiciales vinculadas a bonos soberanos. No se crean nuevos instrumentos de deuda ni se modifican los vencimientos vigentes. Se fortalece el proceso de normalización financiera impulsado por el Ministerio de Economía.

La promulgación de la Ley 27.818 representa un paso en la estrategia de cierre de litigios heredados vinculados a la deuda soberana. El verdadero impacto económico dependerá de si estas señales institucionales logran traducirse en una reducción sostenida del costo de financiamiento del Estado y, posteriormente, del sector privado. Para el entramado productivo argentino, la normalización financiera adquiere valor cuando se convierte en mejores condiciones para invertir, producir y acceder al crédito.

Anexo Ley 27818 by CristianMilciades

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La Cámara Electoral declaró nulo el DNU que transfería a Migraciones el otorgamiento de la ciudadanía argentina

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La Cámara Nacional Electoral (CNE) asestó un nuevo revés judicial al Gobierno nacional al declarar la nulidad absoluta del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había transferido a la Dirección Nacional de Migraciones la facultad de otorgar la ciudadanía argentina, una competencia que históricamente ejercen los jueces federales.

El fallo representa un límite institucional al uso de los decretos presidenciales y reafirma que la regulación de los derechos políticos constituye una materia reservada al Congreso de la Nación. Para el máximo tribunal electoral, el Ejecutivo avanzó sobre atribuciones legislativas expresamente vedadas por la Constitución Nacional y no logró demostrar la existencia de una situación de excepcional urgencia que justificara eludir el debate parlamentario.

La resolución fue dictada al resolver el caso de Liping Yang, un ciudadano chino cuya solicitud de carta de ciudadanía había sido rechazada por un juez federal de Entre Ríos bajo el nuevo régimen establecido por el decreto presidencial. Sin embargo, la Cámara aprovechó ese expediente para pronunciarse sobre la constitucionalidad de toda la reforma introducida por el DNU.

El argumento central de los magistrados es que el otorgamiento de la ciudadanía no constituye un simple trámite administrativo o migratorio, sino que está directamente vinculado con la adquisición de los derechos políticos, entre ellos el derecho al voto. Esa característica ubica la materia dentro del ámbito electoral, un terreno sobre el cual la Constitución prohíbe expresamente legislar mediante decretos de necesidad y urgencia.

En ese sentido, la sentencia recuerda que el artículo 99 inciso 3° de la Constitución Nacional establece que el Poder Ejecutivo “no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable”, emitir disposiciones de carácter legislativo en materia electoral. Para la Cámara, la eliminación de la competencia judicial para otorgar la ciudadanía encuadra exactamente en esa prohibición constitucional.

Además del cuestionamiento de fondo, los jueces descartaron que existieran circunstancias extraordinarias que justificaran el dictado del DNU. El Gobierno había argumentado que la Dirección Nacional de Migraciones era el organismo más adecuado para evaluar los pedidos de ciudadanía y que resultaba más eficiente concentrar allí el procedimiento.

Sin embargo, la Cámara concluyó que esos fundamentos responden exclusivamente a razones de oportunidad, mérito o conveniencia administrativa, aspectos cuya definición corresponde al Congreso y no habilitan el uso de facultades legislativas excepcionales por parte del Presidente.

El tribunal sostuvo que el Ejecutivo no acreditó una “situación de rigurosa excepcionalidad y urgencia” que hiciera imposible el tratamiento parlamentario del cambio normativo. Por el contrario, interpretó que el objetivo del decreto era modificar de manera permanente el régimen legal vigente sin atravesar el procedimiento legislativo previsto por la Constitución.

La sentencia también desarrolla un extenso análisis sobre el concepto jurídico de ciudadanía y su estrecha relación con el sistema democrático argentino. Para fundamentar su decisión, los magistrados citaron doctrina constitucional de autores como Juan Bautista Alberdi, Segundo V. Linares Quintana, Germán Bidart Campos, Gregorio Badeni y José Manuel Estrada, quienes coinciden en definir la ciudadanía como el vínculo jurídico-político que habilita el ejercicio de los derechos políticos.

Asimismo, recordaron que la propia Constitución otorga una protección reforzada a las normas electorales. No sólo exige mayorías especiales para su modificación, sino que además excluye expresamente esa materia del régimen excepcional de los decretos de necesidad y urgencia, precisamente para preservar la división de poderes y la integridad del sistema democrático.

Como consecuencia del fallo, la Cámara revocó la resolución de primera instancia que había rechazado el pedido de ciudadanía de Yang y ordenó que el trámite continúe bajo el régimen establecido por la Ley 346 y su decreto reglamentario, que mantienen la competencia en cabeza de los jueces federales.

Además, dispuso comunicar formalmente la sentencia al Ministerio de Seguridad para que instruya a la Dirección Nacional de Migraciones a adecuar su actuación al criterio fijado por la Justicia y notificó la decisión a todos los jueces federales con competencia electoral del país, con el objetivo de unificar la interpretación sobre la aplicación del DNU.

Desde el punto de vista institucional, el fallo constituye un nuevo capítulo en la creciente judicialización de diversas reformas impulsadas por el Gobierno nacional mediante decretos. La decisión reafirma el criterio de la Cámara Nacional Electoral respecto de los límites constitucionales del Poder Ejecutivo y fortalece el principio de que las modificaciones vinculadas a la ciudadanía y a los derechos políticos deben debatirse y aprobarse exclusivamente en el Congreso.

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Bolivia: el Congreso autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en las protestas

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Con más de dos tercios de votos a favor, la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó el martes una ley que anuló las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, en medio de las protestas y bloqueos de rutas por parte de sectores que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La nueva norma, que anula la ley 1.341 conocida como Ley Copa y que regía desde octubre de 2020, ahora pasó al Ejecutivo para que la firme el mandatario. Se trata de la vía para que Paz pueda declarar un estado de excepción.

De esta manera, según los legisladores, se permitirá una intervención más amplia de las Fuerzas Armadas en el control de los conflictos sociales que impiden el abastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos principalmente en La Paz, El Alto y Oruro.

Bolivia ingresó en su cuarta semana consecutiva de conflictividad social, con movilizaciones lideradas por organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB), además de sectores campesinos, indígenas, mineros, fabriles y juntas vecinales. El martes, los bloqueos de carreteras alcanzaron los 150 puntos todo el país.

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La crisis del sector yerbatero llegó al Congreso 

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La Comisión conjunta de Economía y Economías Regionales de la Cámara de Diputados, presididas por Julia Strada y Luis Basterra respectivamente, convocó a una reunión informativa en la que productores, trabajadores y especialistas del sector yerbatero expusieron la profunda crisis que atraviesa la actividad. La jornada puso en evidencia que el sector yerbatero es un caso testigo del modelo de desregulación y abandono del gobierno nacional.
 
La presidenta de la Comisión de Economía Julia Strada señaló al finalizar la misma la necesidad de que desde la política no se queden únicamente con los marcos teóricos, sino que se apunte a resolver problemas concretos: “La realidad que hoy trajeron requiere nuestra intervención urgente. Tendremos distintas miradas, pero requiere nuestra intervención urgente. Por eso, esta comisión convocó hoy a los diputados de todos los partidos, a los tareferos, a los productores, a otros diputados de provincias, a que pudieran contar la realidad”.
 
Luego añadió: “Tres años esa idea y esas leyes tienen resultados concretos, tienen personas, productores, tareferos, que vienen a relatar los impactos en la vida cotidiana de esas ideas que se tradujeron en decretos y en leyes. Y me parece que nuestra responsabilidad política, como diputados y diputadas, es trabajar sobre la realidad, ya no solo sobre los marcos teóricos, sino sobre la realidad”.
 
Por último, reafirmó el pedido para que desde el oficialismo habiliten el debate: “Fíjense que no les pido que firmen dictamen conmigo, tampoco les pido que firmen nuestros proyectos, les pido que abran el debate. Esta casa de la democracia es para eso”.
 
El presidente de la comisión de Economías regionales, Luis Basterra celebró la reunión: “Destacamos la participación de cada uno de los presentes en esta comisión. Seguramente encontremos puntos de coincidencia y puntos en donde debatiremos. Nosotros estamos convencidos que hay otra forma de llegar y de generar posicionamiento de un producto como la yerba que es con con inclusión y desarrollo y no exclusión como viene pasando. Los esfuerzos tienen que estar hechos de manera conjunta”. 
 
El también diputado Oscar Herrera Ahuad dijo:  “El artículo 42 de la Constitución Nacional dice que las autoridades deben proveer a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de mercado y al control del monopolio naturales y legales. El mandato constitucional es la base legal para prevenir los abusos de posición dominante en la economía”.
 
La reunión se desarrolló en un escenario de crisis estructural para el sector: precio del kilo de hoja verde por debajo del costo de producción, imposibilidad de fijar precios de referencia tras el desmantelamiento del INYM, concentración del mercado, recorte del programa IDER como único financiamiento disponible para pequeños productores y cooperativas, y un éxodo laboral creciente hacia Brasil.
 
En su intervención, Ángel Ozeñuk, productor yerbatero y referente de los productores autoconvocados de la zona norte de Misiones (San Vicente, Misiones) remarcó: “Por el 2023, un productor necesitaba para compra 1 litro de gasoil 2kg de hoja verde, hoy en la actualidad el productor necesita 11 kg y medio para 1 litro de gasoil: le pido a las industrias que me digan cómo quieren que sobreviva un productor en la chacra, como quieren que sobreviva la familia yerbatera”.
 
Por su parte, Ana Cubilla, secretaria General del Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR) de Misiones denunció que: “A partir del minuto 0 de este DNU, nos desregularon nuestras vidas”.
 
Además, Luis Andruczyszyn, productor yerbatero hizo un poco de historia: “Cumplí 60 años, de los cuales 30 en la lucha. Estuve tranquilo del 2001 al 2023 y hoy salimos devuelta con montón de gente. Estamos devuelta en la cámara de Diputados luchando por lo nuestro”.
 
El caso del sector yerbatero constituye un caso testigo de lo que sucede con la desregulación llevada a cabo por Javier Milei. El DNU 70/2023 llevó a la eliminación de la fijación del precio de la yerba colocando a los productores en una situación de profunda vulnerabilidad. Hoy los productores yerbateros cobran $220 por kg de hoja verde, un valor que representa apenas el 13,1% del precio de góndola, el peor registro desde 2019. La situación es tal que, según el propio INYM, el costo de producir un kilogramo de hoja verde asciende a $424 —sin contemplar impuestos ni rentabilidad—, lo que implica una pérdida mínima de $204 por cada kilogramo cosechado, equivalente al 92,7% de lo que efectivamente recibe el productor. Y esto se agrava por la forma en que cobran: apenas el 50% al momento de entrega, y el resto en cuotas a 30, 60, 90 y hasta 120 días, en un contexto de creciente aumento de cheques rechazados.
 
La brecha entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor final nunca fue tan grande: en términos reales, al productor le pagan un 66,6% menos por kg de hoja verde que lo que correspondería si el precio hubiera seguido la inflación desde diciembre de 2023. Sin previsibilidad de precios y sin garantías mínimas para cubrir costos, miles de productores y trabajadores rurales de Misiones están optando por el éxodo laboral hacia Brasil.
 
Manfredo Seifert, productor yerbatero y vicepresidente de la Federación de Cooperativas (Montecarlo) remarcó: “Haber desregulado la actividad con semejante fallas de mercado ha demostrado que no genera competencia, genera transferencia de ingresos del productor al secadero y del secadero al molino. La desregulación no generó un mercado más competitivo sino uno más salvaje y más concentrado”.
 
A su turno, Susana Cuadra, productora yerbatera en Colonia Itatí denunció: “Mis hijas están en la universidad y hoy la mamá muchas veces no le puede dar $20.000. Les tengo que decir esperen, a ver de dónde salen esos $20.000. Es muy injusto, muy triste.”
Cristian Castro, diputado provincial de Misiones por el Partido Agrario y Social (PAyS) denunció la concentración del sector: “El 80% de los productores de yerba mate tienen menos de 30 has. Estamos hablando de minifundios y es lo que caracteriza a la provincia de Misiones. Del otro lado vemos el otro eslabón de la cadena yerbatera que son los que demandan la hoja verde y podemos ver la concentración: las 2 primeras tienen el 40% del mercado y las 10 primeras concentran el 80% del mercado”.
 
A todo esto, se suma el recorte de $1.705 millones al Programa IDER, el único instrumento de financiamiento público al que podían acceder los pequeños productores y cooperativas para modernizar maquinaria e infraestructura, eliminado en el momento de mayor fragilidad del sector.
 
A la hora de los números. Javier Gortari, economista y ex Rector de la Universidad Nacional de Misiones (UNAM) se preguntó: “¿Qué paso en estos años de desregulación a partir del decreto 70/23? El mercado de yerba mate produce una riqueza de USD 1.000 millones e históricamente el sector primario obtenía el 10% del precio en góndola lo cual lo llevaba a participar en un 30% en la riqueza total. Hoy le pagan la mitad, osea que ha perdido USD 150 millones. Esos USD 150 millones lo ha perdido el sector primario y la provincia”.
 
Hugo Marcelo Humeniuk, productor yerbatero e intendente de Concepción de la Sierra, Misiones hizo foco en la importancia del INYM: “En estos 20 años del INYM se mejoraron las condiciones del trabajo de toda la cadena. Se ha erradicado el trabajo infantil gracias a un Instituto y con el convenio de corresponsabilidad gremial. Ahora estoy viendo que se está volviendo a precarizar el trabajo”.
 
Jorge Skripczuk, productor yerbatero y presidente de la Asociación Civil Impulso Yerbatero, reveló el desastre que causó el DNU: “En diciembre de 2023 el presidente Milei anunció mediante el DNU 70/2023 la desregulación del mercado yerbatero. Esto freno 2 décadas de crecimiento y desarrollo de más de 13.000 productores y 15.000 cosecheros. La gran mayoría de la provincia de Misiones”.
 
Al hacer uso de la palabra Edgar Gustavo Hein, presidente de la Federación de Economías Agrícolas de Misiones reportó: “Hoy estamos en una situación de abandono. Vemos que hay un porcentaje importantísimo de productores que están siendo expulsados del sistema, están abandonando sus producciones por una cuestión muy simple: la rentabilidad no le alcanza ni siquiera para limpiar sus yerbales”.
 
El objetivo del encuentro fue poner en debate, con datos concretos y voces de primera mano, las consecuencias que tuvo la política de desregulación del gobierno nacional sobre la producción yerbatera, las economías regionales del NEA y las familias de cada provincia afectada. 

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