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De científicas a empresarias: la camada del CONICET que levantó más de US$ 40 millones para fundar startups biotech

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La ciencia argentina empieza a mostrar otra cara. Ya no se trata solamente de investigar, publicar un paper, formar nuevos científicos y conseguir financiamiento para sostener un laboratorio. Una nueva generación decidió agregar un eslabón más complejo a esa cadena: transformar conocimiento científico en empresas.

El fenómeno tiene nombres propios, capital privado y negocios que empiezan a cruzar fronteras.

Ocho investigadoras formadas en el CONICET dieron el salto hacia el mundo empresario y crearon compañías vinculadas con fertilidad, diagnóstico temprano de cáncer, agricultura, química verde, terapias oncológicas y biotecnología marina. En conjunto, las startups vinculadas a sus historias consiguieron más de US$ 40 millones de inversión.

El dato adquiere otra dimensión cuando se observa qué está ocurriendo con el capital emprendedor argentino. Según el informe Panorama del Capital Emprendedor Argentino 2026, elaborado por ARCAP y EY, la biotecnología fue por segundo año consecutivo el sector con mayor cantidad de operaciones del país: explicó 43,1% de las transacciones realizadas durante 2025.

En 2026, además, el sector ya acumuló US$ 32,7 millones distribuidos en 31 rondas de inversión. Hay otro dato singular: apenas 12,5% de las startups argentinas que recibieron inversiones en 2025 tienen una mujer como CEO y todas ellas pertenecen al universo biotech.

De investigadores a empresarios

La transformación, sin embargo, supone bastante más que encontrar inversores.

El principal desafío es convertir una tecnología científicamente prometedora en un producto que alguien esté dispuesto a comprar. Es el puente entre el laboratorio y el mercado.

Matías Peire, fundador de GRIDX, conoce ese cuello de botella. El fondo administra alrededor de US$ 41 millones, posee más de 90 startups en su portfolio y reúne cerca de 190 científicos entre sus fundadores. El 75% de sus compañías cuenta con alguna mujer entre sus fundadoras.

Su modelo consiste precisamente en buscar investigadores dentro del sistema científico, ayudarlos a estructurar una compañía y aportar capital inicial. El problema aparece cuando esas empresas necesitan escalar: América Latina todavía no dispone de suficiente capital para financiar el crecimiento de muchas biotech, obligándolas a competir por inversiones internacionales.

Y ahí comienza otro examen: convencer a un inversor internacional de apostar por ciencia desarrollada en Argentina frente a proyectos nacidos alrededor de universidades como Harvard, MIT o Stanford.

Microgénesis: US$ 4 millones para entender la fertilidad

Microgénesis, fundada por Gabriela Gutiérrez, nació buscando respuestas para aquellos casos en los que los estudios convencionales no consiguen explicar los problemas de fertilidad.

La compañía desarrolló una metodología que combina antecedentes, síntomas y biomarcadores metabólicos, inflamatorios y de microbiota para identificar perfiles y orientar tratamientos.

Después de años de investigación y validación, avanzó hacia la atención directa de pacientes mediante herramientas digitales y una red internacional de profesionales.

La empresa consiguió más de US$ 4 millones provenientes de inversores privados de Argentina, Estados Unidos y Asia, particularmente China y Singapur.

Oncoliq: detectar cáncer con una muestra de sangre

El desafío de Oncoliq es todavía más ambicioso: detectar tempranamente distintos tipos de cáncer mediante una muestra de sangre.

La tecnología mide microARN, moléculas cuyos patrones se modifican cuando comienza a desarrollarse una enfermedad. La intención es extender el diagnóstico hacia cánceres que actualmente no cuentan con sistemas adecuados de tamizaje y hacerlo de manera descentralizada y accesible.

El test cuesta alrededor de US$ 70 y el primer producto, Oncoliq Mama, tiene previsto llegar al mercado hacia fines de 2026.

La compañía, cofundada por Marina Simian y Adriana De Siervi, consiguió algo más de US$ 4,2 millones y prepara una Serie A, mientras México aparece como su próximo mercado internacional.

OncoPrecision: US$ 11 millones para atacar el cáncer

Entre los proyectos que más capital consiguieron aparece OncoPrecision.

La empresa desarrolla microavatares de tumores reales: modelos vivos del cáncer de cada paciente que permiten estudiar, con ayuda de inteligencia artificial, por qué determinadas células no responden a los tratamientos.

A partir de esa información desarrolla anticuerpos destinados a superar esas resistencias.

La compañía surgió de un laboratorio de la Universidad Nacional de Córdoba integrado por exinvestigadores del CONICET y posteriormente pasó por los programas de GRIDX e IndieBio.

Ya reunió alrededor de US$ 11 millones de fondos como GRIDX, SOSV, AIR Capital y New York Ventures, y actualmente divide sus operaciones entre Córdoba y Nueva York. Su terapia más avanzada, ONC001, se acerca a la instancia de estudios clínicos.

Del mar patagónico a Estados Unidos

También hay biotecnología nacida lejos de los grandes centros urbanos.

Tamara Rubilar convirtió más de veinte años de investigación sobre huevas de erizos de mar en Erisea, compañía detrás de la marca ProMarine, orientada al desarrollo de suplementos vinculados con el envejecimiento saludable.

La empresa obtuvo una licencia exclusiva del CONICET y se convirtió en la primera compañía de base tecnológica de la Patagonia en conseguir una licencia de esas características.

Ya realizó su primera exportación hacia Estados Unidos y recibió cerca de US$ 5 millones de inversión desde su creación.

Su caso rompe además con una lógica histórica de la economía del conocimiento argentina: demuestra que una empresa tecnológica exportadora puede construirse desde Puerto Madryn y no necesariamente desde Buenos Aires o los principales polos tecnológicos del país.

Puna Bio: microorganismos extremos para recuperar suelos

Otro de los casos de mayor escala es Puna Bio.

La compañía utiliza extremófilos, microorganismos capaces de sobrevivir en los salares de la Puna a más de 4.000 metros de altura y bajo condiciones extremas de radiación y salinidad.

Aplicados a la agricultura, esos microorganismos consiguieron mejoras de rendimiento de entre 10% y 15% y permiten producir sobre terrenos degradados.

La tecnología resume más de 25 años de investigación científica desarrollada en el CONICET y Tucumán.

La empresa ya lanzó tres productos, tiene operaciones en Brasil, Estados Unidos y Paraguay y consiguió más de US$ 10 millones de capital. En 2025 cerró una ronda liderada por Corteva con participación de la Fundación Gates.

La definición de sus fundadoras sintetiza la oportunidad que se abre detrás de este proceso: Argentina tendría potencial para generar al menos cien compañías similares a Puna Bio.

Bioeutectics: química verde desde Mendoza

Bioeutectics apunta a otro mercado gigantesco: reemplazar solventes petroquímicos utilizados en cosmética, alimentos, agro y materiales por alternativas naturales.

María Fernanda Silva llegó a investigadora superior del CONICET y dirigió un instituto en Mendoza antes de convertirse en empresaria.

La startup fue seleccionada por GRIDX e IndieBio y acumuló más de US$ 4,8 millones entre inversiones privadas y programas de aceleración.

Conserva su laboratorio en Mendoza, abrió una sede en Tulsa, Estados Unidos, y se encuentra desarrollando una ronda Serie A. Incluso recibe pasantes provenientes de universidades estadounidenses como New York University y Cornell.

Semion: hacer que la planta se defienda

Semion, por su parte, desarrolla soluciones destinadas a activar las defensas naturales de los cultivos.

En vez de atacar directamente una plaga, la tecnología busca fortalecer la capacidad de la propia planta para resistirla sin perder productividad.

Su desarrollo cobró especial relevancia durante la crisis de la chicharrita del maíz de la campaña 2023/24. En los primeros ensayos consiguió incrementar 30% el rendimiento de lotes afectados y ya acumula 23 ensayos a campo desde Paraguay hasta Córdoba.

La compañía levantó alrededor de US$ 1 millón de capital privado, además de fondos no reembolsables.

Mucha ciencia, pero todavía poco capital

La paradoja argentina aparece precisamente allí.

El país posee recursos humanos altamente calificados, universidades, décadas de inversión pública en investigación y científicos capaces de producir tecnologías competitivas internacionalmente. Pero convertir esa capacidad científica en compañías globales todavía exige superar barreras financieras, regulatorias y culturales.

El 87,7% de las rondas de inversión realizadas en Argentina durante 2025 fueron inferiores a US$ 5 millones, una escala reducida para compañías biotecnológicas que pueden necesitar años de investigación, ensayos, validaciones y aprobaciones regulatorias antes de alcanzar ventas significativas.

También existen tensiones dentro del propio sistema científico.

Patentar una tecnología puede exigir postergar una publicación académica; emprender obliga a comprender balances, clientes, valuaciones y capital de riesgo; y levantar fondos demasiado temprano puede diluir rápidamente la participación de los científicos fundadores.

Pero detrás de esas dificultades comienza a consolidarse un activo económico de enorme valor: la posibilidad de transformar décadas de conocimiento acumulado en propiedad intelectual, empresas, exportaciones y empleo calificado.

No es una discusión menor para una Argentina necesitada de dólares.

La biotecnología ofrece algo que el país busca desde hace décadas: exportar mucho valor utilizando relativamente pocos recursos físicos. En lugar de vender solamente materias primas, permite comercializar microorganismos, diagnósticos, moléculas, patentes, tratamientos y conocimiento.

Y esta generación de científicas empieza a demostrar que entre un laboratorio argentino y el mercado mundial puede existir algo más que un paper. Puede existir una empresa.

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Adriana Baravalle, la especialista en inteligencia artificial que asume el desafío de conducir Ciencia y Tecnología

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El Gobierno de Javier Milei oficializó la designación de Adriana Baravalle como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La especialista en inteligencia artificial reemplaza a Darío Genua, cuya renuncia fue aceptada a partir del 27 de julio, en el marco de una reestructuración que modificó el peso institucional del área.

La designación quedó formalizada mediante el Decreto 730/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y publicado este jueves en el Boletín Oficial. La norma establece que Baravalle, magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento, asumirá la conducción de una secretaría que articula algunas de las áreas estratégicas del sistema científico y tecnológico argentino.

El desembarco de Baravalle marca un giro hacia un perfil con fuerte anclaje académico y tecnológico. Su trayectoria está concentrada en inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad y tecnologías exponenciales, campos que atraviesan buena parte de los desafíos que enfrenta actualmente el Estado en materia de innovación, productividad y transformación digital.

Según informó el Gobierno nacional, la nueva funcionaria es doctora en Inteligencia Artificial por la American Andragogy University de Estados Unidos, cuenta con una maestría en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento de la Universidad Austral y cursa allí un doctorado en Ingeniería. Además, desarrolla actividad docente y participa en proyectos de investigación vinculados con nuevas tecnologías.

Uno de sus principales espacios de trabajo es el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de la Universidad Austral, que dirige y desde el cual desarrolla actividades relacionadas con la transformación tecnológica. También es fundadora y directora académica de synapsIA, una red regional de especialistas en inteligencia artificial orientada a la formación, investigación y cooperación tecnológica en América Latina.

Su experiencia incluye además participación en proyectos científicos internacionales e investigaciones relacionadas con inteligencia artificial, criptografía poscuántica e infraestructuras críticas. Ese recorrido le otorga un perfil particularmente asociado a tecnologías consideradas estratégicas para la seguridad, la competitividad y la soberanía tecnológica.

La llegada de Baravalle se produce en un momento de redefinición institucional para el área. Genua dejó la Secretaría después de una serie de cambios administrativos que modificaron la dependencia de organismos vinculados con las comunicaciones y redujeron el alcance de la estructura que tenía bajo su conducción.

La reorganización quedó atravesada por el Decreto 581/2026, que modificó el esquema de dependencia de distintos organismos. En ese proceso, el Ente Nacional de Comunicaciones y la Agencia de Acceso a la Información Pública pasaron a depender directamente de la Jefatura de Gabinete, mientras que Arsat y Correo Argentino fueron transferidos a la órbita del vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria.

Con ese nuevo mapa institucional, la Secretaría que ahora conducirá Baravalle concentra su desafío en un núcleo diferente: la articulación de las políticas de ciencia, innovación y desarrollo tecnológico. Entre los organismos estratégicos que permanecen vinculados al área se encuentran el CONICET, la CONAE y el Banco Nacional de Datos Genéticos, además de iniciativas relacionadas con el desarrollo científico, tecnológico y espacial.

El cambio de conducción plantea así una cuestión que excede el reemplazo de un funcionario por otro: cómo traducir el conocimiento científico y las capacidades tecnológicas en soluciones concretas para el Estado y la economía. En un escenario marcado por la expansión de la inteligencia artificial, la automatización y la competencia internacional por talento e infraestructura tecnológica, el perfil de la nueva secretaria anticipa una gestión con mayor énfasis en esas herramientas.

El desafío será convertir ese conocimiento especializado en políticas públicas capaces de generar impacto medible: mejorar la productividad, fortalecer capacidades nacionales, acelerar la transferencia tecnológica y conectar la investigación con problemas concretos de empresas, organismos públicos y sectores estratégicos.

Quién es Adriana Baravalle y por qué cuestionan su doctorado

Antes de entrar en la polémica, hay algo que conviene dejar claro para no convertir la discusión en una caricatura: Adriana Baravalle tiene una trayectoria académica y profesional concreta. No llegó a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología desde ningún rincón perdido de internet, sino después de casi tres décadas de actividad vinculada con la Universidad Austral, la inteligencia artificial, la ciencia de datos y la ciberseguridad.

Baravalle es magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral, es doctoranda en Ingeniería en esa misma institución y también es Analista de Sistemas por la Universidad Nacional de la Defensa. A eso se suman formaciones en planificación estratégica, ciberseguridad, gestión de riesgos, inteligencia empresarial y criptología, además de capacitaciones vinculadas con Google y el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Su recorrido profesional tampoco es menor. Desde aproximadamente 1998 está vinculada con la Universidad Austral como profesora e investigadora, y en 2026 asumió además la dirección del Laboratorio de Tecnologías Exponenciales, orientado a inteligencia artificial, computación cuántica y otras tecnologías emergentes.

También participó entre 2016 y 2019 en la Mesa de IA y Ciberseguridad que trabajó sobre la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, y tuvo experiencia en empresas y organismos vinculados con datos, analítica avanzada, IA y ciberseguridad.

Incluso cuenta con resultados internacionales bastante concretos: integró el equipo de la Austral que obtuvo el primer puesto en la International Cybersecurity Data Mining Competition de la Universidad de Kioto en 2016, entre 42 equipos de 14 países, y otro primer puesto en la WSDM Cup de la ACM, organizada por la Universidad de Cambridge, en 2017.

Entonces, la discusión no pasa por decir que Baravalle no sabe de inteligencia artificial. Ese argumento sería bastante flojo y no se sostiene con su currículum.

La pregunta es otra, y bastante más incómoda: si ya tenía todos esos antecedentes, ¿por qué la presentación oficial decidió poner el foco en un doctorado cuya procedencia genera tantas dudas?La universidad detrás del polémico título de “doctora en IA”

El título de “doctora en Inteligencia Artificial” que aparece en la presentación de Baravalle corresponde a American Andragogy University, una institución estadounidense con sede legal en Honolulu, Hawái, que funciona bajo una modalidad completamente online.

Y acá es donde el asunto deja de ser una simple discusión sobre títulos y empieza a tener elementos bastante más concretos.

La institución no está acreditada por ninguna agencia reconocida por el Departamento de Educación de Estados Unidos y aparece incluida en listados de instituciones de educación superior no acreditadas. Además, el Estado de Hawái inició acciones legales contra la universidad por operar como una institución que otorgaba títulos sin acreditación.

El proceso judicial terminó con una injunction permanente y una sentencia que incluyó un pago de US$2.000 al Estado de Hawái. Es decir, no estamos hablando simplemente de que alguien encontró una universidad con pocos seguidores en redes y decidió hacer una captura de pantalla para escandalizarse: existe un antecedente judicial concreto relacionado con el funcionamiento de la institución.

Maximiliano Firtman, programador, profesor y periodista especializado en tecnología, fue una de las primeras voces que puso el tema sobre la mesa después del anuncio. En X escribió:

“NUEVA SECRETARIA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA Desde hoy se va @DarioGenua y asume la Dra. Adriana Barravalle (sin X) con un perfil muy técnico orientado hoy a Inteligencia Artificial.”

En el mismo mensaje señaló que el comunicado oficial hablaba de Baravalle como “doctora en IA”, aunque ese doctorado provenía de una universidad online con sede legal en Honolulu, cuyo título no figuraba en su legajo público de la Universidad Austral.

Después, Firtman mostró información sobre la institución y agregó, con bastante ironía:

“Y yo que me quería ir a dormir temprano… El historial de la ‘universidad’ incluye un juicio del Estado de Hawaii contra la ‘universidad’ por trucha.”

Más tarde, completó su crítica con una pregunta que resume bastante bien el problema:

“No entiendo esa necesidad de mostrar algo superador a lo que ya tenías muy bueno a nivel academia y que termines por ello manchando tu CV. No la entiendo…”

La periodista científica Nora Bär también se hizo eco del caso y describió a Baravalle como la nueva secretaria de Ciencia, destacando su condición de “doctorada” en una universidad online de Honolulu.

El matemático Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA e investigador del CONICET, fue todavía más directo:

“En trayectoria académica la nueva Secretaria de Ciencia iguala a Milei…hablando en serio, si quieren poner alguien sin trayectoria académica es una decisión política que nos puede gustar más o menos. Lo inaceptable es que la quieran presentar como ‘científica’ con este CV.”

La discusión, entonces, tiene un punto bastante preciso. Nadie necesita negar los casi 30 años de trayectoria de Baravalle para cuestionar el modo en que el Gobierno decidió presentarla. De hecho, es justamente eso lo que vuelve más difícil de entender la decisión.

La propia Universidad Austral enumera en su perfil público el magíster, el doctorado en Ingeniería que todavía está cursando, el título de Analista de Sistemas y sus distintas formaciones, pero no menciona el doctorado de American Andragogy University.

Y ahí aparece la pregunta que Santilli y el Gobierno deberían responder: si una funcionaria tiene una trayectoria académica verificable, publicaciones, experiencia profesional, participación en la Estrategia Nacional de IA, reconocimientos internacionales y años de docencia, ¿para qué convertir en credencial central un título cuya institución de origen no está acreditada y que arrastra un antecedente judicial en Hawái?

El Gobierno eligió venderla como “doctora en IA”. Ahora tiene que explicar por qué, cuando se revisa esa credencial, aparecen una institución no acreditada, una causa judicial en Hawái y un título que ni siquiera figura en el perfil académico público de la Universidad Austral.

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La UNaM resiste con menos recursos: más estudiantes, más docentes y ciencia en riesgo por el ajuste nacional

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La Universidad Nacional de Misiones acaba de publicar su Informe Final de Autoevaluación Institucional, un documento de casi 300 páginas que, más allá de su carácter técnico, termina convirtiéndose en un diagnóstico político y económico sobre el presente de la educación superior argentina.

Leído en perspectiva, el trabajo muestra una universidad que continúa creciendo en oferta académica, investigación y presencia territorial, pero que lo hace con una ecuación financiera cada vez más exigente. En un contexto nacional marcado por el ajuste del gasto público impulsado desde diciembre de 2023 por el presidente Javier Milei, la UNaM expone con números propios una realidad compartida por prácticamente todas las universidades nacionales: la necesidad de sostener el sistema con recursos que pierden poder frente a la inflación y con una creciente dependencia de ingresos extraordinarios.

La paradoja es evidente. Mientras la Universidad amplía carreras, incrementa la cantidad de docentes con doctorado, fortalece la investigación y mantiene una fuerte inserción territorial, el financiamiento estructural por estudiante continúa ubicándose muy por debajo del promedio del sistema universitario argentino.

UNaM: radiografía del ajuste

Menos presupuesto por alumno, fuerte presión social sobre los estudiantes y ciencia local amenazada por el recorte nacional.

$397.812 Presupuesto por alumno en 2024
45% menos Que el promedio nacional en 2023
27.682 Estudiantes de pregrado y grado
82,3% Ingresantes misioneros
55,4% Retención en primer año
4 de cada 10 Se desgranan al inicio
2.124 Cargos docentes
227 Docentes con doctorado
40% Caída del poder adquisitivo en becas
400 Becas posdoctorales en riesgo
La UNaM sostiene una universidad territorial con menos recursos por estudiante. El ajuste golpea la permanencia, la investigación y la formación científica.
Fuente: Informe Final de Autoevaluación Institucional 2025 de la UNaM. Elaboración: Economis.

El dato que resume toda la historia

Hay una cifra que sintetiza mejor que cualquier discurso la situación de la UNaM.

En 2023, el presupuesto de ley por estudiante fue de 391.462 pesos, mientras que el promedio de las universidades nacionales alcanzó 713.720 pesos.

Es decir, la Universidad Nacional de Misiones funcionó con un 45% menos de recursos por alumno que el promedio del sistema universitario argentino.

En 2024 el presupuesto de ley apenas se incrementó hasta 397.812 pesos por estudiante, una mejora insignificante frente a la inflación acumulada.

La universidad logró cerrar el año con un presupuesto ejecutado mucho mayor -48.347 millones de pesos- gracias a ampliaciones presupuestarias y otras fuentes de financiamiento, pero el problema de fondo permanece: el presupuesto estructural sigue mostrando un retraso significativo.

En otras palabras, la UNaM continúa funcionando gracias a una permanente búsqueda de recursos adicionales para compensar un financiamiento de base insuficiente.

¿Dónde pega la motosierra?

El ajuste nacional no se agota en una planilla: baja por toda la cadena universitaria y científica hasta golpear el desarrollo de Misiones.

Presupuesto universitario
Salarios docentes
Becas de investigación
Laboratorios e insumos
Proyectos científicos
Fuga de cerebros
Menos desarrollo para Misiones !
La paradoja: el Estado formó durante años a sus científicos, pero el ajuste empuja a muchos de ellos a abandonar el sistema o emigrar.
Fuente: Informe Final de Autoevaluación Institucional 2025 de la UNaM, testimonios de investigadores y comunicados del sistema científico. Elaboración: Economis.

Una universidad enorme para una provincia joven

La magnitud de la institución explica buena parte de esa presión financiera.

Actualmente la UNaM posee:

  • 6 facultades.
  • 2 escuelas.
  • 3 regionales.
  • 50 carreras de grado.
  • 30 carreras de pregrado.
  • 47 carreras de posgrado.
  • extensiones áulicas distribuidas en gran parte del territorio provincial e incluso en Corrientes.

Más del 82% de sus ingresantes son misioneros, lo que confirma que sigue siendo la principal puerta de acceso a la educación superior pública de la provincia.

Durante los últimos ocho años ingresaron en promedio 7.785 estudiantes por año, mientras que en 2024 la matrícula alcanzó 27.682 alumnos.

No existe un problema de demanda. El problema aparece después.

La UNaM reconoce que la principal dificultad institucional continúa siendo la permanencia estudiantil. La retención durante el primer año apenas alcanza el 55,4%, prácticamente igual al promedio nacional.

Eso significa que cuatro de cada diez estudiantes abandonan durante el primer año.

La propia universidad vincula este fenómeno con la realidad socioeconómica de Misiones. Más de la mitad de los estudiantes provienen de familias donde los padres no completaron el secundario y una proporción importante de los ingresantes trabaja mientras estudia.

Según el informe, el 31,2% de los nuevos estudiantes ya tenía empleo al ingresar, un dato que condiciona directamente la permanencia universitaria.

Paradójicamente, el documento también muestra un dato muy alentador.

Entre quienes logran atravesar los primeros años, la universidad obtiene mejores resultados que muchas instituciones del país.

El 26% de los graduados termina la carrera dentro del tiempo teórico previsto, contra un promedio nacional cercano al 19%. Es decir, el principal cuello de botella no está en el final del recorrido, sino en lograr que los estudiantes permanezcan.

Más docentes, más investigadores y mejor formación

Lejos de una universidad estancada, el informe muestra un crecimiento importante de la planta académica.

Entre 2014 y 2024 los cargos docentes aumentaron casi 36%, alcanzando 2.124 docentes, mientras que los profesores con doctorado prácticamente se duplicaron.

Hoy la UNaM posee 227 docentes con título de doctor, cuando hace una década apenas superaban el centenar.

También creció la cantidad de investigadores, laboratorios, institutos de doble dependencia con CONICET y producción científica. Todo ello con recursos que, según admite la propia institución, continúan siendo insuficientes.

Pero el panorama se vuelve todavía más delicado cuando se observa qué ocurre después del título universitario.

Para quienes logran graduarse y deciden dedicar su vida a la investigación científica, el horizonte aparece marcado por la incertidumbre.

El sistema científico argentino atraviesa uno de los momentos más críticos desde la recuperación democrática.

En Misiones, investigadores y becarios del CONICET vienen denunciando un proceso de desfinanciamiento que amenaza la continuidad de numerosos proyectos.

La docente y becaria doctoral Belén Giménez explicó recientemente que alrededor de 400 becas posdoctorales enfrentan vencimientos sin certezas sobre su continuidad.

Al mismo tiempo, los estipendios perdieron alrededor del 40% de su poder adquisitivo, mientras se deterioró también la cobertura médica de los becarios.

La situación presenta además una paradoja jurídica: muchos investigadores trabajan con dedicación exclusiva, pero no son considerados formalmente trabajadores, lo que los deja sin protección laboral cuando finalizan sus becas.

El impacto del ajuste excede el drama individual. La investigación desarrollada en Misiones no estudia problemas abstractos.

Estudia yerba mate, biodiversidad, enfermedades tropicales, recursos forestales, conservación ambiental, agricultura subtropical, industria maderera, bioeconomía y desarrollo regional.

Si esos grupos desaparecen por falta de financiamiento, también desaparece conocimiento estratégico para la provincia. La consecuencia es doble. Por un lado, se frenan investigaciones que tardaron años en construirse. Por otro, el territorio pasa a depender de tecnologías desarrolladas en otros países, muchas veces alejadas de la realidad productiva local.

La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales advirtió recientemente sobre una “grave fuga de cerebros” provocada por la interrupción de ingresos al CONICET, la no renovación de contratos en organismos científicos y el deterioro salarial.

Su vicepresidente, Galo Soler Illia, estimó que unos 2.000 investigadores jóvenes abandonaron el sistema entre renuncias y licencias desde el cambio de gobierno.

Según explicó, los salarios científicos perdieron entre 40% y 45% de su poder adquisitivo respecto de noviembre de 2023 y muchos investigadores jóvenes hoy perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza, pese a haber invertido entre diez y quince años en su formación.

La entidad también cuestionó la interrupción de nuevas incorporaciones al sistema científico y expresó preocupación por los episodios de represión registrados durante protestas en la Comisión Nacional de Energía Atómica.

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Cómo el hormigón autorreparable promete abaratar los costos de la infraestructura

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A través de la creación de Calfix, la primera empresa de base biotecnológica de la UTN, las investigadoras Anabela Gilarducci y Gabriela Paraje desarrollaron un sellador biológico basado en bacterias capaces de obturar fisuras en el hormigón de hasta 4 milímetros en menos de una semana. Para el sector productivo del NEA, este avance mitiga el gasto en mantenimiento de infraestructura crítica y optimiza los márgenes operativos de una región penalizada por el flete terrestre.

La innovación, impulsada y capitalizada por el company builder GridX, utiliza cepas bacterianas no patógenas que producen carbonato de calcio bajo condiciones extremas de alcalinidad. Dado que el 60% de las fallas estructurales en obras civiles se originan en microfisuras, la capacidad de autorreparación biológica altera sustancialmente la tasa de amortización de las inversiones de capital. Para Misiones, una provincia con una geografía accidentada y altos niveles de humedad que aceleran la degradación de las obras viales e industriales, la introducción de bioaditivos y selladores compatibles con el material base configura una herramienta de eficiencia de costos de largo alcance.

Vectores de impacto en la microeconomía y la agroindustria local

La transición de este desarrollo desde la escala de laboratorio hacia la fase piloto presenta implicancias directas para las empresas de la región:

Sostenibilidad de Playones Industriales: Los secaderos de yerba mate y los aserraderos forestales operan con pavimentos sometidos a cargas pesadas constantes y choques térmicos. El sellado biológico autónomo previene la filtración de agua, evitando el colapso estructural y paradas de planta no programadas.

Reducción de Costos de Mantenimiento: Al prescindir de reparaciones tradicionales basadas en resinas epoxídicas importadas o parches de cemento de baja adherencia, la tecnología reduce el costo de preservación de depósitos logísticos.

Mitigación del Costo de Infraestructura: El uso de aditivos biológicos prolonga la vida útil de las obras civiles, aliviando la presión sobre los presupuestos de los municipios que sufren el recorte de fondos nacionales de capital.

A diferencia de los centros urbanos de Buenos Aires o Córdoba, donde la ingeniería civil opera bajo regímenes climáticos templados, el NEA está expuesto a precipitaciones intensas y regímenes térmicos subtropicales. Estas condiciones ambientales aceleran los procesos de carbonatación y lixiviación del hormigón convencional.

En Misiones, el transporte de la producción transable (madera y yerba) depende de la infraestructura terrestre de forma absoluta al no contar con redes ferroviarias operativas. Un bache o una fisura en un playón de acopio en el Alto Paraná interrumpe la cadena de suministro de exportación. Contar con un material que se repara a sí mismo mediante procesos microbiológicos neutros permite a las constructoras locales ofrecer obras con garantías estructurales extendidas, esenciales para competir en licitaciones bajo modelos de participación público-privada.

Voces y perspectivas del ecosistema biotecnológico

La alianza entre la UTN Santa Fe, la Universidad Nacional de Córdoba y el Conicet dio origen a Calfix, cuya patente de propiedad intelectual conjunta se encuentra en trámite. La validación comercial provino de GridX, firma que ha fundado más de 90 startups en 8 países de Latinoamérica y nuclea a un ecosistema de 1.000 bioprofesionales.

La selección de esta propuesta entre proyectos de toda la región confirma que la biotecnología aplicada a materiales de construcción ha dejado de ser una línea de investigación abstracta para convertirse en un activo de renta corporativa. El salto hacia la escala piloto buscará estandarizar la producción industrial del aditivo para incorporarlo directamente en las plantas hormigoneras.

Lo que el sector de la construcción y los tomadores de decisiones del NEA deben seguir de cerca es la velocidad de escala comercial del aditivo de Calfix. Si la compañía logra un costo por metro cúbico competitivo frente al hormigón tradicional, las constructoras misioneras que adopten esta tecnología de manera temprana capturarán ventajas de costos decisivas. En el escenario de restricción fiscal de 2026, la extensión de la vida útil de la infraestructura existente mediante soluciones biológicas es la estrategia más eficiente para preservar el capital instalado de la región.

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Un nuevo índice ayuda a detectar viviendas con mayor riesgo de Chagas

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En el marco de una investigación doctoral del CONICET y la Fundación Barceló se analizó la validez del Índice de Vulnerabilidad Vectorial (IVV), un indicador que permite identificar qué viviendas presentan mayor riesgo de infestación por Triatoma infestans, principal vector de la enfermedad de Chagas, en viviendas de la provincia de La Rioja.

El estudio se llevó a cabo por la investigadora Bioq. Jimena Luz Rodríguez, becaria doctoral de CONICET y Fundación Barceló, entre 2022 y 2024 en 58 viviendas rurales y periurbanas, donde se evaluaron condiciones estructurales, ambientales y antecedentes de control vectorial. A partir de estos datos, los investigadores diseñaron un índice que integra factores como los materiales de construcción, la presencia de grietas, los refugios potenciales para insectos y la convivencia con animales.

Los resultados evidenciaron una relación directa entre el nivel de vulnerabilidad y la presencia del vector: las viviendas con un índice alto presentaron hasta un 60% de infestación, mientras que en aquellas con bajo nivel de vulnerabilidad no se registraron casos. Esto demuestra que el riesgo de transmisión del Chagas no depende únicamente del insecto, sino de un conjunto de condiciones sociales y ambientales que favorecen su persistencia.

Desde una perspectiva de salud pública, el Índice de Vulnerabilidad Vectorial se posiciona como una herramienta estratégica que permite anticipar zonas de riesgo, priorizar intervenciones y optimizar los recursos disponibles para el control vectorial. Además, propone un enfoque integral que incluye no solo fumigación, sino también mejoras habitacionales, educación comunitaria y acciones sostenidas en el territorio.

Vector Vinchuca Atoma infestans

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