Milei estudia candidatos para la Corte Suprema
El Gobierno de Javier Milei volvió a poner a la Corte Suprema en el centro de la agenda política. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó que el Presidente está “estudiando candidatos” para cubrir las vacantes del máximo tribunal y anticipó que enviará los pliegos al Congreso cuando considere que sea el momento adecuado.
La definición abre una negociación que excede la conformación de la Corte. En un Senado donde el oficialismo necesita construir acuerdos para alcanzar los dos tercios requeridos para aprobar a los candidatos, la discusión puede convertirse en una nueva instancia de negociación con gobernadores y bloques opositores. Al mismo tiempo, amenaza con profundizar las diferencias dentro del peronismo, que viene atravesando una disputa sobre su estrategia frente al Gobierno y el Poder Judicial.
“Es una realidad que la Corte está incompleta. Es una deuda que hay que cumplir, hay que cubrir la Corte. ¿Cuándo? La decisión la tomará el Presidente”, afirmó Mahiques en una entrevista con A24. El funcionario sostuvo además que Milei “está estudiando candidatos” y que enviará los pliegos al Senado cuando considere que estén dadas las condiciones.
Mahiques también descartó, al menos por ahora, que exista una decisión presidencial para ampliar el número de integrantes del máximo tribunal. “Hasta las últimas veces que hablé con el Presidente, no”, respondió al ser consultado sobre esa posibilidad. La precisión deja abierto un escenario político que ya genera especulaciones, pero que no forma parte de la definición oficial comunicada hasta el momento.
La Corte funciona actualmente con tres integrantes: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La salida de Juan Carlos Maqueda y Elena Highton dejó dos vacantes que el Gobierno todavía debe cubrir mediante el mecanismo constitucional que exige el acuerdo del Senado.
El antecedente inmediato condiciona la negociación. En 2025, los candidatos Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla no lograron superar el proceso de aprobación en la Cámara alta. Ese fracaso mostró los límites del oficialismo para construir por sí solo las mayorías necesarias y convirtió la designación de jueces de la Corte en una negociación política de primer orden.
Ahora el Gobierno enfrenta nuevamente ese problema, pero con una variable adicional: el peronismo llega a la discusión atravesado por una fuerte disputa interna sobre cómo relacionarse con el oficialismo y con la Justicia.
La controversia se profundizó después del aval del bloque peronista en el Senado a la mayoría de los pliegos judiciales enviados por Milei, con la excepción del correspondiente a Pablo Bertuzzi. La decisión generó cuestionamientos dentro del propio espacio y expuso la dificultad para establecer una conducción política unificada frente a las iniciativas del Gobierno.
La explicación de la senadora Juliana Di Tullio, quien habló de “decisiones políticas institucionales del Senado”, tampoco logró cerrar la discusión interna. El punto de fondo no es solamente qué jueces obtienen acuerdo, sino qué tipo de relación pretende construir el peronismo con el Poder Judicial durante los próximos años.
En ese tablero, el factor Cristina Kirchner conserva peso político. Dentro del peronismo circula la interpretación de que parte de las decisiones adoptadas en el Senado estuvieron vinculadas con la necesidad de alcanzar acuerdos en otros ámbitos institucionales, entre ellos el Consejo de la Magistratura. Esa lectura convive con otra discusión más profunda: si el PJ debe mantener una confrontación abierta con los tribunales o avanzar hacia una estrategia de mayor negociación.
La eventual llegada de los pliegos para la Corte puede condensar todas esas tensiones. A diferencia de otros nombramientos judiciales, la composición del máximo tribunal tiene efectos sobre cuestiones de alta sensibilidad institucional, económica y política. Por eso, cada candidatura puede convertirse en moneda de cambio dentro de una negociación mucho más amplia.
Para Milei, conseguir los acuerdos implica construir una mayoría que hoy no controla. Para el peronismo, en cambio, supone definir cuánto está dispuesto a negociar con el Gobierno y bajo qué condiciones. El PRO y otros espacios opositores también quedan involucrados, porque una eventual designación requiere articular intereses que atraviesan las fronteras partidarias.
La discusión adquiere además una dimensión federal. Si el oficialismo necesitara ampliar su base de acuerdos en el Senado, los gobernadores podrían adquirir un papel relevante en la negociación política. El Poder Judicial, en ese escenario, dejaría de ser solamente una discusión sobre nombres para convertirse en un componente de las relaciones entre la Casa Rosada, las provincias y las distintas fuerzas parlamentarias.
El desafío para el Gobierno será evitar que el proceso vuelva a quedar atrapado en una disputa de nombres sin capacidad para construir consenso. Para el peronismo, el dilema será todavía más complejo: definir una estrategia común frente a una agenda judicial que puede condicionar buena parte de la política argentina durante los próximos años.
La Corte vuelve así al centro de la escena antes incluso de que Milei envíe los nuevos pliegos. La decisión sobre quiénes ocuparán las vacantes puede convertirse en una de las negociaciones institucionales más importantes del segundo tramo del mandato y, al mismo tiempo, en una nueva prueba para un peronismo que todavía busca ordenar sus liderazgos y fijar una posición común frente al Gobierno.
