Constitución

Realizarán actividades por los 60 años de vigencia de la Constitución de Misiones

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El miércoles 18 de abril, desde las 8 hasta las 12, se concretará una serie de disertaciones para dar a conocer la relevancia de esta fecha histórica en la conformación del “ser misionero”. También estará expuesto, en las instalaciones del Parlamento Misionero, el texto original de la Carta Magna, sancionado el 21 de abril de 1958.

Encabezaron la conferencia de prensa esta mañana, el vicepresidente primero de la Cámara de Representantes, Orlando Franco y la presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Silvana Giménez.

En la oportunidad, Franco destacó “la importancia y trascendencia del aniversario de la Constitución provincial de 1958”.

Reconoció la trayectoria de los oradores convocados y adelantó que “explicarán aspectos generales de la Carta Magna, los alcances, derechos y obligaciones que establece, en una invitación a reflexionar, debatir y pensar sobre esta Ley Fundamental”.

El diputado informó que la actividad tendrá lugar en el Salón de las Dos Constituciones “que recibió ese nombre del presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, para dar a conocer también la primera Constitución de la provincia, de 1954, a partir de la provincialización”.

A su turno, la diputada Giménez puntualizó en que “si bien Misiones es una provincia joven en lo institucional, el acervo histórico sobre el cual se sustenta el misionerismo es mucho más antiguo”.

Y especificó que antes de las disertaciones se desarrollará el acto formal, espacio en el que se reconocerá la labor “de las personas que ocuparon la presidencia de la comisión de Asuntos Constitucionales durante el período democrático hasta la fecha”. Además, “se entregarán ejemplares de la Constitución a escuelas y municipios”, adelantó.

Disertaciones

Expondrán el historiador y antropólogo, doctor Alfredo Poenitz;  el secretario de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, profesor de Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho, Artemio Núñez; la vicepresidente de la Junta de Estudios Históricos de Misiones, Liliana Rojas; y el licenciado y profesor de Historia, Pablo Camogli.

En la conferencia de hoy, Núñez anticipó que se referirán “a las dos Constituciones- la del 54 y del 58- y a la historia de Misiones desde la época jesuítica; también habrá referencias a la reforma de la Constitución Nacional de 1949 que representa la base doctrinaria de las dictadas posteriormente”.

Respecto de estos antecedentes, Rojas explicó que “la historia se empalma y origina con las primeras experiencias, en lo que hace a organización política, social, económica y cultural, que se dan a partir del siglo XVI”.

“Más adelante, en el siglo XIX emerge la presencia de inmigrantes que se establecieron en el territorio nacional de Misiones, los intentos de provincialización, y la recuperación del rango perdido”.

“Repasar la historia, el pasado, contribuye a entender el ser misionerista”, puntualizó.

Posteriormente, Camogli celebró la propuesta de “la Casa del Pueblo” y afirmó que “los misioneros conocemos poco de nuestro pasado por distintas cuestiones: el país se ha construido muy centralmente, la historia se ha enseñado desde esta visión y porque nunca hubo una gran preocupación por saber de estos temas”.

Respecto de lo último, indicó que “la conformación sociocultural que se da con la llegada de los inmigrantes, las distintas historias y las culturas diversas llevaron primero a unificar y amalgamar para conformar esto que somos hoy los misioneros”.

“Cuando se termina de hacer esta mezcla, nos preguntamos quiénes somos, de dónde venimos y por qué podemos reconocer, tener como bandera política y ciudadana la idea de un proyecto misionerista, independientemente de los partidos políticos”, expuso.

“Este proyecto hoy está consolidado y muestra una provincia en crecimiento”, argumentó.

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Cuando las instituciones se prenden fuego

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La crisis política-institucional en América del Sur inició un nuevo capítulo la semana pasada cuando estallaron masivas y virulentas protestas sociales en Paraguay y Venezuela. Una vez más los principales medios de comunicación del mundo occidental pusieron en duda la calidad democrática de nuestros países, remarcaron la falta de transparencia de las acciones gubernamentales y evidenciaron la vulnerabilidad institucional de nuestras repúblicas. Sin embargo, esta nueva oleada de crisis demostró algo más, la fragilidad institucional, los valores anti-democráticos y el abuso de poder no son exclusivos de los Estados suramericanos, también se convirtieron en faltas de los organismos de integración y seguridad regional.
El accionar de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del MERCOSUR como respuesta a los sucesos ocurridos en Venezuela y Paraguay, como organismos regionales que salvaguardan el orden democrático de sus países miembros, dejó en claro que violentar algún poder del Estado no siempre es una ofensa digna de sanción o repudio.
Recordemos que tanto la OEA como el MERCOSUR prevén sanciones importantes para los países miembros que no caminen por la senda del respeto a la Democracia o sus instituciones.
Repasemos brevemente cada caso. El día 30 de marzo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano dicta una sentencia donde anuncia que asumirá todas las competencias correspondientes a la Asamblea Nacional (Poder Legislativo de Venezuela), cuyas actuaciones considera nulas por encontrarse en una situación de desacato a sentencias anteriores del propio tribunal. El TSJ dictaminó el desacato porque la Asamblea incorporó, en agosto del 2016, a tres diputados del estado de Amazonas, cuya elección había sido impugnada poco después de las elecciones legislativas del 2015.
Las respuestas hacia la decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano y hacia el gobierno de Nicolás Maduro no se hicieron esperar. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, calificó el suceso de “auto golpe” y convocó de forma urgente a una sesión del Consejo Permanente para examinar la situación de la República Bolivariana de Venezuela. En esta reunión el Consejo dictó una resolución donde reconoce la existencia de “alteración institucional del orden democrático” en Venezuela. Además, instó al gobierno a garantizar la separación de poderes, restaurar la autoridad del Parlamento y apoyar medidas que permitan el retorno al orden democrático, dejando abierta la posibilidad de convocar a una reunión de ministros para analizar sanciones contra aquel país. En este punto se debe remarcar que el Consejo Permanente violó el procedimiento que prevé la Carta Democrática para determinar una “alteración grave al orden constitucional”, dado que explícitamente este documento requiere la firma de 18 Estados miembros, y esta resolución solo logró juntar 14 firmas.
Esto es importante a los efectos de la legitimidad de la resolución, únicamente con esa mayoría de 18 países se puede entender que la resolución emana del Consejo Permanente, y no de un grupo selecto de países.
Con la misma celeridad y urgencia que la OEA, los miembros del MERCOSUR convocaron a una Cumbre extraordinaria de Cancilleres para analizar la posibilidad de aplicar la “cláusula democrática” a Venezuela, que podría significar la suspensión de este país en dicho organismo. El día sábado 1 de abril los cancilleres de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay instaron al gobierno de Venezuela a adoptar medidas concretas, concertadas con la oposición, de acuerdo con la Constitución, para asegurar la separación de poderes.
El mismo día que se convocaba a la Cumbre Extraordinaria por la situación del país bolivariano, en la República del Paraguay estalla una crisis política-institucional que deja como resultado un dirigente opositor muerto, un centenar de heridos, 200 detenidos y el edificio del Congreso en llamas. El viernes 31 de marzo, se aprueba en el Senado paraguayo un proyecto impulsado por el oficialismo para enmendar la Constitución Nacional, que permitiría la re-elección presidencial. Los disturbios se desataron porque el gobierno de Horacio Cartes violentó las garantías institucionales para el correcto procedimiento de sanción: el proyecto fue aprobado durante una sesión a puertas cerradas, a pesar de que constitucionalmente las sesiones deben ser públicas y la sesión fue realizada sin la presencia del titular de la Cámara Alta, Roberto Acevedo. Además, se hizo trascender que Acevedo previo a ser destituido, según la oposición ilegalmente, había retenido la solicitud de aprobación de esta reforma, ya que una enmienda similar había sido tratada en agosto de 2016, y según la Constitución solo puede volver a tratarse en un plazo de un año.
Para sortear este obstáculo, el senador Julio Velázquez se proclamó como presidente del Senado el martes pasado, y en su posición ilegitima, permitió la introducción de las modificaciones al reglamento interno que posibilitaron el tratamiento de la enmienda.
A pesar del enfrentamiento social que produjo esta, por lo menos dudosa, sanción y el pedido insistente de las fuerzas políticas opositoras paraguayas, las respuestas de los organismos regionales a los que pertenece Paraguay todavía no se han conocido.
El secretario general de la OEA se limitó a emitir un comunicado con “un llamado a las fuerzas políticas de Paraguay a la Paz y al respeto de la Democracia”, y agregó que “no es la violencia la forma de resolver los conflictos políticos en Democracia”.
Asimismo, evitó referirse al hecho que provocó el estallido, y no convocó a reuniones del organismo para revisar la situación de ese país, aunque los principales líderes de la oposición solicitaron la intervención de la OEA “ante los atropellos cometidos contra la democracia paraguaya” por el gobierno nacional.
Tampoco el MERCOSUR se pronunció ante estos hechos ni ninguno de sus miembros, situación que suscita algunos interrogantes, dado que en el 2012 Paraguay fue sancionado por sospechas en el funcionamiento del Senado cuando destituyeron de la presidencia a Fernando Lugo.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó de hipócrita al accionar dispar de la OEA en casos tan similares. Afirmación que no parece injustificada si tenemos en cuenta los hechos y la ilegalidad de la resolución de la OEA. Los organismos regionales deberían explicitar los protocolos actuales para realizar la tan peligrosa declaración de que un Estado rompió el orden democrático, teniendo en cuenta las devastadoras consecuencias que podría acarrear.
Entonces, al comparar estos casos se presentan más dudas que certezas, no parece existir una definición clara y acabada de qué acciones gubernamentales violentan las instituciones y provocan rupturas democráticas. ¿O eso depende de la bandera ideológica de la fuerza política gobernante?

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