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Avanzó la consulta pública para la modernización de la Ruta Provincial 17

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La Dirección Provincial de Vialidad presentó el proyecto de rehabilitación de la Ruta Provincial 17 y el nuevo puente sobre el arroyo Piray Miní en cinco instancias participativas que involucraron a vecinos, comunidades mbya, municipios y sectores productivos. La obra, financiada por el BID, apunta a mejorar la conectividad logística y la seguridad vial en uno de los principales corredores del norte de Misiones.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) completó una ronda de consultas públicas para presentar el proyecto de construcción del nuevo puente sobre el arroyo Piray Miní, rehabilitación integral de la Ruta Provincial 17 y ejecución de obras complementarias, una iniciativa de fuerte impacto estratégico para el desarrollo del norte de Misiones. Durante cinco encuentros realizados en distintas localidades, el organismo expuso los alcances técnicos, ambientales y sociales de la intervención y recibió aportes de vecinos, productores, comerciantes, comunidades originarias, docentes, empresarios y autoridades locales.

El proceso participativo se desarrolló en los municipios de Dos Hermanas, Pozo Azul, Santiago de Liniers, 9 de Julio y Eldorado, localidades atravesadas por uno de los corredores provinciales más importantes para la producción forestal, agropecuaria y el transporte de cargas. La instancia de consulta forma parte de los requisitos previstos para proyectos de infraestructura financiados con organismos multilaterales y busca incorporar observaciones de las comunidades antes del inicio de las obras.

Uno de los aspectos destacados fue la participación de comunidades mbya guaraní. Integrantes de las comunidades Tekoa Arandu, Pozo Azul y Pozo Azul I participaron de una reunión específica en la Escuela Intercultural Bilingüe N.º 812, donde técnicos de la DPV y consultores ambientales explicaron el proyecto y respondieron consultas vinculadas al impacto territorial de las futuras intervenciones. Posteriormente, también se realizó un encuentro con miembros de la comunidad mbya de Santiago de Liniers, donde además se recorrieron sectores que requerirán adecuaciones para garantizar una correcta integración entre la ruta y los caminos locales.

En Eldorado, la convocatoria reunió a vecinos urbanos y rurales interesados en conocer cómo las obras modificarán la circulación y la conectividad de la denominada Capital del Trabajo. Mientras tanto, la última jornada, realizada en Santiago de Liniers, permitió concentrar además la participación de habitantes de 9 de Julio, consolidando una instancia regional de intercambio.

Desde Vialidad Provincial remarcaron que el proyecto mantiene una lógica de diseño abierta, contemplando la posibilidad de introducir modificaciones puntuales surgidas de las demandas planteadas durante las consultas. La estrategia busca reducir eventuales impactos sociales y ambientales, además de fortalecer el consenso comunitario alrededor de una obra considerada estructural para el desarrollo regional.

Un corredor estratégico para la producción del norte provincial

La intervención sobre la Ruta Provincial 17 trasciende una simple repavimentación. El proyecto contempla la construcción de un nuevo puente sobre el arroyo Piray Miní, con dimensiones superiores a las actuales, mejorando la capacidad hidráulica y la seguridad del tránsito en uno de los puntos más sensibles del corredor.

A ello se suma la rehabilitación integral de la calzada entre Eldorado y Dos Hermanas, la construcción de travesías urbanas en Eldorado, 9 de Julio, Santiago de Liniers y Pozo Azul, además de una tercera trocha para sobrepaso en un tramo aproximado de cuatro kilómetros donde actualmente la pendiente dificulta la circulación de vehículos pesados.

Las obras incluyen además banquinas pavimentadas, nueva señalización horizontal y vertical, mejoras en intersecciones, cordones cuneta, canteros centrales, plazoletas con mobiliario urbano y otras intervenciones destinadas a incrementar la seguridad vial y ordenar el tránsito en las zonas urbanas.

Desde una perspectiva económica, la modernización de la RP 17 adquiere relevancia por tratarse de un eje utilizado diariamente por la actividad forestal, la producción agropecuaria y el comercio regional. La mejora de la infraestructura permitirá reducir tiempos logísticos, optimizar el transporte de cargas y fortalecer la conectividad entre los municipios del norte provincial y los principales corredores nacionales.

El proyecto cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo que exige procesos de participación ciudadana y la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental y Social antes de la ejecución de las obras. Ambos documentos permanecen disponibles para consulta pública tanto en el portal de la Dirección Provincial de Vialidad como en el sitio oficial del BID, en cumplimiento de los estándares internacionales de transparencia y acceso a la información.

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La pavimentación del acceso a Fachinal entra en etapa de consulta pública

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La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) puso en marcha una nueva instancia de participación ciudadana para avanzar con una de las obras de infraestructura vial más esperadas por la comunidad de Fachinal. Se trata del proyecto de construcción de obra básica, desagües y pavimento sobre la Ruta Provincial N° 205, que conectará de manera asfaltada la Ruta Nacional N° 105 con la zona urbana de la localidad.

En el marco del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, el organismo vial convocó a una Consulta Pública abierta para el próximo 19 de junio, una herramienta que busca garantizar la participación de vecinos, instituciones y actores locales antes de la ejecución definitiva de la obra.

La reunión se desarrollará a las 9.30 en el Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad de Fachinal y tendrá como finalidad exponer los principales alcances técnicos del proyecto, además de brindar información sobre sus efectos ambientales y sociales. Asimismo, los responsables de la iniciativa responderán consultas e inquietudes de los participantes.

La obra representa un paso estratégico para mejorar la conectividad de Fachinal con los principales corredores viales de la provincia. El asfaltado de la RP 205 permitirá optimizar las condiciones de transitabilidad, reducir costos logísticos y fortalecer la integración territorial de una zona con fuerte potencial productivo y residencial.

Desde Vialidad Provincial destacaron que la instancia de consulta forma parte de los procedimientos exigidos para proyectos financiados por organismos internacionales y apunta a garantizar transparencia en la gestión de la obra, así como la incorporación de observaciones y aportes de la comunidad.

Como parte del proceso, desde el pasado 5 de junio se encuentra disponible para consulta pública el Resumen Ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental. La documentación puede revisarse en la Mesa de Entradas de la Municipalidad de Fachinal, donde además se habilitó un Libro de Consultas, Sugerencias y Reclamos para que los ciudadanos puedan expresar opiniones y plantear observaciones vinculadas al proyecto.

La información también puede consultarse de manera digital a través del sitio oficial de la Dirección Provincial de Vialidad y en la plataforma del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo que financia la iniciativa. La participación del BID refuerza la relevancia institucional del proyecto y exige el cumplimiento de estándares ambientales y sociales específicos durante todas las etapas de ejecución.

La convocatoria se inscribe en una política de infraestructura que busca fortalecer la red vial secundaria de Misiones, una herramienta considerada clave para mejorar la conectividad rural, impulsar el desarrollo económico local y facilitar el acceso de las comunidades a servicios esenciales.

Para ampliar el acceso a la información, la DPV también habilitó canales de consulta mediante WhatsApp y correo electrónico, permitiendo que los interesados puedan realizar preguntas y acceder a detalles técnicos antes de la audiencia.

Con esta instancia participativa, el proyecto de pavimentación del acceso a Fachinal comienza a transitar una etapa decisiva. Más allá de su impacto sobre la movilidad diaria de los vecinos, la obra aparece como una inversión estratégica para consolidar la integración territorial del sur misionero y potenciar nuevas oportunidades de desarrollo para la localidad.

Link de acceso al material de consulta: Vialidad Fachinal

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La CNV redefine el cambio de régimen de oferta pública y refuerza la protección a accionistas minoritarios

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La Comisión Nacional de Valores (CNV) puso en marcha un proceso clave de reforma regulatoria al convocar a la ciudadanía y a los actores del mercado de capitales a participar del procedimiento de “Elaboración Participativa de Normas” para modificar el régimen de oferta pública. A través de la Resolución General 1104/2026, publicada el 22 de enero de 2026 en el Boletín Oficial, el organismo propone un nuevo esquema normativo que regula, con mayor precisión y tutela, el cambio de régimen de las emisoras, especialmente aquellas autorizadas a la oferta pública por acciones. La iniciativa apunta a equilibrar flexibilidad regulatoria, reducción de costos y protección de accionistas minoritarios, en un contexto de modernización del mercado de capitales argentino.

Una reforma orientada a flexibilizar sin perder control regulatorio

La Resolución General 1104/2026 se inscribe en el marco de las facultades conferidas a la CNV por la Ley de Mercado de Capitales y la Ley de Financiamiento Productivo, normas que buscan promover el desarrollo del mercado, ampliar el acceso al financiamiento y adecuar los requisitos regulatorios a la diversidad de emisoras existentes.

En los considerandos, la CNV reconoce que numerosas emisoras incluidas actualmente en el Régimen General de Oferta Pública —en particular aquellas que califican como PyME, presentan estructuras familiares o registran baja liquidez— enfrentan exigencias informativas y costos regulatorios desproporcionados respecto de su escala operativa. Sin embargo, el organismo subraya que estas compañías pueden necesitar seguir accediendo al mercado de capitales, aunque bajo regímenes de menores exigencias, sin quedar fuera del control estatal.

En este contexto, la norma propone incorporar la Sección XIV “Cambio de Régimen” al Capítulo V del Título II de las Normas (N.T. 2013 y mod.), estableciendo un procedimiento específico, con etapas claras, instancias societarias obligatorias y plazos definidos. Además, se introduce formalmente la definición de “Régimen General” en el artículo 2° del Título I, para unificar criterios interpretativos y reducir ambigüedades normativas.

Protección de accionistas minoritarios y obligatoriedad de la OPA

Uno de los ejes centrales del proyecto es la tutela reforzada de los accionistas minoritarios frente a cambios de régimen que impliquen una reducción sustancial de las exigencias informativas y de transparencia. La CNV advierte que el pasaje desde el Régimen General hacia regímenes especiales puede alterar derechos relevantes, como la preparación de estados financieros bajo NIIF, la adopción de Normas Contables Profesionales Argentinas (NCPA) o la restricción del universo de inversores habilitados a operar, en especial cuando la negociación queda circunscripta a Inversores Calificados.

Por ese motivo, la resolución establece que, en el caso de emisoras autorizadas a la oferta pública por acciones, el cambio de régimen estará condicionado a la realización previa de una Oferta Pública de Adquisición (OPA), conforme a lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Mercado de Capitales y el Título III de las Normas de la CNV. Este mecanismo es entendido como un supuesto asimilable al retiro del régimen de oferta pública, en tanto implica un cambio en los derechos de los accionistas.

La OPA deberá formularse a un precio equitativo, determinado según las pautas del artículo 88, Apartado II, de la Ley de Mercado de Capitales, y contar con garantías suficientes emitidas por entidades financieras o aseguradoras de reconocida solvencia. La CNV aclara que su autorización será de carácter formal y regulatorio, sin pronunciarse sobre la conveniencia económica del precio ofrecido, cuya determinación será responsabilidad exclusiva de la emisora y de los sujetos obligados.

Consulta pública, plazos y próximos pasos

Como continuidad de su política de diálogo regulatorio, la CNV resolvió aplicar el procedimiento de Elaboración Participativa de Normas, aprobado por el Decreto N° 1172/2003. A tal efecto, invitó a la ciudadanía a presentar opiniones y propuestas sobre el proyecto de reglamentación, tomando como base el texto incluido en el Anexo I de la resolución.

Las presentaciones podrán realizarse a través del sitio web oficial del organismo (www.argentina.gob.ar/cnv), utilizando el formulario aprobado como Anexo II. El plazo establecido es de quince (15) días hábiles, contados desde la entrada en vigencia de la norma, que se produce a partir del día siguiente al de su última publicación en el Boletín Oficial. La Dra. María Laura Porto fue designada para dirigir el procedimiento participativo.

El alcance de la reforma es amplio: contempla tanto el cambio desde el Régimen General o el Régimen PyME CNV hacia regímenes especiales de menores exigencias, como la posibilidad inversa de que emisoras actualmente encuadradas en esquemas simplificados opten voluntariamente por un régimen de mayores requerimientos. En todos los casos, se busca dotar de previsibilidad y seguridad jurídica a emisoras e inversores, en un mercado que combina la necesidad de financiamiento con estándares adecuados de transparencia y protección.

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Vialidad abre una consulta pública para actualizar las tarifas de peaje en los corredores viales

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La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) dispuso la apertura del Procedimiento de Elaboración Participativa de Normas para avanzar con la aprobación de un nuevo esquema tarifario en los peajes concesionados a Corredores Viales S.A. La medida, formalizada mediante la Resolución 42/2026, habilita un período de consulta ciudadana de 15 días hábiles administrativos y constituye un paso previo obligatorio antes de la eventual actualización de tarifas, en línea con los criterios constitucionales de razonabilidad, gradualidad y transparencia en servicios públicos esenciales.

La decisión fue adoptada en la Ciudad de Buenos Aires el 13 de enero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial los días 14 y 15 de enero de 2026, bajo el número 1808/26, en el marco del expediente EX-2025-138657392-APN-DNV#MEC.

Consulta ciudadana y actualización tarifaria: el procedimiento que activa Vialidad Nacional

La Resolución RESOL-2026-42-APN-DNV#MEC declara formalmente la apertura del procedimiento previsto en el Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas, aprobado por el Artículo 3° del Decreto N.° 1.172/2003, para el Proyecto de Aprobación de los Cuadros Tarifarios aplicables a los Contratos de Concesión de los Corredores Viales Tramos I al X.

El proceso se inicia a partir de una solicitud presentada por Corredores Viales S.A., que requirió la aplicación del apartado 8.2 de la Cláusula Octava de los Contratos de Concesión, junto con el Artículo 49° para los Tramos I a V y el Artículo 50° para los Tramos VI a X de los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales. En ese marco, la concesionaria sometió a consideración un cuadro tarifario para su análisis y eventual aprobación.

La Dirección Nacional de Vialidad, organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Economía conforme al Decreto N.° 644/2024, y bajo el control tutelar de la Secretaría de Obras Públicas según el Decreto N.° 866/2025, elaboró los informes técnicos correspondientes, los cuales fueron remitidos a dicha Secretaría. A partir de ese análisis, se consideró “apropiada la implementación de la tarifa propuesta por la empresa concesionaria”.

Posteriormente, la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones confeccionó los nuevos cuadros tarifarios, respetando la escala entre categorías de vehículos prevista en los contratos de concesión vigentes, y promovió la actualización para los Tramos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X.

Fundamentos constitucionales, participación y resguardo de los usuarios

La resolución pone el acento en el Artículo 42 de la Constitución Nacional, que garantiza los derechos de los usuarios a la protección de sus intereses económicos, a una información adecuada y veraz, y a condiciones de trato equitativo y digno, así como el deber del Estado de controlar la calidad y eficiencia de los servicios públicos.

En ese sentido, la Subgerencia de Atención al Usuario destacó que la implementación de un procedimiento participativo previo al dictado de actos de alcance general “es altamente beneficiosa”, ya que permite una mayor eficacia administrativa y un mayor grado de acierto en decisiones que impactan directamente sobre los usuarios del sistema vial.

La medida también se apoya en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, citando el fallo CSJN 339:1077, donde el máximo tribunal fijó criterios rectores sobre la razonabilidad de la política tarifaria en servicios públicos esenciales. Según ese precedente, el Estado debe actuar con “especial prudencia y rigor” al fijar tarifas, asegurando certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad, y evitando restricciones arbitrarias o desproporcionadas a los derechos de los usuarios.

Bajo ese marco, Vialidad Nacional resolvió aplicar el mecanismo previsto en el Anexo V del Decreto N.° 1.172/03, que regula la participación ciudadana en la elaboración de normas, designando como autoridades responsables del procedimiento a la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones y a la Subgerencia de Atención al Usuario.

Plazos, acceso a la información y canales habilitados

A partir del día siguiente a la última publicación en el Boletín Oficial, los interesados cuentan con un plazo de QUINCE (15) días hábiles administrativos para acceder a los proyectos de norma y a los cuadros tarifarios propuestos.

La documentación estará disponible en el sitio web oficial de la Dirección Nacional de Vialidad, dentro de la sección “Espacios Participativos”, y también podrá ser consultada a través del sistema Trámite a Distancia (TAD), seleccionando la opción “Presentación ciudadana ante el poder ejecutivo”, en el marco del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

Asimismo, se aprobó el “Formulario para la Presentación de Opiniones y Propuestas” (Anexo II – IF-2026-02978183-APN-RRIICP#DNV), conforme a lo dispuesto en el Artículo 15 del Reglamento y el Anexo VI del Decreto N.° 1.172/03. Dicho formulario podrá descargarse, completarse y enviarse en formato PDF a la dirección atencionalusuario@vialidad.gob.ar dentro del plazo establecido.

Las opiniones y propuestas recibidas serán incorporadas en un Registro que funcionará en la Subgerencia de Atención al Usuario, consolidando así el proceso de consulta pública previo a la definición final del nuevo esquema tarifario.

Impacto institucional y proyección del proceso

La apertura de este procedimiento constituye un paso institucional clave en la redefinición de las tarifas de peaje de los corredores viales concesionados, al articular los derechos de los usuarios, las obligaciones contractuales de la concesionaria y las facultades regulatorias del Estado.

El proceso participativo no implica aún la aprobación definitiva de los nuevos valores, pero habilita el marco formal para que la ciudadanía y los actores interesados expresen sus opiniones antes del dictado del acto administrativo final, que quedará en cabeza de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme al Artículo 20° del Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas.

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Subsidios energéticos: cerró la consulta pública y el Gobierno acelera el nuevo esquema focalizado

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El Gobierno nacional dio un paso decisivo en el proceso de reducción y reordenamiento de los subsidios energéticos al declarar formalmente cerrado el procedimiento de consulta pública para la implementación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La medida quedó establecida mediante la Resolución 592/2025 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial, y habilita al Poder Ejecutivo Nacional a avanzar con la puesta en marcha definitiva del nuevo esquema tarifario a partir de enero de 2026.

La consulta pública concluyó a las 0:00 horas del 20 de diciembre de 2025, tras un plazo de quince días hábiles administrativos, durante el cual se recibieron presentaciones de usuarios, empresas distribuidoras, entes reguladores, asociaciones de consumidores, cooperativas, federaciones del sector y defensorías del pueblo nacionales y provinciales. El cierre de esta instancia marca la culminación del período de transición previsto en el Decreto 465/2024 y sus prórrogas, y consolida el giro hacia un esquema de tarifas más alineadas con los costos económicos reales de abastecimiento.

Antecedentes normativos y fundamentos del nuevo régimen tarifario

El proceso tuvo su origen en la Resolución 484/2025 de la Secretaría de Energía, que dispuso la apertura de la consulta pública con el objetivo de garantizar la participación ciudadana previa a la aprobación del nuevo régimen. La iniciativa se encuadró en lo dispuesto por las Leyes 19.549, 27.275 y 27.742, el Decreto 1.172/2003 y los principios constitucionales de publicidad de los actos de gobierno y acceso a la información pública.

Según detalla la resolución, la propuesta sometida a consulta incluyó la readecuación de los precios de referencia del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), del gas propano indiluido por redes y del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), sobre los cuales se aplicarán las bonificaciones del nuevo esquema. La Secretaría de Energía sostuvo que estos precios constituyen un componente estructural del sistema, definido en base a criterios técnicos, económicos y regulatorios.

Durante el procedimiento, la autoridad de aplicación destacó que el SEF busca “equilibrar la atención de las particularidades territoriales con la necesidad de establecer límites claros y reglas generales que aseguren una administración eficiente, equitativa y sostenible del sistema de subsidios energéticos”, sin alterar los lineamientos generales del régimen propuesto.

Cómo funcionarán los Subsidios Energéticos Focalizados y quiénes quedarán alcanzados

El nuevo esquema introduce cambios de fondo en la forma de asignar la asistencia estatal. Entre los principales lineamientos técnicos se destacan:

  • Bonificación de transición: se aplicará un descuento extraordinario durante todo 2026, concebido como una medida transitoria para acompañar la migración desde el sistema vigente hacia el nuevo régimen focalizado.
  • Canasta Básica Energética (CBE): el subsidio se calculará sobre un bloque de consumo básico, determinado según la zona bioclimática de residencia, y no sobre el consumo total del hogar.
  • Criterio de ingresos: el Estado intervendrá únicamente cuando el costo de la CBE supere entre el 10% y el 15% del ingreso total del grupo familiar, cubriendo solo esa diferencia.
  • Umbral máximo: el acceso al subsidio quedará restringido a hogares con ingresos mensuales inferiores a 3 Canastas Básicas Totales (CBT). A valores de diciembre de 2025, ese tope se ubica en aproximadamente $3.640.000, según el INDEC. El límite se reduce frente al esquema anterior, que permitía hasta 3,5 CBT, lo que implica la salida del beneficio de un segmento previamente categorizado como ingresos medios (Nivel 3).

El régimen también incorpora exclusiones automáticas por patrimonio, independientemente del ingreso declarado. Quedarán fuera del subsidio los hogares que posean dos o más inmuebles, vehículos de menos de 10 años de antigüedad (con excepción de personas con discapacidad), embarcaciones o aeronaves, servicios de medicina prepaga no vinculados al empleo o consumos elevados en moneda extranjera.

A nivel operativo, se elimina la segmentación en N1, N2 y N3. El sistema pasa a una lógica binaria de “hogares con subsidio” y “hogares sin subsidio”. Los usuarios registrados en el RASE serán migrados automáticamente al nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (RESEF), aunque la Secretaría de Energía realizará auditorías periódicas y cruces de datos para verificar el cumplimiento continuo de los requisitos.

Observaciones recibidas, ajustes y efectos esperados

Las presentaciones realizadas durante la consulta pública se concentraron principalmente en los topes de consumo subsidiados por zonas geográficas, especialmente en relación con los requerimientos energéticos esenciales que varían según el clima, la infraestructura local y la disponibilidad de fuentes alternativas. También se plantearon objeciones vinculadas a los riesgos de exclusión por barreras digitales, con pedidos específicos para reforzar los mecanismos de atención presencial y los canales de revisión de categorización.

La Secretaría de Energía informó que estos aportes fueron evaluados y que se introducirán mejoras en los procesos de cruce y validación de información, así como en los procedimientos de revisión, para reducir errores de exclusión. El informe técnico de cierre fue elaborado por la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético y elevado al Poder Ejecutivo Nacional junto con todos los antecedentes del proceso.

Desde una perspectiva económica e institucional, el avance del SEF implica un recorte progresivo del gasto en subsidios, una mayor focalización del gasto público y un traslado más explícito del costo de la energía hacia los usuarios con mayor capacidad contributiva. Al mismo tiempo, el esquema preserva mecanismos de protección para los hogares vulnerables en el tramo final del Período de Transición.

Con el cierre formal de la consulta pública, el Gobierno quedó habilitado para definir la reestructuración definitiva de los subsidios energéticos, una de las piezas centrales de la política fiscal y tarifaria para 2026.

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