La inflación en alimentos y bebidas se desacelera: subieron 0,6% en la segunda semana de octubre, según Analytica. El relevamiento de la consultora muestra un ritmo de aumentos más moderado en el Gran Buenos Aires y proyecta una inflación mensual del 2,1% para octubre.
El seguimiento semanal de precios elaborado por la consultora Analytica registró un incremento de 0,6% en los precios de alimentos y bebidas durante la segunda semana de octubre en el Gran Buenos Aires, mostrando señales de desaceleración en relación con el mes anterior.
De acuerdo con el informe, el promedio móvil de cuatro semanas se ubicó en 2,3%, mientras que para el nivel general de precios la consultora proyecta una suba mensual del 2,1%. El relevamiento, que forma parte del monitoreo continuo de precios minoristas en comercios del área metropolitana, sugiere una tendencia de moderación en la dinámica inflacionaria, en línea con la menor volatilidad observada en los alimentos frescos.
Las frutas lideran los aumentos y las verduras muestran estabilidad
En el desglose por rubros, las frutas encabezaron los incrementos con una suba promedio de 5,9%, impulsadas por aumentos estacionales y ajustes en los precios mayoristas. Le siguieron azúcar, dulces, chocolates y golosinas, que registraron un alza del 3,1% en el promedio de las últimas cuatro semanas.
En contraste, los precios de las verduras mostraron un avance mucho más acotado, de apenas 0,5%, mientras que el grupo de otros alimentos —que incluye productos secos y envasados— subió 1,2%.
La variación semanal, del 0,6%, representa una moderación respecto de los picos registrados durante el segundo trimestre del año, cuando la inflación alimentaria semanal llegó a superar el 1,5% en algunos relevamientos.
Según Analytica, el comportamiento de los precios responde a factores combinados: la estabilidad cambiaria, la mayor disponibilidad de productos estacionales y una menor presión en los costos logísticos explican la desaceleración parcial, aunque la consultora advierte que el proceso de desinflación aún es incipiente.
Inflación mensual proyectada: 2,1% en octubre
El informe estima que, de mantenerse el actual ritmo de variación, la inflación de octubre podría ubicarse en torno al 2,1% mensual, lo que representaría uno de los registros más bajos del año. Este pronóstico refuerza la expectativa de un cierre de trimestre con menor tensión en los precios minoristas, en línea con la tendencia de estabilización observada desde agosto.
El análisis de Analytica se publica semanalmente como parte de su Índice de Precios de Alimentos y Bebidas (IPAB), un indicador adelantado que busca anticipar el comportamiento de la inflación general.
El desempeño de los alimentos es clave para la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), dado que este rubro tiene una alta incidencia en la canasta de consumo de los hogares y un impacto directo sobre los niveles de pobreza e ingresos reales.
La consultora Analytica relevó los precios de alimentos y bebidas en el Gran Buenos Aires y detectó un aumento de apenas 0,2% en la tercera semana de septiembre. Con este dato, la proyección mensual se ubica en torno al 2,1%, marcando un escenario de relativa estabilidad en el rubro de consumo masivo.
De acuerdo con el informe, la variación semanal de 0,2% se traduce en un promedio móvil de cuatro semanas de 2,1%, cifra que consolida la tendencia de moderación inflacionaria en los alimentos.
En cuanto al nivel general de precios, la consultora proyecta una suba mensual de 2,1% en septiembre, lo que confirma la continuidad de registros muy por debajo de los niveles observados durante 2023, cuando la dinámica inflacionaria superaba el 10% mensual en varios tramos del año.
Sectores con mayores y menores aumentos
El informe detalla una marcada heterogeneidad entre rubros:
Verduras: +6,1% (promedio cuatro semanas).
Frutas: +5,1%.
Café, té, yerba y cacao: +0,8%.
Lácteos: +0,5%.
Las alzas en frutas y verduras responden a factores estacionales y climáticos, mientras que los lácteos y las infusiones muestran mayor estabilidad de precios.
El relevamiento de Analytica cobra relevancia en un escenario donde el Gobierno busca consolidar la desaceleración inflacionaria tras la corrección del tipo de cambio y el reordenamiento de las cuentas públicas.
Para los analistas, la estabilidad en alimentos y bebidas resulta clave porque este rubro tiene fuerte incidencia en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y en la percepción social del costo de vida.
Si la tendencia se sostiene en lo que resta de septiembre, el mes cerraría con una inflación general del orden del 2%, consolidando al tercer trimestre como el de menor inflación en los últimos cuatro años.
Hacia adelante, el desafío será mantener esta desaceleración en un contexto de presión cambiaria y estacionalidad de algunos precios sensibles. El impacto de la sequía en frutas y verduras, la evolución del dólar paralelo y las negociaciones salariales serán factores determinantes en el último trimestre de 2025.
Analytica advierte que la estabilidad lograda aún es frágil y depende de un delicado equilibrio entre política monetaria, expectativas y oferta de bienes básicos.
La mirada dela consultora Analytica de esta semana pone el foco en los acuerdos con el FMI y el impacto que genera en la política domestica, además analiza el crecimiento de la pobreza y la estrategia del gobierno en tiempo de elecciones de utilizar el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria y medio de contención de los aumentos de precios en los alimentos
La Mirada Analytica #6:
Es permanente la tensión entre la sostenibilidad de las cuentas externas y la situación social. La pandemia agravó el cuadro, llevando a la pobreza a 2 millones de habitantes más, por sobre los diez millones que ya se encontraban en ella como resultado de las tres fuertes devaluaciones de 2018 y 2019.
La pobreza alcanzó al 40,6% de las personas en el primer semestre de 2021, después de tocar 42% en los meses más duros de la cuarentena. Semejantes porcentajes no dan margen para el error en la política económica.
Una estrategia central del gobierno en tiempo de elecciones ha sido utilizar el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria y medio de contención de los aumentos de precios en los alimentos. Claramente, esta política resulta incompatible para cumplir con los objetivos clásicos de los acuerdos con el FMI: reducir el cepo cambiario y la brecha entre el dólar oficial y los paralelos, hoy entre el 70 y 90% según el mercado que se mire.
Cualquier corrección eventual del tipo de cambio implicaría nuevas subas en los precios de los alimentos y bienes esenciales, claves para las líneas de indigencia y pobreza. ¿Significa entonces que el nuevo acuerdo con el Fondo provocará un nuevo deterioro en las condiciones sociales? Y de ser así, ¿de qué orden de magnitud? La lógica sería compensar a las familias ante una eventual devaluación; ¿cuál sería el costo fiscal de una política paliativa? ¿Y por cuánto tiempo debería implementarse?
En esta Mirada Analytica tratamos de responder a estos interrogantes sobre la base de una simulación de impacto que considera tres elementos: a. El orden de magnitud de la devaluación y su traslado a precios. b. El impacto sobre la línea de pobreza. c. El costo fiscal de la compensación, que depende del incremento de la línea de pobreza y la duración de la recesión.
Se asume que los ingresos en pesos no crecen y que los efectos sobre el empleo son nulos. Esto es así debido a la naturaleza “instantánea” del ejercicio. Se muestra una “foto” del cuadro social si los precios de la canasta básica y de la canasta total aumentasen en el mes siguiente a la devaluación. Al incorporar dinámicas de precios y empleo, variables que se mueven en sentido opuesto, las consecuencias sociales de una devaluación podrían diferir: el aumento de los ingresos nominales por nuevas paritarias mejoraría el cuadro y la reducción del empleo, dada la recesión resultante, por el contrario, lo empeoraría.
La política económica siempre debe pensarse de manera integral. Seria esperable que la respuesta a un salto del tipo de cambio se acompañe con una política fiscal expansiva que compense a quienes resulten perjudicados. Por caso, para evitar un nuevo escalón en la pobreza el gobierno debería subsidiar a todos aquellos que hoy son pobres. El problema es que una política así atenta contra la reducción del déficit fiscal que exige el FMI y dificulta aún más el financiamiento en pesos. Este aumento del gasto encontraría severas restricciones para monetizarse y a su vez el financiamiento en el mercado de pesos no sería muy receptivo luego de una devaluación.
Otro dilema es durante cuánto tiempo debería expandirse el gasto. En principio, depende de la duración de la recesión. Si tomamos el evento de 2016, la recesión duró cuatro meses (medida en la serie sin estacionalidad del EMAE). En 2013 la situación fue algo distinta: la economía empezó a caer en septiembre y mantuvo esa tendencia en 9 de los 11 meses comprendidos entre esa fecha y julio del 2014. En 2017, la recesión comenzó en diciembre y se extendió por 7 meses. Por lo tanto, como mínimo podemos asumir compensaciones necesarias durante 6 meses.
En el ejercicio estimamos un subsidio mensual durante seis meses que compense el aumento en el precio de la canasta básica total1. Por ejemplo, de $2.000 para el caso de una devaluación del 20%. De esta forma se mantendría la pobreza en los niveles previos al salto cambiario, y además podría reducirse la brecha de ingresos de cada pobre respecto de la línea de base (hoy en $ 22.123). A nuestro juicio, éste es un indicador más robusto de la situación social que se vincula íntimamente con la indigencia, en especial dado que este año hay 137.000 indigentes más que en 2020, a pesar de la leve reducción de la pobreza.
Por caso, un aumento del tipo de cambio del 20% supone un traslado a los precios de los alimentos cercano al 10% en un periodo de entre 3 y 9 meses. En este escenario, como muestra el cuadro el ingreso individual requerido para no caer por debajo de la línea de pobreza pasaría de $22.123 a $25.879 mensuales, generando 2,1 millones de nuevos pobres. Así el porcentaje de personas en situación de pobreza llegaría a 45,1%, 4,5 puntos más que en la última medición.
De la simulación también surge una conclusión muy contundente: no es posible salir del cepo de manera instantánea. Un salto del 50% del tipo de cambio, que llevaría la brecha a la zona del 20%, supondría niveles de pobreza propios de la crisis del 2001-02, en torno al 50%. En este sentido, aunque involucre devaluaciones de “shock” la salida de las restricciones cambiarias tendrá que ser gradual.
La simulación da cuenta de la complejidad de la actual situación. Cualquier decisión que tome el gobierno para estabilizar la macro va a tener costos. El desafío es reducirlos y evitar un nuevo empeoramiento de los delicados indicadores socioeconómicos.
1 Para compensar la brecha de pobreza no solamente se requiere una transferencia de $2.000 en términos de adulto equivalente, cómo simulamos, sino también incrementar el ingreso de cada una de las personas en un porcentaje idéntico al que aumentó la línea de pobreza. Teniendo en cuenta que esto es imposible de implementar, asumimos una transferencia fija por persona equivalente al incremento de la canasta básica total por adulto equivalente. Por lo tanto, la brecha de pobreza y la tasa de indigencia, ambas íntimamente relacionadas, se reducirían respecto a los niveles del primer semestre de 2021 debido a que se compensaría por el aumento en la canasta básica total, lo cual sobre compensaría el aumento en la canasta básica alimentaria.
