Contaminación del Paraná: crece la preocupación por un presunto delito ambiental transfronterizo y reclaman acción de Argentina y Paraguay
La denuncia presentada por la Municipalidad de Encarnación contra la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) dejó de ser un conflicto local para adquirir una dimensión regional. Los análisis de laboratorio incorporados a la causa confirmaron la presencia de vertidos de aguas cloacales con niveles de coliformes fecales superiores a los parámetros permitidos, que terminan desembocando en el río Paraná, un curso de agua compartido por Paraguay y Argentina.
El caso reavivó el debate sobre la responsabilidad de ambos Estados en la protección de un recurso hídrico internacional y sobre la necesidad de actuar con rapidez frente a un eventual daño ambiental de carácter transfronterizo.
La discusión judicial frente a la urgencia ambiental
Mientras avanza la investigación, la EBY planteó una excepción de incompetencia para impedir una inspección judicial, al sostener que el expediente debería tramitarse en Asunción o incluso en Buenos Aires.
Sin embargo, especialistas en derecho ambiental sostienen que el principio precautorio obliga a adoptar medidas inmediatas cuando existe riesgo de un daño grave o irreversible, aun cuando posteriormente deba resolverse cuál es el tribunal competente.
Desde esta perspectiva, la discusión procesal no debería retrasar acciones destinadas a proteger la salud pública y evitar que continúe la contaminación del río, señala el abogado Sergio César Santiago.
El marco legal paraguayo
La legislación paraguaya contempla herramientas específicas para intervenir frente a este tipo de situaciones.
Entre ellas se destacan:
- El Código Penal, que tipifica los delitos contra el ambiente y prevé penas de hasta diez años de prisión para casos graves de contaminación de aguas.
- Los artículos 7 y 8 de la Constitución Nacional, que garantizan el derecho de toda persona a vivir en un ambiente saludable y establecen la obligación del Estado de preservarlo.
- La Ley 294/93, que dispone la adopción de medidas inmediatas cuando se comprueba un daño ambiental.
Un problema que también involucra a Argentina
La contaminación del Paraná no se limita al territorio paraguayo. Al tratarse de un río internacional, el eventual impacto alcanza también a las poblaciones argentinas ubicadas aguas abajo.
El Tratado de Yacyretá, firmado en 1973, establece compromisos de cooperación entre ambos países para preservar el ambiente y prevenir daños derivados de la operación del complejo hidroeléctrico y del uso compartido del río.
A ello se suma el artículo 41 de la Constitución Nacional argentina, que reconoce el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano y equilibrado.
En ese contexto, especialistas señalan que hasta el momento no se conocen reclamos formales del Estado argentino en relación con la denuncia presentada en Paraguay, pese a que la situación podría involucrar obligaciones derivadas de tratados bilaterales y principios del derecho internacional ambiental.
Antecedentes internacionales
Entre los antecedentes más citados figura el principio 21 de la Declaración de Estocolmo de 1972, que establece que los Estados tienen la responsabilidad de evitar que actividades desarrolladas bajo su jurisdicción provoquen daños ambientales en otros países.
También suele mencionarse el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso Pulp Mills (Argentina vs. Uruguay, 2010), donde el tribunal reafirmó el deber de cooperación, prevención e intercambio de información cuando existen riesgos sobre cursos de agua internacionales.
Reclaman medidas conjuntas
Mientras continúa la controversia sobre quién debe asumir las tareas de mantenimiento de la infraestructura sanitaria, juristas advierten que esa discusión administrativa no debería convertirse en un obstáculo para ejecutar acciones de saneamiento.
Desde distintos sectores sostienen que la prioridad debe ser detener los vertidos contaminantes, monitorear la calidad del agua y coordinar una respuesta conjunta entre Paraguay y Argentina, independientemente de cómo se resuelva la disputa judicial.
La situación vuelve a poner en debate la gestión ambiental del río Paraná, un recurso estratégico compartido por ambos países cuya preservación depende de mecanismos de cooperación binacional y de respuestas rápidas frente a episodios de contaminación que puedan afectar a miles de habitantes de ambas márgenes.