María Helena Irastorza: “La agricultura orgánica no es de insumos, es de procesos”
La agricultura orgánica enfrenta un problema que excede la disponibilidad de bioinsumos: necesita conocimiento para utilizarlos, transferencia tecnológica para adaptarlos a cada producción y condiciones económicas que permitan sostener los procesos en el tiempo. Esa es una de las principales conclusiones que dejó María Helena Irastorza, ingeniera agrónoma, magíster, productora y vicepresidenta del Movimiento Argentino para la Producción Orgánica (MAPO), durante la Cumbre Internacional de Agricultura Sostenible realizada en Posadas.
Irastorza llegó al encuentro con una mirada construida desde la investigación, la asistencia técnica y también desde la producción. Su planteo parte de una premisa sencilla, pero con implicancias económicas relevantes: un bioinsumo no funciona por sí solo. Requiere condiciones de aplicación, seguimiento, conocimiento sobre los microorganismos utilizados y, sobre todo, una estrategia productiva que permita que ese insumo cumpla una función dentro del sistema.
“Los productores orgánicos necesitamos herramientas para poder solventar los problemas que tenemos”, explicó. Y puso el foco en los bioinsumos y los biopreparados como instrumentos capaces de reducir costos y ampliar la autonomía del productor. Los biopreparados, en particular, permiten que el propio establecimiento pueda elaborar determinados productos a partir de protocolos y metodologías conocidas, en lugar de depender exclusivamente de la compra de insumos.
Para Irastorza, allí aparece una diferencia central respecto de la agricultura convencional basada en paquetes de productos. “La agricultura orgánica, ecológica, sostenible no es una agricultura de insumos, es una agricultura de procesos”, sostuvo.
El ejemplo que utilizó para explicar esa lógica fue el funcionamiento de los microorganismos en el suelo. No alcanza con incorporar una bacteria capaz de solubilizar fósforo. El sistema debe generar las condiciones para que esa bacteria pueda desarrollarse y cumplir su función, de modo que los nutrientes terminen disponibles para la planta.
La consecuencia es que el productor necesita comprender qué está haciendo y por qué. Compost, lombricompost, té de compost y otros recursos no deberían incorporarse simplemente como sustitutos de un producto químico. La lógica, según explicó, consiste en construir las condiciones biológicas del suelo para que los microorganismos benéficos puedan actuar sobre las raíces y mejorar la respuesta del cultivo.
El cuello de botella no es solamente el producto
Irastorza observa en Misiones una oportunidad particular por el desarrollo alcanzado por la Biofábrica, pero advierte que la disponibilidad de tecnología no resuelve por sí sola el problema productivo. El paso decisivo es lograr que esa tecnología llegue a las chacras acompañada de capacitación, ensayos y seguimiento.
“Insumo y a la vez transferencia tecnológica para que él pueda replicarlo y apropiarse de su conocimiento. Es lo más importante”, señaló.
La diferencia puede parecer técnica, pero tiene una traducción económica directa. Si un productor utiliza un microorganismo sin conocer las condiciones necesarias para conservarlo o aplicarlo, puede perder dinero y terminar descartando una herramienta que potencialmente podría ser útil.
La conservación es un ejemplo. Un bidón de un producto convencional puede tolerar determinadas condiciones de almacenamiento que no necesariamente sirven para un microorganismo vivo. Lo mismo ocurre con el agua utilizada en una aplicación. Irastorza explicó que determinadas bacterias pierden viabilidad cuando se incorporan a aguas con condiciones inadecuadas de pH.
Por eso, la transición hacia una agricultura con mayor utilización de herramientas biológicas exige modificar prácticas. “Hay que promover la toma de conciencia de que estoy manejando un insumo vivo”, explicó.
También requiere conocer las interacciones entre microorganismos. Una formulación puede ser útil individualmente y, sin embargo, generar problemas cuando se mezcla con otro organismo sin evaluar previamente su compatibilidad. Irastorza puso como ejemplo a Trichoderma, un hongo utilizado para controlar otros hongos patógenos, cuya combinación inmediata con determinadas bacterias benéficas puede generar competencia.
El conocimiento, entonces, pasa a formar parte del propio insumo.
De la prueba de laboratorio al lote productivo
Ese salto entre la tecnología disponible y su aplicación concreta es uno de los puntos donde la entrevistada ubica un desafío para el sistema argentino de innovación agropecuaria.
Irastorza cuestionó que la formación universitaria todavía no otorgue suficiente espacio específico a la producción orgánica. A su criterio, no alcanza con enseñar alternativas naturales para controlar una plaga o una enfermedad. La producción orgánica requiere comprender el funcionamiento integral del sistema.
La capacitación debería llegar también a técnicos y agentes de extensión. El objetivo es que puedan acompañar al productor en la evaluación de resultados, en la elección de herramientas y en la adaptación de las prácticas a cada cultivo.
La experiencia que relató sobre ensayos en establecimientos productivos apunta precisamente en esa dirección. En el caso de los bioinsumos, la evaluación no debería terminar con la entrega del producto. La metodología implica aplicar, observar, medir, corregir y volver a probar.
Esa dinámica también permite evitar una de las principales amenazas para la adopción tecnológica: que una mala aplicación termine desacreditando una herramienta que no fue utilizada bajo las condiciones necesarias.
“Si no lo hacemos con conocimiento, con los plazos y las dosis, el productor se desanima y dice: no me sirve, no me controló”, explicó.
La rentabilidad rápida choca con los tiempos del suelo
La principal tensión económica aparece cuando se compara el tiempo biológico de la producción con la necesidad inmediata de generar ingresos.
Irastorza conoce esa dificultad desde la experiencia propia. Junto con su esposo, también ingeniero agrónomo, adquirió una finca después de décadas vinculada a la actividad y trabajó con producción destinada a mercados internacionales. El proceso de recuperación del suelo demandó años.
Según relató, partieron de un nivel de materia orgánica de 0,6% y, mediante la incorporación progresiva de materiales y prácticas, alcanzaron 1,2% en seis años.
El dato resume una dificultad estructural: construir fertilidad, materia orgánica y actividad biológica no produce resultados instantáneos. Requiere inversión, conocimiento y continuidad. El productor, en cambio, enfrenta costos todos los meses y necesita ingresos para sostener la explotación.
Por eso Irastorza planteó la necesidad de discutir instrumentos financieros específicos. La agricultura tiene riesgos climáticos y productivos que pueden hacer difícil esperar varios años por los resultados de una transformación del sistema. “Debería haber políticas crediticias o créditos blandos para el productor”, sostuvo.
La discusión deja de ser exclusivamente ambiental. Si una práctica permite recuperar suelo, reducir determinados costos o disminuir la dependencia de insumos externos, el tiempo necesario para implementarla se convierte en una variable económica que las políticas públicas también pueden contemplar.
Un cambio que necesita escala
La entrevistada también cuestionó la idea de que la agricultura orgánica necesariamente deba permanecer vinculada a pequeñas superficies o al autoconsumo.
“Siempre se habla de agricultura orgánica, producción orgánica a baja escala como autosustento y no a escala comercial”, señaló.
Su experiencia productiva y de asesoramiento apunta a otra posibilidad: desarrollar sistemas orgánicos capaces de abastecer mercados comerciales y, al mismo tiempo, sostener la productividad en el largo plazo.
Para alcanzar esa escala, sin embargo, no alcanza con sustituir un producto químico por uno biológico. El desafío consiste en rediseñar procesos, formar técnicos, generar evidencia en campo y construir cadenas de comercialización capaces de reconocer el valor de esa producción.
En ese punto aparece otra tensión que Irastorza considera relevante: los costos relativos de los insumos. Durante la entrevista señaló que los bioinsumos enfrentan una carga de IVA mayor que la que se aplica a determinados insumos químicos, una diferencia que, según su planteo, afecta las condiciones de competencia entre ambas alternativas.
Más allá de la discusión tributaria específica, su argumento apunta a una cuestión de política productiva: si el objetivo es ampliar el uso de herramientas biológicas, las reglas económicas también forman parte del proceso de transición.
Misiones como laboratorio productivo
La provincia aparece en su diagnóstico como un territorio con capacidades que pueden ser aprovechadas. Irastorza destacó el trabajo de la Biofábrica y su posibilidad de entregar herramientas, acompañar proyectos y realizar seguimiento de ensayos junto con los productores.
Ese modelo combina tres componentes que suelen avanzar separados: tecnología, asistencia técnica y experimentación en campo.
La posibilidad de que un productor pueda probar un bioinsumo, recibir acompañamiento, medir los resultados y adaptar la aplicación cambia la naturaleza de la transferencia tecnológica. Ya no se trata solamente de vender o entregar un producto, sino de generar capacidad instalada en el establecimiento.
La experiencia también puede servir para ampliar el alcance de los bioinsumos más allá de la agricultura estrictamente orgánica. Irastorza planteó que determinadas herramientas de control biológico pueden incorporarse gradualmente en establecimientos convencionales, como una forma de reducir determinados problemas sin exigir una transformación inmediata de todo el sistema.
Mencionó, entre otros ejemplos, el uso de Trichoderma y experiencias de control biológico en cultivos extensivos. En su visión, el conocimiento de estas herramientas permite avanzar de manera progresiva, evaluando resultados y adaptando las prácticas.
El agrónomo vuelve al lote
Hay una última dimensión que atraviesa toda su propuesta: la necesidad de recuperar la observación directa como parte del trabajo técnico.
Irastorza lo resumió con una imagen concreta: el ingeniero agrónomo tiene que “ensuciarse las botas”, caminar el campo y mirar qué está ocurriendo. Incluso contó que lleva una lupa en la mochila para observar los cultivos y detectar la evolución de las poblaciones de insectos.
El ejemplo del jabón potásico muestra esa lógica. Una aplicación puede reducir una población de plagas, pero no necesariamente eliminarla por completo. La evaluación posterior permite determinar si es necesario repetir el tratamiento y en qué momento hacerlo.
La tecnología, en esa mirada, no reemplaza al técnico ni al productor. Los vuelve más capaces cuando está acompañada por conocimiento.
La misma lógica puede trasladarse a la política agropecuaria. Para que la agricultura sostenible deje de ser una declaración de principios y se convierta en una alternativa económica, necesita algo más que productos nuevos: requiere investigación aplicada, extensión, crédito, ensayos, formación profesional y mecanismos que permitan absorber los costos de transición.
La discusión que dejó la Cumbre Internacional de Agricultura Sostenible en Posadas apunta justamente allí. El desafío no consiste solamente en producir con menos impacto. Consiste en construir sistemas capaces de seguir produciendo cuando cambian el clima, los precios, los costos y las condiciones de los mercados.
En esa ecuación, el bioinsumo puede ser una herramienta. Pero el activo estratégico es el conocimiento que permite utilizarlo bien, medir sus resultados y convertirlo en parte de un proceso productivo sostenible.