Escribe Gaspard Estrada, director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe, New York Times. La pandemia del coronavirus está sacudiendo al mundo. En Brasil, todo apunta a que esta crisis sanitaria tendrá consecuencias devastadoras. Ante ello, parecería indispensable que el gobierno tome medidas de emergencia para evitar que el COVID-19 se transforme también en una hecatombe económica, social y política.
El gobierno de Jair Bolsonaro, sin embargo, no está tomando ese camino. En lugar de estar en Twitter, el presidente debería ocuparse del enorme desafío de salud que enfrenta su país.
El capitán retirado del ejército no ha asumido el rol de un jefe de Estado ante una emergencia y antes que dialogar con la oposición para enfrentar juntos la crisis sanitaria, ha decidido mantener sus incesantes ataques a las instituciones democráticas brasileñas, a la izquierda y a todos los que no coinciden con él. Su decisión de apoyar una serie de manifestaciones a favor del cierre del congreso y de la Corte Suprema —violando la cuarentena a la que estaba confinado por recomendación médica—, ha suscitado el repudio social.
Por octavo día consecutivo, muchos ciudadanos han empezado a pedir su renuncia con cacerolazos desde sus balcones. Y esa idea ha comenzado a rondar también entre los políticos: han sido presentados formalmente tres pedidos de destitución ante la Cámara de Diputados.
No sería el primer mandatario en protagonizar un juicio político en Brasil. Desde el regreso de la democracia, en los años ochenta, dos de los cinco presidentes electos han sido removidos de su puesto. Así que los fantasmas de destitución han regresado al país.
Bolsonaro afronta la peor crisis sanitaria moderna de Brasil en una situación adversa: aislamiento político. Los líderes del congreso, miembros de la Suprema Corte y algunos gobernadores estatales están en una permanente tensión con su gobierno. Y el martes 24 de marzo, después de su pronunciamiento en cadena nacional, el presidente agravó aún más su precaria situación en el Palácio do Planalto. En su mensaje a la nación, mantuvo su postura de confrontación política y de negación de las evidencias científicas (el coronavirus es, en sus palabras, un “resfriadito”). Las consecuencias son graves: la crisis sanitaria y el choque económico que se avecinan podrían significar una crisis política cuyos efectos más hondos se sentirán no solo en el gobierno de Bolsonaro, sino —sobre todo— en la maltrecha democracia brasileña.
Después de un año de gobierno, parece que Bolsonaro ha desechado la idea de construir una mayoría política en el congreso. Algunos de los grupos que han respaldado su presidencia —los empresarios, el sector agroexportador, las iglesias evangélicas y militares y policías— ya comenzaron a emitir señales de distanciamiento. Para unos, porque sus prioridades ya fueron atendidas, como la reforma de las pensiones o la liberación de los pesticidas. Para otros, porque la confrontación permanente del presidente para satisfacer a sus seguidores comienza a dañar sus intereses: los ataques a China (principal socio comercial de Brasil) de Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del presidente, y de Ernesto Araújo, el ministro de Relaciones Exteriores, suscitaron la ira de una parte del sector agroexportador.
Bolsonaro no sufre solo en el frente político. La economía es otro factor de preocupación. La llegada del COVID-19 se traducirá invariablemente en una caída significativa de la actividad productiva. Las recetas neoliberales de su ministro de Economía, Paulo Guedes, no han surtido efecto ni preparan el terreno para afrontar la recesión económica que se viene (Brasil tendrá una caída del PIB de al menos 4 por ciento este año, según un estudio de la Fundação Getulio Vargas). Si a eso le sumamos que el sistema de salud pública requerirá un apoyo extraordinario para evitar su colapso, Bolsonaro enfrentará una situación económica y social explosiva en los próximos meses.
Ante este escenario potencialmente catastrófico, Brasil preocupa. Algunos líderes autoritarios en el mundo —de Rusia a Arabia Saudita— han aprovechado la emergencia para ensanchar sus poderes. Es necesario que los brasileños estén alerta: con tal de mantenerse a salvo de una posible destitución, Bolsonaro podría darle un tiro de gracia a la endeble democracia brasileña. Lo que se juega en Brasil con esta emergencia no es solo la salud de sus habitantes, sino la salud de su democracia.
Para afrontar el COVID-19, será necesario que el gobierno tome medidas drásticas que sigan las recomendaciones de las autoridades de salud mundiales. Y para que estas decisiones sean adoptadas por la mayor parte de la población, la construcción de consensos es indispensable. Sin embargo, es difícil pensar que eso sucederá: el presidente ha desoído las recomendaciones médicas de su propio gobierno, mina las acciones de su ministro de Salud y da sustento a teorías de la conspiración respecto al coronavirus.
El factor preocupante es que si pierde el apoyo de los sectores que lo respaldan, Bolsonaro podría estar tentado de aprovechar esta crisis para implementar una agenda autoritaria que cercene la democracia brasileña. Y parece que ya comenzó: el 23 de marzo, Bolsonaro dejó sin efecto la ley de acceso a la información pública por decreto.
Por ello, el papel de los demás poderes, de la oposición y de la sociedad civil es más importante que nunca, no solo para controlar las medidas implementadas por el gobierno durante esta crisis, sino también para denunciar los posibles ataques del gobierno a las ya maltrechas instituciones brasileñas. El ejército, quizás el principal aliado de Bolsonaro, deberá ser observado con cautela, en especial si se le ordena hacer tareas de control social con el argumento de controlar la expansión del coronavirus.
Si quisiera dar garantías de su respeto por las instituciones democráticas, Jair debería romper con Bolsonaro. En vez de escuchar a su clan familiar y a su llamado “gabinete del odio”, que han hecho de Twitter el principal instrumento de conducción del gobierno, el presidente brasileño debería darle todo su respaldo a los científicos para enfrentar al COVID-19. También, tendría que dejar de lado la política que favorece a toda costa la economía sobre la salud, y financiar programas sociales de alto calado para socorrer a los millones de trabajadores formales e informales que serán afectados por la pandemia.
Finalmente, tendría que dejar de atacar a sus adversarios (y hasta a sus aliados) y entender que Brasil tiene que ser gobernado para todos, no solo para su militancia virtual fanatizada. Por sus declaraciones de hoy, todo indica que, en aras de mantenerse en el poder, Bolsonaro podría provocar una ruptura institucional cuyas consecuencias podrían ser dramáticas para Brasil y América Latina.
